Desde las 6:00 de la mañana, empieza la odisea de más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores del Estado de México que tienen su empleo en la Ciudad de México, esto según el censo de población de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El transporte público, llámese autobuses, taxis colectivos, metro y otras modalidades, se ven abarrotados. Llegar a sus espacios laborales, les toma en promedio 80 minutos. Esta realidad podría solucionarse si las grandes urbes del país y de los países del llamado sur global tuvieran acceso a un derecho fundamental en nuestros tiempos: el derecho a la ciudad.
El investigador del Colegio Mexiquense, Alfonso Iracheta Cenecorta, explica que los problemas de acceso a un transporte público eficiente, servicios públicos de calidad, vivienda accesible y la lejanía entre los centros económicos de las zonas habitacionales son producto de la lógica bajo la cual se construyen y planifican las ciudades, que pone en el centro a las necesidades de las cúpulas de los mercados, sin tener en cuenta a las comunidades.
El especialista en urbanismo agrega que así es como han surgido las grandes metrópolis actuales, en donde el gobierno prioriza la renovación del capital y las inversiones con mayor ganancia, siempre bajo el lema de que las empresas generan empleo y eso, a su vez, genera bienestar. Esta lógica hace que las zonas de trabajo estén mejor localizadas y con mejor infraestructura urbana, lo que genera segregación.
¿Qué es el derecho a la ciudad?
De acuerdo con la ONU-Hábitat, el derecho a la ciudad se entiende como…
“el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”.
Esto se basa en varios principios como todos tener acceso en cantidad y calidad a servicios básicos como vivienda bien localizada, con amenidades básicas; movilidad de calidad; infraestructura y equipamiento urbano como agua, electricidad y telecomunicaciones; así como fácil acceso a servicios de salud, educación, deporte, esparcimiento y abasto, como parte de canasta básica de seguridad social.
Viejo problema y nuevas crisis
A estos problemas urbanos se le han sumado dos más, derivados de las dinámicas socioeconómicas actuales: la gentrificación y la migración.
Iracheta Cenecorte añadió que hoy en día persiste una actitud de rechazo hacia las y los migrantes en las principales metrópolis del mundo, lo que abre nuevas brechas en el desarrollo de las ciudades, esto a pesar de que la migración es fundamental para su mejoramiento. Además, indicó que la gentrificación es una expresión extrema de la lógica capitalista, que desplaza a las personas nativas por los turistas y los nuevos residentes con mayor capital, lo que también causa que haya rechazo directo hacia los visitantes.
¿Cuáles son las soluciones a la falta al derecho a la ciudad que padecen los mexiquenses?
De acuerdo con el investigador, la solución sería implementar la Carta mundial del derecho a la ciudad, asumida por México desde el año 2000. Pero para ello, se necesitan compromiso de la sociedad y de los gobiernos. Por un lado, la clase trabajadora debe exigir ese derecho y, por el otro, los gobiernos deben garantizar que la riqueza sea mejor distribuida.
Esto, afirmó, se debe lograra través de algunas acciones que aún quedan pendientes: Aplicar la Ley general de Asentamientos Humanos en todos los estados del país, incluyendo la implementación de sanciones por incumplir plan; promover y legislar por un reforma fiscal que recaude más dinero entre las empresas y los que más ingresos perciben, para canalizar ese recurso en mejorar y acercar los servicios de educación, salud, transporte público e infraestructura urbana como calles y pavimentación. Además, se debe fortalecer el acceso a la vivienda digna con programas como el de “Vivienda para el Bienestar”, del gobierno federal.
El también arquitecto especificó que la Ley Laboral que reduce la jornada laboral a 40 horas, la inversión a nuevas formas de transporte público, el incremento al salario mínimo, así como los programas sociales y la ampliación de becas, son acciones que se han impulsado en el actual gobierno y que sí están ayudando a acortar la brecha económica en el país; no obstante, son insuficientes.
Ciudadanía: todo derecho conlleva obligaciones
El investigador del Colegio Mexiquense hizo un llamado a la ciudadanía a ser conscientes de cómo se habita la ciudad, es decir, a replantearnos el concepto de la calle como un espacio público que nos pertenece a todos y que, por tanto, debemos cuidar.
Ante ello, señaló que algunas de las obligaciones son disponer adecuadamente de la basura, lo que incluye separar los residuos y no tirarlos en cualquier lado; cuidar y autoeducarnos sobre el cuidado y el uso adecuado del agua potable; y finalmente, no estacionar camiones de carga ni de trasporte público en las calles para no impedir una movilidad eficiente, pues esos estacionamientos deben ser siempre responsabilidad de los empresarios y concesionarios.
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