El vecino del municipio de Luvianos, Alberto Martínez Sosa, quien fue sentenciado a 20 años de prisión por la privación ilegal de la libertad de dos militares registrada en 2007, iniciará el proceso de indulto ante el gobierno federal para obtener su libertad ante la serie de violaciones a derechos humanos que ha vivido desde su detención, informó su defensa legal.
El expediente para iniciar este proceso será entregado en la Secretaría de Gobernación el 18 de febrero a las 11:00 horas.
En diciembre de 2019, la Cámara de Diputados federal aprobó la Ley de Amnistía, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual contempla la posibilidad de liberar a quienes hayan sido enjuiciados por delitos federales contra la salud.
Entre dichos ilícitos están la portación de drogas y el aborto. También el robo simple y sin violencia, además se incluye a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo. Debido a esta situación la vía que seguirá la defensa de Martínez Sosa será el indulto presidencial.
Martínez Sosa, preso actualmente en el penal estatal de Almoloya de Juárez, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto solicitó un indulto, sin embargo, dicha administración federal consideró improcedente tal recurso.
A la fecha la defensa del sentenciado ha tenido comunicación con la Secretaría de Gobernación con el fin de iniciar el proceso de amnistía, como recurso viable para lograr su libertad.
HISTORIA
De acuerdo con el expediente judicial de Martínez Sosa, la acusación contra él deriva de una denuncia presentada el 7 de octubre de 2007, ante el Ministerio Publico de Federación, adscrito a la mesa segunda en Tejupilco.
Un día antes, el 6 de octubre, dos militares que se encontraban en el centro del municipio de Luvianos fueron privados de su libertad por un grupo de personas armadas.
Ahí se inició la averiguación previa número PGR/MEX/TEJ-II/189/2007, por la presunta privación ilegal de la libertad de los dos militares en el municipio de Luvianos.
No obstante, ambos elementos que denunciaron no identificaron en ese momento como presunto agresor a Martínez Sosa, pues refirieron que las personas que los capturaron iban encapuchadas.
Martínez Sosa tuvo conocimiento de estos hechos, incluso de que lo involucraban en el ilícito, por lo cual el 26 de octubre de 2007 compareció de manera voluntaria.
Sin embargo, el primero de noviembre de 2007 fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en un retén instalado en la carretera de Luvianos.
Según el testimonio de los militares que lo detuvieron en una bolsa de su chamarra encontraron una bolsa pequeña que contenía polvo blanco, por lo cual fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público federal.
En ese momento, Martínez Sosa portaba una suspensión provisional, derivada de un amparo indirecto que había promovido por las acusaciones en su contra, según se indica en su expediente judicial.
La defensa de Martínez Sosa argumenta que en eso momento se le detiene bajo la averiguación previa PGR/MEX/TEJ-II/189/2007, lo cual fue ilegal, pues en todo caso se le debió iniciar otra averiguación por la supuesta bolsa que se le encontró en su ropa.
Dicha detención, indica la defensa de Martínez Sosa, violó el artículo 19 de la Constitución federal, el cual indica que todo proceso debe seguirse por el delito imputado inicialmente.
Derivado de lo anterior, Martínez Sosa fue arraigado sin existir pruebas fehacientes, asegura su defensa. Posteriormente fue sentenciado por la privación ilegal de la libertad de los dos militares. Y nunca se le comprobó la supuesta posesión de alguna sustancia prohibida.
El primero de noviembre de 2007, indica la defensa de Martínez Sosa, también se registró una nueva declaración de los dos militares que presentaron la denuncia, donde aclararon que sí reconocieron a una persona que resultó ser el ahora sentenciado.
Según el expediente judicial, indicaron que Martínez Sosa se habría levantado el pasamontañas después de que los capturaron.
La contradicción entre ambas declaraciones de los dos militares demuestra que sus testimonios fueron fabricados y manipulados, con el fin de inculpar de manera directa al vecino del municipio de Luvianos, señala la defensa legal del sentenciado.
Destaca que esta nueva declaración de los dos militares ocurrió después de que fue detenido Martínez Sosa y por indicaciones del entonces delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Estado de México, José Manzur Ocaña, según consta en el expediente judicial.
Entre las pruebas para desestimar la acusación contra el vecino del municipio de Luvianos, la defensa de Martínez Sosa indica que el día, cuando ocurrieron los hechos denunciados por los dos militares, el ahora sentenciado se encontraba en la casa del presidente municipal de esa localidad.
La defensa de Martínez Sosa indica que Francisco Arce Ugarte, quien era el alcalde de Luvianos cuando se registró el ilícito denunciado, atestiguó judicialmente que Martínez Sosa se encontraba con él, acompañado de otros funcionarios municipales, como también consta en el expediente judicial.
VIOLACIONES
Ante tal circunstancia, la defensa de Martínez Sosa considera que existieron violaciones graves a los derechos humanos del acusado y ahora sentenciado.
Entre dichas violaciones están la detención ilegal, pues contaba con un amparo para no ser detenido, además de que lo aseguraron por la presunta posesión de una bolsa con un contenido color blanco, que posteriormente no se acreditó.
También se considera que hubo una indebida valoración del caso por parte de los tribunales jurisdiccionales, así como la violación al derecho de una defensa adecuada.
Entre las pruebas para documentar dichas violaciones se encuentran declaraciones de funcionarios ministeriales, como la obtenida vía la averiguación AP/PGR/MEX/TOL-IV-1221/2008, con fecha del 20 de octubre de 2009.
Dicha averiguación previa la inició Martínez Sosa, pues tras su detención desapareció la camioneta en la cual viajaba al momento de su aseguramiento.
En esa averiguación compareció Alfonso Benítez Luna, entonces encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales “A” de la delegación estatal de la PGR, quien a pregunta del Ministerio Público ofreció detalles de cómo fue la detención de Martínez Sosa.
“Todo fue por instrucciones del entonces Delegado de la Procuraduría General de la República Lic. José Manzur Ocaña, ya que teníamos conocimiento de que Alberto Martínez Sosa no había participado, ni existía prueba alguna o reconocimiento de que Alberto Martínez Sosa hubiera intervenido en la privación ilegal de la libertad de los militares, sin embargo, por el solo hecho de ser el propietario del inmueble donde al parecer fueron llevados los militares, el entonces Delegado consideró que se encontraba relacionado con los hechos, por tanto ordenó que se hiciera el reconocimiento de los militares ofendidos con Alberto Martínez Sosa con la obligación de que lo señalarán como una persona participante en los hechos delictuosos, y así poder consignarlo”, señala la declaración asentada en la citada averiguación previa.
Cabe destacar que desde su encarcelamiento y posterior sentencia, Martínez Sosa ha instrumentado distintos recursos legales para obtener su libertad, como lo fue la petición de indulto que solicitó al gobierno federal el 14 de noviembre de 2013.
Misma que le fue negada el 4 de marzo de 2014 por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, al considerar que sólo la Cámara de Diputados federal o el Senado pueden hacer dicha petición al Ejecutivo federal, lo cual es incorrecto, pues el artículo 562 del Código Federal de Procedimientos Penales facultaba a Martínez Sosa para pedir el indulto.
Otro recurso que ha impulsado es solicitar la orden de aprehensión contra los dos militares que lo acusaron, pues habrían falseado sus declaraciones, proceso que sigue vigente.
En este contexto, la defensa legal de Martínez Sosa iniciará el proceso para que el caso del vecino de Luvianos sea analizado en las llamadas mesas de justicia que ha instrumentado la Secretaría de Gobernación, donde se revisan los expedientes de mexicanos que habrían sido acusados y sentenciados de manera injusta, proceso donde también deberá validarse si puede acceder a dicha amnistía.
