La justicia mexicana ya lo sentenció. Ha purgado la mitad de su condena, pero el originario de Luvianos, Alberto Martínez Sosa, insiste en ser inocente.
Alberto no ve nada. Tiene una capucha sobre la cabeza. Pisa el pavimento en el estacionamiento de la Procuraduría General de la Republica (PGR) en Toluca. Quienes lo maniatan lo recargan sobre el cofre de una camioneta.
“Irá lo que encontré en la camioneta, al parecer es cocaína”, escucha Alberto en su doble oscuridad. Oye más voces sin saber qué espera.
“Vienen unas personas a reconocerte”, le dice otra voz. Ahora sobre la cabeza le han puesto su propia chamarra. El frío aumenta.
Son militares quienes finalmente arriban. Lo descubren. Ha sido reconocido. También empiezan los golpes, en la nuca, estomago…
“¿Quién levantó a los militares?”, vuelven a preguntar quienes lo tienen inmovilizado.
“Como quiera ya tenemos a tus hijos y los vamos a matar, para que sepas que es real, tenemos fotos donde tienen pistolas fajadas”, le increpan. Los golpes siguen.
Es la noche del primero de noviembre de 2007.
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Alberto hace unas horas estaba en la casa de su suegra. Muy lejos, allá en Luvianos, festejando un cumpleaños, en el sur del Estado de México, tierra calentana que esa noche le cobra una factura desconocida. En los próximos 10 años pocos lo escucharán, otros no le creerán, pero ante esos sujetos que lo golpean repite, insiste…
“No me voy a hacer responsable de algo que jamás he cometido”. Al otro día amanecerá en la Ciudad de México. En un sótano de la hoy Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Alberto Martínez Sosa está condenado a 20 años de prisión por el secuestro de dos militares, ocurrido el 6 de octubre de 2007 en el municipio de Luvianos. Ha pedido hasta un indulto al Presidente Enrique Peña Nieto.
Quienes lo acusan primero dijeron no haber reconocido a sus secuestradores, después recordaron que había sido Alberto, aunque desde antes de su captura la milicia había cateado su vivienda y encontrado una fotografía de él. Vecinos y autoridades de Luvianos aseguran haberlo visto en otro lugar el día de los hechos. Un enredo que hoy sigue en tribunales federales.
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Permanece en la prisión estatal de Almoloya de Juárez. También ha sido huésped en las cárceles de Chiconautla y Otumba. Recién había sido sentenciado estuvo a punto de pisar las celdas del penal federal de El Altiplano.
En noviembre cumplió 10 años en la cárcel. Los mismos que su hija menor. Cuando lo detuvieron eran los tiempos de la guerra contra el narcotráfico, declarada por el entonces Presidente Felipe Calderón.
Hoy asombra a magistrados federales. Insiste en su inocencia. Hace 10 años era contratista del Ayuntamiento de Luvianos. Después de probar suerte en Estados Unidos se había establecido en esta zona calentana del sur mexiquense. Sus vecinos lo veían trabajar haciendo obras para el gobierno municipal. Prosperaba.
“Es una incertidumbre que se vive porque nunca cometiste el delito”, expresa, “se vive mal, uno confiando en las autoridades y salen con esas cosas, le truncan a uno todos los proyectos de vida”, expresa.
Habla una tarde de noviembre de 2017. Por la línea telefónica sale una voz juvenil con un diluido acento sureño. Los minutos corren en ese diálogo de angustia e incertidumbre. De ambos lados.
“Cuando me avisaron que había militares en mi casa y todo eso, pensé que era un error, yo dije: vamos a ver qué está pasando, como no debo nada, pues vamos a lo que tope”.
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Hace 10 años estaba en Toluca cuando recibió una llamada del teléfono celular de su esposa. Ella nunca le marcó.
El móvil lo había olvidado en su casa de Luvianos. Para entonces elementos del Ejército Mexicano ya habían cateado esa vivienda. El celular había sido parte de lo incautado.
Alberto contestó. Del otro lado de la línea telefónica sólo colgaron.
Ese primero de noviembre de 2007, Alberto pasa un primer reten de militares instalado en la desviación de Tejupilco y Bejucos. Todo en orden, le dan el paso.
A su costado un jetta color rojo lo rebasa. Desde el interior hablan con los militares. Uno de ellos regresa con Alberto para pedirle nuevamente su identificación. El militar tiene en la mano una hoja de papel, ahí, en la parte final está escrito a mano el nombre de Alberto.
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El abogado del luvianense es Leonardo Gama. La propia familia de Alberto reconoce que el caso ya lo tomó personal, aseguran que hace tiempo dejó de cobrarles honorarios.
Platico con él. Después de 10 años mantiene vivo el litigio ante los tribunales federales, vía un reconocimiento de inocencia radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
También hay otro recurso de inconformidad en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, esto derivado de la petición para librar una orden de aprehensión contra los dos militares que declararon en contra de Alberto. Se acusa el delito de falso testimonio.
Además, en la Cámara de Diputados federal ya fue presentado en noviembre un punto de acuerdo para exhortar al Presidente Enrique Peña Nieto a fin de que indulte a Alberto.
Ironía. En los pasillos y de manera extra oficial, la recomendación que cosecha Gama en los tribunales federales es difundir el caso, ventilarlo más. Comparto la idea de una conferencia de prensa, pero no creo en el periodismo militante. Termino compartiéndole un audio de aquella entrevista con Alberto. Periodísticamente también es un caso complicado. Hay quienes le han dicho que publicarán algo cuando haya una resolución final. Otros le quieren cobrar.
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La hija menor de Alberto tiene 10 años. Era de meses cuando junto con sus hermanos fue escoltada por un convoy de militares, después de la detención de su padre.
“Te invito a mi casa”, le dice a Alberto en la cárcel de Almoloya de Juárez. Es domingo, día de visitas. La visita de cada ocho días.
María Guadalupe Ugarte Vences es la esposa de Alberto. Al principio les decía a sus hijos que su padre trabajaba ahí. Después ya entendieron.
El apoyo económico viene de los cuatro hermanos de Alberto. Son pintores y hojalateros en Estados Unidos, tienen un taller. Los tres hijos mayores no estudian en escuelas públicas, no pasaron el examen. Están en Universidades privadas. Ugarte asegura que sus tíos se hacen cargo de esos gastos. El mayor de 22 ya está por egresar de Ingeniería Industrial.
Ugarte trabaja en un salón de belleza. Después de la detención de Alberto vive con miedo. En los cateos la milicia barrió con todo, se llevaron todos sus documentos personales, fotografías, saben todo de su familia.
“Las leyes no son parejas, le dan la razón a quien no la tiene”, señala, “quiero creer todavía, se pierde mucha la fe a través de estos 10 años, uno pierde la esperanza, pero primeramente Dios esperemos que ahora sí salga libre”.
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Le pregunto a Alberto qué le diría al Presidente Enrique Peña Nieto si lo tuviera enfrente.
“Que no hiciera algo de lo que no estuviera seguro, pero las pruebas las tenemos, elementos, que se dan conforme a derecho para dar el indulto, lo mío está más que valorado.
“Pero que también se ponga en mi lugar, 10 años de mi vida perdidos aquí, y esperando, esperando, no sé a qué tiempo, si una persona es inocente inmediatamente se le debe dar la razón”.
¿Qué ha fallado?, le cuestionó.
“La verdad ni sé, yo la verdad, de todo corazón, le pido que me otorgue ese indulto, lo tengo bien merecido porque tengo todas las pruebas reunidas”.
Alberto se considera una víctima de aquella guerra contra el narcotráfico. “Gracias a Dios he contado con mucho apoyo de mi familia, porque seguramente confían en mí”. Termina la llamada. La incertidumbre continúa…
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