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Promesas de un nuevo gobernador 

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El nuevo gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza del PRI, prometió regresar la tranquilidad a los 17.3 millones de mexiquenses y hacer del territorio estatal uno de los más seguros del país.

 

Propósito que en su momento también planteó el ex mandatario Arturo Montiel Rojas (1999-2005); su primo, ex gobernador y hoy presidente de México Enrique Peña Nieto (2005-2011); al igual que Eruviel Ávila Villegas (2011-2017), pero desafortunadamente para la población ninguno lo consiguió, ya que en sus administraciones se registraron y denunciaron 1.2, 1.5 y 1.4 millones de delitos, respectivamente.

 

*Las cifras de 2011 corresponden al periodo septiembre a diciembre, en tanto que las de 2017 son de enero a agosto.

“La inseguridad, la violencia y la impunidad nos han arrebatado la tranquilidad y el bienestar de nuestras familias. Cada delito que se comete y lastima a un niño, a una mujer, a un estudiante, a un padre de familia, es un acto que nos vulnera a todos como sociedad… Por ello, me comprometo a hacer del Estado de México, uno de los Estados más seguros del país”.

 

Expresó desde el Teatro Morelos la tarde del 15 de septiembre Alfredo Del Mazo Maza, ahí esbozó a representantes de diferentes sectores de la entidad y clase política estatal y nacional priista, los cuatro ejes de su gobierno: transparencia y combate a corrupción, desarrollo social-igualdad de oportunidades, competitividad y productividad, así como seguridad.

 

Sobre este último aspecto identificado por Ávila Villegas como uno de los pendientes de su administración, el mandatario Del Mazo, nieto e hijo de los ex gobernadores Alfredo Del Mazo González y Alfredo Del Mazo Vélez,  respectivamente, se comprometió a cuidar la integridad de cada mexiquense, su patrimonio, su fuente de empleo, así como del bienestar de su familia en general, “pero sobre todo me comprometo a regresar y garantizar la tranquilidad de vivir en esta noble tierra mexiquense”, enfatizó.

 

Al final de dicha frase plasmada en el guion al que dio lectura Alfredo Del Mazo “tercero”, se precisaba entre paréntesis la palabra “APLAUSO”.

 

La indicación activó una avalancha de palmadas seguramente desencadenada por alguno de sus compañeros mezclado entre la audiencia. El propósito de esa maniobra, sin lugar a dudas, consistía en provocar la ovación sobre el tema más sensible para la sociedad mexiquense: seguridad.

 

*La cifra de 2011 corresponde de septiembre a diciembre, en tanto que la de 2017 de enero a agosto.

Para alcanzar ese objetivo, hacer del Estado de México una de las zonas más seguras del país, la estrategia de Alfredo Del Mazo “tercero” inició con transformar a la Comisión Estatal de Seguridad en Secretaría de Seguridad y crear la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

 

Modificación a la estructura y operatividad en materia de seguridad que tiene como finalidad, entre otras acciones, convertir a los aproximadamente 20 mil policías estatales y 25 mil municipales en investigadores.

 

La política pública central en materia de seguridad a implementarse en el presente sexenio, faculta a la policía estatal y municipal indagar eventos delictivos con el objetivo de detener a los responsables de los mismos.

 

Acción policíaca que hasta antes de la publicación de la Ley sí podían realizan los elementos de seguridad, aunque nunca la ejercieron de forma sistemática.

 

“Realizar la investigación para la prevención de los delitos”, precisa el apartado del Artículo 21 Bis de la Ley que regula a la nueva Secretaria de Seguridad del Gobierno del Estado de México.

 

Diseño de política pública en materia de seguridad que a partir del 16 de septiembre del presente año, corre por cuenta de Maribel Cervantes Guerrero, titular de la nueva Secretaría de Seguridad del GEM.

Funcionaria mexiquense que descendió un escalón, ya que en el sexenio panista del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa desempeñó cargos directivos en prácticamente todas las dependencias federales relacionadas con temas de seguridad: PFP, CISEN, AFI, PGR y PF.

 

“Mi compromiso personal es combatir, con firmeza y decisión, la inseguridad”, dijo Del Mazo minutos después de tomar protesta como gobernador e instantes antes de presentar a su equipo más cercano de colaboradores que en teoría lo acompañarán durante los próximos seis años (Eruviel Ávila promedio durante su gestión tres cambios de titulares en cada una de las 18 del gabinete).

 

En ese momento Alfredo Del Mazo recordó que dentro de las facultades que tendrá la nueva Secretaría de Seguridad están: “apoyar al Ministerio Público y a otras autoridades en la investigación y persecución de delitos”; dar cumplimiento a las órdenes de aprensión; recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo; recibir denuncias, aún en casos sin flagrancia, sobre hechos que puedan ser constitutivos de algún delito.

 

Entre sus principales tareas también estará la consolidación de la plataforma única de información preventiva que coadyuvará en la investigación de los delitos; así como capacitar, profesionalizar e impulsar la especialización de las instituciones policiales.

 

Promesa que implica colapso

De cumplirse la promesa de Alfredo Del Mazo que consiste en la disminución de delitos y captura de autores de los mismos, el colapso de sistema judicial y penitenciario es inminente.

 

Lo anterior ya que de registrarse, en un escenario hipotético, tan sólo un diez por ciento de eficiencia de la policía estatal y municipales respecto al detención de probables autores materiales de robos cometidos con violencia, homicidio y violación (ilícitos que no permiten acuerdo reparatorio o esquema de mediación), en automático cada año habría en los juzgados y cárceles estatales 5 mil 232 nuevos internos.

 

Y de presentarse, también en un escenario hipotético, cien por ciento de eficiencia en las acciones de la policía en cuanto a la captura de presuntos responsables de los referidos tres delitos, habría cada año 52 mil 329 nuevos internos (anualmente se cometen esa cantidad de delitos en promedio) en el sistema penitenciario estatal que cuenta con 22 cárceles donde hay 26 mil internos, aunque la capacidad permite albergar sólo a 18 mil.

 

Todo se intentó nada funcionó

La crisis de inseguridad que padece la sociedad mexiquense se arrastra desde el sexenio de Arturo Montiel Rojas, recrudece en la administración de Enrique Peña Nieto y continúo en la gestión de Eruviel Ávila Villegas, ya que en cada uno de esos sexenios se verificaron y denunciaron más de 1.2 millones los delitos (cantidad que de acuerdo a expertos representaría sólo el 10 por ciento de los ilícitos que se cometen en la entidad).

 

Para intentar atajar a los delincuentes comunes y organizados que operan en el Estado de México el ex mandatario Eruviel Ávila, realizó múltiples acciones pero ninguna logró disminuir las conductas delictivas de forma sustancial.

 

Exámenes de control de confianza aplicados a los integrantes de todas las corporaciones policiacas, “endurecimiento” del Código Penal que significó elevar penas y sanciones en general, por ejemplo, a los autores de robos cometidos con violencia.

 

Otra acción implementada sin éxito de acuerdo a las cifras oficiales duras, fue la operación del Mando Único, esquema policíaco que faculta a la policía estatal coordinar todas las acciones y estrategias de seguridad a nivel municipal, entre otras acciones.

 

La transformación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Comisión Estatal de Seguridad (CES); junto con la habilitación de Bases de Operación Mixta (BOM), fueron otros de intentos por detener la ola delictiva.

 

Las BOM consisten en operación de retenes de seguridad donde participan policías estatales, elementos de la Marina y Ejército de la región, así como policías investigadores de la Fiscalía mexiquense. Su objetivo es detectar automóviles robados, traslado de drogas y mercancía robada, entre otros.

 

A dichas acciones implementadas por la administración de Eruviel Ávila Villegas que vio pasar a cuatro titulares de la policía estatal (Salvador Neme Sastres, Rocío Alonso Ríos, Damián Canales Mena y Eduardo Valiente Hernández) también se sumó la operación de 10 mil cámaras de vigilancia habilitadas en los municipios con mayores indicadores delictivos, así como la habilitación de la Fuerza Especial de Seguridad (FES), policías identificados como de élite a partir de su preparación académica (nivel licenciatura), reclutamiento y capacitación.