Caso Tlatlaya: Las falacias de la inversión millonaria en Derechos Humanos

La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Tlatlaya describe prácticas ministeriales que corresponderían a la época de la guerra sucia en México, donde las Procuradurías encubrían los abusos de militares y vulneraban la dignidad de las víctimas y presuntos delincuentes.

Tal realidad contrasta con las inversiones millonarias en materia de Derechos Humanos, pues en los últimos 3 años el gobierno mexiquense gastó 417 millones de pesos en rubros enfocados a la procuración de justicia y derechos humanos.

“La madrugada siguiente refiere que las trasladan a otro lugar cercano, ya que el trayecto duró alrededor de 20 minutos, en donde la meten a un baño con tres hombres, quienes le dicen que ahí ellos hacían hasta que los muertos hablaran; en este lugar le jalan el cabello, le pegan en las costillas, y con una bolsa de una tienda como de mandado, la asfixiaron en nariz y boca, sin poderse mover porque le colocaron los brazos y piernas cruzadas por la espalda.

“Intercalaban la interrogación y la bolsa durante varios minutos, alrededor de tres veces, hasta que uno dijo: esa vieja se nos va a morir. Posteriormente, metieron su cabeza a la taza del baño, alrededor de cuatro veces. Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron habían matado a diez, a quienes pusieron en bolsa negras, y que ella daba de comer a los secuestrados”.

Esta narración es parte de la recomendación No 51/2014 de la CNDH sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, en el Municipio de Tlatlaya.

Quien refiere la tortura sufrida es “V24”, una de las tres mujeres que sobrevivieron al enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes, y a la posterior ejecución de al menos 15 civiles a manos de las fuerzas castrenses; hechos ocurridos en dicha comunidad.

El testimonio de “V24” describe el extremo de la presión ministerial a la que fue sometida.

“Cuando estaba en ese lugar un hombre la amenazó de violarla, ya que le hizo preguntas sexuales amenazantes, se bajó el pantalón y le ordenó que se inclinara. En ese momento dijo que ella diría lo que le indicaban, por lo que aceptó firmar lo que le dieron, sin poder leerlo, y sin abogado presente.

“Todo este tiempo estuvo incomunicada porque no fue sino hasta que arribó a la Procuraduría General de la República que pudo hablar con su madre”, refiere el testimonio de la sobreviviente.

De acuerdo con la cronología de los acontecimientos, elaborada por la CNDH, tras los hechos ocurridos en San Pedro Limón, cuya hora de inicio se fija a las 4:25 horas del 30 de junio; a las 16:00 horas las tres sobrevivientes fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

La indagación de la CNDH indica que dos de las sobrevivientes ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales de esta Procuraduría, ubicada en Toluca.

La madrugada del primero de julio, según la narración de “V24”, es cuando junto las otras dos sobrevivientes las llevan a otro lugar, y ocurre la tortura en el baño.

A su vez “V25”, otra de las sobrevivientes, describe el encubrimiento que personal de la Procuraduría estatal intentó realizar para exonerar a los militares involucrados en los hechos de San Pedro Limón.

“La abogada que había visto antes en la bodega (donde ocurrió el enfrentamiento con militares), la llama mentirosa, que los militares no habían matado a nadie, por lo que le ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había declarado”, indica el testimonio.

Después vino la tortura del primero de julio.

“La agarraron de los pies y manos y otra persona las jalaba, al tiempo que le tapaban la nariz y boca con la bolsa de plástico. En ese momento sintió que quería llorar, y que no podía respirar, ya que hicieron esta maniobra de asfixia en cinco ocasiones. Al intentar librarse, el que la tomaba de las manos le preguntaba si ya iba a hablar”, señala la sobreviviente, cuyo nombre es presentado en clave para salvaguardar sus derechos fundamentales.

Cabe recordar que el primero de julio, en un evento realizado en Nezahualcóyotl, el Gobernador Eruviel Ávila indicó que el Ejército Mexicano había rescatado a tres personas secuestradas, las mismas que la madrugada de ese día fueron torturadas física y sicológicamente.

“Ayer, precisamente, el Ejercito Mexicano allá en Tlatlaya tuvo una valiente presencia de acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un compañero militar salió herido, pero el Ejercito en su legítima defensa actúo y abatió a los  delincuentes, desde luego que cuando se pierde una vida, quién sea, es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército Mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida, contundente”, expresó.

La desgarradora narración de las sobrevivientes cobra una mayor dimensión cuando la propia CNDH refiere que la Procuraduría mexiquense negó haber realizado alguna diligencia con las tres sobrevivientes.

“Informo que elementos de la policía ministerial no trasladaron a las víctimas, ni practicaron alguna diligencia con ellas, por lo que en ningún momento entrevistaron, interrogaron, presionaron ni lesionaron a las agraviadas”, indica el reporte rendido por la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

Derechos Humanos

Tal actuación de los servidores públicos ministeriales opaca la inversión millonaria que cada año instrumenta el gobierno mexiquense para las funciones de Procuración de Justicia y Derechos Humanos, pues entre 2011 y 2013 se gastaron 417 millones de pesos, según consta en las Cuentas Pública Estatales de estos años.

Entre los proyectos presupuestales realizados con estos recursos destaca el de “Investigación, promoción, y divulgación de los derechos humanos”, que en 2013 tuvo una erogación de 157.8 millones de pesos.

También destaca el proyecto de “Protección y defensa de los derechos humanos”, que de 2011 a 2013 representó un gasto para los mexiquenses de 25.2 millones de pesos.

La descripción de este proyecto palidece con los testimonios de las sobrevivientes de Tlatlaya.

“Los servidores públicos de la Procuraduría como representantes sociales, han asumido el compromiso de ceñir su actuación al marco jurídico y respetar en todo momento la dignidad de las víctimas y ofendidos del delito, pero también de los presuntos responsables de un hecho delictuoso”, refiere la Cuenta Pública del gobierno mexiquense, correspondiente a 2013.

Entre las acciones efectuadas con este proyecto están visitas de vigilancia para supervisar el debido respeto de los derechos fundamentales de los detenidos y usuarios del servicio de procuración de justicia, así como reuniones de coordinación con los organismos de protección de los derechos humanos.

Otro proyecto en la materia es el de “Estudio, investigación, promoción, y divulgación de los derechos humanos”, que entre 2011 y 2012, tuvo un gasto de 229.5 millones de pesos.

El gasto reportado es el operado directamente por la Procuraduría estatal y dependencias de la entidad.

A la fecha una de las sobrevivientes de los hechos ocurridos en Tlatlaya se encuentra libre, pues se encontraba en ese lugar en busca de su hija que falleció tras la acción militar, mientras las otras dos se encuentran detenidas en el Centro Federal Femenil “Noroeste”, en Tepic, Nayarit. Ambas también han referido que fueron secuestradas por el grupo de hombres que enfrentaron a los militares.

De las declaraciones de estas sobrevivientes también se deriva que otros dos jóvenes, que también estarían secuestrados, fueron ejecutados por los militares involucrados en la refriega que dejó un saldo de 22 civiles muertos.

Actuación delictiva de funcionarios ministeriales            

“No pasa por alto que los elementos del 102 Batallón de Infantería del ejército mexicano ingresaron a la bodega, y en lugar de hacer lo que en derecho les correspondía, esto es, brindar auxilio a las personas heridas y asegurar a las restantes, procedieron a privar de su vida arbitrariamente a quienes se encontraban vivos al interior de la bodega”.

Esto indica el apartado 225 de la  recomendación 51/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a Salvador Cienfuegos Zepeda, Jesús Murillo Karam, y Eruviel Ávila Villegas, titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de la República (PGR), del el gobierno del Estado de México, respectivamente, por el asesinato arbitrario de al menos de 15 civiles, registrado en el municipio de Tlatlaya.

En las investigaciones de la CNDH participaron 19 visitadores adjuntos y 7 peritos especializados en diferentes disciplinas.

La recomendación refiere que otras 7 personas habrían sido heridas en el enfrentamiento con militares o producto del fuego cruzado, pero tampoco recibieron ayuda tras encontrarse rendidos.

“Después, los militares llevan a V23, V24 y otros dos jóvenes, a un cuarto frontal de la bodega, donde había un militar cuidándolos. Posteriormente llegaron dos militares quienes les pidieron a los jóvenes que salieran para tomarles la fotografía, los desamarraron, los sacaron y casi inmediatamente después escuchó balazos”, precisa el apartado 194.

La narración de la CNDH con base en testimonios de las tres sobrevivientes a la ejecución, concluye:

“En efecto, este Organismo Nacional ha logrado evidenciar que después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a las personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas”, expresa.

Respecto a la actuación de los funcionarios de la Procuraduría estatal, una vez consumado el enfrentamiento y asesinato de los civiles, destaca que hubo una actuación omisa y delictiva.

Situación que ameritará un procedimiento penal que interpondrá la CNDH, el cual deberá estar acompañado por el mismo gobierno estatal, con el objetivo de deslindar responsabilidades sobre los autores de las agresiones sexuales a las sobrevivientes, intimidaciones, y otro tipo de abusos.

“Se colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para que se determine la responsabilidad penal que tuvieron los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Tejupilco y la Fiscalía de Asuntos Especiales, especialmente a aquellos que ejecutaron, ordenaron o toleraron las acciones u omisiones descritas en la presente recomendación, debiéndose informar a esta institución sobre el cumplimiento de la misma”.

También se recomienda al Gobernador mexiquense hacer todo lo necesario para indemnizar a las víctimas (sobrevivientes) de los agravios que cometieron los funcionarios de la Procuraduría.

“Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se proceda a la reparación del daño ocasionado a V23, V24, V25, con motivo de la intimidación que fueron víctimas, que incluya una indemnización respectiva, la atención médica y psicológica necesaria, debiéndose remitir a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento”.

A la fecha el gobierno mexiquense analiza si cumplirá o no la recomendación.

Inversión en Derechos Humanos

Fuente: Cuentas Públicas Estatales de 2011 y 2013.