La diputada local de Morena, Karina Labastida Sotelo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, con la finalidad de reconocer la situación especial de las niñas y niños que viven con sus madres o padres en prisión.
La iniciativa propone que se les brinde protección oportuna a estos infantes mexiquenses, se les atienda en igualdad de condiciones en todos los servicios, incluso antes que los adultos; y se diseñen y ejecuten políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos, por lo cual se deberán asignar mayores recursos a las instituciones públicas o privadas encargadas en la atención de sus necesidades.
En la entidad los centros penitenciarios están a cargo de la Secretaría de Seguridad, por lo cual los recursos asignados deben destinarse a incrementar la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones penitenciarias. Además de implementar mecanismos para la reinserción social.
Labastida Sotelo explicó que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2020 indica que la cifra total de personas recluidas en los centros penitenciarios federales, estatales y municipales es de 210 mil 991 internos.
De este total 94.9% son hombres y sólo el 5.1% son mujeres, es decir, 10 mil 718 viven en prisión. De esta cantidad el 86.7% de las mujeres son madres, de las cuales el 78.9% tiene hijos o hijas menores de 18 años.
De acuerdo con datos oficiales, del total de centros penitenciarios federales y estatales, sólo 34 cuentan con espacios para la educación integral y formativa de las niñas y niños que viven con sus madres privadas de la libertad.
“En el Estado de México, en los reclusorios hay madres que tienen a sus hijos en los penales, unas por decisión y otras porque no tienen redes de apoyo y representa una problemática con los menores porque algunos tienen que permanecer más del tiempo permitido y están hasta los 6 años de edad. En este sentido, lo que se busca es precisamente que los niños tengan ese libre desarrollo”, precisó la diputada local.
La Ley Nacional de Ejecución Penal establece una serie de derechos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios, y de sus hijas e hijos, los cuales consisten en conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años, recibir alimentación adecuada y saludable, recibir educación inicial, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, así como atención pediátrica.
También tienen derecho a contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud específicas.
La legisladora morenista señaló que contrario a lo que señala la Ley, la realidad de las mujeres privadas de su libertad y sus hijas e hijos, está muy alejada de la legislación, pues enfrentan situaciones de violencia, abuso de autoridad, drogadicción, depresión, angustia y la desesperación que se vive dentro de los centros penitenciarios, lo cual genera un ambiente nocivo para el desarrollo de los infantes.
