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Los opacos registros de la Trata de Personas

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La reciente aprobación de una Ley estatal contra la trata de personas dota de los instrumentos para concientizar a la sociedad y gobierno en la erradicación de este oscuro delito, que hasta en los registros oficiales solía desparecer.

 

La trata de personas es un delito que no sólo se denuncia poco, sino que sus registros históricos son borrados por las propias autoridades ministeriales.

El 24 de septiembre de 2013 la Procuraduría mexiquense reportó, vía la solicitud de información pública de folio 00295/PGJ/IP/2013, que no contaba con datos sobre la comisión de este ilícito en los años de 2007, 2008, 2009, 2010, y 2011, debido a que fue hasta el 29 junio de 2012 cuando se creó la Fiscalía Especial de Delitos Relacionados con Trata de Personas.

“En los archivos de esta Institución, no se cuenta con registros de esos periodos, en virtud de que la atribución de esta Dependencia de generar el reporte de información estadística se basa de acuerdo a la creación de la misma Fiscalía”, indica la respuesta otorgada.

Información del Poder Legislativo indica que en 2007 se incluyó el delito de trata de personas en el Código Penal del Estado de México.

En el citado documento la Procuraduría informó que del 29 de junio de 2012, cuando fue creada dicha Fiscalía, a agosto de 2013 se habían iniciado 26 carpetas de investigación relacionadas con el delito de trata de personas.

Aunque en la solicitud se pedía conocer los municipios donde fueron presentadas las denuncias, número de víctimas, protocolos de investigación, y medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los agraviados; la Procuraduría señaló que no podía proporcionar tal información, dado que sus estadísticas responden a los requerimientos de la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común.

Cabe aclarar que la dependencia no aclaró en qué consistían dichos requerimientos de la Norma Técnica.

Lo contrastante es que la Procuraduría del Estado de México sí cuenta con datos previos a la creación de la Fiscalía Especial de Delitos Relacionados con Trata de Personas.

El 6 de mayo de 2011, derivado de la solicitud de información pública de folio 00082/PGJ/IP/A/2011, la Procuraduría indicó que de 2005 a 2008, y de 2011 (periodo enero-abril) no contaba con datos; pero entre 2009 y 2010 fueron presentadas tres denuncias por el delito de trata de personas.

La de 2009 corresponde al municipio de Ecatepec, y fue iniciada contra un presunto responsable.

De 2010 son las otras dos. Una corresponde a Chalco, con fecha del 6 de enero, y la otra fue en Tlalnepantla con registro del 11 de mayo de ese año; en ambas se acusaba sólo a una persona.

En ese mismo año, 2010, dos personas fueron sentenciadas por el delito de trata de personas, según informó la Procuraduría derivado de la misma solicitud de información pública.

Destaca que en el citado reporte la Procuraduría estatal refirió que en 2008 había sido sentenciada otra persona por trata de personas, aunque al inicio de la respuesta aclaró que no contaba con información sobre denuncias en este año o en años anteriores.

El número de víctimas que tenía registrado la Procuraduría era mínimo, pues sólo se tenían documentadas tres víctimas en 2008, 2009, y 2010, una por cada año.

En una posterior solicitud de información pública,  de número 00065/PGJ/IP/2014, la Procuraduría estatal aclaró que de las 26 carpetas de investigación, iniciadas del 29 de junio de 2012 a agosto de 2013, sólo en 12 de ellas se estableció el delito de trata de personas, y en las 14 restantes no se configuró está conducta.

Esto constituye una variación con respecto a la respuesta de la solicitud de información pública de número 00295/PGJ/IP/2013.

La Procuraduría agregó que de septiembre de 2013 a marzo de 2014 se iniciaron otras 15 denuncias por el delito de trata de personas. Lo cual daría un total de 27 con las 12 del primer periodo, mismas que forman parte de los nuevos expedientes de la Fiscalía Especial de Delitos Relacionados con Trata de Personas.

En la última solicitud de información pública se requirieron todos los datos estadísticos sobre este delito, que estuvieran clasificados mediante la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común, disposición a la que hizo alusión la misma Procuraduría en la respuesta a la solicitud de folio 00295/PGJ/IP/2013.

Sin embargo, la contestación, al igual que en la solicitud de 2013, se limitó a la cifra de carpetas de investigación iniciadas, con lo cual no se aclaró cuál es la clasificación a que se refiere la citada Norma Técnica.

 

Advierten limitantes para denunciar

Aunque en años anteriores la trata de personas fue un delito poco recurrente en los registros oficiales, siempre estuvo presente en la comisión de otras actividades ilícitas.

En el “Diagnóstico sobre la Trata de Mujeres y Niñas en el Estado de México”, auspiciado por los gobierno estatal y federal, y disponible en http://investigacion.politicas.unam.mx, se asegura que durante el año 2010 y enero de 2011, periodo en el cual se realizó el estudio, no se iniciaron investigaciones por este delito.

Dicha información contrasta con la proporcionada por la Procuraduría mexiquense, en la solicitud de información pública de número 00082/PGJ/IP/A/2011, donde se indicó que en 2010 se habían presentados dos denuncias por trata de personas.

Al margen de tal inexactitud de los registros oficiales, el citado estudio se enfocó a analizar 500 declaraciones, que proporcionó la Procuraduría del Estado de México, respecto de delitos como violación, privación ilegal de la libertad, lenocinio, y actos libidinosos cometidos contra mujeres.

El resultado fue que en 34 de esas declaraciones se detectaron conductas relacionadas con la trata de personas, cuyas víctimas provenían de los municipios de Toluca, Naucalpan, y Tlalnepantla.

Destaca que pese a ello los delitos investigados fueron narcomenudeo, lenocinio, y corrupción de menores.

La causa de esta situación, es que las mujeres que declararon, lo hicieron principalmente en calidad de testigos, y el Ministerio Público no visualizó la posible comisión de la trata de personas.

“La mujer acudió en calidad de testigo en el 83% de los casos, con  la intención de que sus declaraciones fueran utilizadas para robustecer la indagatoria por otro delito, o bien se le declara como testigo de los hechos, sin darle la calidad de víctima, como sucede en los casos identificados como casas de masajes, en donde las víctimas únicamente señalan las actividades que se realizan en esos establecimientos y dejan constancia de su participación”, indica el diagnóstico.

El estudio también determinó que un 52 por ciento de las mujeres acudieron a declarar ante la autoridad ministerial, porque existió una previa remisión de la policía preventiva, derivado de operativos en “casas de masajes”; y otro 44 por ciento también derivado de despliegues policíacos, pero en la búsqueda de estupefacientes.

De ahí que el 96 por ciento de las mujeres no acudieron por voluntad propia.

El diagnóstico señala que existen limitantes de facto que impiden a las mujeres, víctimas de trata de personas, acceder a la justicia. Además tampoco existía una política de atención integral y especializada para las víctimas, por lo cual era necesario elaborar un modelo específico para la recepción de denuncias.

Este estudio fue elaborado antes de que el Congreso del Estado de México aprobara la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas.

 

Dan herramientas para combatir la trata de personas

El combate a la trata de personas en el Estado de México incluye la identificación de zonas vulnerables, denuncias electrónicas,  monitoreos a publicidad engañosa, transparencia en la estadística delictiva, padrones delictivos, y evaluaciones a las políticas en la materia.

La Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado, que está vigente desde el 14 de noviembre de 2013, también establece que el Consejo Estatal, enfocado a este tema, podrá emitir recomendaciones vinculantes a las dependencias responsables.

Entre las obligaciones de las autoridades, destaca que la Procuraduría estatal, a través de la respectiva Fiscalía, deberá rendir un informe semestral a dicho Consejo, referente a los avances en el combate a este delito.

La Procuraduría también tiene la obligación de identificar zonas y grupos en situación de vulnerabilidad, a fin de desalentar la trata de personas, además de contar con personal especializado para atender a las víctimas.

De igual forma deberá implementar un sistema de denuncia electrónica, cuyos denunciantes podrán optar por el anonimato.

A su vez el citado Consejo Estatal tendrá la atribución de monitorear y vigilar de manera permanente los anuncios clasificados, donde ya no se podrán difundir avisos que impliquen alguna explotación sexual, y que se publiquen por cualquier medio.

Este órgano también recopilará los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva de este ilícito, que deberán contener el número de víctimas, sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su caso, calidad migratoria, cuando proceda. Datos que actualmente no proporciona la Procuraduría estatal, al menos vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A su vez corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana generar un padrón de los sitios donde se detecten actividades delictivas relacionadas con la trata de personas.

Y con el fin de generar mecanismos de evaluación, las autoridades estatales tendrán que emitir indicadores sobre los resultados para prevenir la trata de personas, dichos instrumentos de medición deberán ser públicos.

 

Víctima de los protectores

Madai Morales conoció un infierno.

Ahí sus victimarios solían ser funcionarios públicos, quienes en teoría deberían velar por la protección de la sociedad.

La joven veinteañera por momentos habla bajo, pero tiene mucho que reclamar, pues a los 19 años fue esclavizada por una red de prostitución.

Estuvo dos años cautiva en el Distrito Federal, recuerda que la tenían retenida en un edificio de departamentos, ubicado atrás de las instalaciones de la Delegación Cuauhtémoc.

“Qué pena que autoridades de ahí iban a consumir, y muchos de ellos abusaban de mí”, señala sin ocultar su coraje y frustración.

“Una mujer no se trata como a mí me trataron, el ser humano no está a la venta”, advierte la también originaria de Acayucan, Veracruz.

Morales, quien es una de las pocas víctimas de trata de personas que en el país ha roto el silencio en los medios de comunicación, no duda cuando pide a los hombres no seguir siendo parte del comercio sexual.

“Si alguien conoce o lo está haciendo, ya no lo haga, si no hubiera consumidores no habría trata de personas, la jovencita podría ser su hija”, afirma.

Lo más difícil es olvidar, dice la hoy estudiante de Derecho, dejar atrás los golpes, las humillaciones, los amagos, el maltrato físico.

“Todo lo que viví fue un infierno, el tipo es de Tlaxcala, era un padrote, le tenía que entregar todo el dinero. He logrado salir adelante, no ha sido nada fácil tratar de olvidar, fue una experiencia muy fea, tenía que aguantar golpes, humillaciones, amenazas de los clientes”, expresa.

El 28 de enero de 2012 Morales logró escapar del sitio donde la prostituían y acudió a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, donde denunció al tratante que la había enganchado, y quien finalmente fue detenido.

La joven ahora es presidenta honoraria de la Fundación Reintegra, agrupación que se dedica a proporcionar ayuda a las víctimas de trata de personas.

Para distintos activistas contra la trata de personas una de las claves para revertir este ilícito es eliminar el mercado sexual, que en gran parte es promovido por los propios hombres.

De acuerdo con seguimientos de agrupaciones ciudadanas, los sitios donde las autoridades también deben poner atención, no sólo son los establecimientos mercantiles como bares o restaurantes bar, sino también en lugares clandestinos que funcionan como casas de masajes.

El Estado de México es catalogado como sitio de origen, transito, y destino de trata de personas, siendo el Municipio de Chiconautla uno de los de mayor incidencia, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales.

 

Caen tratantes

En mayo y junio de este año el gobierno mexiquense informó, vía comunicados de prensa, que se obtuvo una sentencia condenatoria contra cuatro tratantes de personas, además de vincular a proceso a siete sujetos por el mismo delito, pero derivado de hechos distintos.

En orden cronológico estos son los reportes:

El 5 de mayo la Procuraduría estatal consiguió la vinculación a proceso de tres inculpados por el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual.

El boletín indica que los implicados son Samuel Arzate Tavira, Mario Carbajal Ochoa, y Laura Huerta Cuarenta, quienes fueron recluidos en el penal estatal de Santiaguito, Municipio de Almoloya de Juárez.

La versión oficial indica que estos sujetos fueron detenidos por policías estatales, cuando golpeaban a una mujer en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Toluca, víctima que trasladaban a un local denominado Baños Nava.

“Los detenidos al parecer obligaban a varias mujeres a mantener relaciones sexuales con hombres, y posteriormente las despojaban del dinero en efectivo que obtenían. Por estos hechos, dos mujeres denunciaron ser víctimas del delito de trata de personas, por lo que el agente del Ministerio Público integró la carpeta de Investigación respectiva”, indica el comunicado.

En tres meses deberá concluir la investigación para emitir la respectiva sentencia.

El 15 de junio la Procuraduría estatal anunció que la autoridad judicial había emitido una sentencia condenatoria por trata de personas, en su modalidad de explotación laboral.

Los sentenciados son Francisco Acosta Rosales, Minerva Acosta Rosales, Maricela Acosta Rosales, e Hilda Cano Acosta, quienes fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión, además de pagar las multas que impone la Ley.

Los infractores, de acuerdo con la versión oficial, obligaban a 10 menores a vender dulces o pedir limosna en el Municipio de Texcoco.

Esta sentencia fue considerada como la primera desde que se creó la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de la Procuraduría mexiquense, el 29 de junio de 2012.

Sin embargo, con base en los reportes que vía la Ley de Transparencia ha proporcionado la Procuraduría estatal, realmente sería la cuarta sentencia desde la tipificación expresa del delito de trata de personas.

La primera fue en 2008 y dos más en 2010.

El 16 de junio, el gobierno mexiquense informó que derivado de un operativo en la colonia Agrícola Francisco I. Madero, en el Municipio de Metepec, se logró rescatar a 11 víctimas de trata de personas. En el sitio fueron detenidos cuatro probables responsables de este delito.

Los implicados fueron Cynthia Esquivel Torres, Fernando Gabriel García Esquivel, Miguel Ángel Sosa Zetina, y Abraham Enríquez González Carmona, acusados de trata, en la modalidad de explotación sexual.

“De acuerdo con las declaraciones de las afectadas, se supo que Cynthia Esquivel obligaba a las mujeres a entregarle el dinero que obtenían por sus servicios, en tanto los tres hombres detenidos se encargaban de trasladarlas”, indicó el reporte gubernamental.