Narcopartidos

Las organizaciones criminales, que durante los 70 años del régimen priista pagaron por protección al sistema, han evolucionado al cobro de piso a partidos y gobiernos y a la infiltración de criminales en la política.

Narcopartidos, narcosenadores, narcodiputados, narcosenadores y narcocandidatos parece ser lo de hoy. La penetración del narcotráfico alcanza a todos los partidos políticos por igual: PAN, PRD, PT, PRI, MORENA, PVEM.

La lista de narcopolíticos es larga y alcanza a todo el país:

El reciente caso de la Chapodiputada, Lucero Guadalupe Sánchez López, impulsada al Congreso por una alianza entre en PAN, PRD y PT; Guadalupe Carrizoza, coordinador de diputados del PAN en el Congreso de Sinaloa y que había tenido como beneficiarios de PROCAMPO a familiares de “El Chapo”Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada;  el PRD que en Guerrero ha postulado a presidentes municipales que ahora están en la cárcel por ser parte de bandas criminales.

El caso de Michoacán en el 2009 cuando 10 alcaldes y 17 funcionarios fueron detenidos por presuntos vínculos con las mafias y que militaban en los tres grandes partidos del país: PRI, PAN Y PRD.

El PAN que postuló hace unos años a Virgilio Mendoza, ex-priísta destituido por mala administración del dinero público; el PRD que presentó como candidato a Manuel Esesarte, acusado de peculado, falsificación de documentos y uso indebido de recursos, además de que es bien conocido que tanto el PRD como el PT han postulado a hijos de la vieja guardia del PRI. El narco entonces ha penetrado a la política ahora por medio del patrocinio de carreras políticas.

El narcotráfico se ha metido por doquier y la política no podía estar exenta: la relación entre ambas esferas tiene una larga historia en nuestro país que muchas veces se contaba solo a escondidas, la semi-apertura democrática que nuestro país experimento con el cambio de partido en el poder evidenció que esta infiltración no se limitaba al dinosaurio priísta.

El narcotráfico no es un asunto externo a nuestras instituciones, sistema político o partidos políticos, sino que es consustancial a todo. La preocupación de los partidos políticos por esta infiltración es también una manifestación tácita de que muchas zonas de nuestro país están ya sometidas a la narcopolítica, y refleja también la urgencia que tienen los partidos por tratar de ganar elecciones sin importar quiénes son los candidatos o cuáles serán las consecuencias.

En México las preguntas y las quejas vienen después cuando ya no hay nada que hacer.

La falta de conexión y de control interno entre los partidos políticos en nuestro país los está llevando a pedirle a la PGR el visto bueno sobre el pasado y el presente de sus candidatos. Lo cierto es que ninguno de los partidos políticos tiene claridad y certeza de quiénes son los que aspiran a un cargo de elección popular.

La PGR no tiene la obligación de hacer aquello que es de competencia exclusiva de los partidos políticos, sus estructuras internas y sus dirigencias son las que deben determinar, investigar, observar y definir quiénes son sus candidatos, no se vale buscar salidas fáciles que no pueden ni deben sustituir las funciones ni los deberes de los partidos políticos.

En México existe una degradación institucional con un quiebre importante del Estado de derecho. El Estado ha sido incapaz de combatir esta crisis institucional que ha ayudado a la infiltración del narco en casi todas las esferas de la vida política.

Los obstáculos como la corrupción, falta de competencia y competitividad, burocracia, sobrerregulación, carencia de participación ciudadana, ausencia de acuerdos sociales fundamentales y la falta de una mayor y mejor vertebración de la sociedad no sólo frenan el desarrollo del país sino que dificultan el respeto del estado de derecho y la lucha al crimen organizado efectiva.

No existe tampoco un compromiso para evitar tal infiltración, en lugar de que los partidos políticos y las autoridades tomen medidas más serias para frenar la infiltración del narco, estos casos han sido usados como armas de ataque contra el enemigo político. Todos los partidos parecen más preocupados por desprestigiarse unos contra otros en lugar de atacar las raíces de la infiltración en sus propias estructuras.

Ahora bien, calificar a México de un narco-estado es un despropósito, pero es cierto que también es imposible reflexionar sobre esas dos instancias sin relacionarlas.

Hablar del crimen organizado es en muchos sentidos hablar del Estado y de nuestro sistema político. Es imposible entender esta esfera sin el papel que ha jugado el Estado en su protección y avance. Aunque ha sido una alianza non sancta que se ha basado en la corrupción y en los beneficios tácitos que conlleva, el narco ha llenado los vacios del estado y se ha convertido en un actor económico imprescindible debido a la derrama económica que genera.

Es falso que el narco busque la destrucción del Estado, el narco prefiere un gobierno estable que función aceptablemente bien como lo fue el régimen priísta por muchas décadas; un gobierno eficiente que es discretamente corrompido por el narco es mucho más útil que un gobierno ineficiente abiertamente vinculado con el narco, disfuncional, carente de organización como lo fueron las presidencias del PAN y la actual presidencia del PRI, ya que atraen la atención pública y la presión internacional. Un gobierno organizado le ahorra trabajo al narco, los ayuda en sus actividades y los hace desaparecer del ojo público.

Al narco no le interesa comprar todo el Estado ni definir políticas públicas, los narcos no buscan poder político, buscan un estado que los deje operar, los proteja y trabaje con ellos. Normalmente se piensa que la principal razón por la cual un Estado no combate el narco de manera efectiva es la corrupción y aunque esta es una causa muy común, muchas otras veces es debido a que al Estado no puede o no le conviene.

El narco por su gran capacidad de acumulación de dinero, tiene un impacto importante en las economías de los países en los cuales opera, genera empleos y sobre todo a nivel local puede aliviar las penurias de comunidades enteras.

Los narcos suelen colaborar en obras de beneficio a la comunidad donde operan: construcción de caminos y escuelas, esto además de ganarse la simpatía de locales, alivia en mucho la demanda de servicios básicos que a veces el Estado es incapaz de proporcionar y de esta manera el gobierno decide no combatir al narco porque su existencia le conviene, como lo fue el caso de México por muchos años.

Lo cierto es que la asociación de la política con el narco sólo desacredita más la actividad política.

Hace falta depurar padrones en todos los partidos políticos e instituciones del país. Es importante que se diseñe o ajuste una mejor estrategia para identificar los vínculos del narcotráfico en el sistema político y en las instituciones del país, pero es igualmente de importante que los partidos políticos reconozcan que ninguno se encuentra libre de infiltración, y trabajen en la formación de un verdadero sistema de partidos políticos institucionalizado.

Foto tomada de www.chiapasparalelo.com.