Inicia el expediente (parte 1):
7 de octubre de 2007:
El Ministerio Publico de la Federación adscrito a la mesa segunda en Tejupilco, Estado de México, inicia la averiguación previa número PGR/MEX/TEJ-II/189/2007, tras una denuncia presenta por los militares Gustavo Herrera Terrones y Luis Aragón Reyes, quienes fueron presuntamente fueron privados de su libertad por un comando armado.
26 de octubre de 2007:
Tras girársele una orden de presentación, Alberto Martínez Sosa comparece de manera voluntaria, acompañado de su abogado, Leonardo Gama García, ante el agente del citado Ministerio Público.
8 de noviembre de 2007:
Fecha que le otorgó el citado Ministerio Público a Martínez Sosa para que rindiera su declaración por escrito sobre los referidos hechos.
1 de noviembre de 2007:
Alberto Martínez Sosa es detenido por elementos del Ejército Mexicano en un retén instalado en la carretera de Luvianos. Según el testimonio de los militares en una bolsa de su chamarra encuentran una bolsa pequeña que contenía polvo blanco, por lo cual fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público federal.
En ese momento, Martínez Sosa portaba una suspensión provisional, derivada de un amparo indirecto que había promovido por las acusaciones en su contra.
La defensa de Martínez Sosa argumenta que en eso momento se le detiene bajo la averiguación previa PGR/MEX/TEJ-II/189/2007, lo cual fue ilegal, pues en todo caso se le debió iniciar otra averiguación por la supuesta bolsa que se le encontró en su ropa.
Dicha situación, indica la defensa de Martínez Sosa, configuró una detención ilegal, pues se violó el artículo 19 de la Constitución federal, el cual indica que todo proceso debe seguirse por el delito imputado inicialmente.
“Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito diverso del que se persigue, deberá ser objeto de investigación por separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación”, apunta el citado artículo.
Derivado de lo anterior, Martínez Sosa fue arraigado sin existir pruebas fehacientes, asegura su defensa. Posteriormente fue sentenciado por la privación de la libertad de los dos militares.
Este mes, Martínez Sosa cumplió 12 años tras las rejas, periodo en el cual ha instrumentado distintos recursos legales, incluso solicitó un indulto al entonces Presidente Enrique Peña Nieto. Hoy continúa litigando su libertad desde el penal estatal de Almoloya de Juárez.