Será corta la ruta a seguir por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para tratar de recuperar los 3 mil 300 millones de pesos que al no ser comprobados en tiempo y forma desencadenaron procedimientos resarcitorios; los funcionarios municipales y estatales que tuvieron a su cargo el manejo de dichos recursos públicos tendrán aproximadamente un mes para atender los procedimientos iniciados en su contra.
En aquellos casos en que el gasto no sea comprobado o reingresado a la caja del gobierno estatal o municipal, se activarán acciones que pudieran derivar en sanción administrativa como inhabilitación para desempeñarse como servidor público e incluso penal en aquellos casos donde se compruebe que el bien y/o servicio contratado no se entregó u otorgó pero si se pagó.
“La acción de tipo penal es cuando definitivamente no hubo bien o no hubo servicio que (no) se recibió y que fue pagado”, precisó a metricadigital.com Fernando Valente Baz Ferreira, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México (GEM).
De acuerdo al OSFEM la auditoría practicada al gasto ejercido en 2017 por municipios, órganos autónomos, organismos descentralizados, Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado de México, logró detectar hallazgos (observaciones de posibles irregularidades) por 3 mil millones de pesos a nivel municipal y por 300 millones de pesos en dependencias estatales.
Por lo anterior diputados locales ordenaron a Baz Ferreira informar de manera periódica y detallada la conclusión de los hallazgos y evolución de acciones resarcitorias que realizará contra aquellos funcionarios municipales y estatales que no lograron comprobar en tiempo y forma el recurso público que estaba bajo su responsabilidad en el ejercicio fiscal 2017.
También le instruyeron practicar una auditoria especial dirigida a los municipios más endeudados con el objetivo de tener un diagnóstico real de su situación, así como dar seguimiento puntual a 38 programas sociales manejados por el Poder Ejecutivo que resultaron con bajos indicadores de desempeño, es decir que no habrían alcanzado sus objetivos planteados.
El dictamen avalado y sintetizado en trece puntos que surgió de las mesas de trabajo verificadas al interior de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la 60 Legislatura del Estado de México, no implica o significa la aprobación de las cuentas públicas de los municipios, órganos autónomos, organismos descentralizados, Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
“Las cuentas públicas (2017) no están aprobadas ni por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ni por la Comisión de Vigilancia”, enfatizó Baz Ferreira en entrevista concedida al concluir los trabajos de la Comisión que avaló el Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal y Municipal del 2017 donde se precisa y detalla el destino de los 291 mil 13 millones 540 mil pesos ejercidos en ese año.
El titular del OSFEM aclaró que en estos momentos ningún funcionario público está liberado de alguna responsabilidad.
De acuerdo a reportes del OSFEM el resultado de la auditoría practicada al ejercicio fiscal 2017 permitió llegar a hallazgos que desencadenaron procedimientos resarcitorios a los que deberán hacer frente los Presidentes municipales, Tesoreros y en algunos casos los titulares de la Dirección de Obras (áreas donde se verifica el mayor número acciones resarcitorias).
Funcionarios que son los responsables de solventar y/o aclarar los señalamientos y en su caso enfrentar los procedimientos de sanción; para el caso del Poder Ejecutivo los servidores públicos involucrados son los titulares de áreas, es decir Directores e incluso Secretarios.
El titular del OSFEM puntualizó que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, el Tribunal tiene facultades para imponer sanciones que duplican el monto desviado, es decir al servidor público se le pueden imponer multas que duplican el monto afectado.
Ejemplificó lo anterior precisando que si en algún caso el monto involucrado asciende a mil pesos, el funcionario responsable del “desvió” tendría que pagar 2 mil pesos, independientemente de otro tipo de sanciones administrativas como pudiera ser una medida disciplinaria de 20 años de inhabilitación.
Algunos funcionarios a los que se les inicia procedimiento resarcitorio contestan con amparos para evitar la sanción o el pago, aunque en el 90 por ciento de los casos los juicios son ganados por el OSFEM, subrayó Baz Ferreira.
Es de destacar que los trabajos de la Comisión presidida por el diputado Tanech Sánchez Ángeles de MORENA, no sólo estuvo el Auditor sino también su equipo más cercanos de colaboradores.
En su intervención el también diputado de MORENA, Valentín González Bautista, lamentó que los diputados tengan poco tiempo para analizar los 13 tomos y 10 anexos estadísticos entregados opr el equipo del gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
“Es imposible que 15 libros se puedan analizar y estudiar con responsabilidad”, dijo.
Consideró que el trabajo del OSFEM no registra ninguna acción contundente para evitar la corrupción.
En contraste a dicha postura Miguel Sámano Peralta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI opinó que los procesos de fiscalización fortalecen la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y combaten los actos de corrupción.
Por su parte el diputado Edgar Armando Olvera Higuera del PAN, confió que habrá sanciones contra aquellos funcionarios que hayan hecho un mal uso de los recursos públicos.
El dictamen del informe de la Cuenta Pública Estatal también solicita al OSFEM fortalecer los mecanismos para transparentar la aplicación y destino de la deuda pública del gobierno estatal y establecer indicadores del costo-beneficio del endeudamiento.
