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Justicia Fallida

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Cualquier ciudadano puede ser víctima de una acusación injusta, sin embargo, tal escenario revela un peligroso matiz cuando quienes la padecieron fueron líderes de opinión o intelectuales.
Los móviles parecen ser distintos, pero la adopción de posturas críticas fue el previo antecedente a sus detenciones, y en todos los casos las imputaciones terminaron por desvanecerse.

 

En esta invitación a la memoria está el caso de Santiago Pérez Alvarado, activista ambiental cuya lucha comenzó en la década de los noventa contra la instalación de un centro de esquí en el Nevado de Toluca.

Posteriormente en 1999 encabezó la oposición contra la Cuarta Etapa del Sistema Cutzamala, que pretendía utilizar el Río Temascaltepec para llevar agua al Distrito Federal y zona conurbada.

Entre 2004 y 2007 asesoró al movimiento mazahua, cuyas mujeres con rifles de madera y autodenominándose “comandantas”, saltaron a las primeras planas de medios nacionales e internacionales.

La exigencia eran obras ambientales y sociales para las comunidades aledañas al Sistema Cutzamala, en la región de los municipios de Villa Victoria y Villa de Allende.

Cuando la curva mediática había bajado, en julio de 2007, durante el gobierno estatal de Enrique Peña; Pérez Alvarado fue detenido por dos causas penales abiertas en 1999 y 2000.

La primera era por la presunta retención de funcionarios federales durante la planeación de la Cuarta Etapa del Sistema Cutzamala, y la segunda por el conflicto generado cuando Pérez Alvarado, siendo candidato a diputado federal, detectó una bodega de materiales de construcción, que serían utilizados por el PRI.

Por la causa del 2000 fue liberado casi al instante, pues la orden de aprehensión ya había sido cancelada, pero el activista inmediatamente fue detenido por los hechos de 1999.

En octubre de 2007, después de 3 meses en la cárcel de Temascaltepec y  sin el acompañamiento de medios de comunicación de otros tiempos, Pérez Alvarado recuperó su libertad; los cargos se habían desvanecido.

Un expediente similar es el de Arturo Chavarría, especialista en materia de desarrollo urbano, y actual presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del estado.

En 2001 y 2002, en pleno gobierno de Arturo Montiel, Chavarría acusó que existían irregularidades en la construcción del Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), ubicado en Metepec.

La licitación de la obra, así como los posteriores sobre precios, fueron el discurso constante del especialista, quien pidió auditar la construcción que inicialmente se presupuestó en 193.1 millones de pesos y terminó en 255 millones, lo cual violó el reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado.

El gasto total para esa obra fue de 505 millones, aunque el ISSEMyM aseguró que la empresa responsable, el Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción, sólo cobró  los 255 millones; el resto fueron para tareas colaterales.

Chavarría vivió la secuela en carne propia, pues en 2002 fue detenido. Los integrantes de dicho Consorcio lo habían acusado de difamación.

Su estancia fue breve en el penal estatal de Santiaguito, pues aunque la justicia estatal lo condenó a 9 meses de prisión, vía un amparo logró ser absuelto en 2004.

Un caso más reciente es el del escritor Jorge Toribio Cruz Montiel, biógrafo incómodo del llamado Grupo Atlacomulco, y quien el 4 de julio de 2013 fue acusado de un presunto secuestro.

El autor de los libros “El Grupo Atlacomulco, Revelaciones”, y “Negocios de Familia” se encontraba en un estacionamiento de su propiedad, cuando fue detenido junto con otras 2 personas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El detonante fue una supuesta llamada de auxilio, avisando de la retención de una persona en dicho lugar, pero a decir de Cruz Montiel lo que realmente existía era una discusión de un conocido suyo con otra persona que le debía una suma de dinero.

Tras permanecer 6 días detenido en instalaciones de la SSC, Procuraduría estatal, y el penal de Santiaguito, se determinó que no había elementos para vincularlo a un proceso penal, pues nunca existió el intento de secuestro.

 

“Violencia institucional”

TOLUCA.- Formado en la lucha social pacífica, el activista ambiental Santiago Pérez Alvarado consideró que su detención no fue política, sino producto de un cáncer gubernamental llamado violencia institucional.

“Queda claro que indiscutiblemente mi detención es producto de lo que los defensores no violentos llamamos violencia institucional”, señaló, al referir que su aprehensión fue ordenada por un funcionario poderoso que prefiere no identificar.

Comentó que la violencia institucional es invisible, aunque los ciudadanos conviven a diario con ella, y es evidente cuando se consuma.

“Son los muertos, las represiones o las detenciones”, explicó.

Recordó que él fue acusado por un delito que implicó la detención de otros 27 compañeros suyos, pero 7 años antes, e incluso en ese tiempo ofreció entregarse a la Procuraduría estatal.

Dicha denuncia era por su oposición a la cuarta etapa del Sistema Cutzamala.

Irónicamente 7 días después de su detención e ingreso al penal de Temascaltepec, le llegaron muestras de consuelo de la misma estructura gubernamental.

“Un funcionario de alto nivel me dijo que no me preocupara, que mi asunto se iba a resolver, pero en 90 días, no había termino legal, era el castigo que ellos habían impuesto”, afirmó.

Apuntó que su salida del penal pudo ocurrir antes de fenecer ese plazo, pero se trataba de demostrar el poder del Estado. “Era un asunto de escarmiento”, dijo.

Pérez Alvarado recordó que al momento de su detención, el movimiento de las mujeres mazahuas había logrado una efectiva interlocución fuera del Edomex, lo cual también causó malestar al interior del gobierno estatal.

“Creo que no les gustó que se estuvieran operando recursos de esa manera y buscando una autonomía en las comunidades en cuestión de recursos.

“Había un proyecto por la búsqueda de la Presidencia de la República y era importante dejar claro qué era lo que les puede pasar a los activistas”, acotó.

Pérez Alvarado, quien también es impulsor de la aplicación de ecotecnias, admitió que la detención es preferible a la desaparición forzosa, aunque el pasar por la cárcel cambia al líder social.

“Realmente te quedas solo, sí se deben librar grandes luchas, pero también tienes que hacerte una pregunta: ¿hasta dónde estoy dispuesto a dar mi libertad?, no he cambiado mi ruta, pero sí he cambiado mi productividad”, expresó quien aún sigue coincidiendo con las utopías.

 

“Nunca hubo sanciones”

TOLUCA.- “La justicia se uso de una manera perversa, para intimidar, son avisos para que te calles porque así son las cosas”, señaló el arquitecto Arturo Chavarría, quien calificó como político su enjuiciamiento ocurrido en la década anterior.

“No se vale porque todo debió ser público, simularon que me notificaron de la denuncia, y de repente me detuvieron para revisar mi vehículo a una cuadra de mi casa y luego me aprehendieron”, recordó.

Advirtió que él tuvo que pasar por un proceso penal, pero las irregularidades que reveló, y las cuales detonaron la denuncia en su contra, nunca fueron aclaradas.

“Nunca hubo sanciones del gran saqueo que hubo en el ISSEMyM, que de 193 millones de pesos terminó el costo en 505 millones, que era la denuncia que hice, y nunca hubo castigo para las empresas, ni para los funcionarios responsables”, refirió.

Apuntó que cuando fue construido el Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el Secretario estatal de Administración era el ahora Presidente Enrique Peña.

“Jamás desvirtuaron las denuncias que hice”, insistió.

Promotor permanente de iniciativas en las últimas 3 Legislaturas locales para inhibir el nepotismo y evitar que los cargos públicos sean repartidos entre sólo unas familias, Chavarría recomendó poner la lupa a las obras realizadas desde los gobiernos de Enrique Peña y Arturo Montiel.

Crítico de la impunidad, a la fecha el especialista mantiene distintas líneas de investigación sobre la construcción de viviendas en la entidad.

 

“Así lo manejan”

TOLUCA.- “Era para fregar pues, así de simple, esto sabes que así lo manejan, se violaron todo tipo de garantías”, resumió sin ambages el escritor Jorge Toribio Cruz Montiel al hablar sobre su detención que lo implicó en un falso secuestro.

El autor del libro “Negocios de Familia” reiteró que maneja información confidencial del Grupo Atlacomulco, y de sus nexos con el clero y poderosos grupos empresariales.

Comentó que una hipótesis de lo ocurrido es que fue un asunto político para inhibir la publicación de próximas obras suyas, relacionadas con esa línea de investigación.

“Mucha gente se enteró de que estoy haciendo otra investigación, donde sí voy a revelar cosas muy canijas que no le convienen ahora al sistema político mexicano, eso ya les quedó claro”, indicó.

Refirió que días antes de ser detenido por presuntamente orquestar una banda de plagiarios observó que personas extrañas lo seguían y vigilaban.

“Estos cuates estaban como escuchando nuestras conversaciones, alguien aprovechó esa circunstancia para después incriminarnos en una estupidez, es ilógico”, expresó.

El escritor mexiquense que ha documentado la biografía del ahora Presidente Enrique Peña, así como su ascenso al poder, descartó cualquier casualidad.

“En esto no hay hechos fortuitos, creo que se valieron de una discusión entre 2 personas ajenas a mí, uno de ellos mi conocido, para argumentar y armar todo un circo”, señaló.

Aclaró que continuará con su labor de investigación, pues no es la primera vez que sufre agresiones; cuando publicó su primer libro “El Grupo Atlacomulco, Secretos”, en el año 2000,  unos desconocidos balacearon la casa donde vivía.

Incluso derivado de ese episodio tuvo que salir del estado de México.

“Me doy cuenta que en realidad uno está solo, soy un escritor muy solitario, muy poca gente en realidad está conmigo, apoyándote,  (…) es decepcionante pero tienes que seguir, no puedes tirar la toalla”, aseveró.