Estudios y análisis del gobierno federal, estatal y local detectan que habitantes de colonias ubicadas en Nezahualcóyotl, Toluca y Ecatepec, son generadores de violencia y delitos en general, por lo que a principios del año se pactó subsidiar programas y la actividad de líderes sociales para impulsar «la cultura de la paz», los resultados son imperceptibles.
A principios del presente año autoridades federales, estatales y municipales encargadas de tareas de seguridad, estudiaron el fenómeno criminal en territorio mexiquense que en la última década registró un incrementado sustancial, el análisis concluyó que un porcentaje importante de delincuentes libres y detenidos, emanan de 127 colonias ubicadas, principalmente, en municipios como Toluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec.
Espacios territoriales que tienen como denominador común indicadores delictivos por encima de la media estatal y nacional, así como severos problemas de acceso a esquemas de seguridad social-salud, desempleo, confrontación vecinal, deserción escolar, embarazos a temprana edad, personas con alta vulnerabilidad por razón de ingresos y acceso a vivienda, entre otras problemáticas.
Ante dicho escenario adverso el gobierno federal habilitó una partida presupuestal extraordinaria y a través del Programa Nacional para la Prevención del Delito (PNPD), otorgó 40 millones 86 mil 819 pesos a Juan Zepeda Hernández, alcalde de Nezahualcóyotl; 55 millones 683 mil 896 pesos a Pablo Bedolla López, presidente municipal de Ecatepec y 33 millones 577 mil 800 pesos a Martha Hilda González Calderón, titular de la administración de la capital mexiquense.
Inyección de dinero que de acuerdo al índice delictivo estatal, realizados por las mismas autoridades, la intervención extraordinaria sí habría logrado disminuir la comisión de algunos indicadores, aunque son tantos los delitos que se cometen en esos municipios que la baja fue imperceptible.
En el caso de Ecatepec las acciones y programas implementados con carácter de urgente (marzo a noviembre) no surtieron el efecto deseado, ya que por ejemplo el número de homicidios dolosos no disminuyó, y por el contrario, registró un incremento al pasar de 23 en el mes de enero a 30 en septiembre del presente año y que durante los primeros nueve meses acumularon 247, es decir 27 ejecuciones al mes en promedio.
Los recursos económicos con carácter extraordinario tuvieron como destino acciones concretas y específicas, tales como colocación de luminarias en colonias de alto riesgo, pago de terapias sicológicas a víctimas y familiares de hechos violentos (violaciones y ejecuciones), impulso de actividades deportivas y económicas (para vecinos de dichas colonias), junto con apoyos “económicos” y patrocinio de cursos y procesos de capacitación a líderes sociales que tuvieron como objetivo hacer labores de cohesión social y de paso pedir a sus vecinos que confíen en la policía local y estatal, en el entendido que estos trabajan para el bienestar de la comunidad.
“Promover la participación ciudadana y contribuir en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de seguridad pública y vial, incentivar la confianza entre la población y los servidores públicos, principalmente con los integrantes de la corporación de seguridad pública y vial, reconocer el buen desempeño de los integrantes de la corporación, informar a la ciudadanía sobre los distintos programas de prevención del delito con los que cuenta el municipio y coadyuvar a la autoridad en las acciones que se implementen, a fin de transforma a la seguridad pública en una seguridad ciudadana”, se destacó en el apartado identificado como «descripción” de la actividad a realizar para la colonia San Sebastián de Toluca, catalogada como una de las más conflictivas.
El programa que atañe al referido polígono de San Sebastián, en sus apartados 1.1.2.1 y 1.1.1.5 denominados “Conformación y capacitación de redes ciudadanas de prevención social de la violencia y la delincuencia” y “Apoyo y capacitación a promotores comunitarios de los polígonos a intervenir”, respectivamente, contempló montos para su ejecución de 100 mil pesos para el primer caso y de 369 mil 231 pesos, para el segundo.
Sobre este último se destacó en el apartado «descripción” de actividad a realizar, la “formación de seis promotores comunitarios para su vinculación en labores de promoción social, centradas en la interacción de los vecinos y autoridades locales a fin de brindar un servicio a la comunidad y apoyo al seguimiento de proyectos de prevención social y violencia y delincuencia”.
En el mismo rubro se añade que la acción (capacitación) consta de dos fases, la primera es un proceso de formación a través de 3 talleres de 20 horas presenciales, en donde los temas a abordar serían:
Sensibilización y capacitación en prevención social de la violencia; cultura de la paz; resolución no violenta de conflictos; modelo de promotoría comunitaria y el tercer punto contempló mecanismos de monitoreo para que la autoridad competente confirme que si se registraron las actividades.
Las reglas de operación del programa PNPD también contempló la creación de una estructura ciudadana que operaría a partir de la conformación del Consejo Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Órgano patrocinado y subsidiado para su operación con recursos públicos federales etiquetados; dicho flujo de efectivo suministrado por la autoridad municipal a miembros del Consejo y Promotores Comunitarios, tiene como fin la ejecución de programas y acciones específicas, previamente avaladas por instancias federales y municipales.
La integración del Consejo está diseñada para operar como un órgano colegiado, su composición es de cinco personas y el único requisito para su admisión consistió en acreditar su vecindad en el polígono (colonia conflictiva) y contar con una edad de entre 18 y 65 años.
La bolsa de dinero para atajar de origen a la delincuencia se activó en marzo presente año, con aproximadamente 129.1 millones de pesos, destinados para los tres ayuntamientos referidos que tienen como denominador común: haber registrado un acelerado crecimiento demográfico, una planificación urbana desordenada, contar con una población que oscila o supera el millón de habitantes y haber registrado alternancia (partidaria) en sus gobiernos.
Entre los polígonos-colonias de Toluca donde se aplicó el programa PNPD están: El Seminario en sus cuatro secciones, Héroes 5 de Mayo, Vicente Guerrero, (parte de) Ocho Cedros, San Buenaventura, San Sebastián (ubicada en la zona Terminal de Autobuses), Centro de la ciudad, «El Cóporo» y los llamados barrios tradicionales como San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan, San Pedro Totoltepec, San Mateo Otzacatipan, San Nicolás Tolentino.
El Seminario… tercera generación
Catalogada como una zona de alto riesgo por la autoridad municipal, estatal y federal, así como por los mismos vecinos, la colonia El Seminario edificada a mediados del siglo XX en los terrenos de la ex hacienda La Garceza, donde en los años setentas y ochentas se registró un acelerado crecimiento urbano, hoy muestra su tercera generación de algunas personas que por múltiples causas tienen un comportamiento irregular o delictivo.
Conducta antisocial que los ha llevado a galeras municipales, hospitales, ventanillas del Ministerio Público, Centros de Readaptación Social de Almoloya de Juárez (Almoloyita y Altiplano) y en el peor de los escenarios a panteones; pues algunos, en su mayoría jóvenes, perdieron la vida en calles del barrio.
Con base en estudios realizados por instancias de seguridad del gobierno federal a los que el equipo de métricadigital.com/home tuvo acceso, se puede establecer que en El Seminario y colonias aledañas, registran tasas elevadas de delitos como lesiones dolosas, violaciones y ataques sexuales, robo con violencia y sin violencia, daño en propiedad, homicidio doloso, entre otros ilícitos de los llamados de alto impacto.
Otro fenómeno que afecta al barrio ubicado al suroriente de la capital mexiquense, es la profunda polarización social y vulnerabilidad en el ámbito social, ya que 60 por ciento de los habitantes no tienen acceso a seguridad y casi un seis por ciento es altamente vulnerable a raíz de sus ingresos económicos, según el reporte.
Embarazos a temprana edad, desempleo, deserción escolar en secundaría y educación media superior y superior, derivan en un grado promedio de escolaridad de nueve años, es decir secundaría.
Líderes vecinales sostienen, al igual que otros habitantes de la ciudad, que la mayoría de delitos registrados en la colonia, no son denunciados por temor a represalias e ineficacia de los funcionarios de la Procuraduría estatal.
“Primero: la gente no quiere denunciar porque tiene que estar en la Procuraduría muchas horas; el segundo factor es porque sabemos perfectamente que si denunciamos, horas o días después, tenemos represalias de los mismos infractores o de sus familiares y el tercero es porque nuestros señores policías detienen al delincuente, lo llevan a la Procuraduría y personas de más arriba, ordenan su libertad”, sostuvo en su momento la señora Ignacia Bernal Avilés, quien se desempeñó como segunda vocal del sector 55-Seminario del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci).
La líder vecinal, consideró que la inseguridad que padece El Seminario, podría entenderse como un fenómeno de simulación, donde algunos vecinos y policías simulan que no pasa nada en las calles, que no hay venta de droga en las esquinas, que no se meten a las casas a robar, que no hay robos a transeúntes y automóviles, que algunos jóvenes y adultos no se reúnen para cometer acciones ilícitas, que todos sus vecinos son gente de bien.
Al respecto, el maestro David Manjares, titular del seminario “Antropología de la Violencia” que se imparte en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), consideró que independientemente de factores sociales, culturales y económicos de los habitantes de una comunidad o colonia específica, cuando el gobierno está ausente en una sociedad, surgen actos violentos, fuera de la norma.
“Teóricos de la Antropología como Alfredo Tecla, sostienen que si no impones una norma y de inmediato estableces reglas cuando detectas problemas, después se hacen los conflictos más grandes y ya no se pueden remediar”, dijo el catedrático.
Recordó la teoría de las “ventanas rotas”, la cual sostiene que cuando en un edificio hay una ventana rota y no se arregla, seguramente alguien romperá otra, posteriormente algunas personas se meterán al departamento o cometerán actos delictivos en su interior, situación que probablemente no se presentaría, si desde un principio se arregla.
Consideró que la “ausencia” del gobierno en determinada comunidad, también puede entenderse como la carencia de áreas verdes, alumbrado y seguridad pública, centros escolares y dotación de servicios básicos.
Para el señor Pablo, uno de los fundadores de la colonia, El Seminario hoy no es una zona violenta o de riesgo, como sí lo fue en la década de los setentas, ochentas e incluso noventas; años en que se presentó un fenómeno social peculiar y quizás único en el municipio de Toluca.
“Muchas de las familias que llegaron a poblar lo que en su momento fueron las tierras ejidales que rodeaban el Seminario Conciliar, venían de colonias conflictivas de Toluca como El Cóporo, La Retama, Santa Bárbara, así como de municipios de Tejupilco, Luvianos, Valle de Bravo, Ixtlahuaca, Villa Victoria y muchos otros”, recordó.
Algunos de estos nuevos vecinos se identificaron muy bien y empezaron a juntarse para cometer muchas fechorías, las cuales en estos momentos se siguen presentando con mucha intensidad pero en la colonia Héroes de 5 de Mayo, aseguró don Pablo, luego de considerar que hoy los delitos son cometidos por algunos miembros que identificó como “la tercera generación” de vecinos de El Seminario.
Interpretación del fenómeno delictivo que para el catedrático de la Facultad de Antropología, Manjarrez, puede ser probable pues independientemente de que la violencia y comportamiento delictivo de una persona tiene orígenes multifactoriales, algunos teóricos sostienen que los integrantes de una sociedad tienden a replicar el comportamiento de los individuos que les rodean, independientemente que socialmente sea catalogado como bueno o malo.
Al respecto, estudiantes del cuarto semestre de la Preparatoria Oficial 244, coincidieron en señalar que en más de una ocasión sus amigos los han “invitado” a cometer un delito o acción irregular, como lesionar a alguien, robar o consumir alguna sustancia ilegal, tentación en la que sí han incurrido en algunas ocasiones, aunque para tranquilidad de ellos y sus padres, no es una conducta que los caracterice, aseguraron.
Entrevistados a las afueras de su plantel educativo, precisaron que en El Seminario siempre hay que tener una actitud dura y ruda, pues de lo contrario “corres el riesgo de que alguien se quiera pasar de listo”.
Regla básica para imponer el orden social y evitar que los conflictos escalen en la colonia, también aplicada por los mandos de la Dirección de Seguridad Pública de Toluca que tienen como principal objetivo, proteger a los ciudadanos y sus bienes, así como prevenir delitos y en su caso capturar delincuentes.
