Al ser la familia la unidad básica de la sociedad, es también el espacio donde pueden surgir comportamientos antisociales en los adolescentes que los ponen en conflicto con la ley penal, pero las instituciones de impartición de justicia buscan su reintegración social, afirmó el coordinador de la Comisión de Justicia de Adolescentes del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de México, Héctor Pichardo Aranza.
Durante la séptima sesión ordinaria de dicho órgano, el también presidente del Tribunal de Alzada del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Poder Judicial de la entidad, explicó que factores como antecedentes criminales en los miembros de la familia, alcoholismo, violencia, falta de vigilancia de los padres o su ausencia, dificultades financieras, familias numerosas o su desintegración son elementos que propician conductas delictivas.
Como parte de la sesión, Claudia Villavicencio Guadarrama y Mildred Ayala Medina del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa: presentaron a los asistentes el potencial de la Justicia Restaurativa como un mecanismo que contribuye en la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Destacaron que el tribunal cuenta con facilitadores especializados en adolescentes, quienes tienen las habilidades en este tipo de procesos que incluyen a las víctimas y a la comunidad, ya que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes lo establece como una salida a los conflictos.
Las expertas indicaron que los menores que aceptan iniciar un proceso restaurativo dialogan con las víctimas, sin ser una confrontación, a fin de que conozcan cuál fue el impacto de sus acciones y reconozcan la responsabilidad de sus actos para finalmente arribar al perdón.
A la sesión asistieron Elvira Díaz Salgado, directora general de Litigación y Ofelia Esperanza Cruz Montañez, fiscal especializada en materia de delitos cometidos por adolescentes de la Fiscalía General de Justicia.
Así como Hilda Servín Moreno, directora del Instituto de la Defensoría Pública; Mayra Azucena Villalobos, directora general de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Fredi Hinojosa Contreras, encargado de despacho del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Olga Esquivel Hernández, titular del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en la entidad.
