Para llegar a la silla de 125 presidencias municipales del Estado de México sus candidatos y respectivos partidos políticos podrán oficialmente erogar en conjunto hasta 296.6 millones de pesos, monto que resulta de la suma de topes de gastos de campaña sólo para la posición de alcalde en la elección estatal que se empata con la federal, ambas a verificarse el domingo 1 de julio de 2018.
Recurso económico que en algún porcentaje provendrá de su bolsillo ya que el financiamiento público oficial otorgado a los institutos políticos con presencia estatal, a través del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), asciende a 181.6 millones de pesos bajo el concepto “financiamiento para la obtención del voto”.
Dinero que deberá gastarse en tan sólo 35 días de la campaña electoral estatal que inicia el 24 de mayo y concluye el 27 de junio de 2018; tres días antes de verificarse la jornada electoral se tendrá la etapa “periodo de reflexión” que en teoría debe ser empleado para que el ciudadano analice, estudie y reflexione la emisión de su voto.
Los diez institutos políticos, nueve nacionales con presencia estatal y uno local, tienen que hacer parte de su campaña política con recursos económicos públicos, en teoría su objetivo será convencer a 11.5 millones de potenciales electores mexiquenses de que sus militantes y simpatizantes postulados a posición de alcalde, síndico y/o regidor son la mejor opción para administrar los 125 municipios durante los próximos tres años, aunque en 29 ayuntamientos mexiquenses la campaña tendrá otro tenor ya que sus titulares buscan reelegirse.
El tope de gasto de campaña autorizado por el IEEM resulta de la operación donde la Unidad de Medida y Actualización (UMA, antes salario mínimo) y el padrón electoral de cada municipio son referentes para determinar cuánto se puede gastar un candidato durante la breve campaña política:
“El tope de gastos de campaña… será la cantidad que resulte de multiplicar el 34% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el Estado, distrito o municipio de que se trate”, precisa el Artículo 264 del Código Electoral.
El padrón electoral más elevado en un municipio del Estado de México lo detenta Ecatepec al registrar 1 millón 231 mil 360 electores y por ende su tope de gasto de campaña es el más relevante con 31.5 millones de pesos.
Mientras que Zacazonapan, municipio con el menor número de electores, tiene como tope de gasto de campaña 226 mil 740 pesos (cifra económica similar para 16 municipios más luego de una resolución del Tribunal Electoral).
Los conceptos que el artículo 265 del Código Electoral contempla como gasto de campaña son los siguientes:
Gastos de propaganda: celebración de eventos políticos en lugares alquilados, producción de mantas, volantes, pancartas, propaganda utilitaria, promoción en bardas y otros similares, espectaculares, anuncios en parabuses y autobuses o mediante propaganda dirigida en forma personal a los electores bajo cualquier medio o modalidad alterna.
Gastos operativos: sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, transporte de material y personal, viáticos y otros similares.
Gastos de propaganda en prensa y de producción de mensajes para difundirse en radio y televisión: mensajes, anuncios publicitarios y similares, tendientes a la obtención del voto.
Gastos y topes de campaña que para Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE (Hoy INE) y titular de la empresa consultora y de análisis Integralia, siempre son superados pues de forma paralela al dinero público autorizado para hacer campaña hay recursos económicos que tienen ese mismo propósito (convencer a los electores a través de diferentes mecanismos y estrategias) que no pasan por ningún mecanismo de fiscalización.
“Los incrementos en el flujo de efectivo en periodos electorales pueden dar una pista del volumen de dinero que se usa para financiar campañas de forma ilegal”, precisa un reporte de Integralia.
Y añade “aunque la ley ha puesto candados para que las operaciones se bancaricen, muchos gastos de campaña se pagan en efectivo, ya sea porque los fondos provienen de fuentes ilegales (desvío de recursos públicos, donaciones privadas por encima de los topes legales, personas morales e incluso dinero del crimen organizado), o bien, porque se usan para pagar actividades proscritas por ley (clientelismo electoral y compra del voto), o bien, para evitar rebasar los topes de gastos de campaña”.
Desarrollo Eduardo Alonso con datos de IEEM e INE.
