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El indulto que niega Peña Nieto

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Leer el expediente judicial de Alberto Martínez Sosa representa sumergirse en aguas de profundas dudas. La justicia mexicana determinó que el vecino de Luvianos debe purgar una  sentencia de 20 años de prisión por privar de la libertad a dos militares en 2007, sin embargo, a la fecha el reo pide un indulto al Presidente Enrique Peña Nieto, pues insiste en su inocencia que sustenta con la serie de irregularidades que privaron en su proceso penal. 

 

– Tu amparo me lo paso por los huevos, escuchó Alberto Martínez Sosa.

Era el primero de noviembre de 2007.  Alberto había frenado en un retén instalado por el Ejército Mexicano en Cuadrilla de López, municipio de Luvianos, Estado de México.

Cerca de las 18:00 horas, los militares le marcaron el alto a la camioneta que conducía el vecino de Luvianos. Una Sonora, color arena, donde también viajaban su esposa y cuatro hijos: el mayor de 13, una niña de 10, un varón de 5 años, y una bebé de tres meses.

La sinuosa carretera ubicada en la sierra sureña sería presagio de la justicia que le esperaba a la familia Martínez.

Alberto bajó de la camioneta y proporcionó su identificación, uno de los militares mostró la credencial de elector al resto de sus compañeros apostados en el entronque de la carretera que lleva de Luvianos a Tejupilco, en plena zona calentana.

– Tú tienes un problema, advirtió uno de los elementos castrenses.

– No, ya me presente a declarar y aquí tengo mi amparo, contestó Martínez, quien mediante un anónimo había sido vinculado con un “levantón” de dos militares en la cabecera municipal de Luvianos, ocurrido el 6 de octubre de ese año.

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/254/2007 narra aquellos hechos.

Los oficiales del Ejército Mexicano, Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes, fueron “levantados” cuando se encontraban en un vehículo particular, estacionado en una de las avenidas principales de Luvianos.

“De manera imprevista e intempestiva se detuvieron dos vehículos tipo suburban una de color azul metálico y la otra de color rojo, de las cuales descendieron aproximadamente entre quince a veinte personas vestidas de negro, encapuchadas y con arma AK 47, R-15 y pistolas, gritándonos que nos bajáramos del vehículo y que nos pusiéramos boca abajo en el pavimento, preguntándonos que a quién íbamos a matar, que quién nos mandaba”, declararon los militares.

Eran aproximadamente las 10:30 horas del 6 de octubre de 2007. El comando actuaba a plena luz del día en una de las polvorientas calles del municipio calentano. 

Entre empollones los subieron a la Suburban roja, acostándolos en los asientos, y minutos después los bajaron en un almacén de pacas con olor fuerte y penetrante a marihuana, o al menos eso dijeron percibir; sitio donde les colocan una venda sobre los ojos de ambos.

Cuando los golpes arreciaban y el amago de tortura crece con el uso de una motosierra, los captores advierten que en realidad son elementos castrenses. Aragón Reyes les asegura que habían ido a Luvianos para recoger un acta de defunción de un policía rural asesinado semanas atrás.

“Momentos después se acercó uno de ellos a donde estaba, diciendo que no sabían que éramos militares, que de haber sabido que éramos militares, se hubieran abierto y que no nos hubieran levantado”.

Diez minutos después los dos oficiales, a quienes despojan de sus pistolas Browning, con sus respectivos cargadores, son abandonados en el interior de la camioneta en la que habían arribado a Luvianos.

Confusión o no, el honor del Ejército ha sido mancillado. Las próximas semanas vendrá la respuesta de la milicia.

El 10 de octubre de 2007, el entonces gobernador Enrique Peña Nieto confirma al periódico REFORMA que la milicia patrullaba la región de Luvianos en busca de narcotraficantes.

– Advertimos presencia o contaminación de los estados de Michoacán y Guerrero de grupos vinculados al narcotráfico y no queremos que esto cunda en el estado, dijo el hoy presidente de la República en una gira por el municipio de Nezahualcóyotl. Muy lejos del extremo sur del Estado de México.

Lo cierto es que a 125 kilómetros de la capital mexiquense, Luvianos vivía una cacería orquestada por el Ejército y la Procuraduría General de la República (PGR), pero buscando a quienes habían “levantado” a los dos oficiales de la milicia.

Cacería donde lo mismo servían anónimos o vendettas.

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/254/2007 lo confirma. Parte de los cateos de aquella embestida militar y judicial derivaron de un escrito anónimo. También hubo denuncias verbales que les llegaron a los militares.

“Donde denuncian la presencia de un grupo armado de veinte personas dirigido por Albert González Peña cuya persona se dedica al tráfico de drogas y al secuestro de personas, en dicho documento nos manifiestan diversos lugares en donde llevan a cabo sus actividades ilícitas, consistentes en almacenamiento de armas y droga”, revela la averiguación.

Y entre las propiedades cateadas aparece el rancho de Alberto Martínez Sosa, ubicado a un costado del Cerro de la Culebra, y que de acuerdo a la imputación de la PGR, fue el sitio donde llevaron a los dos militares “levantados”.

Dicha propiedad de unas 10 hectáreas, que fue cateada el 11 de octubre de 2007, está a 3.4 kilómetros del centro de la cabecera municipal de Luvianos. La ruta consiste en tomar la carretera que conduce al municipio de Zacazonapan y posteriormente desviarse en un camino de terracería, de aproximadamente un kilómetro.

Ahí se topa con la reja del rancho, del terreno en declive destaca una vivienda con teja, al fondo hay gallineros abandonados, una bodega cerrada, y donde antes había cultivos ahora sólo hay matorrales y breña, en algunos sitios hay partes de maquinaria oxidada. A un costado se crían caballos, pues actualmente Martínez Sosa renta parte de esa superficie.

Pero no fue todo. La inteligencia militar también apuntó a otra propiedad de Martínez Sosa.

El 11 de octubre de 2007 es cateada su casa, ubicada en la cabecera municipal de Luvianos, en la Avenida Jorge Jiménez Cantú. La averiguación previa indica que fueron encontradas armas, cartuchos y uniformes tipo militar.

Enterado de lo que ocurría, Alberto Martínez Sosa contacta a un abogado, quien inmediatamente tramita un amparo, con el cual se presenta el 26 de octubre de 2007 ante el Ministerio  Público de Tejupilco. Ahí conoce las imputaciones y la autoridad ministerial determina que el 8 de noviembre rinda su declaración. Cita a la que nunca llegaría.

El 31 de octubre entre confiado y desoyendo a sus familiares que le pidieron quedarse en su casa de Toluca, mientras se aclaraba aquella acusación, Martínez viajó a Luvianos para estar presente en el cumpleaños de su suegra. “No tengo ningún problema”, justificó frente a su esposa, sin embargo, en el retorno a Toluca toparon con aquel retén militar.

La milicia en acción 

“El militar le dijo que su amparo se lo pasaba… no sé, con malas palabras, pero que teníamos que acompañarlos al Ministerio Público de Tejupilco”, recuerda la esposa de Alberto, María Guadalupe Ugarte Vences.

Un militar subió a la camioneta Sonora, misma que después desaparecería. Martínez al volante, su familia atrás, y un convoy militar escoltándolos rumbo al centro de Tejupilco en esa carretera de curvas y barrancos.

Martínez estaba tranquilo, aunque las oficinas del Ministerio Público estaban llenas de militares, su esposa sostenía a la bebé en brazos, y de vez en vez salía a darle sus vueltas a sus otros hijos que permanecían en la camioneta.

– Ahorita el MP les va a decir que ya me presenté y nos vamos a poder ir tranquilos, le confió Alberto a su esposa, a  quien en ese momento los militares le gritaron que bajara a sus hijos y pertenencias de la camioneta, pues su esposo y el vehículo serían trasladados a la Delegación de la PGR en Toluca.

Alrededor de las 20:00 horas salió el convoy hacia la capital mexiquense. Ugarte quedó en la banqueta con niños y maletas, sin saber cuáles eran los cargos contra su esposo.

Acompañada de su abogado, quien arribó a Tejupilco cuando ya salía el convoy militar, María Guadalupe llegó a la Delegación de la PGR en Toluca, donde ya no pudieron entrar ni a las oficinas.

“Le dijeron al abogado que mejor se saliera porque si no le iban a reventar toda su madre, feo con malas palabras, estaba muy feo ahí el asunto”, recuerda.

En la madrugada del día 2 de noviembre de 2007, Ugarte y sus acompañantes decidieron retirase del sitio, sin percibir que su esposo haya sido trasladado a otro lugar. Salieron por la Avenida Nicolás San Juan. La incertidumbre hacia más oscura la noche.

“No supe de mi esposo por casi una semana, dónde estaba, ni nada, ni quien nos diera fe, ya después él se comunicó diciendo que estaba en la SIEDO, de hecho el licenciado fue a poner una queja en Derechos Humanos”, afirma. “Yo no sabía qué hacer, sólo esperar”.

Para entonces la acusación contra Alberto ya no sólo era por el “levantón” de los dos militares.

Sería trasladado a la hoy Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) porque los militares del octavo regimiento mecanizado, quienes lo detuvieron en el retén de Cuadrilla de López, declararon haberle encontrado un envoltorio que podría ser de cocaína.

“Encontrándole en una bolsa de su chamarra del lado derecho una bolsita de plástico transparente que contenía en su interior una sustancia sólida amarillenta y dentro de la misma un envoltorio de plástico que contenía en su interior un polvo blanco ambos al parecer cocaína”, refiere la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/254/2007. En total 29.8 gramos de cocaína, según el posterior dictamen.

La esposa de Alberto ni siquiera pudo ir a verlo. Temía ser detenida ante esa acusación de posesión de narcóticos. Quienes fueron a pedir informes fueron su hijo Hugo, en ese entonces de 13 años, así como la abuela del adolescente.

“Es ilógico, viene para acá, nos trae a toda la familia, sabía que había retenes, ¿usted cree que iba a traer eso?, él en ningún momento ha consumido eso.

“La Ley es una porquería, si tenía el amparo para algo, cómo le acomodaron otra cosa, los militares no buscaron quién se las hizo, sino quién se las pagara”, dice después de ocho años María Guadalupe.

“Ordenes superiores”

En el interior de la Delegación estatal de la PGR, Alberto permanecía incomunicado en una habitación donde había montones de discos decomisados, siendo mudo testigo del trajín de militares y ministerios públicos.

A través de la causa penal 76/2009 puede conocerse qué pasaba aquella noche en las oficinas ministeriales.

Causa penal que inició el abogado de Martínez Sosa por la desaparición o robo de la camioneta Sonora que conducía Alberto el día que fue detenido, y de la cual sólo quedaron las llaves. Dicha unidad fue vista por última vez en el estacionamiento de la delegación estatal de la PGR.

Dicha causa se llevó en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, donde se incluye un interrogatorio realizado a Alfonso Benítez Luna, quien al momento de la detención de Martínez Sosa fungía como encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales “A” de la PGR en la entidad mexiquense.

Esa diligencia se efectuó el 20 de octubre de 2009, cuando ya había sido sentenciado Alberto y había perdido la respectiva apelación contra su sentencia.

No obstante, la confesión de Benítez Luna reconstruye esos minutos que marcarán el destino del vecino de Luvianos.

“Todo fue por instrucciones del entonces Delegado de la Procuraduría General de la República Lic. José Manzur Ocaña, ya que teníamos conocimiento de que Alberto Martínez Sosa no había participado, ni existía prueba alguna o reconocimiento de que Alberto Martínez Sosa hubiera intervenido en la privación ilegal de la libertad de los militares, sin embargo por el sólo hecho de ser el propietario del inmueble donde al parecer fueron llevados los militares, el entonces Delegado consideró que se encontraba relacionado con los hechos, por tanto ordenó que se hiciera el reconocimiento de los militares ofendidos con Alberto Martínez Sosa con la obligación de que lo señalaran como una persona participante en los hechos delictuosos”.

La confesión quedó asentada ante el agente del Ministerio Público de la Federación.

Benítez, quien en diciembre de 2009 sería asesinado cuando realizaba una diligencia ministerial en el municipio de Altamirano, Guerrero, agregó que ignoraba si le habían encontrado o no alguna droga a Martínez Sosa al momento de su detención.

“Ya que primero me informaron que no le habían asegurado nada, y posterior a ello, indicaron que le había encontrado cocaína”.

A su vez Manuel Trujillo Hernández, entonces agente del Ministerio Público Federal en Tejupilco, narra en el expediente ministerial que por instrucciones superiores ya no se le permitió actuar, por lo cual desconocía el delito por el cual fue retenido Martínez Sosa.

Los militares tampoco le informaron que hubiera cometido algún delito contra la salud.

“Lo único que me comentó (el oficial que detuvo a Alberto) fue que deseaba presentar al señor Alberto Martínez Sosa, para que le tomara declaración ministerial en relación a una indagatoria que se integraba en su contra, incluso le dije que el señor Martínez ya había rendido declaración ministerial”.

Trujillo siguió los primeros pasos de Alberto tras su detención. Aquella noche del primero de noviembre de 2007 también fue trasladado al bunker de la delegación estatal de la PGR, después regresó a Tejupilco. Una jornada confusa de “órdenes superiores”.

Tras permanecer aislado en esas oficinas, a Martínez Sosa lo trasladaron a la entonces SIEDO en la Ciudad de México, donde perdió la percepción del tiempo, pues lo recluyeron en una especie de sótano.

“Ahí me subían con un fiscal Isaac, me decía que ya tenían a mi familia, pero nunca me preguntaron por mis supuestos cómplices”, expresa al ser entrevistado en el penal estatal de Almoloya de Juárez, donde cumple con su sentencia.

El acuerdo final de consignación, fechado el 20 de diciembre de 2007, refiere que se ejecutó acción penal contra Alberto por los delitos de posesión de algún narcótico, armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuera Área; y privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño.

Pero el dictamen químico, incluido en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/254/2007, indica que en la orina de Martínez Sosa no se detectó la presencia de cannabis, cocaína, anfetamina, benzodiacepinas y opiáceos. Tampoco fueron encontrados antecedentes criminales de él.

La declaración 

La parte medular de la acusación contra Alberto consistió en la declaración de los dos militares “levantados”.

Lo identificaron como uno de sus captores, aunque dicha versión no la rindieron en su primera declaración, sino hasta después de los cateos a las propiedades de Martínez Sosa.

La primera declaración de los dos militares ocurre el 7 de octubre de 2007, donde afirman que fueron capturados por personas encapuchadas, sin dar alguna media filiación.

Sin embargo, en el expediente de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/254/2007 fue incluida una posterior declaración de ambos elementos del Ejército Mexicano.

Pero esa segunda confesión ocurrió el primero de noviembre de 2007, casi un mes después de la agresión que sufrieron en Luvianos y el mismo día de la detención de Martínez Sosa.

En esa declaración advierten que uno de sus captores se levantó el pasamontañas y pudieron observar parte de su rostro, que correspondería a las características de Alberto.

“El que venía de copiloto se levantó el pasamontañas a la altura de la frente quedando su rostro descubierto, procediendo a revisarme a ver si no traía armas, pudiéndolo ver perfectamente de su rostro, el cual me percaté era de tez moreno,  cabello, frente y cejas no se alcanzaba a ver por el pasamontañas que llevaba puesto, ojos chicos medio rasgados, nariz pequeña media boluda, boca chica, con bigote escaso y sin barba, mentón redondo”, dijo el oficial Gustavo Herrera Terrones.

A su vez el otro militar, Luis Enrique Aragón Reyes refiere que al llegar al lugar donde los interrogaron y golpearon observó a la persona con el pasamontañas a la altura de la frente. Advirtiendo las mismas características de su compañero.

“A esta persona si nuevamente la volviera a ver la reconocería plenamente sin temor a equivocarme, la cual recuerdo y me pude percatar era de tez moreno, el cabello, frente y cejas no los alcance a ver porque como ya lo dije llevaba un pasamontañas a la mitad, los ojos chicos, nariz pequeña media boluda, boca chica, con bigote escaso y sin barba, mentón redondo”.

¿Qué ocurrió entre su primera y segunda declaración? Ellos mismos lo justifican: al momento de su primera declaración se encontraban en “shock”.

Un dato más. La segunda declaración fue recabada porque vía telefónica la PGR solicitó ratificar o en su caso ampliar la denuncia presentada el 7 de octubre de ese año.

Esa declaración de los militares condenó a Martínez Sosa.

En febrero de 2009 fue condenado por la privación ilegal de la libertad. Los otros delitos ya no merecieron alguna sanción.

Uno a uno perdió el recurso de apelación el 20 de julio de 2009 en el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, y el 28 de enero de 2010 perdió un amparo directo en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, además de no tener éxito en un posterior reconocimiento de inocencia.

De 42 años, baja estatura, moreno, cabello corto, nariz ancha, bigote ralo, Martínez Sosa, quien al momento de su detención era contratista del Ayuntamiento de Luvianos, repite y reitera entre los muros de la cárcel de Almoloya de Juárez:

– Nunca he cometido un delito, de eso no tenga duda, ese día que dicen que yo hice lo de los militares estaba en la casa del presidente municipal viendo lo de unas obras.

Testigos “sospechosos”

Así, mientras en las sinuosas calles del municipio calentano un comando armado cazaba a dos miembros del Ejército Mexicano, en la casa del entonces presidente municipal de Luvianos, Francisco Arce Ugarte, varias personas afirman haber visto a Martínez Sosa.

“El día sábado  6 de octubre del año en curso (2007), el C. Alberto Martínez Sosa, estuvo presente en una reunión en mi domicilio particular, ubicado en la primera cerrada de Jorge Jiménez Cantú número 4, de la colonia Adolfo López Mateos de esta cabecera municipal, a partir de las diez de la mañana con diez minutos, aproximadamente, en compañía del ingeniero Francisco Arce Benítez , director de Obras Públicas”, refiere el testimonio del ex edil del PRI, asentado en la causa penal 77/2007-VI.

El ahora Notario Público número 121, con sede en Tejupilco, apuntó que a las 10:15 horas de ese día dos personas vestidas de civil, que se identificaron como elementos de la 22 Zona Militar llegaron a su domicilio, a quienes atendió por espacio de una hora. Al despedirlos regresó a la reunión donde estaba Alberto.

En la misma versión coincide Francisco Arce Benítez, quien refiere que la reunión con Martínez Sosa versó sobre obras púbicas que esta persona realizaba para el Ayuntamiento, encuentro que concluyó a las 13:00 horas.

A su vez Rivelino Ortiz Carvajal, entonces secretario particular del alcalde y hoy diputado local suplente del PRI por el distrito de Tejupilco, manifestó en el juicio que el 6 de octubre se percató de la presencia de Alberto en la casa del presidente municipal, quien regularmente usaba su vivienda particular para reuniones de trabajo. Y aclara que él se incorporó a esa reunión a las 11:30 horas, aproximadamente.

Tales testimonios, así como los de Eugenio Martínez Sosa, Carmen González Calderón, Indalecio Benítez Mondragón y Honorato Arce Ugarte, quienes también dijeron haber visto a Alberto en ese lugar, fueron desechados por el juez tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México, Octavio Bolaños Valadez, según consta en la sentencia del 27 de febrero de 2009.

“Contrario a su pretensión no es dable asignar valor probatorio a tales probanzas, ya que se advierten aleccionadas con la finalidad de eximir de responsabilidad al procesado Alberto Martínez Sosa”, indicó el juez.

En la apelación que Alberto perdió el 20 de julio de 2009, ante el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, dichos testimonios también fueron descalificados, al argumentarse que existieron contradicciones entre los horarios que declararon los testigos, por lo cual se les consideró sospechosos.

Argumento que se confirmó en la resolución del amparo directo que promovió Martínez Sosa y que se resolvió en enero de 2010.

Ocho años después los testigos “sospechosos” de Luvianos siguen sosteniendo su dicho, como el ex director de Obras Públicas, Francisco Arce Benítez, quien insiste en que la mañana del 6 de octubre de 2007 vio a Alberto Martínez Sosa en la casa del entonces alcalde.

Recuerda que la reunión fue para hablar de obras que realizaría la constructora de Alberto, empresa que por cierto competía con la de los hermanos González Peña.

Entre los testigos también está el hermano de Alberto, José, quien en diciembre de 2015 regresó momentáneamente de Estados Unidos, y en cuya casa se reunieron algunos de los testigos y ex regidores del Ayuntamiento de Luvianos para insistir en la inocencia de Martínez Sosa.

La vivienda está semiabandonada. La mayor parte de la familia Martínez Sosa ya no vive en Luvianos, casi todos están en Estados Unidos, algunos sólo regresan para las festividades del pueblo, así es Luvianos, un pueblo de paso para muchos de los que nacieron aquí.

Mientras ofrece un refresco en la estancia donde sólo destacan tres viejos sillones, Don José recuerda que en los días previos al “levantón” de los militares, un grupo delictivo se apoderó del rancho de su hermano, evento que no denunciaron por temor a represalias.

“¿Cómo vas a denunciar?, si llegan y te dicen salte, si denuncias te dan para abajo”.

“Fue Ranferi González Peña y Albert González, quienes estaban encargados de un grupo delictivo, ese fue el que nos metió la gente y el que nos amenazó. La verdad era que el señor Albert quería quedarse con el rancho”, revela, “estas personas también tenían una constructora”.

Don José, quien no duda en manifestar su militancia priista, aclara que los hermanos Martínez Sosa ya sólo regresan esporádicamente para darle una vuelta a sus propiedades o cuando es la feria del pueblo.

Los ex regidores de Luvianos, Mario Domínguez y Albertino Rodríguez, no estuvieron en la citada reunión de Alberto con el entonces alcalde, pero aseguran que Martínez Sosa era una persona dedicada a su trabajo de constructor. Lo conocieron desde cuando era seccional del PRI, en los tiempos de la campaña del gobernador Arturo Montiel.

A más de 100 kilómetros de Luvianos está Alberto. Habló con él en una área de visitas del penal estatal de Almoloya de Juárez. Acaba de regresar de la cárcel de Tepachico, en el municipio de Otumba, donde fue trasladado temporalmente por una disposición oficial de concentrar en una sola cárcel a los secuestradores. Tras impugnar la decisión logró regresar de ese reclusorio, considerado de mediana seguridad.

“Un lugar de humillaciones”, recuerda.

El diálogo con Martínez Sosa es sin grabadora, a retazos, saltando de un tema  a otro, intentando conocer la historia que lo consume desde hace años, buscando respuestas que no dan los expedientes judiciales.

Habla de su último recurso que solicita a Peña Nieto, el último eslabón en esa cadena que hoy vive: el indulto ante la serie de violaciones cometidas en su proceso.

– La verdad nunca se olvida, esto ha sido una cosa desesperante, acaban con los sueños, con las ilusiones, todo lo que tenía se acabó. Qué se fijara (Peña Nieto) el tipo de gobierno que tiene. Agarran a quien está mal puesto para decir que trabajan y los delincuentes andan afuera.

Sereno, pero sin ocultar reclamos a sus abogados, reconoce que lleva ochos viviendo de ilusiones y litigios jurídicos que ha pagado con la ayuda de sus hermanos que viven en Estados Unidos.

– Nunca lo asimilas, acaban con los sueños, aquí ha llegado gente de Luvianos, que luego han salido, y me dicen: sabemos quién eres, por qué estás aquí, yo les digo que no quiero nada sólo estoy pidiendo mi libertad.

Martínez Sosa, quien a los 16 años se fue trabajar a Estados Unidos, confiesa que le gustaba el chisme, “la política pues”, incluso ahora su sobrino, Aníbal Martínez, es el nuevo alcalde de Luvianos, tras ser postulado por el PRD. Pero ahora todo ha cambiado. Les recomienda a su esposa e hijos no regresar a ese municipio y admite que no le atraía hacer público el caso de su encarcelamiento.

“Esto causa problemas, temo que agarren represalias”, dice en el interior del penal de Almoloya de Juárez, donde se encarga de la tienda de alimentos.

 

El Indulto Negado

El 14 de noviembre de 2013, Alberto Martínez Sosa solicitó al Presidente Enrique Peña Nieto un indulto a su sentencia que le fue impuesta por el juez tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales  Federales en el Estado de México, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño.

La petición fue recibida en la Coordinación de Documentación y Control de Gestión de la Oficina del Secretario de Gobernación.

Ahí se asienta todo lo vivido por Alberto. Violaciones graves a sus derechos humanos, como el hecho de que quienes lo acusan no lo identificaron en su primera declaración incluida en la averiguación previa PGR/MEX/TEJ-II/189/2007.

“Nunca refirieron en su declaración inicial haber reconocido persona alguna como sus agresores, ni proporcionaron media filiación alguna que pudiera resultar factible para dar con los presuntos agresores”, indica la solicitud de Alberto.

El documento aclara que vía una apelación logró su libertad para los delitos de posesión de narcóticos, de armas de fuego  y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

Alberto también refiere los testimonios de quienes lo vieron en la casa del entonces presidente municipal de Luvianos, Francisco Arce Ugarte, así como las declaraciones ministeriales del entonces Subdelegado de la PGR, Alfonso Benítez Luna, y de los funcionarios que intervinieron en la integración de la citada averiguación previa, entre otras pruebas.

Martínez Sosa recibió una respuesta el 4 de marzo de 2014.

Vía el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, se consideró que la solicitud del reo es improcedente, pero sin entrar al fondo del asunto.

El funcionario argumentó que el artículo 97 bis del Código Penal Federal indica que sólo el pleno de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, cuentan con la legitimación para solicitar al Presidente de la República el otorgamiento de la medida en gracia en favor de un sentenciado.

“No se desprende como requisito de procedencia que el sentenciado o cualquier particular se encuentre legitimado para solicitar al Titular del Ejecutivo Federal el otorgamiento del indulto, de tal suerte que ello vincule a éste para conocer de un asunto penal, en específico para tal fin”, afirma el Consejero Jurídico.

El oficio de respuesta de número 1.0553/2014 enuncia que el artículo 97 bis del Código Penal Federal contempla como causales para otorgar el indulto a las siguientes:

– Sea decretado por el Titular del Ejecutivo Federal, por sí o a petición de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.

– Se otorgue de manera excepcional.

– La sentencia ejecutoriada se trate de delitos del orden federal o común del Distrito Federal.

– Se hayan agotado todos los recursos legales nacionales.

– Exista dictamen del órgano ejecutor de la sanción que demuestre que no representa un peligro para la tranquilidad y la seguridad públicas.

– Existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.

El abogado de Alberto, Leonardo Gama García, advierte que el único indulto que ha concedido el Presidente Enrique Peña Nieto fue para el profesor tzotzil Alberto Patishtán, quien fue acusado de participar en una emboscada en la carretera cercana al pueblo de Limas, estado de Chiapas, donde siete policías murieron y otro más, junto con un civil, quedó herido. Por los hechos se condenó a Patishtán a 60 años de prisión.

En el caso de Martínez Sosa, afirma, no sólo hay pruebas que lo ubican en otro lugar cuando se cometió el ilícito por el cual fue encarcelado, sino que los propios funcionarios ministeriales que participaron en la integración de la averiguación previa han advertido que no tenían elementos para fincarle alguna imputación.

“Fue cuando denunciamos el robo de la camioneta de Alberto cuando surgen las declaraciones de Benítez Luna, Manuel Trujillo y Fabiola Hernández, quienes fueron los que integraron la averiguación, quienes dijeron que los militares nunca reconocieron a Alberto”.

Con esos documentos, narra, se promovió un Reconocimiento de Inocencia, sin embargo, para que este procediera debe existir una orden de aprehensión contra los dos militares que formularon la acusación, misma que se ha negado, por lo cual sigue vigente un recurso de revisión en el Segundo Tribunal Colegiado Penal.

“A raíz de eso hizo la petición del indulto, pero Castillejos Cervantes lo negó por falta de legitimación, pues dijo que Alberto no tiene ese derecho”, explica.

Gama, quien asegura ya no estar cobrando por sus servicios profesionales a Martínez Sosa, indica que tras la negativa del Consejo Jurídico del Presidente Peña Nieto la estrategia jurídica tomó otra senda.

Formularon un recurso de revisión contra el rechazo del indulto, que fue turnado al Cuarto Tribunal Colegiado Penal de Toluca, quien se declaró incompetente por ser una materia administrativa, por lo cual se turnó a los tribunales administrativos de Naucalpan, pero también se declararon incompetentes.

De ahí que el caso esté actualmente en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sólo para resolver la competencia de qué tribunal debe resolver. Una verdadera telaraña jurídica.

“Una vez resolviendo, por ser un caso enorme y trascendente, vamos a pedir que lo atraiga nuevamente la Corte para que resuelva si Alberto puede pedir el indulto”, adelanta Gama, “incluso el Consejero Jurídico ha pedido a los tribunales que se rechace la petición de indulto”.

El abogado, quien también ha sido catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), es blanco de críticas por seguir defendiendo a un “secuestrador”, sin embargo, “en el caso de Alberto es evidente la consigna para condenarlo por todos los medios”.

“Sí había intenciones para a fuerzas lograr una condena y justificar todo el tiempo que estuvo detenido, porque primero lo hacían líder de la Familia Michoacán, luego de los Zetas, pero el hecho era que no tenía antecedentes penales.

“Incluso cuando lo consignaron pidieron que lo trasladarán a la cárcel del Altiplano porque se podía evadir, pero el juez determinó que no había pruebas, por lo cual lo mandaron una prisión del fuero común”, recuerda.

 

El perfil de Alberto Martínez Sosa

El comunicado 249/09 de la Procuraduría General de la República, emitido el 8 de marzo de 2009, es tan escalofriante como inexacto:

“El Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México,  dentro de la causa penal 77/2007, dictó sentencia condenatoria en contra de Alberto Martínez Sosa y/o Jesús Alberto Martínez Sosa y/o Alberto Martínez Urapo, como penalmente responsable en la comisión del delito de Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de secuestro; imponiéndole una pena de 20 años de prisión y dos mil días multa.

“A Martínez Sosa se le detuvo el seis de octubre de 2007 en la población de Luvianos, Estado de México, quien conjuntamente con otros sujetos fuertemente armados privaron de su libertad a dos elementos del Ejército Mexicano con lujo de violencia a quienes torturaron aplicándoles descargas eléctricas y los amenazaban con hacerlos pedazos con una motosierra, si no confesaban a qué grupo pertenecían”.

De acuerdo con la misma causa penal, Martínez Sosa fue detenido el primero de noviembre de 2007. Y el 6 de octubre de ese año ocurrieron los hechos denunciados. Gazapo ministerial en la redacción del comunicado que aún puede encontrarse en internet.

El libro Tierra Narca, del periodista y escritor Francisco Cruz Jiménez (Editorial Planeta Mexicana, 2010), dice en la página 62:

“… el rancho, en el paraje de Las Culebras sobre el camino a Zacazonapan, era propiedad de Jesús Alberto Martínez Sosa, uno de los lugartenientes de El Coronel Albert González Peña, el Zeta de mayor rango en Luvianos”.

En la página 64 se refiere la sentencia que recibió Martínez Sosa, responsable de la agresión a los dos militares “levantados”, al menos en la verdad jurídica, precisa el autor del libro, quien con documentos oficiales y una profunda investigación delinea la infiltración del narco, así como la corrupción de autoridades ministeriales en el Estado de México.

“El responsable material de la tortura a los dos soldados, por lo menos en la verdad jurídica, fue condenado a 20 años de prisión”.

Frente a Martínez Sosa, en la cárcel estatal de Almoloya de Juárez, le menciono lo que se ha escrito sobre él. Las dudas que saltan desde que conocí a su abogado, las inconsistencias encontradas en el kilométrico expediente. El entramado que lleva de un tribunal a otro. De la libertad, de la justicia, de dónde está la verdad.

Escucha acercándose lo más posible a los barrotes de la reja que nos separa. Es una área de visitas, el barullo de abogados, familiares y detenidos no para. Alberto responde una y otra vez:

– Nunca he cometido un delito, de eso no tenga duda.

La misma pregunta se la hago a la esposa de Alberto, María Guadalupe Ugarte Vences, quien en un restaurante de Toluca es acompañada por su hijo Hugo, ahora estudiante de ingeniería industrial.

– Del rancho sacaron la fotografía de Alberto para después decir que lo identificaban, él es inocente. Lo único que podemos pensar es que todo fue por el lado del trabajo, porque él sostenía una pequeña constructora, entonces habiendo otras no les convenía que hubiera competencia.

Ugarte conoció a Martínez Sosa en 1993. Años antes él se había ido a trabajar a Dallas, Texas, donde uno de sus hermanos tiene un negocio de hojalatería y venta de automóviles. También trabajó de herrero y pintor.

En 1994 comenzó a vivir con Alberto, un año después nació su primer hijo y regresaron a Estados Unidos, “íbamos y veníamos”. Incluso retornaron a México en una temporada.

Vuelven a Estados Unidos donde nace su segundo hijo. En 2004 deciden establecerse con mayor permanencia en Luvianos, pues el patrimonio de Alberto había aumentado.

En 2007 se encontraban viviendo en Luvianos, aunque también tenían una casa en Toluca. En esos años Alberto se involucró en la política apoyando a los candidatos del PRI. Relación que le permitió ser contratista del Ayuntamiento de Luvianos. Incluso en un principio estaba propuesto para ser coordinador municipal de obras públicas.

Actualmente de los hijos de Martínez Sosa, dos estudian una carrera profesional, otro va en Secundaria y la niña menor cursa el tercero de primaria. Su esposa es estilista, de lo cual obtiene algunos ingresos, además de que sus cuñados le mandan dinero de Estados Unidos. Adicionalmente están rentando el rancho de Luvianos para la cría de caballos.

El hermano de Alberto, José Martínez Sosa, recuerda que su familiar también se dedicaba a la crianza y venta de becerros.

– Cuando trabajaba en Estados Unidos recibió una indemnización por un accidente que sufrió, y de ahí invirtió para acá.

Don José admite que a su hermano se le ha ido la vida sin ver crecer a sus hijos. Y su patrimonio se está desvaneciendo.

– Mi hermano no es un delincuente y creo que nosotros tampoco. Creo que es justo que él ya esté con nosotros, expresa mientras recorre el rancho de su hermano donde hacen nido las arañas tejedoras, que resaltan por sus colores blanco y negro. Alcanzan los 10 centímetros de diámetro.

“Estas no pican”, confía, mientras el insecto reposa en su telaraña. Pero justo aquí la justicia mexicana comenzó a tejer otra telaraña que tiene en prisión su hermano.