Métrica - Periodismo y Transparencia

La Encrucijada del Periodismo en el Estado de México

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En el Estado de México se busca aprobar una Ley para la Protección del Ejercicio Periodístico, debate donde contradictoriamente afloran las carencias y debilidades de los profesionales encargados de comunicar el pensamiento humano, alentar libertades democráticas y generar opinión pública.

Se debate cómo mejorar el ejercicio periodístico en una entidad donde el autoritarismo rebasa derechos y el modelo de periodismo termina por vulnerar al propio periodista. Esta es la historia.

 

“Nosotros solamente porque le informamos al pueblo qué está pasando con su lana, entonces ya somos enemigos del gobierno, qué tienen que esconder, digo, finalmente sabemos que los gobiernos se llevan el diezmo, que ahora ya no es diezmo, sino Casas Blancas ¿qué nos espanta?”, dice Celestino Paz, periodista de la zona oriente del Estado de México y quien dirige el portal MW Radio.

“Como reporteros gráficos nos amenazan o nos quitan el equipo, dicen que nos van a encarcelar”, agrega Francisco Cruz, fotógrafo de la capital mexiquense y editor de una página de Foto Noticias.

“La zona oriente no es miel sobre hojuelas, hay caciques que están dominando la política, y más que el narcotráfico nos preocupan los políticos, quienes son a quienes les pisan los cayos, son quienes están ejerciendo todo el control en el estado, son quienes resultan afectados cuando se realiza el ejercicio periodístico, no cuando se reproducen los boletines de las oficinas de comunicación social”, insiste Raúl Cuevas, quien dirige el periódico y página web Opinión México.

“Para acceder a la información tenemos que hacer maroma y teatro”, expresa Patricia Venegas, reportera de El Sol de Toluca.

Recuerda el caso reciente del periodista de Milenio, Arturo Tlatelpa, quien fue agredido verbal y físicamente por el Secretario estatal del Trabajo, Javier García Bejos. “Los Secretarios cuando tienen ganas nos contestan, cuando no, entonces no”.

Son declaraciones de periodistas en el marco de los paneles y reuniones que han sido detonados por la iniciativa de dicha Ley, propuesta por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas el 3 de octubre de 2012. Misma que permaneció congelada en el Congreso local, y que a mediados de 2016 la mayoría del PRI intentó aprobar, provocando la demanda de abrir el debate.

Desencuentros en el ejercicio de una profesión, como lo ocurrido el 19 de agosto de 2016, cuando los reporteros del periódico La Jornada, Javier Salinas y Alfredo Domínguez, fueron agredidos por civiles, presuntamente contratados por empresas privadas que ambicionan un tramo del ejido de Tocuila en Texcoco, para construir una autopista del nuevo aeropuerto.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través del programa de Atención de Agravio a Periodistas y Comunicadores, documenta las agresiones que logran salir de la cifra negra, la mayoría archivadas, aunque cada año se continúa repitiendo la inercia de vulnerabilidad, como lo indica la siguiente estadística de quejas recibidas por dicho programa:

2014: 9

2015: 19

2016: 9 (hasta agosto)

El desglose de las nueve quejas de 2016 evidencian que las agresiones a periodistas ocurren en mayor grado por la acción de autoridades municipales y autoridades policíacas del gobierno estatal:

Texcoco: 3 (una vincula a la Comisión Estatal de Seguridad)

Valle de Chalco: 2

Metepec: 1

Chicoloapan: 1

Zumpango: 1 (también vincula a la Procuraduría estatal)

Nezahualcóyotl: 1 (también vincula a la Procuraduría estatal)

Sin obviar que la queja recurrente y persistente es la falta de seguridad y prestaciones sociales en la mayoría de los medios de comunicación de la entidad.

Variables que son parte del diagnóstico que debería construirse sobre el periodismo mexiquense y de quienes lo ejercen.

El periodista Rogelio Hernández, ex consejero fundador del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y con una larga trayectoria en el periodismo nacional desde 1977, delinea un rápido esbozo sobre el periodismo del Estado de México, mismo que apunta hacia sus principales fuentes de financiamiento.

Los criterios para la aplicación de ese gasto son políticos, sin transparencia, concluye.

Entre 2011 y 2015, periodo que incluye los últimos ocho meses de la administración estatal de Enrique Peña Nieto y poco más de cuatro años del gobierno de Eruviel Ávila Villegas, se gastaron 967.4 millones de pesos en el programa de Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo, partida mexiquense donde oficialmente se concentra el gasto para la operación y contratación de difusión y publicidad en medios de comunicación.

Dicha suma deriva de la información contenida en las Cuentas Públicas del gobierno del Estado México, correspondientes a esos años.

A ello se agrega el gasto programado para 2016. De acuerdo con el Presupuesto estatal en este año se erogarán otros 204.2 millones de pesos para la “comunicación pública y fortalecimiento informativo”. En global mil 171.6 millones en seis años. Sin contar lo que destinan los Ayuntamientos mexiquenses a ese rubro, y el gasto federal de publicidad correspondiente a la entidad.

Así, al desgaste del periodismo frente a las relaciones del poder y a las restricciones policíacas y políticas para ejercerlo, se suma la problemática de su génesis: depender en gran medida del gasto gubernamental.

“Las agresiones a periodistas también pueden venir de la pobreza y el olvido”, apunta otro participante en los paneles de análisis, el periodista Edmundo Cancino, ex colaborador de distintos medios como El Universal, El Día y Canal 40. Coloca en el debate la fragilidad económica a la que puede llegar un reportero.

Tal escenario mexiquense se da en un contexto nacional nada halagador.

La organización Artículo 19, en su segundo informe trimestral de 2016, indica que en promedio, un periodista mexicano es asesinado cada 26 días.

Durante el segundo trimestre (abril-junio) de 2016 las agresiones, dice la organización no gubernamental, se incrementaron en 115 por ciento respecto a enero-marzo del mismo año.

En 2016 han sido asesinados ocho periodistas, dos de ellos fueron ejecuciones extrajudiciales. Además, durante el primer semestre se documentaron 218 agresiones contra la prensa, de las cuales 149 se dieron entre abril y junio; esos ataques han quedado en total impunidad, advierte Artículo 19.

Más grave aún, el colectivo Nuestra Aparente Rendición, en el libro “Tú y yo Coincidimos en la noche terrible”, editado en 2012, documentó el asesinato o desaparición de 127 personas en México, relacionadas con el trabajo de los medios de comunicación, y que se registraron de 2000 a 2012.

En ese marco se discute una posible Ley de Protección al Ejercicio Periodístico del Estado de México.

Leyes

En México al menos 15 entidades cuentan con una Ley de Protección al periodista, del secreto profesional o relacionada con el ejercicio periodístico, a las cuales se suma la Ley federal en la materia, de acuerdo con un recuento realizado por www.metricadigital.com.

Los contrastes saltan al revisar estas leyes. En 10 estados del país se enfatizan y especifican los derechos que debe tener todo periodista, como son el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el acceso a fuentes públicas, los derechos de firma y autor, y el de seguridad, entre otros.

A su vez nueve entidades en sus respectivas leyes también hacen referencia a beneficios o apoyos sociales para periodistas.

Destaca que 10 leyes, incluida la Ley federal, contemplan la creación de organismos gubernamentales o ciudadanos para garantizar el ejercicio periodístico.

Sin embargo, sólo en cuatro estados las respectivas leyes contemplan medidas específicas para la prevención de agresiones a periodistas, así como medidas de protección en caso de ataques.

El 10 y 31 de agosto, el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México organizó dos paneles de análisis de la citada iniciativa de Ley, que tuvieron como sede los municipios de Toluca  y Chalco, con el objeto de aportar elementos para una discusión.

En dichos encuentros participó como panelista el periodista Rogelio Hernández López, quien además de ser ex consejero del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas fue cofundador y primer director ejecutivo de la Casa de los Derechos de Periodistas.

También asistió Andrés Solís Álvarez, periodista independiente, ex consejero del mismo Mecanismo Federal y autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia”.

Un panelista más ha sido Edmundo Cancino Gómez, periodista con más de 30 años en el ejercicio profesional en distintos medios como Notimex, Radio Fórmula, y El Independiente, además ser ex consejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

A ellos se sumaron Gabriel Flores Tapia, director de la Unidad Jurídica y Consultiva  de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como Jorge Treviño Isaías, capacitador y quien colabora en el programa para la Atención de Agravio a Periodistas del mismo organismo.

En el siguiente contenido adicional de esta entrega podrás encontrar un bosquejo de las primeras conclusiones a las que se ha llegado por parte de panelistas y asistentes.

 

Iniciativa a debate: Ley de Protección al Ejercicio Periodístico del Estado de México:

Reconocimiento jurídico y definición de periodista

Derechos

Protección

Fomento

Definir el concepto de periodista con base en un ejercicio profesional que utiliza el método científico.

Derecho de firma y autor. Garantizar la propiedad intelectual de los textos periodísticos a favor del periodista, con los respectivos derechos económicos.

Creación de un órgano ejecutivo responsable de tutelar y proteger al ejercicio periodístico y a los periodistas.

Deben participar la Secretaría de Gobierno  y la Procuraduría estatal. Además de un órgano consultivo integrado por periodistas.

Programa de capacitación continua respaldado por las empresas periodísticas y Universidades.

Incentivar la profesionalización.

Obligación del Estado para tutelar las libertades de expresión e información de periodistas y ciudadanos

(Andamiaje jurídico).

Asegurar la aplicabilidad de la cláusula de conciencia de los periodistas, con el fin de garantizar la libertad de pensamiento del periodista.

En caso de terminación laboral establecer una justa indemnización.

Este órgano ejecutivo atendería situaciones de crisis, represiones o incidentes donde estén involucrados periodistas.

Obligar a las empresas periodísticas a que instrumenten contratos formales y prestaciones sociales hacia sus periodistas.

Precisar que el ejercicio del periodismo es una actividad de interés público, que por lo tanto debe protegerse por parte del Estado.

Evitar que el derecho de acceso a fuentes públicas regule o permita la opacidad o privacidad de la actividad gubernamental.

Eliminar argumentos como la “defensa del Estado”.

Instrumentar un equipo de asesoría laboral y fiscal hacia los periodistas.

Reducir la brecha entre la academia y práctica periodística, mediante la acentuación de programas educativos enfocados a problemáticas reales del periodismo, como situaciones de riesgos y multimedia.

Las actividades de tutela jurídica deben ser paralelas a las medidas de protección a periodistas.

Con base en el ejercicio profesional del periodismo definir o modificar el concepto de “fuentes confiables”, mismas que usa el periodista para obtener información.

Crear una Relatoría de la Libertad de Expresión en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para actuar de manera rápida ante agresiones a periodistas.

Políticas públicas en favor de periodistas vulnerables en aspectos como salud, empleo y vivienda, pero  sin utilizar presupuestos especiales. Los periodistas concursarían en estas políticas públicas con el resto de los ciudadanos involucrados en los programas sociales ya existentes.

Reconocer al periodismo como un ejercicio profesional que busca el buscar, recibir y divulgar información. No como un oficio gremial.

Evitar que los periodistas deban acreditarse ante instancias públicas para ser reconocidos como tales.

Privilegiar la prevención en la protección a periodistas.

Para acceder a estas políticas públicas se requeriría acreditar el ser periodista mediante criterios como la trayectoria profesional, y estar en condición de vulnerabilidad.

Precisar la diferencia entre periodistas y colaboradores periodísticos, así como sus respectivos derechos y tutela que reciben en materia del ejercicio profesional del periodismo.

Advertir la transversalidad de la Ley para garantizar la aplicación de los derechos laborales de periodistas.

Agregar un mecanismo de protección a periodistas, que incluya medidas a instrumentar, niveles de riesgo, y evaluaciones.

Utilizar recursos del gasto estatal en publicidad para crear un mecanismo de protección y capacitación continua de periodistas.

Reconocer que el periodismo debe beneficiar con mejores contenidos a la ciudadanía.

Fortalecer el derecho a la seguridad de los periodistas.

Incentivar un organismo de ayuda mutua entre periodistas para capacitarlos y protegerlos.

Analizar las secuelas negativas de crear un Fideicomiso del gobierno estatal y periodistas para brindar apoyos sociales a periodistas.

Armonizar la iniciativa de Ley con la Constitución federal y las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública (respecto de derechos humanos y acceso a la información).

Promover la elaboración de Códigos de Ética, incentivados por las empresas periodísticas.

Rechazo a la indemnización por la  muerte de periodistas.

Incentivar la figura del defensor de las audiencias como mecanismo de mejora para el periodismo.

La libertad de expresión está regida por responsabilidades ulteriores y no por censura previa, por lo cual no se pueden exigirse requisitos de veracidad e imparcialidad para el Estado garantice la libertad de información.

Evitar la judicialización de la libertad de expresión.

Crear un capítulo en la Ley sobre las responsabilidades de los servidores públicos para evitar abusos y negligencia en el cumplimiento de la misma.

Debatir la asignación de publicidad oficial en medios de comunicación.

La libertad de expresión no es una prerrogativa de la persona, sino un derecho humano tutelado por el Estado.

El secreto profesional no debe partir de requisitos exigidos por el gobierno como la veracidad e imparcialidad.

En caso de no aprobarse la iniciativa propuesta, aplicar la Ley federal de Protección a Periodistas, que implicaría la creación de una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo, y una Coordinación Ejecutiva que dependa de la Secretaría de Gobierno.

Fuente: Paneles de Análisis de la Ley de Protección al Ejercicio Periodístico del Estado de México, realizados el 10 y 31 de agosto de 2016 en los municipios de Toluca y Chalco.