Integrantes de la Comisión de Finanzas, Transparencia, y Anticorrupción plantearon en diversas iniciativas que las unidades de Transparencia y órganos de control interno sean autónomos y no sean designados ni por el Gobernador ni por los titulares de Ayuntamientos, sino por la Legislatura o el Cabildo, además de que se garanticen mecanismos para sancionar con cárcel a funcionarios corruptos, pues hoy los sistemas anticorrupción solo son parapetos.
Estos trabajos tienen como objetivo elaborar una nueva Constitución en el Estado de México.
El presidente en turno de la Comisión, Rafael Funes indicó que el tema de la rendición de cuentas involucra a todos los sectores, y confió en que las propuestas planteadas en el Parlamento Abierto se incorporen a los trabajos de la Cámara de Diputados.
Rafael Funes dijo que la rendición de cuentas es un tema que a todos nos atañe y escucharemos en esta comisión importantes propuestas que quedaran en la mesa discusión para que todos los comentemos y hagamos nuestras participaciones y esperemos que seamos escuchados posteriormente por nuestros diputados, a fin de que se incorporen las iniciativas a los trabajos de la Cámara de Diputados.
El parlamentario Jorge Cajiga Calderón propuso que los titulares de las Unidades de Transparencia sean autónomos, pues hoy son nombrados por el presidente municipal, y sean conformados por la sociedad civil, y dependen del INFOEM para poder sancionar cuando autoridades nieguen información.
“La información que el presidente o el Ayuntamiento quiere ocultar a la ciudadanía queda delimitada al titular de Transparencia, es importantísimo conseguir una autonomía plena de este cargo”, apuntó.
Los parlamentarios consideraron que hoy los comités municipales anticorrupción están conformados a modo de las y los alcaldes, por lo que es necesario dar transparencia a su conformación, y que en general los Sistemas Anticorrupción tanto a nivel federal, estatal y municipal son inoperantes.
Víctor Enciso Padrón reiteró que los sistemas anticorrupción están hechos a modo, pues son impuestos por familiares, de alcaldes, que conocen las convocatorias, y poner el nombre de ciudadano no es garantía de autonomía, por ello debe insistirse en las reformas penales para la detención de los funcionarios que malversen recursos públicos.
“El sistema estatal ha demostrado con hechos su mediocridad, consideró que todos tanto a nivel estatal como municipal deben someterse a la reforma y dar garantías de que se castigue la corrupción de todo aquel funcionario público que incurra en ilícitos”.
Incluso el parlamentario Juan Carlos Santiago Jiménez fue más allá en el tema de rendición de cuentas y propuso la desaparición de las contralorías estatales y municipales y del OSFEM, para crear el Tribunal de Cuentas del Estado de México que se encargaría de recabar las declaraciones patrimoniales, y de realizar la fiscalización interna y externa de los entes públicos, sin embargo la propuesta no obtuvo el consenso necesario.
Mientras que Ángel Castillo dijo que es necesario generar mecanismos para que los ciudadanos tengan garantías de acceder a información pública y poder comprobar cualquier delito que haya en la administración pública.
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