Un millón 546 mil 678 delitos del fuero común se han denunciado en el Estado de México durante los cuatro años y cuatro meses que lleva la administración del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, de acuerdo a cifras oficiales emitidas por todas las agencias del Ministerio Público estatal dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La avalancha delictiva en el territorio mexiquense no ha cesado pues año con año los delitos en general han aumentado: 341,028 en 2018; 354,602 en 2019; 341,277 en 2020 y 389.493 en 2021.
En la entidad más poblada del país, 16.9 millones de habitantes, el personal de las agencias del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia estatal trabaja todos los días a marchas forzadas ya que cada mes, en promedio, inició 29 mil 743 carpetas de investigación por igual número de actos delictivos que sí se denunciaron.
Apertura masiva de expedientes-denuncias porque el ciudadano-víctima desea que la autoridad estatal investigue y presente ante un juez al responsable de la conducta ilícita que padeció; aunque de acuerdo a la organización México Evalúa esa posibilidad es prácticamente nula porque en el territorio estatal la impunidad es de 97 por ciento.
Lo que significa que de cada cien delitos denunciados en el Estado de México sólo en tres casos los probables responsables de las conductas delictivas son detenidos y presentados ante un juez y de éstos el Poder Judicial estatal tiene una efectividad muy baja de acuerdo al reporte Hallazgos 2020 de la referida organización no gubernamental.
Indicadores que ubican al Estado de México como una de los 32 estados del país más inseguros y con las tazas de impunidad más elevadas de México.
Si la Fiscalía mexiquense encabezada por Alejandro Gómez Sánchez tuviera capacidad de detener a por lo menos el 1 por ciento de los autores de los ilícitos registrados y denunciados en un mes, 297 personas estarían siendo presentadas, en ese periodo, ante el agente del ministerio público de la Fiscalía estatal y con ello una posible vinculación o no a proceso del detenido que sería privado de su libertad en tanto se realiza la indagatoria.
Lo anterior significa meter a alguna de las 24 cárceles estatales a la persona que se le imputa alguna conducta delictiva.
Espacios de reclusión donde los presuntos responsables de los delitos aguardarían la conclusión de una investigación científica profunda que en teoría debe realizar el personal de la Fiscalía mexiquense para aportar al Poder Judicial el mayor número de pruebas y con ello comprobar sus señalamientos.
Datos con los cuales el juez determina la culpabilidad o inocencia de la persona vinculada.
Si ese hipotético porcentaje de efectividad de la Fiscalía estatal se elevara al 10 por ciento, cada treinta días 2 mil 974 personas, presuntas autoras de una conducta delictiva, podrían estarían siendo presentadas ante jueces estatales y algunos probablemente ingresando a cárceles locales.
Escenario que metería en más apuros al sistema penitenciario estatal que de acuerdo al más reciente reporte oficial actualmente alberga a aproximadamente 32 mil internos pese a que su capacidad es para 18 mil.
El 16 de septiembre de 2017 el licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Alfredo Del Mazo Maza asumió la administración del Estado de México, en ese momento precisó a la población que su prioridad sería la seguridad de todas y todos los mexiquenses.
“Fuerte y con todo” contra la delincuencia fue su eslogan de campaña.
El territorio mexiquense será el «estado más seguro del país», prometió Del Mazo hace cuatro años y cinco meses durante su toma de protesta como gobernador.
En la recta final de su gestión dicha promesa de Alfredo Del Mazo no ha sido cumplida de acuerdo a cifras oficiales de la Fiscalía estatal que en teoría es una institución autónoma del Poder Ejecutivo estatal.
Durante el sexenio de Eruviel Ávila Villegas se registraron y denunciaron 1 millón 743 mil 184 delitos; en el de su antecesor Enrique Peña Nieto (primo del actual gobernador Alfredo Del Mazo) 1 millón 537 mil 986 y en la gestión de Arturo Montiel Rojas (tío de Enrique Peña Nieto) 1 millón 296 mil 299 delitos del fuero común ante agencias del ministerio público estatal.
