De manera inédita, alrededor de 100 periodistas del Estado de México lograron en la última semana de las campañas electorales que los cinco candidatos al gobierno mexiquense recibieran y aceptaran el “Compromiso por las libertades de expresión e información”.
El documento advierte la urgente necesidad de construir una cultura en favor de la libertad de expresión, lo cual implica fortalecer el ejercicio profesional de quienes favorecen el flujo de información pública: los periodistas.
El texto retoma los principios básicos del artículo 19 de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos del que derivan las garantías para todo ciudadano de buscar, difundir y recibir información, así como el papel del periodismo en la construcción de ciudadanía.
Dicho “Compromiso por las libertades de expresión e información en el Estado de México” contiene un decálogo que incluye reiniciar con la discusión de la Ley de Protección al Ejercicio Periodístico, misma que se encuentra estancada en el Congreso local.
También establece para el próximo gobernador el compromiso de alentar una agenda mínima para la discusión de esta Ley, que contemple los derechos de periodistas.
El documento apunta a que la libertad de expresión sea una política transversal del gobierno estatal, además de crear mecanismos de protección a los periodistas mexiquenses.
Los candidatos que respaldaron este documento fueron Juan Zepeda, del PRD; la independiente Teresa Castell de Oro; Josefina Vázquez, del PAN; Delfina Gómez, de Morena, y Alfredo del Mazo, de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza-Encuentro Social.
En el caso de la aspirante Morena y de la coalición del PRI firmaron de recibido, sin embargo, existe el compromiso para atender el citado decálogo.
Este documento fue elaborado por los periodistas mexiquenses después de la serie de agresiones contra reporteros en el Estado de México y en otras entidades del país, como el asesinato del fundador del semanario Rio Doce y corresponsal de La Jornada, Javier Valdez.
También derivó de la identificación de problemáticas comunes como la falta de acceso a la información pública, violencia administrativa desde las oficinas gubernamentales de prensa, y ausencia de garantías para ejercer la libertad de expresión.
Aquí te dejamos el texto íntegro del documento entregado a los candidatos al gobierno mexiquense:
Compromiso por las libertades de expresión e información en el Estado de México
Justificación:
Los Estados Democráticos tienen su génesis en el reconocimiento de los derechos y libertades universales del hombre y la mujer.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 establece que: “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El especialista Ernesto Villanueva identifica tres características esenciales que derivan de este derecho humano, conocido como el derecho a la información:
“Es la garantía fundamental que toda persona posee a: atraerse información, a informar y a ser informada.
De la definición apuntada se desprenden los tres aspectos más importantes que comprenden dicha garantía individual:
- El derecho a atraerse información. Incluye las facultades de a) acceso a los archivos, registros y documentos públicos y, b) la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla.
- El derecho a informar. Están incluidas: a) las libertades de expresión y de imprenta y b) el de constitución de sociedades y empresas informativas.
- El derecho a ser informado. Este derecho incluye las facultades de a) recibir información objetiva y oportuna, b) la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y, c) con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna”.
El derecho a la información y la libertad de expresión son elementos necesarios para la construcción de ciudadanía.
Tal escenario no termina de consolidarse en nuestro país, ni en el Estado de México, por el contrario, ominosos acontecimientos indican que se camina en sentido contrario. La violencia predomina y ha provocado vulnerabilidad para quienes ejercemos el periodismo y el asesinato de compañeros en todo el territorio nacional.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2003) elaboró un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. En este documento se advirtió que es necesario revisar la normatividad sobre derechos y protección de periodistas, quienes deben ser protegidos por el Estado al realizar una de las manifestaciones primarias de la libertad de expresión: el periodismo, que por tanto es una actividad de interés público.
Estudiosos del tema indican que reconocer los derechos inherentes al ejercicio periodístico también fortalece al factor primario de la circulación de información pública, pues sin los periodistas la información no existiría, ya que son ellos quienes transforman los hechos y conocimientos en datos y nuevas interpretaciones.
Propuesta:
En tal virtud, periodistas del Estado de México proponemos lo siguiente:
- Reiniciar la discusión en el último trimestre de 2017 de una Ley de Protección al Ejercicio Periodístico en el Estado de México, que incluya una convocatoria abierta a la ciudadanía, además de establecer, junto con periodistas, una metodología y ruta crítica para la presentación de propuestas, así como promover ante el Poder Legislativo la respectiva aprobación.
- En la metodología de discusión deben incluirse como agenda mínima la formulación y fomento de los derechos del periodista, así como los protocolos y mecanismos para su protección.
- Al margen de la discusión y eventual aprobación de dicha Ley, desde los distintos niveles de gobierno (estatal, municipal y federal) deben crearse e instrumentarse protocolos y mecanismos para la protección del ejercicio periodístico, con el fin de generar una política pública transversal en materia de libertad de expresión. Esos protocolos y mecanismos deben ser difundidos entre los profesionales dedicados al ejercicio periodístico.
- Las dependencias y áreas gubernamentales enfocadas a la seguridad pública, procuración y administración de justicia deberán garantizar que sus servidores públicos estén capacitados en materia de libertad de expresión y derecho a la información, además de evitar agresiones a representantes de medios de comunicación o ciudadanos que ejerzan estas garantías constitucionales.
- La Contraloría del Estado de México y organismos que regulan el funcionamiento de corporaciones policíacas deberán garantizar el cumplimiento de lo estipulado en el punto 4.
- Ante la negligencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para atender la violencia y vulnerabilidad contra periodistas y ciudadanos que ejercen la libertad de expresión, el Ejecutivo estatal debe alentar que este organismo adopte una política más activa y se fomente un programa permanente, visible y evaluable de protección a periodistas.
- Desde el Ejecutivo estatal debe plantearse una política real de gobierno abierto y de total acceso a la información pública, evitando la violencia administrativa que se ejerce desde oficinas de enlace de comunicación social o prensa, quienes en lugar de facilitar el trabajo periodístico lo obstaculizan y atentan contra el derecho ciudadano a ser informado. La transparencia gubernamental debe ser una norma obligada de los funcionarios y dependencias públicas.
- El gobierno mexiquense debe construir, junto con los periodistas, puentes de comunicación con instituciones de educación superior para la generación de propuestas y proyectos académicos que coadyuven a la generación de una cultura en favor de la libertad de expresión.
- A reserva de lo que resulte con la aprobación de la referida Ley, el gobierno del Estado de México debe contar con un órgano de permanente monitoreo, consulta, análisis y evaluación de las actividades en materia de libertad de expresión, que incluya la participación de los periodistas.
- Gestionar ante la Procuraduría General de la República (PGR) que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, instale tres delegaciones en el estado de México -en la zona norponiente y oriente del Valle de México, así como en el Valle de Toluca, con líneas de denuncia que ejecuten los protocolos de emergencia ante agresiones a periodistas y el compromiso de adoptar las medidas necesarias para protegerlos. Además de instrumentar cursos de capacitación para funcionarios públicos en materia de libertad de expresión, donde es necesaria la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y organismos no gubernamentales, propuestos por los periodistas.
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