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Nuevos comisionados del Infoem: Sin perfil para el cargo y producto de cuotas partidistas

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La hija de una familia perredista, el ex asesor de un líder parlamentario del PAN, y una maestra en Negocios Internacionales, son los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información del Estado (Infoem), donde están ausentes los  ciudadanos que realmente hayan realizado tareas enfocadas al Derecho de Acceso a la Información Pública.

 

El Instituto de Acceso a la Información del Estado de México (Infoem) se ha convertido en un órgano que ni al gobierno estatal, ni a los diputados locales les interesa fortalecer, ni integrar con gente especializada.

Aun cuando la fracción sexta del artículo 66 de la Ley de Transparencia estatal señala que los comisionados del Infoem deben tener “conocimientos en la materia”, los tres nuevos integrantes, electos por los diputados locales el pasado 14 de agosto, arriban prácticamente sin experiencia en el tema de la transparencia y protección de datos personales.

De hecho, la elección fue de última hora, sorpresiva para los legisladores de Oposición y calificada como “una bola rápida” enviada por el Ejecutivo, antes de cerrar el sexto periodo ordinario de sesiones, aunque tras algunas negociaciones, derivó en un reparto de cuotas políticas entre las tres principales bancadas de la Legislatura local.

Mientras Zulema Martínez Sánchez, arribó como propuesta del PRI; Arlen Siu Jaime Merlos fue impulsada por el PRD, y Javier Martínez Cruz, por el PAN. Todos estarán en ese cargo por cinco años; además, Josefina Vergara, comisionada desde marzo del año pasado, fue electa presidenta de ese instituto.

Los cinco actuales integrantes del Infoem tienen como característica común que llegaron al órgano encargado de garantizar la transparencia, el acceso a la información, y la protección de los datos personales de los mexiquenses, prácticamente sin experiencia, ni conocimientos en la materia.

Las dos comisionadas que arribaron hace casi año y medio: Josefina Román Vergara y Eva Abaid Yapur, antes de integrarse al Infoem, hicieron carrera en el servicio público con un perfil jurídico; la primera enfocada al ámbito fiscal; y la segunda especialista en derecho corporativo.

En tanto, Martínez Sánchez se ha especializado en negocios internacionales; Jaime Merlos es abogada, y Martínez Cruz ha trabajado en temas de federalismo, legislación, y políticas públicas.

A la falta de interés por tener gente especializada en transparencia, se suma que durante los últimos años el gobierno estatal y los diputados se han negado a aumentar el presupuesto asignado al Infoem.

Esto pese a que le dieron nuevas atribuciones, en una aparente señal de que las autoridades no lo quieren fortalecer, quizá porque entre menos fuerza tenga, menores posibilidades habrá de que vigile y sancione incumplimientos.

Infoem: un reparto de cuotas

En el estudio de  las organizaciones no gubernamentales Artículo 19 y México Infórmate, denominado “Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI)”, dado a conocer a inicios de este año, y donde el Infoem resultó reprobado, se recomendó al Poder Legislativo y al Ejecutivo estatal asegurar la autonomía presupuestaria del órgano de transparencia.

También plantearon incluir, como requisito para ser comisionado, tener tres años de experiencia comprobada en materia de transparencia y acceso a la información, elegirlos por convocatoria pública, abrir el proceso a consulta pública, y hacer públicos los expedientes de los candidatos, pero ni el gobierno estatal, ni los diputados mexiquenses hicieron caso.

Los requisitos señalados en la Ley estatal, para que un ciudadano pueda ser comisionado de transparencia, no garantizan un perfil especializado, pues la norma exige tener más de 30 años, no haber sido condenado por pena corporal, buena reputación, no tener, ni haber tenido un cargo de elección popular; no haber sido candidato, ni Secretario estatal, ni Procurador, y sólo se pide título profesional y conocimientos en la materia; así como gozar de prestigio social y profesional.

Esos requerimientos tan generales permiten que prácticamente cualquiera pueda ser comisionado del Infoem: de hecho, los antecesores de Vergara y de Abaid fueron Sergio Valls y Arcadio Sánchez Henkel, ambos abogados nombrados en 2008 y 2010, respectivamente, impulsados por el PRI. Ninguno tenía experiencia en materia de transparencia y dejaron el Infoem para ir por otros cargos.

Valls dejó el Infoem en junio del 2010, pues fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por un periodo de 15 años. Es hijo del Ministro de la Suprema Corte, Sergio Valls; mientras Sánchez Henkel en diciembre del 2012 dejó su cargo como comisionado para ser titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de la Presidencia de la República. Este año, los dos intentaron, sin éxito, ser comisionados del IFAI.

En cuanto a los actuales integrantes del Infoem, Josefina Román Vergara, la nueva presidenta, quien llegó apoyada por el PRI, es abogada, maestra en Derecho Corporativo, y doctora en Derecho; cuenta con la certificación profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos; especialidades en Derecho Fiscal y en Derecho Legislativo. Ha sido docente, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización estatal (OSFEM) y administradora de Normatividad de Auditoría Fiscal del SAT.

También se ha desempeñado como subdirectora de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas, asesora jurídica de la Subsecretaría de Ingresos del gobierno estatal, subdirectora de Control de Ingresos, subdirectora Jurídico Fiscal y jefa del Departamento de Recursos Administrativos de la Secretaría de Finanzas, subjefa del Departamento de Liquidación de Créditos Fiscales, y abogada dictaminadora de esa dependencia.

Por su lado, Eva Abaid, también abogada, impulsada por el PRI, es maestra en Derecho Corporativo, su único cargo relacionado con la transparencia fue en el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, donde trabajó como presidenta del Comité de Información. También fue integrante del Consejo de Vinculación y directora de esa institución.

Además, en la Secretaría de Finanzas estatal laboró como analista especializada y representante de este organismo ante el Conalep, el Instituto Mexiquense de la Juventud, el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, y la Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. También fue directora de Concertación y Planificación Familiar del Consejo Estatal de Población; subadministradora de Operación Aduanera y jefa del Departamento Legal de la Aduana de Toluca, y catedrática de la materia de Derecho Ecológico.

Por lo que toca a los nuevos integrantes del Infoem, Zulema Martínez Sánchez, propuesta del PRI, es licenciada en Relaciones Internacionales, con maestría en Negocios Internacionales, y su anterior cargo fue directora general de Control y Evaluación “A” del sector educación de la Secretaría de la Contraloría estatal.

Antes, trabajó en la Comisión Federal de Competencia como asesora y subdirectora logística y realizó planes de negocios.

Renunció a la Secretaría de la Contraloría el 12 de agosto. Como parte de su currículum mostró una carta del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, donde consta que del primero de julio del 2012 al 31 de enero del 2013 fue titular de esa institución para administrar el sistema de Información Pública de Oficio (Ipomex) de esa dependencia.

A su vez Javier Martínez Cruz, respaldado por el PAN, es ingeniero en comunicaciones y electrónica, y licenciado en Administración; cuenta con una maestría en Administración y Políticas Públicas, y doctorado en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo; se ha desempeñado como catedrático, asesor parlamentario y asesor en despachos financieros.

Tiene publicaciones e investigaciones en temas de federalismo, economía y políticas públicas, y su último cargo fue el de vocal del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México (INESLE).

En tanto, Arlen Siu Jaime Merlos, impulsada por el PRD, trabajaba en el INESLE como encargada de la coordinación de investigación, es abogada, con estudios de maestría en Derecho e hija de los perredistas José Luis Jaime y Rocío Merlos.

Los antecesores de los nuevos comisionados también fueron cuota de partidos; aunque al menos dos de ellos tenían un mayor conocimiento en el tema de la transparencia: Eugenio Monterrey, impulsado por el PRI, es licenciado en Economía; con maestría en Hacienda Pública, pero antes de llegar al Infoem ya había sido coordinador de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la Subsecretaría de Desarrollo Político, posteriormente en el IFE, y también titular de la Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas estatal.

El otro era Federico Guzmán, apoyado por el PAN, es abogado, y antes de ser comisionado de transparencia trabajó en despachos, y como asesor parlamentario apoyó los trabajos de elaboración de la Ley Federal de Transparencia, además de participar en la reforma al artículo sexto constitucional, donde se establecen las bases y principios en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La otra comisionada que salió con Federico Guzmán es Miroslava Carrillo, apoyada por el PRD, es abogada, con estudios de maestría en Derecho y fue asesora en la Legislatura local.

Partidización

Según el artículo 61 de la Ley de Transparencia estatal, el procedimiento para elegir a los comisionados del Infoem consiste en que el Ejecutivo envíe sus propuestas y éstas sean aprobadas por la Legislatura local; sin embargo, de manera extraoficial, legisladores locales admitieron que hubo negociaciones para que PAN, PRI y PRD impulsaran un comisionado cada uno.

La noticia de la renovación del Infoem tomó por sorpresa a los legisladores mexiquenses; en el PAN y en el PRD se enteraron el mismo jueves 14 que ese día se renovaría el órgano de transparencia.

Los legisladores de Oposición forzaron reuniones para negociar sus espacios y cedieron -según algunos diputados- a avalar las magistraturas que ese día se autorizaron para la ex jueza María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín y para Ana Rosa Miranda Nava, hija del ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Miranda Cardozo y hermana del Subsecretario federal de Gobierno, Luis Miranda Nava.

Ana Rosa Miranda dejó el Tribunal Contencioso Administrativo el mismo jueves. En unas horas los diputados le aceptaron la renuncia a ese órgano y le autorizaron ir al Poder Judicial mexiquense. Ambas fueron nombradas magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por un periodo de 15 años.

El Infoem debió renovarse desde el año pasado, pues los comisionados Eugenio Monterrey, quien renunció este 2014 para integrarse al IFAI; Miroslava Carrillo, y Federico Guzmán cumplieron cinco años en su cargo en agosto del 2013, pero a propuesta del Ejecutivo, los diputados hicieron un ajuste legal para establecer que permanecerían en el Infoem mientras llegaban las propuestas del Gobernador.

Un órgano débil

Con la nueva Ley estatal de Datos Personales, aprobada en 2012, los comisionados adquirieron nuevas facultades, pero nunca recibieron más recursos, pues en ese año su presupuesto era de 67 millones de pesos; para 2013 subió a 72 millones, y en 2014 apenas llegó a 74.5 millones, pero como también se incrementaron las cuotas al ISSEMYM, en términos reales no han tenido ningún alza.

Los anteriores comisionados, especialmente Federico Guzmán, advirtieron de manera insistente la necesidad de un mayor presupuesto para abrir al menos una nueva área de datos personales, aumentar el personal dedicado a revisar portales de transparencia, verificar el cumplimiento de los sujetos obligados, y fortalecer el Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SAIMEX).

En 2013 la petición del Infoem fue acceder, para el 2014, a casi al doble de recursos, similar al gasto del Instituto del Distrito Federal, que contaba con 130 millones de pesos, pero ni el Ejecutivo lo propuso, ni el Legislativo hizo algo por aumentarlo. Habrá que ver si el siguiente año se deciden a dar un mayor presupuesto a ese órgano.

Por lo pronto, autoridades y legisladores otra vez quedan a deber a los ciudadanos en materia de transparencia, acceso a la información, y protección de datos.