La autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) asegura imparcialidad en la garantía de los derechos que tutela, coincidieron la Comisionada Josefina Román Vergara y el Comisionado Oscar Guerra Ford.
Ambos dialogaron con autoridades de acceso a la información de Estados Unidos y Canadá, en el encuentro viruatl Reformar la FOIA (Ley de Libertad de Información, en inglés), soluciones comparativas al déficit de transparencia en el continente americano, convocado por la Universidad de Yale
Al participar en el panel “Organismos garantes de acceso a la información”, Guerra Ford destacó las fortalezas que brinda la autonomía para garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales; en este orden de ideas subrayó que el Instituto es un organismo colegiado conformado por siete Comisionadas y Comisionados, quienes con criterios técnicos llegan a resoluciones definitivas e inatacables, con las que se logra la apertura de información pública relevante para la sociedad.
Además, en México se han desarrollado sistemas electrónicos como el INFOMEX y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que permite hacer solicitudes a más de 8 mil instituciones públicas y cuenta con buscadores, que facilitan localizar la información, entre más de 4 mil millones de registros que alberga esta herramienta tecnológica.
“El gran reto es poder llevar este derecho a sectores que están fuera de las nuevas tecnologías, porque el 99 por ciento de las solicitudes se hacen vía electrónica, en la Plataforma Nacional de Transparencia, entonces hemos visto algunas cosas como solicitudes telefónicas y estamos ensayando algunas formas alternas para grupos indígenas y personas en situación vulnerable”, enfatizó.
La Comisionada Josefina Román Vergara consideró que ha sido fundamental la existencia de un organismo especializado y autónomo, con independencia para tomar las mejores decisiones sobre la información que debe entregarse, protegerse, reservarse o clasificarse como confidencial.
“En México ha funcionado un órgano colegiado, no unipersonal, somos siete Comisionadas y Comisionados nombrados por el Senado de la República, en un encargo de siete años que no coincide con ninguno de los periodos de gobiernos municipales estatales o inclusive el federal para evitar politizar las decisiones, garantizando así el pleno acceso a la información pública”, expuso la Comisionada
Al sugerir el desarrollo de estrategias de transparencia proactiva, la Comisionada del INAI apuntó que “las oficinas generalmente identifican las solicitudes recurrentes, programas, obra pública, presupuestos o sueldos de funcionarios, y si esta se pone a la vista, las solicitudes de acceso a la información irán disminuyendo”.
Cabe resaltar la participación de Caroline Maynard, Comisionada de Acceso al Información en Canadá, quien recordó que, en su país, sólo se podían emitir recomendaciones a las instituciones públicas que negaban la información, pero actualmente se puede ordenar que entreguen lo requerido y evaluar si se hizo todo lo posible para atender las solicitudes; asimismo, se está impulsando que la información esté disponible sin que sea necesario solicitarla.
“El acceso a la información no es un trabajo fácil, implica lidiar con personas que tienen otras cosas que hacer y no ven que el acceso a la información es algo importante, pues están ocupados con sus programas y responsabilidades, también hay problemas de reclutamiento para las áreas de acceso”, expuso.
Matthew Wiener, ex Director Administrativo de la Conferencia de Información en Estados Unidos, señaló que los recursos con los que cuentan las oficinas de acceso a la información en la Unión Americana son limitados, los ciudadanos cuentan con dos vías para acceder a la información: la administrativa y la judicial.
En este contexto, apuntó que entre los retos que enfrentan los solicitantes, hay muchos casos en los que “la información que se provee por la vía administrativa no siempre proporciona la ayuda que se necesita para la resolución de controversias en los servicios o no es vinculante para resolver estos conflictos”.
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