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Factores políticos que fomentan la Corrupción

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Un Estado o país es oligarca cuando en él gobierna un grupo de hombres, sin ser demasiados, que se caracterizan por ser los más ricos.

 

La corrupción es un vicio muy antiguo que a lo largo de la historia ha desarrollado diversas maneras para subsistir y expandirse.

Por existir diversas formas de manifestarse se ha establecido una clasificación general en dos tipos:

a) Factores socioculturales o externos al individuo y

b) Factores internos o estados afectivos en el individuo.

A su vez cada una de estas tiene subdivisiones. Para el primer caso existen cuatro subtipos: políticos, económicos, administrativos y sociales. Este artículo hace referencia a los primeros, es decir, a los factores políticos.

Se consideran factores políticos aquellos elementos que se relacionan directamente con el ejercicio del poder público contribuyendo a la realización de prácticas indebidas. Entre ellos se encuentran los siguientes:

a) El resurgimiento de las oligarquías como forma de gobierno acompañada de la ideología neoliberal.

La teoría política enseña que aquellos sistemas políticos que están dirigidos por una elite económica y que tienen por principio, en su forma de gobierno, el interés desmedido por las riquezas se denominan oligarquías.

Un Estado o país es oligarca cuando en él gobierna un grupo de hombres, sin ser demasiados, que se caracterizan por ser los más ricos. Este grupo de acaudalados trasladan los principios y valores de su estilo de vida a los distintos ámbitos del Estado generando así una complicidad entre gobernantes y élites económicas.

Algunas veces los potentados directamente ocupan cargos públicos y otras veces gobiernan de manera indirecta. En cualquier caso, las oligarquías modifican las actitudes y comportamientos de los funcionarios cuyos valores se tornan acordes a estos principios.

Los sistemas oligárquicos, como les denomina la teoría política clásica, son los actuales gobiernos neoliberales en los que se valora ante todo el individualismo, el dinero, la competitividad, así como las posesiones materiales.

Toda actividad que se realiza bajo esta forma de gobierno gira en torno al capital con el que se pueden adquirir los elementos materiales que se deseen. En los Estados oligárquicos o neoliberales se fomenta la riqueza para una minoría o elite a costa del incremento de la pobreza en el resto de la población.

Hoy en día, dado que la ambición es ilimitada y se poseen los instrumentos necesarios (ciencia y tecnología, medios de comunicación, transportes) para llegar a cualquier parte del planeta, las oligarquías compiten por la riqueza mundial.

Este deseo por acumular bienes materiales hecho principio se ha extendido a través de la globalización o mundialización a casi todo el planeta logrando penetrar en distintos ámbitos alterándolos: el individual, el familiar, el laboral, el cultural, el gubernamental, etc.

La historia demuestra que muchos hombres en el gobierno se han corrompido por la ambición de riquezas y, en la medida en que ha estado en su mano, han arruinado al Estado, afectando con ello a miles de ciudadanos.

b) Ausencia de un perfil definido para los cargos políticos por elección.

No en todos los gobiernos y parlamentos contemporáneos está establecido un perfil básico, con valores bien definidos, que deban poseer las personas que ocupan los cargos públicos ya sea por oposición o por elección.

Esta situación deja un amplio margen para que cualquier individuo, incluso careciendo de los mínimos valores, se encuentre en posibilidad de ocupar un cargo.

Ante la ley, cualquier persona puede ocupar un cargo público, siempre y cuando sea la idónea. Precisamente este elemento de idoneidad es el que marca la diferencia, es decir, los cargos del Estado no deben ser para cualquiera sino para los más aptos, los más leales a la Constitución, los más capaces de practicar la justicia, para aquellos que verdaderamente tienen vocación de servicio.

Dado que los cargos públicos son honores del Estado, quien los ocupe debe poseer una gran preparación, por eso el político irlandés Edmund Burke (Textos Políticos) afirmó: “La ciencia del gobierno que es práctica en sí, es una ciencia que exige mucha experiencia incluso más experiencia que la que pueda acumular una persona en toda su vida por sagaz y observadora que sea”.

Contrario a esta verdad, en el día a día de la política se percibe cómo cualquier individuo compite por un cargo creyendo ser merecedor de dicho honor del Estado.

En la vida contemporánea, sobre todo en época de elecciones, existe una especie de fiebre por querer ocupar un cargo público aunque el aspirante carezca de una mínima cultura política, y más aún sin la comprensión de la importancia y responsabilidad que ello implica.

Para ocupar un cargo público sólo se requiere estar postulado por un partido político. Y al haber distintos partidos cuyo objetivo principal es obtener el poder en vez de unir criterios, se produce una confrontación que a su vez divide a la población, la cual, al ingresar en el juego político, termina creando enemistades, rencillas, rencor e incluso venganzas entre amigos y familiares.

En la actualidad quienes ocupan los cargos públicos no son necesariamente los más capaces o los más comprometidos con la pluralidad de intereses.

El carisma ha sustituido a la capacidad, la mentira a la verdad y la imagen a la eficiencia. Hay profesionales en política pero no todo político es un profesional.

La profesión política exige mayor preparación que cualquier área de conocimiento, sencillamente porque es la que gobierna. La política carga con la responsabilidad de saber dirigir un Estado, de canalizar el rumbo de un país, de cumplir con todos los  intereses de los miembros que lo integran.

La política tiene el compromiso de velar por el nivel de vida de sus representados, de darles empleo, educación, seguridad, de vigilar que la conducta de los ciudadanos se ajuste a los marcos legales y a los valores sociales.

La política decide qué puede ser conveniente para la comunidad y el político es el arquitecto del Estado que traza los planos y los derroteros hacía donde avanzar.

Si para ocupar un puesto en cualquier trabajo se elige a la persona más óptima, cuánto mejor será contar con un perfil para los cargos de gobierno y de función pública. De esta manera, la disciplina política podrá ser más eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus metas lo que contribuirá a la recuperación de la confianza y credibilidad de la comunidad.

c) La debilidad o ausencia de valores éticos en el ámbito público.

El descuido u omisión de instrumentos, ya sean normativos (leyes, códigos, reglamentos) o bien herramientas de control, supervisión y evaluación, así como la falta de programas de inducción, formación, capacitación enfocados a la actualización y desarrollo de personal que fomenten los valores éticos, otorga un campo fértil para el desarrollo de la corrupción en las instituciones públicas.

Existen servidores públicos que carecen de compromiso y espíritu de servicio que les motive a actuar al servicio de la sociedad.

Max Weber decía que hay individuos que viven para la política y otros que viven de la política. Parafraseando esta afirmación, es posible decir que en la administración pública hay individuos que viven para la administración y otros que viven de la administración, desafortunadamente éstos últimos son muy numerosos.

Cuando se carece de principios que verdaderamente lleguen a las raíces del pensamiento a fin de generar una conducta íntegra es fácil caer en la práctica de contravalores y desviarse fácilmente de los deberes y obligaciones.

d) Corrientes de pensamiento que fomentan la corrupción.

Existen teóricos que justifican la práctica de conductas indebidas. Para los llamados <funcionalistas> la corrupción es un recurso necesario, se utiliza por ejemplo para acelerar los procesos administrativos.

En esta corriente de pensamiento el corrupto es considerado como “un experto en atajos”, alguien necesario para hacer el trabajo sucio.

Los funcionalistas critican a los <moralistas> quienes consideran que la corrupción es algo patológico, un obstáculo al desarrollo económico así como una amenaza a la política  porque permite el acceso de personas sin escrúpulos a puestos de poder.

“Los funcionalistas han afirmado que la corrupción tenía sus raíces en el propio sistema, intentando explicar históricamente la aparición periódica de formas de mala administración, con utilización privada o apropiación de recursos públicos (…) La hipótesis principal es  que la corrupción es una <disfunción funcional>, por la cual se reemplazan unas normas viejas y obsoletas por otras nuevas que se adaptan a los cambios que se producen en otros subsistemas. Una vez cumplidas sus funciones políticas y económicas, desaparecerá. (…) Más aún, se llegó a pensar que la corrupción tenía un efecto positivo en algunas fases del ciclo económico permitiendo superar  obstáculos burocráticos, estimulando inversiones y fomentando la creación de empresas” (Della Porta, 2001, 23).

En el lenguaje de quienes están a favor de la corrupción existe “el concepto de soborno virtuoso al señalar que los sobornos a menudo funcionan como el “lubricante” que puede acelerar las ruedas del comercio” (Wei, 2001, 86).

Las ideas de los funcionalistas de la décadas cincuenta y sesenta del siglo XX han sido abandonadas poco a poco por nuevas interpretaciones como la political economy approach que ha adoptado en su lugar una determinada perspectiva del individualismo. Ésta considera a la corrupción política como el resultado de un cálculo racional de costes y beneficios.

“Diversos estudios comparten la idea de que la corrupción procede de un cálculo por parte de los individuos. Éstos son considerados como seres calculadores que tratan de asegurar sus propios intereses en un mundo de escasos recursos. Más concretamente se cree que a los políticos y a los burócratas les interesa tanto el dinero como el poder y por eso tratan de lograr un punto de equilibrio entre los comportamientos adecuados para obtener dinero para ellos, y los necesarios para ser reelegidos o para conservar sus puestos de trabajo.

“Partiendo de un comportamiento individual dominado por intereses materiales privados, estos estudios has descubierto algunas variables que pueden influir en los cálculos individuales de si es o no ventajoso participar en una transacción corrupta. La polítical economy  approach tiene el mérito de reflejar detalladamente las variables que influyen más directamente en la decisión de participar en la corrupción. Pero también esta decisión ha sido criticada por la parcialidad de sus principios. Sus hipótesis analíticas de naturaleza económica se expresan por medio de modelos lógico-deductivos más o menos formalizados que parten del postulado de que los individuos se comportan de manera racional y se orientan a sacar el máximo provecho.

“Aunque muy <elegantes> en su formulación, estos modelos analíticos tienen serias dificultades por considerar adecuadamente la diversidad de las motivaciones individuales. Aunque los political economists mencionan una variable llamada <coste moral>, en realidad no la tienen en cuenta  a la hora de decir cuáles son las características individuales de propensión a la corrupción, considerando a menudo el coste moral de participar en actividades ilícitas como una constante.” (Della Porta, 2001, 24)

Quienes argumentan en favor de la corrupción señalan que en los países en los que existen demasiadas leyes, reglamentos así como trabas burocráticas, sólo mediante el soborno es posible burlar el control del gobierno y acelerar las gestiones necesarias para alcanzar los objetivos comerciales y económicos.

e) Lealtad, interés y pertenencia a un partido.

Cuando se llega a ocupar un cargo público mediante formas deshonestas como el nepotismo (también conocido como palanca o enchufe existe una deuda y un compromiso con aquél que realizó la recomendación generando así una obligada gratitud que se convierte en lealtad, en muchos casos excesiva.

De hecho, el recomendado llega a olvidar sus deberes para con la institución, favoreciendo esencialmente a quien en su día le ayudó.

Cuando es un partido quien gestionó la ayuda sucede lo mismo. Se trabaja para el partido desde el interior de las instituciones públicas usando todos los recursos disponibles: bienes muebles, inmuebles o perecederos, recursos financieros, incluso hasta el personal subordinado aunque éste nada tenga que ver con el partido. Todas estas acciones  desvían los recursos públicos, sirven para intereses de grupo y van en contra de toda norma o código ético institucional, incluso del más mínimo sentido común o de dignidad humana.

f) Sentido patrimonialista de los recursos públicos.

Algunos servidores públicos en el cargo toman y derrochan aquello que es patrimonio público como si fuera de su propiedad.

Disfrutan y dilapidan los recursos y bienes para uso y goce de interés privado.

Este disfrute de lo público va desde elementos sencillos de papelería, (lápices, plumas) pasando a otros más costosos como mobiliario, equipo tecnológico, equipo técnico, uso de vehículo oficial, hasta llegar a situaciones extremas como el uso del avión presidencial o la utilización de algún edificio o lugar público para uso privado.

En países del tercer mundo, los gobernantes solicitan créditos o préstamos internacionales bajo el argumento de ser destinados a proyectos de inversión o fines de interés público, pero una vez obtenidos esos recursos los desvían para fines de interés personal sin importar que el préstamo pase a ser deuda pública que deberá ser pagada por todos los ciudadanos.

 

Referencias:
De la Porta, Donatella, “Los actores de la corrupción: negocios de políticos en Italia”, En: Gestión y Análisis de Políticas Públicas, N° 21,  Mayo-agosto de 2001, pp. 23-34
Wei, Shan Jin, “La corrupción en el desarrollo económico: ¿lubricante beneficiosos, molestia menor u obstáculo importante?,” En: Gestión y Análisis de Políticas Públicas, N| 21, agosto de 2001, pp. 83-94.
Foto tomada de Canarias-Semanal y travelers around the world.

Oscar Diego Bautista
Profesor-Investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH)de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctorado en el Programa Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Maestría en Ciencia Política en Iberoamérica por la Universidad Internacional de Andalucía, Sede la Rábida. Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).