Eran las dos de la tarde del 6 de junio de 2016. Esther se disponía a ir al trabajo. Su celular timbró. Era su amigo Gustavo. Palideció y dudó en contestar porque ahí estaba Alejandro, su esposo. Tomó un poco de aire y contestó. La conversación fue breve.
“Eres una cualquiera”, le gritó su esposo cuando colgó. Comenzó la discusión. La miraba con furia. El rostro de Esther reflejaba miedo pero lo enfrentó. De pronto la abofeteó y cayó al piso. No paraba de insultarla y patearla en la región pélvica.
Aunque sentía dolor, Esther fue a trabajar. Al salir, acudió al Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) con sede en Toluca y levantó una denuncia por lesiones. Pensó que sería la última vez que su exesposo la violentaría. Esa noche se fue de su casa; ya no regresó: “ni siquiera tenía ánimos de ir a trabajar”.
Esther vive en Toluca, capital del Estado de México. Ella no está sola. Su caso no es el único en la entidad ni en el país. De acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han sido agredidas por su actual o reciente pareja. Chihuahua y el Estado de México son las entidades que registran los índices mayores.
Hace más de un año Esther denunció a Alejandro por lesiones. Él no ha sido castigado y ella se siente insegura. Optó por divorciarse. Se quedó sin casa y a cargo de los gastos de manutención de César, el menor de sus dos hijos.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos”.
Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, enfatiza que en México persiste una cultura discriminatoria: “hay una serie de instituciones que sostienen el sistema patriarcal en el que las mujeres estamos inmersas y somos parte de esa cultura donde se le da un valor mayor a lo masculino”.
Olga Elena Rodríguez Hernández, directora de Proyectos de Asociación de Ideas, CreSer, A.C, organismo defensor de derechos humanos, añade que el propósito de la violencia contra la mujer es controlar, someter, devaluar y reducirla en términos de poder, de su seguridad y de su autoestima.
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Luego de ir y venir de las oficinas del CMJ sin una respuesta a su demanda, Esther contrató los servicios de un abogado.
Cuando estaba casada, Esther centró su atención en las labores domésticas. Al llegar del trabajo preparaba la comida, luego recogía a sus hijos de la escuela. Por la noche servía la cena y todos convivían.
Esther va a cumplir cuarenta años. Concluyó la licenciatura en Turismo. Es delgada y de estatura media. Su cabello es teñido y corto.
Su exesposo es profesor. En los últimos años, el trabajo y los amigos fueron la prioridad de Alejandro. Bebía demasiado. Cada viernes Esther ya no lo esperaba. Con frecuencia, el cuello de su camisa estaba manchado con un tono discreto de lápiz labial.
Esther duró 21 años casada: “nos pasó eso que llaman el desgaste, la costumbre, la rutina”. Una prima de Alejandro los presentó cuando ella concluyó la preparatoria. A los 19 años se fue a vivir con él.
La noticia fue un duro golpe para sus padres. “Mi papá me pidió que regresara a casa, que me dedicara a estudiar, que me apoyaría”. La reacción de su padre la sorprendió.
El papá de Esther mantuvo con ella y sus dos hermanas una disciplina severa: “siempre nos negaba algún permiso para salir; nos regañaba mucho y nos pegaba si desobedecíamos. Las tres le teníamos miedo”, afirma.
Beny Hernández Fernández, psicóloga y terapeuta, explica que las vivencias en la familia de origen constituyen un factor de predisposición al maltrato. Si una mujer padeció violencia en la niñez, afirma, tiende a verlo como una conducta: “ves normal que te griten, te insulten o te maltraten porque eso viviste en casa”.
Esther recuerda que cuando eran novios Alejandro siempre la celó. Cuando se casaron comenzó a agredirla y a golpearla: “siempre justifiqué su maltrato porque pensaba que sus celos lo hacían actuar así”.
No es la primera vez que Esther denuncia a Alejandro por violencia. Hace 12 años Alejandro fue aprendido y recluido en el penal estatal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México
Pero ahora su demanda no avanza. Con la asesoría de su abogado, Esther presionó a las autoridades para que dieran celeridad al proceso.
En octubre de 2016 Esther dirigió un oficio a Andrea Ulúa, coordinadora de la policía ministerial y al coordinador de ministerios públicos, Héctor Miguel Cruz Guadarrama, ambos adscritos al CJM, para que ejecutaran una orden de presentación de Alejandro.
En respuesta, la ministerio público del caso, Sonia Santín Romero, le llamó para ordenarle “en tono autoritario y déspota”, que debía asistir a su oficina porque Alejandro estaba ahí para cumplir con esa orden de presentación.
Ese día, recuerda Esther, un escalofrío recorrió todo su cuerpo: “temblaba porque enfrentaría a mi agresor”. Llamó a su abogado pero éste iba camino a una audiencia: él percibió el estado de su cliente y le recomendó no asistir.
Cuando Esther se disculpó, Santín Romero arremetió en su contra: “Tiene que venir. Su esposo ya me mostró unos mensajes de usted con otra persona. No podemos jugar con el tiempo del señor”, le dijo. Entonces el abogado contactó a la funcionaria. Evidenció su imparcialidad y amenazó con denunciarla por su mal proceder.
En la última audiencia, Sonia Santín le propuso a Alejandro la reparación del daño y la devolución de un objeto robado. Él no aceptó. Ante la negativa, la ministerio publico prometió a Esther darle continuidad al caso.
Anayeli Pérez Garrido considera que Esther representa a muchas mujeres que acuden al sistema de justicia donde la violencia contra la mujer es tolerada y fomentada por las instituciones del Estado. Hay poca probabilidad de recibir un juicio justo y una investigación con debida diligencia, señala: “al contrario, hay revictimización, hay rechazo, las ponen en riesgo”.
El 2 de septiembre de 2016 Esther tramitó su divorcio en el Juzgado Noveno Familiar de Primera Instancia, de Toluca. La decisión no fue fácil, pero estaba decidida.
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La vivienda que renta Esther tiene dos habitaciones. En una cama está recostado su hijo César, quien mira la televisión. También hay un espejo, un sillón y un escritorio. El baño es pequeño. El otro cuarto es su cocina-comedor. Ahí solo hay una estufa y una mesa.
Esther ya dejó de ir y venir a los tribunales. Ríe con más frecuencia, su mirada refleja paz. Está por iniciar un diplomado: “quiero actualizarme sobre las novedades en mi área”.
Una tarde revela otra parte de su vida. Se ha vuelto a enamorar: “no me di cuenta cuándo sucedió. Quizá fue la soledad, o por depresión o por venganza”, comenta. Se apresura porque va a salir. Busca el espejo y se maquilla; delinea sus cejas. Luego se pone unas zapatillas acordes con el vestido entallado color naranja que viste.
Hace casi dos años Esther conoció a Santiago, un compañero de trabajo. “me atrajo por sus atenciones, su ternura, su dedicación, pero sobre todo el respeto hacia mí”, dice Esther.
Sin embargo, esta relación desencadenó una segunda agresión de su exesposo. En agosto de 2016, Alejandro los sorprendió en el trabajo. Ahí mismo se abalanzó contra ambos. Esther fue trasladada a un hospital.
Alejandro también sustrajo una terminal-punto de venta, propiedad de la empresa donde labora Esther. Ella inició la carpeta TOL/HTH/OO/MPI/063/00303/16/08, por lesiones y robo: “fue la gota que derramó el vaso. No permitiría más crueldad”. Alejandro y su familia la divulgaron entre amigos y vecinos.
Durante el proceso de divorcio y con ayuda de su hermano, abogado de profesión, Alejandro la despojó de los bienes materiales: “nuestra casa está en la propiedad de su mamá y no pude acreditar que yo también invertí”.
Anayeli Pérez comenta que cuando una mujer decide cerrar el círculo de maltrato se da otra “revictimización” porque la sociedad la cuestiona y la considera culpable: “lo que se espera de las mujeres es que seamos sumisas, que aguantemos”.
El 31 de octubre de 2016, la juez de lo familiar, María Guadalupe Escalona Valdez, dictó la sentencia de divorcio. Otorgó a Esther la guardia y custodia de su hijo César y ordenó a Alejandro proporcionar al menor el 8% de sus percepciones. Adrián, el mayor, decidió vivir con su papá: “cerré un ciclo, una historia, toda una vida”.
Esther tiene un nuevo proyecto de vida. Lucha cada día por salir adelante: “Con carencias y limitaciones, pero con paz y tranquilidad”. Su denuncia está detenida en el CJM pero confía en alguien que nunca la ha defraudado, en Dios.
Anayeli Pérez considera que en el tema de violencia hay carencias de políticas públicas preventivas, de atención, de protección y de justicia: “de justicia efectiva”.
Fotos tomadas de Universidad Autónoma de Nuevo León y Labor Legislativa.
