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INAI ha presentado acciones de inconstitucionalidad en contra de 17 Leyes Estatales de Archivos

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha interpuesto, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 17 acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de archivos de igual número de entidades federativas, luego de un puntual análisis de las Legislaciones locales.

El Instituto ha interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra los marcos normativos de los estados de Colima, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Chiapas, Sonora, Tlaxcala, Estado de México, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas.

Cabe recordar que la Ley General de Archivos (LGA) entró en vigor el 15 de junio de 2019, estableciendo como plazo un año para que las legislaturas de las entidades federativas armonizaran sus ordenamientos.

Los principios establecidos en la LGA se encuentran estrechamente vinculados con los derechos que tutela el INAI, pues para promover la transparencia gubernamental y garantizar el derecho de acceso a la información, así como la protección de datos personales, resulta indispensable una adecuada gestión documental.

El INAI y el Archivo General de la Nación (AGN) llevaron a cabo talleres de capacitación con el objetivo proporcionar el apoyo técnico y de colaboración a los actores claves de las entidades federativas para la adecuación o elaboración de las leyes específicas de archivos.

Ambas instituciones han analizado las iniciativas de 28 entidades federativas: Tabasco, Baja California Sur, Quintana Roo, Zacatecas, Guanajuato, Colima, Nuevo León, Sonora, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Nayarit, Veracruz, Baja California, Morelos, Coahuila de Zaragoza, San Luis Potosí, Yucatán, Sinaloa, Tamaulipas, Aguascalientes y Tlaxcala.

El INAI y el AGN continuarán sumando esfuerzos para promover la armonización de las leyes locales con la LGA, en cumplimiento al compromiso de rendición de cuentas del Estado Mexicano.