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Queda a medias bloqueo de llamadas en cárceles estatales

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Desde hace 8 años se legisló para disminuir la extorsión telefónica que proviene de los centros penitenciarios del Estado de México, a la distancia la norma sigue sin cumplirse en su totalidad.

 

Desde el 8 de agosto de 2006 deben interceptarse y bloquearse las señales de telefonía celular que salen de las cárceles mexiquenses… a la fecha sólo 10 de los 23 centros preventivos del Estado de México cuentan con un sistema de bloqueo para tales comunicaciones.

Vía una solicitud de información pública, de folio 00036/SSC/IP/2014, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)informó que los “únicos” centros preventivos con un sistema de bloqueo de telefonía celular y troncalizada son los de Ecatepec, Nezahualcóyotl Bordo, Santiaguito, Tlalnepantla, Chalco, Cuautitlán, Otumba Tepachico, Texcoco, Valle de Bravo, y Nezahualcóyotl Norte.

De esta forma las cárceles que no cuentan con tal dispositivo son los de El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Nezahualcóyotl Sur, Otumba, Sultepec, Temascaltepec, Tenancingo, Tenango del Valle, y Zumpango; además de la penitenciaria modelo ubicada en Nezahualcóyotl y la escuela de reintegración social para adolescentes “Quinta del Bosque”.

El artículo 83 de Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México prohíbe, desde agosto de 2006, que los internos en cárceles estatales se comuniquen al exterior por medio de sistemas de telecomunicación.

Con ello no pueden utilizar dispositivos que generen alguna emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital, u otros sistemas electromagnéticos.

“La Dirección General de Readaptación Social proveerá lo necesario para instalar los equipos técnicos adecuados para interceptar y bloquear las señales de telecomunicaciones a que se refiere el párrafo anterior”, indica la referida Ley.

La SSC aclara que tampoco puede informar sobre cuántas llamadas de telefonía celular ha logrado interceptar desde la instalación de los equipos de bloqueo, en los 10 centros preventivos aludidos, pues como su nombre lo indica este sistema sólo “bloquea”, pero no intercepta las llamadas.

Dicha situación contrasta con lo establecido en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, donde se menciona el verbo “interceptar”.

Tal disposición va concatenada con otro párrafo del referido artículo 83 de esta Ley, pues prevé que podrá ser autorizada la comunicación telefónica alámbrica del interno hacia el exterior, pero con las modalidades y cautela prevista por el reglamento, siempre bajo estricta responsabilidad del director del respectivo centro preventivo, quien sin excepción deberá grabarla.

La reforma para bloquear e interceptar llamadas, cuyo origen sean los centros preventivos, fue propuesta en su momento por la bancada de PVEM, durante la 55 Legislatura local, y publicada en la Gaceta del Gobierno mediante el decreto número 287.

En la iniciativa que elaboró el Partido Verde, y que derivó en la citada reforma, se advertía que los “centros de reclusión están cada vez más distantes de ser áreas de confinamiento y de rehabilitación”, y por el contrario desde su interior “se maquinan delitos cuyos destinario es el ciudadano común”.

En aquel entonces exponía que por cada delito de secuestro, se realizaban 20 extorsiones telefónicas, y la mayoría de ellas originadas en centros penitenciarios.

La iniciativa verde concluía que la forma más eficaz para revertir este flagelo era mediante la implantación de “mecanismos eficientes de control y monitoreo de las llamadas que realizan los internos”. A ocho años de distancia el bloqueo de llamadas es parcial.

 

Cuesta 11.5 millones sistema de bloqueo

El contrato mediante el cual se garantizó el bloqueo de llamadas de telefonía celular en 10 centros preventivos del Estado de México fue elaborado el 27 de diciembre de 2010. El monto total fue por 11 millones 563 mil 808 pesos y la empresa responsable de los trabajos es Software DSI.

Dicho contrato, de  número SGG/CA/CS/202F5/RF/012/10, fue otorgado a la citada empresa mediante una adjudicación directa.

El contrato indica que el dispositivo de bloqueo emite una señal de mayor potencia para inhibir las posibles llamadas de telefonía celular que se hicieran desde el interior de los centros preventivos.

Para tal efecto, y dado que se utilizan emisiones no ionizantes, el sistema de bloqueo hace mención de los límites máximos que recomienda la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No ionizantes.

El documento también refiere que debe evitarse que el bloqueo de la señal se extienda al exterior de las cárceles donde está funcionando.

“Para garantizar que se bloqueen las señales de telefonía celular y troncalizada, así como la no interferencia de las frecuencias concesionadas a las empresas que proveen estos servicios en un rango tolerante al exterior del inmueble”, indica.

Como parte de sus obligaciones la empresa se comprometió a realizar pruebas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, y verificar la potencia máxima de salida de los equipos bloqueadores.

“Deberá implementar un programa de monitoreo cada 3 meses del espectro radioeléctrico y en su caso determinar:

A) Otras señales de telefonía celular y troncalizada no identificadas inicialmente.

B) Que el bloqueo de señales de telefonía celular y troncalizada sea eficaz y constante

C) Que el bloqueo se mantenga en el nivel previamente determinado y dentro del perímetro del centro penitenciario”, refiere el contrato.

 

Opta Edomex por sancionar el ingreso de celulares

La fórmula del actual gobierno mexiquense para impedir el uso de teléfonos celulares, desde el interior de los centros preventivos, radica en penalizar su introducción a estos sitios.

La Legislatura local aprobó la iniciativa del Gobernador Eruviel Ávila para castigar el tráfico e introducción ilegal de teléfonos celulares, sistemas de comunicación electrónica o radiocomunicación, dinero,  enervantes, armas, o cualquier objeto prohibido a las prisiones estatales. Las penas fijadas van de seis a 10 años de cárcel, y de 100 a 200 días de multa.

La iniciativa del gobierno estatal refirió que es alarmante la realidad que impera en el interior de los centros penitenciarios del país. Realidad que ya se reconocía hace 8 años, cuando fue aprobada la citada reforma elaborada por el PVEM.

La propuesta del Ejecutivo estatal también busca revertir el delito de extorsión, pues aunque no existen estadísticas oficiales, este ilícito se sigue cometiendo desde el interior de los centros preventivos, a través de llamadas de telefonía celular.

Paralelo a esta aprobación, el gobierno mexiquense anunció que solicitaría a los concesionarios de telefonía celular que cancelen sus señales dentro del perímetro de las cárceles estatales.

Dicha acción implicaría que los concesionarios colocaran inhibidores de sus propias señales, los cuales serían dispositivos similares a los que ya se utilizan en 10 centros preventivos del Estado para bloquear llamadas de telefonía celular.