Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto

La Reforma Energética: que busca sentar las bases para la modernización de un sector clave, a fin de que se detone la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleos.

La Reforma en Materia de Competencia Económica: que busca regular la relación entre las empresas para garantizar que se respeten las leyes del mercado.

La Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión, que busca generar una competencia efectiva en la televisión, radio, telefonía e Internet.

La Reforma Hacendariaque pretende incrementar y hacer más eficiente la recaudación fiscal del Estado.

La Reforma Financiera para la creación de condiciones para que familias y empresas puedan tramitar más crédito a un costo más barato.

La Reforma Laboral que flexibiliza el mercado de trabajo.

La Reforma Educativa mediante la cual, el Estado mexicano pretende promover el derecho de a una educación integral, incluyente y de calidad máxima.

La Nueva Ley de Amparoque  fortalece  los mecanismos para evitar que se presenten casos de abusos de poder por parte de los funcionarios públicos.

El Código Nacional de Procedimientos Penalesque pretende que todos los mexicanos sean juzgados en igual calidad de circunstancias, sin importar en qué estado de la República se encuentren.

La Reforma Político–Electoralque mejora la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, además de que promueve la participación ciudadana y brinda mayor certidumbre a los ejercicios electorales; y la Reforma en Materia de Transparencia que entrega mayor autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), además de que busca garantizar una mejor rendición de cuentas.

Como resultado de la aprobación de estas reformas estructurales que relanzarían el crecimiento económico de México y que posicionarían al país en el centro de la inversión y crecimiento económico, la prensa tanto nacional como extranjera, comenzó a calificar a Peña Nieto como el presidente que sería capaz de salvar a México del negro pasado que lo había azotado durante décadas.

México pasó de ser un país relativamente insignificante en la arena internacional, a ser calificado como el Nuevo Tigre Azteca. Sin embargo, a menos de un año de ser aprobadas estas reformas estructurales y a menos de un año de que nuestro país se haya visto ensalzado positivamente por la prensa extranjera y política. México se encuentra sumido de nuevo en una crisis que amenaza la obtención de resultados concretos de las reformas estructurales aprobadas por la administración de Peña Nieto.

Al enfrentar lo que es, indudablemente, la mayor crisis política de su gobierno, Enrique Peña Nieto intentó asumir la ofensiva con un nuevo plan de diez puntos que tiene a la reforma policial como punto central. ¿Qué tan viable son estas reformas  en un entorno como el actual?

1. La creación de policías estatales únicas con el fin de lograr que los mexicanos tengan policías más capacitados y mejor equipados. La sociedad confía muy poco en los cuerpos policiacos ya que estos están plagados de corrupción e impunidad. La idea de eliminar la multiplicidad de cabezas al mando para ser sustituida por la centralización del poder no resulta del todo descabellada. Sin embargo la pregunta central de este primer punto es ¿Qué pasará exactamente con los policías en los niveles municipales? No queda claro si estas policías se eliminarán por completo o si serán absorbidas en su totalidad por los cuerpos policiacos estatales. Cualquiera que sea la opción, este primer punto trae consigo dos riesgos intrínsecos: la depuración de los cuerpos policiales conlleva el despido de miles de servidores que no han pasado los controles de confianza. Basta decir que estos servidores quedarán impunes y libres para incorporarse a otros sectores de la sociedad. Estos funcionarios corruptos y disfuncionales a un corto plazo serán contratados por fuerzas de seguridad privadas, lo que continuará debilitado el ya prácticamente inexistente sistema de seguridad. El segundo riesgo es evitar la depuración y mantener en su totalidad el número de fuerzas policiacas eliminado únicamente los controles locales. Esto implica que las actuales enredadas relaciones entre las autoridades corruptas y los carteles de México seguirá impune con la única diferencia que ahora se hará bajo un solo mando.
2. Un cambio constitucional para otorgar al ejecutivo poderes para disolver gobiernos locales acusados de infiltración del narcotráfico. Este modelo no es una novedad, se encuentra presente en Italia desde hace ya varias décadas. Francesco Mazzaferro, un importante criminal italiano perteneciente a la banda ‘Ndrangheta en Calabria,  tenía tal influencia sobre los políticos locales que en 1995 el gobierno municipal de Bardonecchia tuvo que ser disuelto. La disolución de gobiernos locales fue una práctica bastante común en el sur de Italia, en donde la presencia del crimen organizado está fuertemente arraigado. A pesar de que la infiltración del crimen organizado es menor en Italia que en México, este modelo no ha sido de mucha utilidad para este país europeo ya que sigue siendo uno de los más corruptos en ese continente.

Esta idea, aunque buena, tiene pocas esperanzas de solucionar la problemática del narcotráfico y su vinculación con autoridades. En primer lugar el centralismo de decisiones llevará a la saturación de funciones y de recursos del ejecutivo federal. En segundo lugar, se asume que la infiltración del crimen organizado está limitada a los poderes locales y el poder federal está limpio en su totalidad.

1. Establecer una Clave Única de Identidad: Esta reforma viene a crear una duplicidad de funciones ya complicar aún más el ya enredado sistema burocrático de nuestro país. En la actualidad ya está funcionando la Clave Única de Registro de Población, (CURP) y esta clave no ha evitado que criminales hayan encontrado huecos en el sistema para lograr la obtención de identidades múltiples, por lo que la probabilidad de que esta nueva clave sea eficaz es muy poca, a menos que se garantice la exclusividad de la clave única al casar la identidad jurídica con la identidad física por medio del material genético de cada ciudadano.
2. Despliegue de fuerzas federales en las 4 regiones más afectadas por el crimen organizado: Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y Michoacán: Especialmente el Guerrero, esta iniciativa ya se encuentra en funcionamiento, al igual que en varias zonas del sur del Estado de México sin que la presencia de fuerzas federales haya traído resultados tangiblemente positivos. Además esta iniciativa asume que las fuerzas federales son confiables y se estaría pasando por alto que todas las fuerzas policiales, desde los mandos municipales hasta los federales, están en un mayor o menor grado infiltradas por el crimen.
3. Un número telefónico único para emergencias a nivel nacional: muy pocos están en contra de la creación de este número. Hasta hoy no existe un número a nivel nacional en caso de emergencia como existe en otros países del mundo. En la actualidad cada estado tiene su propia clave para los servicios de emergencia. Sin embargo, el problema no radica en hacer más práctica la denuncia de un crimen o la solicitud de servicios de emergencias. El problema radica en que hasta ahora no existe la confianza en la sociedad para llamar un número, o incluso acudir a cualquier institución del estado para denunciar algo. Pocas personas confían que la policía en verdad acudirá a ayudarlos en caso de algún percance cuando existe colusión entre los cuerpos policiacos y los criminales.
4. Se redefinirán las competencias de cada autoridad de cara al delito: Aquí lo importante es comenzar a respetar las leyes ya existentes y comenzar a enjuiciar a los responsables del crimen y a aquellas autoridades que han usado la ley a su discreción. No tiene caso incrementar o reducir las competencias de las autoridades para hacer frente al delito. Las autoridades tienen las competencias necesarias para detener y prevenir el crimen, lo que se necesita es depurar, sancionar y castigar penalmente a aquellas autoridades que abusen de su poder. No se puede castigar a algunos y dejar a otros impunes. La ley debe ser la misma para todos, sea autoridad, ciudadano o criminal.
5. Envío de una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana: este punto en particular suena redundante y muy general. No queda claro qué se entiende por justicia cotidiana. ¿Reducción del crimen? ¿Aumento de presencia policíaca en todo el país? ¿Combate al crimen organizado? ¿Castigo a la impunidad?
6. Fortalecer los protocolos y procedimientos para que en caso de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas y oportunas: la tortura en México no es algo nuevo. De acuerdo a Amnistía Internacional se detectó un incremento del 600% en los casos de tortura durante el periodo del 2003 al 2013. Estos son únicamente los casos denunciados ante la CNDH, la cual detecta una porción mínima de todos los casos de tortura en el país. La tortura en México es pervasiva a tal grado que puede considerarse epidémica. El reporte de AI Out of Control, Torture and Other Ill–treatment in Mexico, evidencia un severo incremento en la tortura y malos tratos, así como de una prevalente cultura de tolerancia a esos actos e impunidad. Únicamente siete torturadores han sido sentenciados en cortes federales, y muy pocos han sido juzgados a nivel estatal. A pesar de que en el 2014 hubo un ligero decremento, las cifras son aún exorbitantes comparadas con las de hace una década. El Protocolo de Estambul, creado en 1999, es cómo se le conoce comúnmente al documento de la ONU que investiga y documenta la tortura y malos tratos. Si el combate a la tortura se convirtiera en una prioridad no sólo para las máximas autoridades sino también para los mandos más bajos y se iniciará un esquema de cero tolerancia, los malos tratos y la tortura se eliminarían en su totalidad.
7. Promover la pronta aprobación de leyes y reformas para combatir la corrupción: esta propuesta parece recopilar la iniciativa panista de crear el Sistema Nacional Anticorrupción que propone que tanto autoridades como ciudadanos trabajen para eliminar la corrupción. El problema es que hasta ahora las propuestas han atacado las consecuencias más no el origen de la corrupción. Se deben juzgar y castigar a todos los involucrados en casos de corrupción, pero se debe también trabajar en servicios de transparencia, rendición de cuentas, eliminación de la impunidad, abuso de poder y en la distribución más equitativa de los ingresos.

10. Fortalecer los principios de Gobierno Abierto en la administración pública federal mediante el desarrollo de un portal de información sobre proveedores y contratistas. Este es un paso necesario para evitar la impunidad y el beneficio a empresas ligadas con el gobierno, como los recientes casos de Angélica Rivera y Luis Videgaray Caso dejaron al descubierto. Se necesita un control estricto y absoluto sobre los recursos públicos no sólo de la administración federal sino también de las administraciones estatales y municipales.

Estas propuestas no van al grano de la corrupción y la impunidad. No se necesitan más leyes, lo que se necesita es que el marco legal existente se respete y que los ciudadanos estemos protegidos de los usos y abusos del poder y que el estado sea capaz de satisfacer sus funciones básicas. Debe existir un control sobre las funciones del estado. Se puede hacer una analogía entre el mercado político y el económico para entender la importancia del control y la transparencia. La democracia se funda sobre la concurrencia de partidos, así como la economía se funda sobre la concurrencia de consumidores. Existe una diferencia: el mercado económico está sometido al control de los consumidores, quienes están en condiciones de apreciar de manera tangible las mercancías ofrecidas. En el mercado político, la concurrencia está sometida a un control menos eficaz, ya que los bienes no son tangibles ni de rápido consumo. Además en la concurrencia económica el fraude es castigado, mientras que el fraude político queda sin castigo. El comerciante que trate de vender cobre por oro va a ir a prisión; el político que nos vende promesas e ideales, con frecuencia lo logra y queda impune.

Lisdey Espinoza Pedraza.

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Relaciones Internacionales y Orden Mundial por la Universidad de Leicester en el Reino Unido.

Se ha desempeñado como académica e investigadora en las áreas de ciencia política, relaciones internacionales, historia y lengua inglesa en varias instituciones de nivel superior en el Estado de México y actualmente se encuentra cursando un Doctorado en Filosofía, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Foto tomada de www.institutocomunicaciónpolítica.com