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Proponen quitar ayudantes a ex gobernadores del Edomex

Para concretar el objetivo de dejar a los ex mandatarios mexiquenses sin equipo de ayudantía los legisladores tendrían que abrogar dos decretos que datan de 1945 y 1986.

Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado de México.

Los seis ayudantes que por “ley” asigna el Gobierno del Estado de México (GEM) a los ex gobernadores serán retirados de su función de aprobarse la iniciativa presentada esta tarde por el grupo parlamentario de MORENA que plantea abrogar dos Decretos emitidos en el año 1945 y 1986, a través de los cuales dichos ex funcionarios se mantienen en un estatus de «privilegios» al contar con un completo equipo de ayudantía, consideró la legisladora Azucena Cisneros Coss.

 

De acuerdo a dichos decretos emitidos por mandatarios priistas, al concluir su encargo los ex titulares del Poder Ejecutivo en la entidad mexiquense tendrán “derecho” a contar con:

 

Azucena Cisneros Coss, presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura.

Un Jefe de Ayudantes con categoría de Subdirector; un chofer ayudante con rango cinco; tres Ayudantes con categoría de Oficial de Seguridad Pública y una Secretaria con categoría de Secretario Particular de Secretario.

 

De tener luz verde la propuesta de los diputados de MORENA,  entre los ex gobernadores “afectados” con la abrogación de los decretos están: Eruviel Ávila Villegas (2011-2017), Enrique Peña Nieto PRI (2005-2011), Arturo Montiel Rojas (1999-2005), César Camacho Quiroz (1999-2005), Emilio Chuayffet Chemor (1993-1995), Ignacio Pichardo Pagaza (1989-1993), Alfredo del Mazo González (1981-1986), este último padre del actual gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

 

La iniciativa de decreto turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Finanzas de la LX legislatura del Estado de México, fue presentada esta tarde durante la sesión del pleno legislativo por la diputada y presidenta de la Mesa Directiva Azucena Cisneros Coss.

 

Al dar lectura a la propuesta recordó que el 7 de mayo de 1993, Ignacio Pichardo Pagaza en ese entonces gobernador de la entidad, emitió el Decreto 87 que precisa “los premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados al Estado que merezca el Gobernador de la entidad, se le otorgarán después de haber terminado su gestión al frente del Poder Ejecutivo”.

 

A dicho “candado” que podría entenderse como un impedimento para no resaltar la figura del gobernador en turno, también establecía que los ex mandatarios tendrían derecho a contar con:

  1. A) Un jefe de Ayudantes con categoría de Subdirector rango nueve, con nivel de Jefe de Ayudantes de Secretario General de Gobierno.
  2. B) Un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de Chofer de Secretario General de Gobierno.
  3. C) Tres Ayudantes con categoría de Oficial de Seguridad Pública, nivel catorce, rango cuatro.
  4. D) Una Secretaria, con categoría de Secretario Particular de Secretario, nivel 27, rango 9 del Gobierno del Estatal.”

 

Lo anterior es precisado en el Artículo Primero del referido Decreto con la siguiente leyenda “los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de Gobernador del Estado de México tendrán al concluir su gestión la adscripción del personal siguiente por parte del Gobierno del Estado”.

 

La diputada Cisneros Coss consideró que la existencia de los decretos ha favorecido un tratamiento contrario a derecho para los ex gobernadores.

 

“De ningún modo se justifica que, una vez que los Ex-Gobernadores del Estado de México han concluido con su gestión, se les destine con cargo al erario del Estado, personal a su cargo para desempeñar actividades ajenas al servicio público”, enfatizó.

 

Opinó que dicha maniobra legal puede entenderse no sólo como “un uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión de carácter público, sino el establecimiento de una remuneración, más allá de lo señalado por Ley como pensión, liquidación o retiro”.

 

“La asignación de personal administrativo de apoyo con categoría de Subdirector, tal como está establecido en el decreto en mención, podría en realidad estar representando una pensión económica encubierta, destinada a premiar el paso por la administración pública a los distintos Ex-Gobernadores que ha tenido nuestro Estado. Asimismo, se debe cuestionar si esta disposición que asigna personal de seguridad, adscrito directamente al mando de los Ex-Gobernadores, contribuye eficazmente a garantizar su integridad y seguridad, y si ello no conlleva en sí, un tratamiento desigual frente al requerimiento de seguridad del resto de la ciudadanía”, dijo la legisladora de MORENA durante la exposición de la iniciativa.

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