El 5 de septiembre del 2018 entran en función 75 diputados que conformarán la Legislatura número 60 del Congreso del Estado de México, su principal característica no es cualitativa y sí cuantitativa, ya que 52 parlamentarios que integrarán más de dos terceras partes de dicho Poder estatal, emanaron de la coalición electoral Juntos Haremos Historia conformada por los partidos políticos Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES).
Grupo político de Juntos Haremos Historia que detentará la mayoría parlamentaria durante los próximos tres años con posibilidad de reelegirse en el cargo como la tuvieron los actuales diputados.
Dicha conformación política de “morenistas” (a reserva de la resolución de impugnaciones interpuestas por PAN y PRD ante el Tribunal electoral) podrá materializar cualquier tipo de determinación o maniobra legislativa, sin necesidad de buscar consensos o acuerdos con los 11 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 7 del Partido Acción Nacional (PAN), 3 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 2 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que también serán parte de dicha Legislatura.
¿Qué van a hacer?
De acuerdo a la Constitución del Estado de México MORENA-PT-PES, entre otras posibilidades ese grupo político con mayoría tendrá amplias facultades para realizar acciones como:
Expedir leyes, decretos o acuerdos; analizar, modificar y en su caso aprobar anualmente la Ley de Ingresos del Estado, así como el conjunto de contribuciones (impuestos) de los mexiquenses, junto con la amplia posibilidad de incidir en el diseño del presupuesto de egresos, es decir cuánto, cómo y dónde se podrán invertir-gastar los recursos públicos que ejercerá el gobernador priista Alfredo Del Mazo Maza durante 2019, 2020 y 2021.
No obstante pese a dicha oportunidad y mayoría legislativa de MORENA-PT-PES, se podría repetir lo que han hecho cada año los integrantes de anteriores Legislaturas: modificar-reasignar menos del 1 por ciento del presupuesto presentado por el titular del Poder Ejecutivo, es decir no realizar cambios sustanciales a la inercia de asignación de recursos económicos a cada área, grupo poblacional y/o sector de la economía estatal.
Los futuros legisladores de MORENA, PT y PES también tendrán la facultad (con algunas restricciones) de aprobar la retribución mínima y máxima que corresponda a cada nivel de empleo, cargo o comisión de los trabajadores al servicio del Estado de México.
Así como la de avalar (o desechar) la operación de nuevos Proyectos Para la Prestación de servicios (PPS), es decir continuar, parar y/o revisar el esquema financiero bajo el cual el Poder Ejecutivo ha realizado obra pública pagada en anualidades a plazos de entre 20 y 25 años, junto con el presupuesto destinado a realizar las erogaciones correspondientes de aquellos PPS que están en operación (repavimentación de carreteras, construcción de hospital, puente y centro cultural, entre otros).
Otra posibilidad que tendrá el grupo político conformado por MORENA, PT y PES, para incidir de manera contundente en el desempeño correcto de la función pública, consiste en revisar y fiscalizar, a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), el dinero gastado-invertido durante los últimos dos años de gestión del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas.
Así como los gastos realizados, a partir del último trimestre de 2018 y en los próximos tres años, por el mandatario Alfredo Del Mazo, junto con su equipo de trabajo (secretarios) y lo ejercido por todos los organismos autónomos y 125 titulares de igual número de ayuntamientos mexiquenses, es decir por qué, dónde, cuánto y cómo destinaron recursos públicos los administradores de dichos entes públicos.
“Revisar, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las cuentas y actos relativos a la aplicación de los fondos públicos del Estado y de los Municipios, así como fondos públicos federales en los términos convenidos con dicho ámbito que incluirán la información correspondiente a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes que manejen recursos del Estado y Municipios”, precisa la fracción 33 del Artículo 61 de la Constitución que forma parte de las 56 facultades y obligaciones de la Legislatura local.
Ese grupo político mayoritario también tendrá la facultad de aprobar los montos y conceptos de endeudamiento que presente tanto el mandatario Alfredo Del Mazo, así como los alcaldes; legislar en materia de participación ciudadana; convocar a consultas populares y nombrar a los comisionados del organismo autónomo garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
“Declarar en su caso que ha o no lugar a proceder contra servidores públicos que gocen de fuero constitucional, por delitos graves del orden común y de los que cometan con motivo de sus funciones durante el desempeño de éstas”, se indica en la fracción 39 del referido Artículo de la Constitución mexiquense.
Los diputados de MORENA y sus aliados del PT y PES, luego de asumir el cargo, podrán designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos.
En casos excepcionales los legisladores de MORENA también pueden otorgar facultades extraordinarias en favor del Ejecutivo; designar a los funcionarios electorales; aprobar nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa propuestas por el gobernador; nombrar y remover al personal del Poder Legislativo, son algunas facultades de los legisladores.
Así como crear y suprimir municipios, tomando en cuenta criterios de orden demográfico, político, social y económico.
Otra facultad que tiene la bancada MORENA-PT-PES es llamar a cuentas a miembros del gabinete de Alfredo Del Mazo Maza.
Aquí la integración de los tomadores de decisiones en la LX Legislatura del Estado de México:
