En los cuatro años que el Gobernador tardó en emitir la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en los once municipios se registraron 5 mil 975 violaciones.
Cuando el 16 de septiembre del 2011 el hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le entregó la estafeta a su correligionario de partido Eruviel Ávila Villegas para encabezar la administración del gobierno del Estado de México (GEM), no sólo le heredó un territorio inseguro que ese año cerró con 267 mil 417 delitos denunciados ante la Procuraduría estatal (sin contabilizar los del fuero federal).
También le dejó en el escritorio de Palacio de Gobierno un pendiente por resolver, como es la petición de dos organizaciones no gubernamentales para que en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco (no figuraba en lista original), el gobierno emitiera la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Mecanismo que consiste en realizar acciones extraordinarias y urgentes con el objetivo de frenar la violencia contra la mujer e investigar con perspectiva de género, homicidios y delitos donde están vinculadas como víctimas.
De acuerdo a estudios y análisis realizados por metricadigital.com a bases de datos oficiales, tan sólo de enero 2011 a julio 2015, se habrían registrado en esos once municipios 5 mil 975 violaciones de mujeres.
Víctimas que denunciaron el delito que sufrieron y por ende la cifra sí se contabilizó en los indicadores delictivos del GEM, pese a que es uno de los ilícitos que se calla, oculta y prácticamente no se denuncia en la sociedad mexiquense y mexicana en general.
Los indicadores de la Procuraduría sobre el delito de feminicidio tipificado desde marzo de 2011, establecen que desde esa fecha a junio del 2015, se iniciaron 213 carpetas de investigación, de las cuales 14 se encuentran en etapa de investigación formalizada, es decir vinculadas a un proceso.
Siete están en etapa intermedia; 9 están en juicio; 67 registraron sentencia condenatoria; 5 sentencia absolutoria, 30 casos están pendientes por cumplimentar la orden de aprensión y 79 carpetas de investigación se encuentran en trámite todavía de investigación desformalizada por parte del Ministerio Público estatal.
El problema de la violencia contra las mujeres es tan grave en el Estado de México que justo durante los primeros tres meses de la administración del gobernador Eruviel Ávila, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), junto con INMUJERES, en el marco del estudio “Panorama de Violencia Contra las Mujeres en México”, profundizó el caso mexiquense y entre algunos datos reveladores levantados en campo (cara a cara) entre el 3 octubre y 11 noviembre de 2011, están los siguientes:
“En el Estado de México, de las mujeres (de 15 años en adelante) casadas o unidas que a lo largo de su relación han sufrido violencia extrema, 53.4% declararon que han sido agredidas por su pareja físicamente o con un arma (las han pateado, amarrado, tratado de ahorcar o asfixiar, atacado con cuchillo o navaja o les han disparado con un arma), 29.6% mencionan que su pareja ha usado la fuerza física para obligarlas a tener relaciones sexuales, 29.4% han tenido que recibir atención médica o psicológica, hospitalizarse u operar a consecuencia de los problemas con su pareja”.
“El 25.15% por actos violentos han sufrido cortadas, quemaduras, pérdida de dientes, fracturas abortos, inmovilidad de alguna parte de su cuerpo o el fallecimiento de algún integrante del hogar, y, un menor porcentaje (23.2%) lo representan las mujeres cuya pareja se ha adueñado o les ha quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades, etcétera)”, precisa el segundo párrafo de la página 17 del estudio de INEGI e INMUJERES.
También añade que el 7% de las mujeres casadas o unidas, víctimas de violencia por parte de su pareja, han pensado quitarse la vida, de éstas, poco más de una tercera parte (37.6%) ha intentado quitarse la vida.
Por tales indicadores, entre otros, desde diciembre de 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), plantearon a la autoridad la emisión de la Alerta de Género.
Petición realizada y fundada por los organismos no gubernamentales que tuvo como respuesta, por entonces Gobernador Peña Nieto y después por Ávila Villegas, una negativa y cerrazón ya que dichos políticos no admitían y reconocían la gravedad del problema por el que pasan las mujeres mexiquenses víctimas de todo tipo de violencia hasta el extremo de padecer actos que terminan con sus vidas.
Escenario adverso para las mujeres mexiquenses que el OCNF y CMDPDH intentan modificar haciendo uso de la herramienta contemplada en el inciso V del Artículo 23 de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra la Mujer: Alerta de Género.
Mecanismo que durante casi cinco años tuvo como obstáculo a los mismos funcionarios y operadores del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), quienes incomprensiblemente se negaron a reconocer, en repetidas ocasiones, que en el Estado de México (al igual que en otras entidades) las mujeres enfrentaban graves problemas y feminicidios.
Durante la gestión estatal de Peña Nieto la petición de Alerta de Género se entendió como un ataque político a sus aspiraciones presidenciales; esa misma percepción la tuvo durante cuatro años Ávila Villegas.
“Hay algunas voces, afortunadamente las menos, que en ocasiones tratan de confundir a la opinión pública, yo pediría objetividad, bienvenidas todas las críticas y aportaciones pero siempre y cuando sea con el ánimo de apoyar a la mujer. Que nadie se atreva a medrar con la vida de las mujeres con otros fines, ya sea políticos o de otro tipo” dijo el Gobernador Eruviel Ávila en julio de 2013, cuando integrantes de ONG´s, políticos de oposición y activistas le exigían solicitar la declaratoria de Alerta de Género.
El 9 de julio del 2015 la postura del mandatario Ávila Villegas cambió sustancialmente, al considerar que era urgente evitar más muertes y agresiones contra mujeres en la entidad que gobierna.
Por lo cual instruyó a funcionarios de su gabinete a dar seguimiento puntual a la solicitud que realizó para la emisión de declaratoria de Alerta de Género en los diez municipios planteados por las ONG´s y Chalco, localidad que el gobernador agregó a la lista.
“La alerta nos permitirá fortalecer nuestras políticas públicas en favor de las mujeres e incluso obtener recursos adicionales para canalizarlos al sector… Y aun cuando la tendencia dice que no somos la entidad con el mayor índice de estos delitos, nuestro compromiso con las mujeres es tan fuerte, que con un solo caso que exista debemos estar alerta, pues nos preocupa y nos ocupa”, comentó en ese momento.
La sola petición evidenció el fracaso que ha tenido en general la política pública estatal, en teoría implementada para proteger a las mujeres e investigar y detener a los agresores de éstas. Esa premisa en los hechos no se ha cumplido durante los casi cuatro años de gestión que tiene al frente Ávila Villegas del Poder Ejecutivo estatal.
Las 15 Acciones
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres significa la puesta en marcha de acciones gubernamentales que deben ser ejecutadas de manera inmediata para impedir y erradicar actos violentos de todo tipo contra las mujeres, así como investigar con perspectiva de género los feminicidios registrados en un territorio determinado, indagatoria que deberá concluir con el aseguramiento de los autores del crimen.
El pasado 31 de julio del 2015, la Secretaría de Gobernación a través del Boletín 462, informó a la sociedad que por la gravedad del problema registrado en el Estado de México, por primera vez en el país emitía una Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres y niñas.
Por lo cual el Poder Ejecutivo estatal en su conjunto, deberá poner en marcha medidas y acciones extraordinarias en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, como son:
Destaca que una vez puesto en marcha el mecanismo extraordinario de la AGVM, la Secretaría de Gobernación realizará permanentemente el monitoreo de todas las acciones y medidas, “privilegiando que se informe a la ciudadanía las acciones realizadas y los resultados obtenidos”, se precisa.
Elaboración metricadigital.com/home
Visión Ciudadana
Una vez que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), estudió y analizó los diversos actos violentos registrados contra las mujeres en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, y emitió la Alerta de Género, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, uno de los organismos que en diciembre de 2010 solicitó la activación del mecanismo, emitió la siguiente postura:
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de México implica un reconocimiento por parte del Estado mexicano de que en esta entidad existe violencia sistemática contra las mujeres, que se traduce en delitos del orden común. Este reconocimiento constituye el primer paso para poder combatir una problemática grave que atenta contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses.
De acuerdo con la información proporcionada por la PGJEM al OCNF, de 2011 a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales solo 145 fueron investigados como feminicidios, y entre 2011 y 2012 la Procuraduría local informó que desaparecieron 1,258 mujeres, de las cuales más de 53% tenía entre 10 y 17 años de edad.
Una condición indispensable para esta declaratoria fue la investigación realizada por el Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional, conformado por PGR, SEDESOL, Secretaría de Salud, CONAPRED, INMUJERES y CONAVIM. Esta investigación tuvo como resultado la emisión de un informe que recupera información proporcionada por el OCNF y la CMDPDH y el gobierno del estado de México; misma que fue complementada por el análisis de estadísticas oficiales, entrevistas a autoridades y a familiares de víctimas de violencia feminicida.
Cabe resaltar que el grupo de investigación “considera muy grave el hecho de que el gobierno del Estado de México no cumpla adecuadamente con sus obligaciones en materia de información, puesto que la ausencia de dichos datos impide conocer la complejidad del contexto de violencia y cómo este afecta a las mujeres y generar acciones focalizadas que permitan responder adecuadamente a dicha problemática.”
En el mismo sentido, el grupo manifiesta su preocupación por el hecho de que las autoridades del Estado de México encargadas de la procuración e impartición de justicia no cumplan con su obligación de registrar y proporcionar información adecuada y precisa que permita comprender en su totalidad el fenómeno de violencia que sufren las mujeres en la entidad.
Respecto a la problemática de violencia feminicida identificada por el grupo de investigación, el OCNF destaca las siguientes conclusiones establecidas en el informe:
• En la mayoría de los casos de homicidios dolosos de mujeres se encuentran condiciones de crueldad e inhumanidad que podrían constituir violencia feminicida y advierte un incremento en los casos de muertes violentas de mujeres en el Estado de México, particularmente a partir de 2010.
• En el 57.67% de los casos la víctima no conocía al agresor o bien, el estado desconoce la identidad del victimario, dato que refleja que las agresiones a mujeres en el Estado de México no se reducen al ámbito familiar, sino que por el contrario, la violencia comunitaria tiene una alta incidencia en la entidad.
• Que en el periodo comprendido entre 2005 y 2010, en más de la mitad de los casos de homicidios cometidos en contra de mujeres (51%) no se ha formulado imputación alguna; mientras que en lo que respecta a los casos de feminicidios ocurridos de 2011 a agosto de 2014, casi el 40% de éstos se encuentran en la misma situación de impunidad.
• Una práctica común de las autoridades ministeriales para resolver los casos de violencia contra las mujeres cuando los agresores son pareja de la víctima, es recurrir a la conciliación como medida para inhibir la presentación de la denuncia o, que una vez presentada, al amparo del nuevo sistema de justicia penal, se alienta y presiona a las mujeres a conciliar con sus agresores.
• Otra práctica común de las autoridades ministeriales, identificada por el grupo, consiste en no brindar información a las y los familiares de las víctimas sobre el avance de las investigaciones o, bien, que los expedientes se trasladen constantemente de una agencia del Ministerio Público a otra o de una fiscalía a otra.
• Ante un clima generalizado de desconfianza en las autoridades de procuración de justicia, el grupo exhorta al estado de México a implementar medidas de revisión, supervisión y sanción a las y los servidores públicos que, por omisión, abuso o negligencia, obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas o no investiguen, bajo la debida diligencia y con perspectiva de género, los casos de violencia contra las mujeres.
El OCNF reconoce como un avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres, que las autoridades federales y estatales que conforman el Sistema, en particular la Secretaría de Gobernación, CONAVIM e INMUJERES, hayan eliminado los obstáculos para la activación de este mecanismo de protección que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Finalmente el OCNF espera que el estado de México implemente de manera inmediata las acciones urgentes y recomendaciones de la declaratoria, atendiendo a la gravedad de la violencia feminicida y dará seguimiento puntual al cumplimiento de dichas acciones.
Violaciones
Uno de los delitos que se ha mantenido con indicadores similares durante los últimos diez años es de violación, pues mientras en el año 2004 se registraron 2 mil 421 eventos, una década después la cifra anual de denuncias es prácticamente idéntica, ya que en 2013 se iniciaron 2 mil 325 carpetas de investigación, lo que representó sólo 4.3 por ciento menos.
Indicador que aunque muestra una lenta pero clara tendencia a la baja, puede ser entendido como un referente no confiable, ya que el delito de violación es el que menos se denuncia.
A lo largo del periodo 2004-2014 y enero a junio de 2015, los casos de violación que sí se denunciaron sumaron 29 mil 954 expedientes ante ventanillas del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
De acuerdo a reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del presente año se denunciaron 728 violaciones en el territorio mexiquense, lo que representa cuatro violaciones al día en promedio.
Los indicadores oficiales sobre dicho delito que las mismas autoridades identifican como de alto impacto social, entre otros factores por las graves secuelas sicológicas que deja a la víctima, precisan que en 2010 fue cuando se denunciaron más casos ya que la cifra llegó a 3 mil 1 violaciones que representaron 8.2 casos al día en promedio.
Los reportes de la Procuraduría estatal sobre dicho delito indican que 2 mil 421 denuncias de violación se registraron en 2004; 2 mil 414 en 2005; 2 mil 838 en 2006; 2 mil 859 en 2007; 2 mil 994 en 2008; 2 mil 990 en 2009; 3,001 en 2010; 2 mil 895 en 2011; 2 mil 530 en 2012; 2 mil 325 en 2013, mil 959 en 2014 y 728 de enero a junio de 2015.
De acuerdo a esta última cifra el indicador delictivo respecto a violación es a la baja.
ONU
El 29 de julio de 2015 ONU Mujeres, emitió el siguiente comunicado:
ONU Mujeres México saluda y se congratula con la histórica y unánime decisión del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de emitir la alerta de género en 11 municipios del Estado de México.
La alerta, que incluye a los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco, reconoce el interés del Estado Mexicano para cumplir las disposiciones de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) y las recomendaciones emanadas de su Comité del 2012 para cumplir y simplificar los procesos de declaratoria de alerta, reforzando la generación de información, y la mejora de las órdenes de protección.
ONU Mujeres México considera que con la Declaratoria de Alerta de Género México coadyuva a los avances realizados en el país en los últimos años destacando la tipificación del delito de feminicidio, el desarrollo de protocolos de atención a víctimas del delito y la creación de Centros de Justicia para las Mujeres; así como la emblemática resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 554/2013, que mandata la investigación con perspectiva de género de todas las muertes violentas de mujeres. Lo que es más importante, la alerta de violencia de género tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres, en contextos de alta vulnerabilidad y limitada respuesta.
En esta misma línea, la señora Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México hizo un llamado a la acción para que la igualdad de derechos lograda en las leyes y políticas sea una realidad para todas las mujeres, y en particular se aceleren los esfuerzos para poner fin a la impunidad y dar una respuesta urgente y de Estado a todas las formas de violencia. «La alerta de género es una herramienta pionera desarrollada en la legislación mexicana para intervenir y poner fin a la forma más extrema de violencia contra las mujeres, el feminicidio. Nos congratulamos que se entienda su importancia y se declare por primera vez»
Asimismo, ONU Mujeres reconoce la decisión histórica del El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob), y el trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), del Inmujeres, y el incansable trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, EN ESPECIAL AL el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que han identificado y dado seguimiento a los casos de feminicidios, acompañado a las familias de las mujeres víctimas, para que el día de hoy se haya logrado la resolución sobre la procedencia de la Declaratoria.
ONU Mujeres renueva su compromiso para trabajar conjuntamente con el gobierno federal y gobiernos estatales; sociedad civil y en coordinación entre el mismo sistema de Naciones Unidas en México para seguir promoviendo el derecho de niñas, jóvenes y mujeres a una vida libre de violencia en consonancia con los estándares internacionales de derechos de las mujeres.
Comunicado emitido por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU MUJERES).
Acciones Gubernamentales
José Manzur Quiroga, secretario general de gobierno y Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México, minutos después de emitirse la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en once municipios mexiquenses, coincidieron en señalar que cuando el gobernador Eruviel Ávila Villegas se sumó a la solicitud de la emisión de la Alerta, estaba reconociendo el problema por el que atraviesan algunas mexiquenses, y para resolverlo había tomado medidas como:
• Tipificar en el Código Penal el delito de feminicidio, que se castiga con penas que van desde 40 años hasta prisión de por vida.
• Crear la Subprocuraduría de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, así como la Fiscalía Especializada en Feminicidios, la Fiscalía Especializada de Trata de Personas y la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes o Extraviadas, para avanzar en la investigación de los delitos que se cometen en contra de las mujeres.
• Consolidar el marco jurídico para sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres, mediante la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas en el Estado de México.
• Habilitar la línea 01 800 TE AYUDA, que funciona los 365 días del año, las 24 horas, para atender a las mujeres que sufren hechos de violencia.
• Desde septiembre de 2011, la Procuraduría estatal ha implementado cerca de 9 mil acciones de protección en favor de las mujeres y más de 82 mil asistencias gratuitas, las cuales consistieron en apoyo psicológico, jurídico, atención médica de emergencia, trabajo social y representación jurídica en juzgados civiles y familiares, entre otros.
En esa ocasión Manzur Quiroga también afirmó que para promover la equidad de género se habían realizado las siguientes acciones:
• Crear y fortalecer el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de México, que da cumplimiento a la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y da seguimiento y monitoreo a las políticas públicas en materia de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.
• A través del programa 10 Acciones por la Mujer se benefició a 627 mil mujeres, gracias a una inversión de 3 mil 414 millones de pesos, ya que el programa brinda herramientas de salud, educativas y productivas para que cada mujer mexiquense y su familia puedan escribir su propia historia de éxito.
• El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social cuenta ahora con 1 Centro Estatal, 27 Centros municipales, 5 refugios y 4 unidades móviles de Atención a Mujeres y sus hijos en situación de violencia, con lo que se ha podido beneficiar a 713 mil mujeres más.
• Se puso en marcha un servicio de transporte público con perspectiva de género, seguro y libre de violencia, mediante Taxis Seguros, los Taxis Rosas y el servicio exclusivo para mujeres en el Mexibus, en el que se trasladan diariamente cerca de 55,000 mujeres.
• Se firmó el Pacto Estatal con Cámaras y Asociaciones de Empresarios para evitar la violencia y empoderar a las mujeres que trabajan en las empresas de la entidad.
