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Cementerio de Papel: Las falacias en el Derecho a la Información

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La película Cementerio de Papel (2009) narra una historia ficticia que ronda la realidad de México en materia del derecho a la información. Una ficción de la trágica realidad mexicana. 

 

El derecho a la información es considerado un derecho universal de toda persona, pues está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948). En términos generales garantiza a todo individuo la potestad de buscar y difundir información, además de ser informado. Implica libertades que apuntan a una sociedad con mayor participación.

Villanueva (2008) precisa las tres características que derivan del citado artículo:

  1. El derecho a atraerse información. Incluye las facultades de a) acceso a los archivos, registros y documentos públicos y, b) la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla.
  2. El derecho a informar. Están incluidas: a) las libertades de expresión y de imprenta y b) el de constitución de sociedades y empresas informativas.
  3. El derecho a ser informado. Este derecho incluye las facultades de a) recibir información objetiva y oportuna, b) la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y, c) con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna. (p. 10)

En México tales postulados parecen cumplidos con el sistema jurídico existente. En primer lugar, el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, además de recibir información por cualquier medio de expresión.

Tal artículo registró una mayor reglamentación con la aprobación de las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, primero con la federal que está vigente desde el 12 de junio de 2002, y las posteriores legislaciones estatales votadas en las respectivas Legislaturas locales.

Sin embargo, la existencia normativa o formal de un derecho no garantiza su aplicación de manera automática. Existen diques, resistencias, más cuando el pasado reciente está marcado por el autoritarismo o abuso de poder.

La película Cementerio de Papel (2009) narra una historia ficticia que ronda la realidad de México en materia del derecho a la información. Parte de un hecho real. En junio de 2002 el gobierno del Presidente Vicente Fox, primer panista que logró vencer al PRI en una elección presidencial, abrió los archivos y expedientes de la llamada Guerra Sucia, gestada por administraciones priistas contra movimientos y grupos de izquierda desde la segunda mitad del siglo pasado.

En aquel entonces, el anuncio de Fox fue paralelo a la creación de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), encargada de investigar los posibles crímenes de Estado cometidos, sobre todo, en la década de los sesenta y setenta del siglo anterior, cuando también ocurrieron distintos brotes guerrilleros en el interior del país.

Cementerio de Papel aborda la historia de quienes comienzan a ejercer su derecho a la información, es decir, de los primeros periodistas, investigadores y familiares de personas desaparecidas en la Guerra Sucia, quienes acudieron al Archivo General de la Nación para encontrar una verdad histórica de lo ocurrido en esos años de represión. Scherer y Monsiváis (2004) describen así lo que representó abrir los citados archivos, conocer por dentro esa guerra:

“Antes de que alguna otra sección del Archivo se abriera al público en el mes de junio del año 2002, los investigadores    podían llegar hasta el umbral del 2 de octubre de 1968. A partir de ahí, la información quedaba vedada: secreto de          Estado. El atropello era brutal. Se trataba de dos kilómetros lineales de expedientes a los que nadie podía asomarse. El  espacio pertenecía a la Secretaría de Gobernación y su órgano represivo, la Dirección Federal de Seguridad”. (p.7)

La ficción de Cementerio de Papel agrega una trama alimentada por la desconfianza ciudadana. Aparece una escena fechada en 1982, ahí un funcionario ordena evitar que se conozcan los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), y no sólo eso, de manera extra legal determina que el plazo de reserva sea por “30 años o más”. Alegoría de cómo se aplican los derechos en México, es decir, a raja tabla y por humor político.

Instrucción que, en la cinta cinematográfica, parece seguir vigente un día antes de que sean abiertos todos los expedientes de la Guerra Sucia, es decir, en junio de 2002, cuando el Archivo General de la Nación abrió sus puertas para la consulta de esos documentos.

El otrora Palacio Negro de Lecumberri, que albergó la penitenciaría y cárcel donde fueron recluidos muchos de los detenidos en la Guerra Sucia, se convierte en dicha película en el cementerio de papel, donde están encerradas injusticias, crímenes y abusos al amparo del poder que sigue presente, invisible tal vez, pero despiadado.

En la trama de la película ocurre el asesinato de una empleada del Archivo General de la Nación, que estaría relacionado con la desaparición de documentos incómodos para un ex Presidente de la República y su brazo ejecutor, un ex jefe policíaco, quien en la cinta está siendo juzgado por los crímenes del pasado.

La orden extra legal de 1982, más los hechos recientes que son recreados en Cementerio de Papel, mismos que son parte de la ficción del filme; dan un vuelco a la vida de cuatro protagonistas.

Dos de ellos terminan siendo asesinados: un periodista de La Jornada y un hijo de un activista desparecido. Un tercer personaje, quien es otra empleada del Archivo General es secuestrada, ultrajada y finalmente huye de la Ciudad de México, mientras el cuarto personaje, un historiador, aparece en las últimas escenas sin más ánimo que optar por la venganza ante la destrucción de su vida.

¿Cuál fue su error? Pensar que México había superado los años de autoritarismo, de Guerra Sucia, pensaron que el sistema jurídico (en materia de derecho a la información) había cambiado, que el poder era otro, que ya no eran los tiempos que Meyer (1998) describe de la siguiente forma:

“Por mucho tiempo en México el conocimiento político relevante estuvo concentrado y guardado en los altos círculos de la clase política. Informar poco y desinformar mucho, era y sigue siendo uno de los instrumentos empleados por quienes han acaparado el poder a través de un partido de Estado”. (p.51)

Sin duda, cuando ocurre la ficción de Cementerio de Papel, México es un país distinto al de décadas atrás, no obstante, el sistema jurídico en materia de derecho a la información continúa siendo débil, vulnerable, debido a que las propias autoridades no tienen clara su función en el ámbito de la rendición de cuentas.

Muchas veces, la rendición de cuentas se agota en eso: en la producción de montones de papel en forma de informes regulares, muchas veces barrocos, vacuos y tediosos; y en la colocación de montones de información, no siempre relevante, ni comprensible, ni bien estructurada, en el espacio público. En la burocracia mexicana, la pasión por la rendición de cuentas se vierte, con profundo espíritu burocrático. (Schedler, 2006, p.20)

La cinta cinematográfica agrega un factor demoledor para los derechos humanos: la persistencia de un Estado omiso y represor. Los cuatro citados protagonistas están solos en ese cementerio de papel, pues cuando llegan con un ex Presidente, simplemente les advierte que no sabe nada. Ni el propio periódico del reportero involucrado aparece con un matiz de solidaridad, sólo enfrentan un escenario de impunidad y miedo.

En esta ficción (insistimos en ello) aparece un personaje real: Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra Ibarra, quien desapareció en 1974 tras ser identificado como integrante de la Liga 23 de Septiembre, agrupación guerrillera de corte comunista que actuó en la década de los setenta.

Ibarra de Piedra no actúa en Cementerio de Papel. Por el contrario, insiste en su denuncia de los presos desaparecidos, recuerda los sótanos del Campo Militar Número Uno, destino de muchos de ellos. Y sonríe por las 148 personas que lograron encontrar gracias a la sinergia de organizaciones como el Comité ¡Eureka!, que ella fundó.

En la citada película, ella recibiría los archivos del Palacio Negro que involucraban a un ex Presidente y a un ex jefe policíaco. Pero nunca los tendrá en sus manos. Los protagonistas del filme, quienes finalmente obtienen dichos documentos (por métodos ilícitos en clara alusión a la nulidad del Estado de Derecho) son bloqueados por la violencia que proviene del Estado policial de la Guerra Sucia.

Salvo Ibarra de Piedra, quien termina como espectadora del terror, los otros cuatro protagonistas de Cementerio del Papel son condenados no sólo a la muerte o al destierro, sino también al olvido. Uno de ellos, en una última escena, compra una pistola antes de perderse en la multitud, sin saber si consumará una venganza, que en todo caso será el recurso más desesperado de la propia inmolación personal.

La película, producida por Jorge Rubio y Servando Rodríguez, se convierte en un cementerio de papel para el derecho a la información. Es la recreación de cómo una garantía individual, presuntamente tutelada por el Estado, termina siendo manipulada, simulada y trastocada por intereses del poder público.

La escena, donde el ex jefe policíaco quema los papeles incriminatorios, recuerda la destrucción de los códices precolombinos a manos de los conquistadores españoles o la incineración de los libros prohibidos en la Edad Media. Más aún, esa fogata alimentada por información pública oscurece el futuro de cualquier país.

Aunque la escena es mera ficción revela una problemática fundamental en el derecho a la información: la necesidad de preservar el pasado, los archivos de lo público, de evitar su manipulación y peor aún su destrucción que mantiene y alimenta a las injusticias.

Tal postulado encuentra respaldo en la filosofía de Kant (1998), quien nos recuerda la importancia de hacer público lo injusto, de sostener las formas de la publicidad en bien del derecho de los demás:

“Una máxima que no puede manifestar en voz alta, que ha de permanecer secreta, so pena de hacer fracasar mi propósito; una máxima que no puedo reconocer públicamente sin provocar en el acto la oposición de todos a mi proyecto; una máxima que, de ser conocida, suscitaría contra mí una enemistad necesaria y universal y, por tanto, cognoscible a priori; una máxima que tiene tales consecuencias las tiene forzosamente porque encierra una amenaza injusta al derecho de los demás”. (p. 244)

Esa es la historia que encierra Cementerio de Papel, es la vergüenza de un gobierno que se lava las manos en agua sucia (Scherer y Monsiváis, 2004), un gobierno que en los nuevos tiempos se viste con un moderno sistema jurídico, adornado por derechos humanos, pero en el interior preserva el rechazo a la transparencia, a la rendición de cuentas y al derecho a la información, triada democrática que no fue incluida en este guion. En pocas palabras, es una película, una ficción, que trágicamente nos hace permanecer en la realidad.

 

Referencias:
Kant, E. (1998). La Paz Perpetua. México: Porrúa.
Meyer, L. (1998). Fin de régimen y democracia incipiente. México: Océano.
ONU. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 19 de agosto de 2017, de ONU Sitio web: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
Rubio, J. y Rodríguez, S. (productores), Hernández, M. (director). (2009). Cementerio de Papel (cinta cinematográfica). México: MCINEFIDECINE, Movie Light, ECHASA, EFD, El Barandal.
Schedler, A. (2006). ¿Qué es la rendición de cuentas? México: IFAI.
Scherer, J. y Monsivais, C. (2004). Los Patriotas De Tlatelolco a la guerra sucia. México: Nuevo Siglo.
Villanueva, E. (2008). Temas Selectos de Derecho de la Información. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Foto tomada de cine visiones.