En el Congreso del Estado de México la alternancia democrática que se vivió de 1996 a 2009 deja dudas sobre sus efectos positivos en materia de transparencia financiera y el acceso ciudadano a información pública.
Incluso se advierten signos donde los distintos partidos políticos adoptaron la opacidad como necesaria herramienta para legitimar el manejo administrativo del Poder Legislativo y conservar privilegios económicos a costa del presupuesto público.
Tal conclusión se obtiene al analizar lo ocurrido en la 56 Legislatura local, que correspondió al periodo de 2006-2009, y que fue la última donde el PRI y los partidos de Oposición equilibraron fuerzas al no tener ningún partido la mayoría absoluta.
El 11 de enero de 2015 Métrica público el contenido titulado «La fallida alternancia del Congreso mexiquense», donde se analizan las cuatro Legislaturas locales donde el electorado definió que ningún partido tuviera la mayoría absoluta, lo cual generó que el PAN, PRI y PRD estuvieran en igualdad de condiciones.
Dichos Congresos correspondieron al periodo de 1996 a 2009, y fueron la 53, 54, 55 y 56 Legislaturas, donde destaca que pese a los contra pesos numéricos, el PRI y el Ejecutivo estatal conservaron el control legislativo al registrar el mayor número de iniciativas aprobadas, así como imponer las prioridades de la agenda parlamentaria.
Esta segunda entrega consiste en una revisión sobre la última Legislatura de la alternancia (la 56), pero desde el ángulo de la trasparencia y el acceso a la información pública.
La 56 Legislatura, a diferencia de las tres anteriores que conforman el periodo de la alternancia electoral en el Estado de México, fue la primera que de principio a fin contó con un nuevo marco legal en materia de rendición de cuentas, pues el 25 julio de 2005 entró en aplicación la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad mexiquense.
No obstante, la nueva normatividad no garantizó por sí sola la transparencia del presupuesto legislativo, que como es común en los Congresos mexicanos no sólo tiene un manejo administrativo, sino también político.
En la 56 Legislatura, como también es frecuente en la historia contemporánea del Poder Legislativo del Estado de México, se registraron gastos cuantiosos y discrecionales para sostener las distintas «actividades» de los legisladores locales, además de presentar una férrea resistencia a la transparencia.
Los gastos
En el primer aspecto, referente a la danza millonaria que se instrumentó, los 75 diputadosmexiquenses cobraron en la 56 Legislatura, correspondiente al periodo de 2006 a 2009, un estimado de 539.5 millones de pesos en conceptos como dieta mensual, aguinaldo, bono trimestral, renta de oficinas distritales, vales de gasolina, telefonía celular, y en la compra anual de un automóvil particular.
Tal monto lo obtiene Métrica de las cantidades que vía solicitudes de información pública reportó el Congreso o de los escasos datos que publicó en su portal de Transparencia.
Adicionalmente existieron otros apoyos que fueron más oscuros, pues tan sólo en 2008, las fracciones legislativas del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano cobraron cerca de 40 millones de pesos en rubros tan diversos como asesorías generales, cooperaciones y ayudas, apoyos extraordinarios, apoyo para informáticos, festividades navideñas, adquisición de juguetes, y para la compra de distintos regalos, entre otros.
Tales erogaciones también fueron adicionales los gastos de representación de los distintos legisladores, quienes podían solicitar reembolsos de consumos en restaurantes, organización de eventos y viajes al extranjero.
La existencia de este cúmulo de incentivos financieros no resulta una novedad a la luz de la discrecionalidad financiera de los Congresos mexiquenses, sin embargo, resalta que la alternancia electoral o el incremento numérico de los diputados de Oposición no impactó en una mayor apertura informativa.
La opacidad
Esto puede advertirse al evaluar la transparencia presupuestal que existió en la 56 Legislatura local, donde incluso todos los partidos políticos coincidieron en ocultar información pública que podía resultarles políticamente dañina.
Tal oscuridad financiera fue notoria en la partida presupuestal 4605, mediante la cual se entregaban apoyos discrecionales a los diputados locales, como fueron los recursos para que anualmente se compraran un automóvil particular.
Dicho apoyo, por diputado local, ascendió a 260 mil pesos anuales, mismos que no requerían de comprobación alguna, con lo cual los legisladores de la 56 Legislatura lo pudieron utilizar para cualquier fin. En los tres años de gestión de este Congreso el gasto por este concepto sumó los 58.5 millones de pesos.
El citado bono, heredado de anteriores Legislaturas, fue manejado con total sigilo, e incluso ante solicitudes de información pública y recursos de revisión, los coordinadores legislativos bloquearon cualquier intento por transparentarlo.
El 25 junio de 2007, el entonces Consejo para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo del Estado de México emitió una resolución respecto de la negativa del propio Congreso para transparentar y difundir el citado apoyo para la compra de automóviles particulares.
Cabe recordar que en aquel momento, el hoy Instituto de Acceso a la Información del Estado aún no tenía la facultad para resolver esos recursos de revisión o quejas, y el Congreso local era juez y parte, pues atendía las inconformidades que derivaban de sus propias negativas a proporcionar información pública.
En dicha resolución, que versaba sobre la opacidad del bono para automóviles, el Congreso determinó que los ciudadanos no podían conocer el detalle de dicho gasto y sólo confirmó que era para «apoyo vehicular por gestión comunitaria».
La resolución correspondió al recurso de revisión de número RR/003/2007 y fue firmada por todos los coordinadores legislativos, quienes a su vez fungían como titulares del Consejo para la Transparencia.
Ellos eran Higinio Martínez Miranda, del PRD; Francisco Gárate Chapa, del PAN; Eruviel Ávila Villegas, del PRI; Alejandro Agundis Arias, del PVEM; Máximo García Fabregat, de Movimiento Ciudadano, y Sergio Velarde González, del PT.
El argumento utilizado para ocultar dicha información también fue el «potencial riesgo» que sufrirían los diputados locales, de divulgarse tal apoyo, como quedó asentado en el Acuerdo 03/07, donde el Congreso mexiquense consideró como información reservada la relativa al «apoyo a vehículos diputados (sic)».
Esta opacidad hubiera prevalecido, pero tras las reformas a la Constitución federal, que fueron publicadas el 20 de julio de 2007, y con la respectiva modificación estatal que entró en vigor en julio de 2008; el Instituto de Acceso a la Información del Estado adquirió autonomía constitucional y pudo intervenir en quejas presentadas contra negativas del Congreso local para proporcionar información pública.
Y fue así que dicho apoyo se pudo conocer, aunque sólo mediante una serie de litigios, y nunca fue publicado de manera voluntaria por el Poder Legislativo.
Presupuestos y Control
Es de advertirse que producto de estas quejas, la 56 Legislatura local restringió aún más la información de sus presupuestos anuales, además de los correspondientes gastos adicionales de la partida 4605, de donde fueron tomados los recursos para la compra de automóviles particulares de los diputados.
Al finalizar este Congreso, su respectivo portal de Transparencia ya no proporcionaba información actualizada sobre el gasto a nivel de partida presupuestal.
De manera irónica aquella Legislatura de la alternancia electoral se parece a las dos siguientes de mayoría priista, la 57 y 58, pues en las tres se optó por ya no desglosar sus presupuestos anuales, con lo cual el ciudadano no tiene certeza de cómo se gasta el dinero de todos los mexiquenses.
La 57 Legislatura correspondió al periodo de 2009 a 2012, y la 58 concluirá su gestión en septiembre de 2015.
Al cuestionar a los actuales diputados locales de Oposición sobre estas similitudes y la falta de transparencia legislativa, admitieron que obedecen al control priista que siempre ha existido en el Congreso mexiquense, aún en las etapas de alternancia electoral.
«La verdad es que nunca ha habido independencia del Congreso, cuando ha habido tercios (entre partidos) ha habido igual control del gobierno, cuando haya en el Congreso una mayoría opositora habrá avances en materia de transparencia y avances legislativos, ahora predomina el PRI, por eso todos estos errores», indicó el legislador del PRD, Octavio Martínez Vargas.
Las zancadillas contra la Transparencia (56 Legislatura)
Fue el descuido de un funcionario legislativo lo que abrió la puerta para conocer el bono secreto que recibían los diputados locales.
En el documento denominado «resumen de gasto por partida, información acumulada de enero a diciembre de 2006» se incluyó la partida 460530 bajó el nombre «apoyo para vehículo diputados».
Tal reporte fue subido a la página web del Poder Legislativo, sin la adecuada revisión y censura, pero el indicio dio pie para iniciar con la investigación de esta partida presupuestal, que se destinaba para la compra anual de vehículos particulares de los diputados locales.
En 2007, vía solicitudes de información pública, el Congreso informó a regañadientes que esa partida se utilizaba para «apoyo vehicular por gestión comunitaria», una explicación críptica e insuficiente.
En el mismo año fueron presentados recursos de revisión contra esa respuesta, pero sin éxito ante el sesgo de los propios diputados locales.
Y es que los coordinadores legislativos del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano eran a la vez los integrantes del Consejo para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, en una suerte de simulación donde el ciudadano se quejaba ante quien lo había agraviado.
El clímax de la opacidad ocurrió el 21 de mayo de 2007, cuando se emitió el acuerdo 03/07 del Comité de Información del Congreso, donde se consideró como información reservada la relacionada con el «apoyo a vehículo diputados (sic)«.
«Revelar esta información podría alertar a la delincuencia y le proporcionaría datos relativos a los vehículos en los que continuamente se desplazan, que aunado a la información pública relativa a su cargos, y domicilio de trabajo, se consideran circunstancias que deben analizarse para determinar que, publicar esta información, podría proporcionar a la delincuencia elementos que pongan en riesgo la seguridad de las personas citadas», indicó el citado acuerdo.
Tras esa resolución ningún reporte público del Congreso local volvió a hacer mención del bono secreto, y fue hasta que el Instituto de Acceso a la Información del Estado de México adquirió autonomía constitucional, que pudo resolver el litigio sobre dicho apoyo de los diputados locales.
El 18 de febrero de 2009 el citado Instituto, al resolver el recurso de revisión 00025/ITAIPEM/IP/RR/09, revocó el acuerdo 03/07 que había encriptado la información del bono secreto.
«No hay tema más atractivo en el marco del acceso a la información que el de conocer el uso y destino de los recursos financieros o dinerarios públicos administrados por los sujetos obligados. Es una de las razones primordiales de que exista el régimen de transparencia y del derecho de acceso a la información», sostuvo la resolución del Instituto.
En el oficio SAF/ST/169/2009 de la Secretaría de Administración del Congreso local, el entonces servidor público habilitado para atender peticiones de información, Antonio Hernández Ortega, no tuvo más remedio que proporcionar la lista de los apoyos recibidos por los 75 diputados para la compra de un automóvil en 2007.
«Fueron otorgados como gasto personal para apoyo vehicular, no existiendo documentos de comprobación», señaló en una insólita argumentación que haría palidecer a cualquier auditor independiente.
En la misma respuesta el Congreso trató de blindarse y argumentó que en 2008 no había existido el rubro de «apoyo para vehículo diputados».
No obstante, lo que en realidad ocurrió fue que el Poder Legislativo cambió la denominación del apoyo, con el fin de ya no transparentarlo, pues en los hechos siguió existiendo.
Fue así que en la respuesta a la solicitud de información pública de número 85/PLEGISLA/IP/A/2009, donde se buscó conocer si el citado incentivo siguió existiendo en 2008 y 2009, la 56 Legislatura admitió que ahora el bono se llamaba «apoyo para mantenimiento vehicular».
«El Poder Legislativo destina mediante la partida 4605 la cantidad de $260,000.00 pesos anuales a los diputados del Estado de México, quienes en el desempeño de su función legislativa tienen la necesidad de trasladarse a los diferentes distritos dentro del territorio del Estado de México», señaló la Unidad de Información del Congreso.
El bono al fin había sido reconocido, sin embargo, la 56 Legislatura vivía sus últimos días y al iniciar la 57 Legislatura, en septiembre de 2009, este incentivo volvería a perderse en los opacos laberintos de la administración legislativa.
Lluvia millonaria (56 Legislatura)
La resistencia de la 56 Legislatura a la transparencia, contrasta con los apoyos financieros que pudieron documentarse durante el periodo de este Congreso.
Vía una resolución del Instituto de Acceso a la Información del Estado, que a su vez derivó de otra negativa de la propia Legislatura, pudieron conocerse incentivos monetarios que recibieron las distintas bancadas en 2008.
De la multicitada partida prespuestal 4605, también conocida como «cooperaciones y ayudas», los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano cobraron cerca de 40 millones de pesos. Los apoyos se distribuyeron de la siguiente manera, y únicamente corresponden a los que se hicieron públicos.
Poco más de 21.9 millones de pesos, bajo la denominación general de «cooperaciones y ayudas», fueron entregados a las coordinaciones parlamentarias sin anexarse ninguna justificación o comprobante del gasto.
Para Acción Nacional fueron 7.1 millones de pesos, los cheques fueron cobrados a nombre de «grupo parlamentario PAN».
Al PRI, en los documentos hechos públicos le correspondieron 5.7 millones de pesos, y fueron cobrados por Ramiro Gabriel Ramos Vargas, coordinador administrativo de la fracción tricolor.
En el PRD recibieron 4.6 millones de pesos. Los cheques salieron a nombre de Juan Manuel Hernández Romero y Luis David Miranda Gómez, colaboradores del entonces coordinador legislativo del PRD, Higinio Martínez Miranda.
Al PVEM le tocaron 2.1 millones de pesos y fueron cobrados por Esteban Fernández Cruz, coordinador administrativo de esa bancada.
A su vez al PT le suministraron 1.4 millones y a Movimiento Ciudadano 840 mil pesos. Los coordinadores de estas fracciones eran Sergio Velarde González y Máximo García Fabregat, respectivamente.
Métrica tiene el soporte de todos los documentos, así como las respectivas pólizas emitidas para estos incentivos, que también se registraron bajo denominaciones como «asesorías generales» y «apoyo extraordinarios».
En esa lluvia millonaria también aparecieron otros 6.3 millones, que recibieron las bancadas legislativas bajo el concepto de «apoyo para informáticos» y «apoyo a grupos parlamentarios».
En diciembre de 2008 los grupos parlamentarios recibieron otros 7.2 millones de pesos pagar la organización de festejos navideños y la compra de juguetes. Destaca que en estos apoyos los coordinadores legislativos fueron los más beneficiados, pues además del incentivo que cobraron todos los diputados, tuvieron derecho a una compensación adicional.
Por ejemplo, en la póliza PD-176 del 16 de diciembre de ese año, está anexada la relación de los cheques cobrados por cada uno de los 75 diputados, quienes de forma unitaria recibieron 30 mil pesos para festividades navideñas.
A ello se sumó un «complemento» para las festividades de Navidad, que representó otros 180 mil pesos, cantidad que sólo fue cobrada por los seis coordinadores legislativos de ese Congreso.
Además de ello fue documentado otro gasto de al menos 4 millones de pesos para comprar regalos, pavos, arcones, artesanías, libros, y bolígrafos.
Estos gastos documentados son adicionales a los que ejercieron los legisladores a través de distintos reembolsos.
Por ejemplo, el 22 de julio de 2008 la 56 Legislatura emitió un cheque de HSBC por 60 mil 950 pesospara el entonces diputado del PAN, Juan Carlos Núñez Armas, bajo el concepto de «gastos de viaje».
Para justificar el gasto dicho diputado anexó dos facturas expedidas por Promoturs, que suman dicha cantidad, además de la explicación del viaje, que fue realizado del 29 de mayo al 5 de junio de ese año. El destino fue Panamá y Costa Rica.
Además del legislador panista viajaron su esposa Mireya Acero Hernández y su hijo Juan Carlos Núñez Guerrero. El viaje fue de recreación, como lo describe el itinerario que también se anexó a la respectiva póliza del cheque emitido.
«Salida temprano al Volcán Poás, después cruzarán la división continental observando hermosas cataratas hasta llegar a las tierras bajas del Caribe donde está el pueblo Puerto Viejo al lado del Río Sarapiquí. Aquí se comenzará un tour en bote buscando monos, perezosos, iguanas, tucanes y muchos otros», refiere el documento.
La partida 4605 también sirvió para que los diputados de la 56 Legislatura solicitarán reembolsos por consumos en restaurantes.
En los documentos, que en su momento se hicieron públicos, destaca la capacidad digestiva de algunos legisladores.
El coordinador legislativo del PVEM en la 56 Legislatura, Alejandro Agundis Arias, y quien coincidentemente en la actual Legislatura local (la 58) es nuevamente el líder parlamentario de este partido, gastó 455 mil 665 pesos en distintas comidas y consumos realizados durante cinco meses de 2008.
Entre los restaurantes visitados, y cuyas facturas se anexan a las pólizas de los cheques emitidos para este diputado, están la «Parrilla Leonesa» de Naucalpan, el «Fleming» de la Colonia Roma, y el «Loma Linda» de Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal, donde en ocasiones los consumos superaron los 7 mil pesos.
El maquillaje de las cifras (57 Legislatura)
De la partida 4605 salía para todo lo que quisieran los legisladores locales.
Vía solicitudes de información pública se logró conocer que entre septiembre y diciembre de 2009, en el arranque de la 57 Legislatura, 73 de los 75 diputados locales gastaron en total 3.9 millones de pesos en consumos de restaurantes, peajes y organización de banquetes y eventos.
Entre ellos aparecían gastos como el del entonces diputado local del PRI, Guillermo Calderón, quien recién rindió protesta como legislador se fue a comer continuamente al restaurante Alexander´s Steak House, pues el 17, 22 y 24 de septiembre de 2009 gastó un total de 6 mil 742 pesos, según consta en facturas que remitió al Congreso para su reembolso.
También hubo casos como el del entonces legislador de Movimiento Ciudadano, Ignacio Samperio, quien el 4 de septiembre de ese año, el mismo día que rindió protesta; gastó y posteriormente envió la factura al Congreso por un consumo de 13 mil 829 pesos en la restaurante la Fonda Argentina, ubicada en Metepec.
Sin embargo, en esta partida presupuestal, al menos en los reportes públicos solicitados vía la Ley de Transparencia, ya no volvió a aparecer el polémico bono de los diputados locales para la compra de automóviles particulares, ni algún otro apoyo millonario para las distintas bancadas.
Con una mayoría priista, en absoluto control del Poder Legislativo, la opción fue ya no informar, así el presupuesto legislativo quedó encriptado.
En el portal de Transparencia de la Legislatura local los ciudadanos tuvieron que acostumbrarse a encontrar el monto global del presupuesto anual y las cantidades globales por capítulo de gasto, no más.
Con esas condiciones, adentrarse en las partidas presupuestales, como la que dio luz sobre el bono para la compra de automóviles particulares, resultó tarea imposible.
Escudados en argumentos legaloides, con las cuales no pudo ni el Instituto de Acceso a la Información del Estado, también fue clausurada la posibilidad para conocer el presupuesto o gasto ejercido por cada grupo parlamentario.
“A los grupos parlamentarios no se les programa y suministra de manera anualizada un presupuesto especial y específico para su ejecución, el gasto se va ejerciendo conforme se presentan las necesidades de los distintos grupos (sic)”, argumentó el 26 de mayo de 2011 el Comité de Información del Poder Legislativo, tras la respectiva solicitud de información pública.
La opacidad que no termina (58 Legislatura)
En la actual Legislatura local ni los diputados locales conocen cómo se gasta el presupuesto del Congreso, ni las percepciones reales de todos los legisladores.
«Hay discrecionalidad, no tienen interés en transparentar el uso de los recursos públicos», sentenció el legislador del PRD, Octavio Martínez Vargas.
La 58 Legislatura continúa publicando su presupuesto anual a nivel de capítulo de gasto, es decir, sin desglosarlo por partidas o rubros, y como documento soporte, a lo cual está obligado por Ley, difunde la Gaceta del Gobierno donde se publicó el presupuesto del gobierno estatal, lo cual tampoco ayuda a conocer más datos.
«No lo publican porque hay, a juicio mío, discrecionalidad en el uso de los recursos públicos del Poder Legislativo», explicó Martínez.
El perredista consideró que esta situación favorece a los coordinadores legislativos, pero no abona al prestigio del Congreso, pues al no existir transparencia se despiertan «malos augurios».
Sobre las percepciones de los legisladores, Martínez refirió que además de su dieta recibe un deposito mensual de 25 mil pesos para la renta de oficinas distritales y 10 mil al mes en vales de gasolina.
El legislador aseguró que no ha recibido más apoyos, como podrían ser un bono trimestral de 100 mil pesos, el apoyo para la compra de un automóvil particular, y tampoco recursos para la telefonía celular, ni pago de asesores externos y reembolsos por eventos realizados, prerrogativas que existían en otras Legislaturas locales.
«Daré mi opinión en el grupo parlamentario y en la tribuna para que se transparente», prometió.
Por separado, el legislador local del PAN, Luis Gilberto Marrón Agustín, señaló que recibe 50 mil pesos mensuales para la renta o manutención de oficinas distritales, pero no tiene registrado los apoyos para combustibles.
También negó cobrar un bono trimestral, así como el apoyo para la compra de un automóvil, de igual forma rechazó que puedan solicitar reembolsos por eventos o comidas, pero reconoció que sí existe una partida para el gasto de asesores.
«Es importante que se tenga claridad», recomendó el también presidente de la comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado.
La página de Transparencia del Poder Legislativo indica que actualmente cada diputado local cobra una dieta mensual bruta de 108 mil 937.50 pesos, a lo cual suman prestaciones como vales de gasolina, seguro de gastos médicos, seguro de vida, y apoyo al transporte, pero no se precisan las cantidades.
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