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El camino de la impunidad

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Horas después del asesinato de Ángelo Emmanuel Martínez Juárez el homicidio parecía resuelto, pues la policía de Metepec detuvo a los dos probables responsables, los hechos fueron video grabados, había testigos oculares e incluso los imputados confesaron su responsabilidad, sin embargo, las dilaciones y omisiones del Ministerio Público provocaron que hoy el caso navegue en la indefinición sobre quiénes fueron los asesinos. 

 

A las 01:11 horas del 31 de diciembre de 2014 la patrulla S336 de la Policía de Metepec recibió el aviso sobre detonaciones frente al bar “Bora, Bora”, localizado en Avenida Estado de México a un costado de Jesús Archundia.

La patrulla era tripulada por los oficiales Epifanio Ávila Bernal y Luis Alberto García, quienes al arribar al lugar observaron a una persona caída y a cuatro sujetos que escapaban en una camioneta.

“Observando que cuatro sujetos de sexo masculino que estaban junto al sujeto caído en la calle, abordan una camioneta que estaba en ese lugar, siendo tipo pick up, de color arena metálico, placas de circulación MSV3265 del Estado de México, de la marca Chevrolet Silverado.

“Dos abordaron en la cabina y dos en la batea, inmediatamente huyen rápidamente y acelerando la marcha por la calle Jesús Archundia, siguen por la calle 16 de Septiembre, hacia calle Aldama hasta el final de la calle que es de terracería y a los costados hay terrenos de cultivo de milpa, lugar donde se detienen y comienzan a huir a pie”, refiere Ávila en su declaración que rindió el 31 de diciembre ante el Ministerio Público y que fue proporcionada por la familia Martínez Juárez.

La persecución continuó y aproximadamente a las 01:40 horas de ese día logran la detención.

“Logro el aseguramiento de Vicente “N” “N”, quien dice tener 24 años, a quien le hice saber sus derechos, preguntándole por qué razón no se detenían y este dijo que por temor a lo que había hecho, es decir, porque le había dado de balazos a un sujeto.

“Señalando que la pistola la había tirado en un terreno de cultivo, siendo una pistola tipo escuadra de 9 milímetros Springfield Army, pavoneada en color negro y con cachas de madera ahumada”, señala el policía municipal en esa declaración que forma parte del expediente judicial.

El policía Luis Alberto García coincide en la misma versión de la persecución.

“Unos se fueron por una milpa y otros por un camino, a los que fuimos correteando y logramos asegurar aproximadamente a las 01:40 del mismo día; la persona que yo asegure, precisamente sobre la Avenida Tecnológico, Colonia Llano Grande, correspondiente al municipio de Metepec, Estado de México, dijo llamarse Rodrigo “N” “N”, de 21 años.

“Le pregunté porque no se detenían si sabían que los veníamos siguiendo y les veníamos gritando que se detuvieran y dijo que no se habían parado por temor a lo que habían hecho, ya que su amigo Vicente le había dado en la madre a un sujeto”, indica.

A las declaraciones de los policías municipales se sumó que los dos probables responsables admitieron su culpabilidad, además la cámaras de video vigilancia de Seguridad Pública Municipal grabaron el momento del homicidio cuando Ángelo Emmanuel trataba de escapar a bordo de un taxi estacionado frente al bar “Bora, Bora”.

El caso apuntaba a ser un homicidio que sería resuelto sin mayores complicaciones, pues las pruebas y evidencias sugerían una total contundencia.

Sin embargo, en las horas y días siguientes la actuación del Ministerio Público comenzó a dar visos en sentido contrario.

El primer error fue que las declaraciones de los dos imputados fueron recabadas sin contar con un defensor para cada uno, lo cual las invalidó para el juicio oral. Lo mismo ocurrió con el video de Seguridad Púbica, pues el Ministerio Público no lo requirió de manera adecuada.

Don Miguel Ángel Martínez, padre de Ángelo, advierte que contaban con dos testigos presenciales que estuvieron en el bar “La República”, sitio donde se suscitó la riña que provocó la muerte de su hijo, pero el Ministerio Público nunca los citó o requirió.

“Me decía ahorita mando al cuerpo de judiciales, a tales horas, y se nos agotó el tiempo y ya no pudimos presentarlos.

“Al Ministerio Público también le decíamos de una señora que tiene una tienda enfrente, vio lo que pasó, yo le decía al Ministerio Público que ellos también habían visto, ellos tenían que irlos a ver, yo les di direcciones de los testigos, pero nunca la llevaron a atestiguar”, asegura.

La situación de la familia Martínez Juárez tocó fondo cuando la defensa de los probables responsables logró que el homicidio ya no fuera calificado, sino simple, al considerar que el hoy occiso fue quien ingreso a dicho bar, además de que los presuntos agresores no sabían si Ángelo también estaba armado.

Don Miguel Ángel comenta que quisieron ampararse contra esa decisión del Poder Judicial del Estado de México, pero el Ministerio Público nuevamente los obstaculizó.

“Dijo que no nos ayudaba en nada el ampararnos contra la decisión de bajar el homicidio calificado a simple, pero sí lo tuvo que hacer el Ministerio Público en su momento, desgraciadamente uno no sabe de leyes  y empieza uno a aprender”, refiere.

Lo ocurrido a la familia Martínez Juárez es un ejemplo de la forma en la cual se procura justicia en el Estado de México, donde las cifras entre denuncias presentadas y sentencias condenatorias revelarían los altos grados de impunidad.

Al margen de que el nuevo sistema acusatorio penal contempla mecanismos para la reparación del daño y conciliación entre las partes sin llegar a las sentencias, destaca que el porcentaje de condenas comparado con las denuncias recibidas en los últimos años es del 2 por ciento, aproximadamente.

Los anexos estadísticos del Tercer Informe de Gobierno del mandatario Eruviel Ávila reportaron que en 2013 se recibieron 272 mil 996 denuncias, y en el mismo año fueron emitidas 4 mil 810 sentencias condenatorias, lo cual equivale al 1.7 por ciento, porcentaje similar al de 2011 y 2012 cuando se registró el 1.5 y 1.9, respectivamente, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Fuente: Anexos estadísticos del Tercer Informe de Gobierno en el Estado de México.

 

La Riña 

Ángelo Emmanuel llegó a las 23:30 horas del 30 de diciembre al bar “La República”, acompañado de  sus amigos Víctor Hugo Contreras Pérez, César Nava Contreras y Felipe de Jesús. Venían de una tarde de jugar frontón que tornó en un festejo nocturno.

Ahí, refiere Víctor Hugo en su declaración, Ángelo termina involucrándose en una discusión con Rodrigo “N” “N”.

“No sabía por qué motivo estaban alegando, pero al poco rato se comenzaron a golpear”, narra al referir que la disputa se trasladó a la calle.

“Les dije que ya se calmaran, momento en que nosotros comenzamos a caminar y habremos avanzado como unos 20 metros, cuando escuchamos que el sujeto que se llama Vicente “N” “N” dijo: ya valieron madres, instante en que volteé a verlo y luego volteé a ver a mi amigo y en ese momento se escucharon los disparos, por lo que ambos corrimos”,  señala.

De manera inexplicable Ángelo no corre hacia donde le sugiere Víctor Hugo, quien logra evadirse al esconderse en el cerro de Metepec, lo cual será determinante en los acontecimientos de los próximos minutos.

“Cuando corría por la calle seguía escuchando disparos en número de cuatro, y como llegue al cerro de Metepec ahí me escondí, asimismo en ningún momento me dieron alcance a mí”, dice Víctor Hugo.

Abajo, frente al bar “Bora, Bora”, Ángelo evadió en un primer momento a los sujetos que lo perseguían, pero al tratar de escapar en un taxi estacionado frente a ese establecimiento es alcanzado por dos personas, a los que se le suman otra más, y una camioneta que bloquea el paso del vehículo de alquiler.

Minutos antes Ángelo es visto por un guardia de seguridad de dicho bar, Misael “N” “N”, quien en el juicio oral ha declarado que escuchó detonaciones de arma de fuego en dirección del centro de Metepec.

Primero vio pasar a un joven que corría, avisando estaban robando en otros establecimientos. Atrás venía Ángelo gritando que lo querían matar.

“Corre mi hermano, yo no soy Superman”, fue la respuesta que encontró Ángelo, quien finalmente fue ultimado en el taxi que abordó, y cuyo conductor, en su respectiva declaración, aclara que  no pudo observar con claridad a los homicidas. Tal versión la cuestiona la familia de Ángelo.

“Cuando va a bajar a mi primo del taxi se acerca normal a los que dispararon, normalmente uno se echa a correr, y cuando se da cuenta de la patrulla los señala, actuó como si los conociera a ellos”, señala David Villegas Juárez, primo del hoy occiso.

Don Miguel Ángel Martínez considera que la Procuraduría estatal debe garantizar el castigo a los culpables, pues incluso a la fecha no han sido procesados los otros dos implicados en el homicidio.

“Me decían que dejara las cosas como están: no te metas en problemas, pero porque no están mis zapatos, yo no voy a dejar que quede impune”, afirma.

Martínez recuerda que al principio todo lo dejaron en manos del Ministerio Público, quien les había indicado que el caso estaba prácticamente ganado, no obstante, gradualmente fueron observando la negligencia de la autoridad ministerial.

“En el Ministerio Público me decían ven mañana, de ahí a ocho días, me decían, permítenos poquito; después llegaba me quedaba sentado, y después de un rato me decían ¿a quién busca?, al licenciado Octavio, y me respondían que ya se había ido.

“Un comandante de la agencia de Lerma (de Homicidios) me comentó que el Ministerio Público les dijo que ya dejaran las investigaciones como están, me dijo: lo que te puedo decir es que todo está bien corrompido”, expresa el padre de Ángelo, quien tenía 21 años de edad y cursaba el séptimo semestre de la Licenciatura en Arquitectura en el Instituto Mexiquense.

 

La Impunidad de la Calle 

En materia de impunidad la Policía Estatal también le queda a deber a los ciudadanos, como se revela en estadísticas oficiales sobre la actuación de los integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para combatir la incidencia delictiva.

En 2014 las acciones emprendidas por policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) del Gobierno del Estado de México (GEM), para atajar y detener a operadores de la delincuencia común y organizada, fueron ineficaces y en algunos casos irrelevantes, ya que en promedio cada uno de los 16 mil elementos operativos que integran a la corporación, a lo largo de todo un año, sólo logró presentar ante el agente del Ministerio Público a dos probables delincuentes.

Una prueba del sello de su ineficacia es que no logran impedir y detener a los autores del delito de robo de vehículo, que prácticamente todos los días afecta el patrimonio de familias mexiquenses enteras.

La eficiencia de la policía estatal en dicho ilícito fue de 0.78 por ciento, es decir de los 49 mil 93 unidades robadas en territorio mexiquense entre enero y diciembre del referido año, los elementos de la CES sólo lograron detener a 381 personas como probables responsables del ilícito.

Indicador que entre otros aspectos confirma los altos porcentajes de impunidad que hay en la entidad y en ese ilícito en particular, robo de vehículo.

De acuerdo al análisis y cruce de información realizado por el equipo de métricadigital.com, sobre datos oficiales generados por la Procuraduría local y los reportes anuales de la CES del GEM, se puede sostener que de cada cien personas que se robaron igual número de automotores durante el año pasado, sólo un probable responsable del ilícito fue detenido por la policía estatal.

Indicador porcentual que no sólo muestra el fracaso de la policía estatal para atajar dicho delito, si también evidencia la falta de coordinación con policías municipales y la ineficacia de la unidad especializada para atender el robo de vehículos; así como la inoperatividad de las patrullas de la CES que cuentan con equipos de cómputo a través de los cuales se puede acceder a bases de datos federales que detectan unidades con reporte de robo.

Por lo anterior hay altas probabilidades de que todos aquellos delincuentes con operación en el Estado de México y dedicados al robo de automotores, no sean detenidos por la autoridad.

La ineficiencia que coloca al territorio estatal con los más altos indicadores de impunidad en el país, también se observa en el ilícito de robo a casa habitación, ya que de los 2 mil 47 eventos presentados en el referido año, los elementos de la CES lograron poner a disposición del representante del Ministerio Público a 143 personas o probables responsables, es decir sólo al 6.99 por ciento.

Otros ilícitos donde la detención de los probables responsables es insignificante respecto a la cantidad de delitos que se cometen, es el robo en transporte público de pasajeros, robo a banco, homicidio y violación.

En el primer caso se cometieron y denunciaron 6 mil 315 delitos, de los cuales los elementos de la policía estatal lograron detener a 394 autores, lo que implicó una eficacia de 6.24 por ciento; en el segundo delito, robo a institución bancaria, el análisis de las cifras permite precisar que sucedieron 219 eventos y sólo se detuvo a 4 supuestos responsables, esta última cifra advierte 1.83 por ciento de efectividad por parte de la policía estatal.

La comisión de la tercera conducta delictiva, homicidio doloso, también muestra porcentajes de “efectividad” de un sólo digito, 3.77 por ciento, pues de los mil 992 asesinatos registrados en 2014, los policías estatales sólo detuvieron a 75 personas.

Respecto al delito de violación el porcentaje de impunidad es de los más altos, ya que llega al 95 por ciento, es decir que de cada cien sucesos, la autoridad estatal a través de su brazo de seguridad como es la policía de la CES, sólo logró detener a 99 probables violadores de los mil 956 casos denunciados (la violación es uno de los delitos que prácticamente no se denuncia).

Durante el referido año se iniciaron 240 mil 833 carpetas de investigación relacionadas con igual número de ilícitos registrados en el Estado de México y en ese mismo periodo la policía estatal reportó el aseguramiento y puesta a disposición ante agencia de Ministerio Público de 33 mil 463 probables responsables de algún ilícito, es decir del 13 por ciento de los probables responsables.

Es de destacar que no hay datos públicos de la productividad de los agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, es decir de cuantos probables delincuentes logran detener a partir de la apertura de una carpeta de investigación u orden de detención.

El informe oficial sobre la puesta a disposición ante Ministerio Público que realizaron policías adscritos a las 125 Direcciones de Seguridad Pública municipal en el año 2014, refiere que un total de 26 mil 362 personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en la comisión de algún delito.

Las detenciones de la policía estatal y municipales se refieren a delitos en flagrancia o que derivado de la rápida y eficiente acción lograron la detención de los probables responsables, amén de que después pudieron existir más diligencias por parte de la policía ministerial.

 

Indicador de la Impunidad

*El dato en secuestro hace referencia a la participación que tienen policías de la CES en operativos realizados por la PGJEM, a través de los cuales logran detener a varios probables responsables (banda) relacionados con un secuestro.
Tabla elaborada por el equipo de métrica con base en datos oficiales de la CES y SESNSP referentes al año 2014.