Viernes 20 de febrero, 6:00 de la mañana. Alrededor de 50 tzentales, pobladores del Ejido Río Florido, perteneciente al municipio de Ocosingo, Chiapas, comenzaron un boteo de denuncia en el tramo carretero Oxhuc-Ocosingo para exigir justicia en el quinto aniversario del asesinato de su compañero Ramiro Rodríguez Sántiz, así como la liberación de Higinio Bustos Navarro, preso político en Veracruz.
Todo transcurría como regularmente se hace, no hay bloqueos, sólo un avance lento del tráfico. La manifestación es pacífica. Sin embargo, un operador político del gobierno estatal se comunica con ellos tras dos horas para pedirles que se retiraran o que se atuvieran a las consecuencias. Los pobladores continúan.
Sin esperarlo, a las 10:00 de la mañana arribaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), organización de seguridad denominada civil, así como algunos integrantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, de la Fiscalía estatal y de la Policía municipal de Ocosingo en un despliegue conjunto contra la manifestación. Las FRIP lanzaron bombas de gas lacrimógeno contra los manifestantes.
Asustados, se retiran de la carretera hacia su comunidad. Las FRIP entran al poblado con una tanqueta tipo RINO para perseguir a los compañeros, llevan armas y comienzan a disparar. Infantes, mujeres y personas mayores corren a refugiarse en la montaña, en medio de la espesura. El miedo se agudiza cuando se percatan de que sobrevuela un helicóptero artillado Black Hawk de la Secretaría de Seguridad estatal, desde el cual comienzan a disparar ráfagas de balas calibre 50 con una ametralladora minigum hacia la selva.
Testigos apuntarían después a que la intención era perpetrar una masacre contra personas desarmadas. Los habitantes que se quedaron al final del poblado relataron que escucharon entre integrantes de las FRIP que querían a cada uno de ellos “vivo o muerto”.
Gracias a la rápida evacuación no hay personas muertas, pero cuando bajan de la montaña, lo que antes era una comunidad autosustentable, se convirtió en una zona de guerra: destruyeron puertas, ventanas, herramientas de trabajo y muebles. El robo dejó los cajones abiertos, con ropa en el piso. Los elementos de seguridad se llevaron dinero, el ahorro de las familias, pero también herramientas de labranza, ollas, garrafones, productos de abarrotes, ropa, medicamentos, alimentos básicos como el frijol y maíz. Saquearon y dañaron lugares comunitarios como la tienda Bienestar, la tienta colectiva y la escuela Telesecundaria #1504.
Lo peor fue que también robaron su sustento: varios borregos y aves de corral comunitarios, así como una incubadora donde nacían pollitos, la cual fue obtenida gracias a la organización colectiva nacional.
A la par, en conferencia de prensa, los habitantes de esta comunidad aseguran que detuvieron a 10 trabajadores de otras comunidades, a quienes presentaron como “líderes” del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), una organización horizontal de carácter nacional.
Contexto: intento de despojo e intereses empresariales
La situación de la comunidad tzental de Río Florido se remonta al siglo XX, cuando sus antepasados lograron en la década de 1980 la ocupación de esas tierras en donde realizaban trabajos forzados como aserraderos y vivían en condiciones similares a la esclavitud.
Desde hace varios años, y según testimonios anónimos de varios lugares de Chiapas, sobre todo de la región de Tapachula, afirman que han comenzado intentos de desalojo forzado, esto debido a que la zona es rica en “tierras raras”, un producto codiciado por las empresas mineras y de tecnologías.
Además, se encuentran cerca de la frontera sur con Centroamérica, lo que convierte al territorio en un paso de migrantes, mercancías y, por supuesto, del crimen organizado. Ante este panorama, las autoridades de los tres órdenes del gobierno han recalcado la necesidad del control de la región, no sólo a nivel seguridad o económico, sino también político, lo que impide que haya libertad y autodeterminación de los pueblos originarios.
A la par, en junio de 2025, bajo el gobierno del morenista Eduardo Ramírez Aguilar, el congreso chiapaneco aprobó reformas a la Ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del Estado de Chiapas y a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Estas modificaciones implementan el cambio de denominación del término Policía Estatal, por el de Guardia Estatal. El argumento es que las fuerzas del orden público necesitan reforzarse para combatir el crimen organizado y frenar los delitos fronterizos; no obstante, como en el caso antes mencionado, usan esa justificación para atentar contra los derechos humanos de comunidades indígenas y autoorganizadas. Aunado a lo anterior, la Guardia Estatal y las FRIP pueden usar armas de uso exclusivo del ejército, como en los hechos del 20 de febrero pasado.
Vulneración de los Derechos Humanos bajo el discurso de seguridad
En 2024, se creó en Chiapas las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, palabra maya que significa “protector”. Sus integrantes, de acuerdo con lo documentado por el FNLS, vienen desde Zacatecas, donde aprenden tácticas militares y de operación estratégica, así como el uso de armas de alto calibre.
Además, miembros del FNLS, que pidieron mantener su anonimato, aseguran que lo que sucede en Chiapas es la antesala para una reforma nacional en materia de seguridad que justifique el uso de la fuerza pública en las calles, lo que, como ha quedado documentado en múltiples ocasiones y contextos históricos por organizaciones de Derechos humanos como la ONU o la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trae consigo excesos en el uso de la fuerza pública, convirtiéndose en delitos como desapariciones forzadas, tortura, violación sexual hacia mujeres, arrestos extrajudiciales, entre otros.
Actualmente, en esta región de Chiapas, así como en otros territorios campesinos e indígenas de entidades como Veracruz, Guerrero, Michoacán; Oaxaca y Tabasco, hay graves vulneraciones hacia los derechos humanos que están documentadas y con denuncias vigentes, estas son desaparición forzada de actores clave, fabricación de carpetas de investigación, despojo de tierras comunales, así como el incentivo de discursos de odio en contra de organizaciones populares y campesinas y la implantación del miedo entre los habitantes de los espacios en disputa.
