La fuga del capo Joaquín Guzmán Loera «El Chapo» del penal federal del Altiplano no sólo prende focos rojos sobre la corrupción que al interior del centro preventivo permitió el escape, sino de la ausencia de una legislación moderna en materia penitenciaría y de la aplicación de normas municipales para evitar que las áreas habitacionales existan o crezcan en esta zona de máxima seguridad.
Cuando en 1991 comenzaron las operaciones de este Centro Federal de Readaptación Social, una de sus características era el estar alejado de centros urbanos o asentamientos irregulares, lo cual reforzaba el grado de aislamiento de los internos, sin embargo, a la fecha sus instalaciones colindan con 137 viviendas e incluso con la primaria Anáhuac, clave oficial CCT15EPROD44V, la cual está a tan sólo 31 metros, así como con el plantel preescolar Emilio Salgari, ubicado a 330 metros, inmueble inaugurado en julio de 2006 por el entonces diputado y luego alcalde (2006-2009) Jorge Álvarez Colín.
De acuerdo a vecinos asentados en la comunidad que rodea al penal de máxima seguridad, aunque ninguna de las calles de Santa Juana (ala norte) cuenta con nombre oficial, sí tienen alumbrado público, electrificación al interior de los hogares, agua potable, drenaje, servicio de televisión de paga y algunos tramos de calle están pavimentados.
La razón, coinciden en señalar algunos titulares de las viviendas, porque son poseedores legales de los predios donde sus abuelos y padres edificaron hogares y posteriormente los descendientes procedieron a ampliarlos o crear uno nuevo, en algunos casos.
Polígono de tierras que de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juárez, no podría registrar un proceso de urbanización ya que está clasificado como “área no urbanizable”, pero por una extraña razón funcionarios federales, estatales y municipales, desde sus respectivos ámbitos de competencia, durante las últimas dos décadas han estado alentando el crecimiento urbano en la zona.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del GEM
Hoy, el escenario para el pueblo de Santa Juana se puede entender como una mancha urbana en constante e ininterrumpido crecimiento.
¿Estaba Santa Juana antes que el penal del Altiplano?
“Ellos se vinieron a meter a Santa Juana, los del penal; nosotros no fuimos los que nos metimos a su espacio. Nosotros no podemos correr para ningún lado, aquí está nuestro escondite, nuestra casa. Ellos llegaron al último, nosotros ya estábamos”.
Así se expresa Ceferino Alejandro Álamo Flores, Segundo Delegado de Santa Juana, tras precisar que están acostumbrados a tener como vecinos a los delincuentes más peligrosos del país.
También reconoce que el “pueblito” crece de manera constante, ya que si a alguien se le ofrece un predio y es familiar o conocido de algún vecino, hay altas posibilidades de que lo adquiera sin ningún problema.
“Aquí puro conocido, son los mismos de aquí. Tienen milpitas y dicen te cambio este cachito por ahí o véndeme este cachito, o voy a hacer mi casa porque es para mi hijo, pero no más. Puro familiar, puro vecino de por aquí”, subrayó el Delegado.
En la franja de calles contiguas a la barda perimetral del Altiplano, se respira un ambiente de tranquilidad. Titulares de tiendas y locales en general, refieren que en la zona no se cometen delitos.
Las bardas de las casas, mitad en obra negra y el resto ya concluidas y con acabados atractivos, no muestran ningún tipo de grafiti; la iglesia del pueblo que en estos días está siendo sometida a un proceso de remodelación, luce próspera y en buenas condiciones, al igual que los planteles educativos que muestran amplios patios para actividades deportivas y recreativas de los alumnos.
Pese a que en la zona hay una nutrida presencia de elementos policíacos federales, Ejército y Marina mexicana, agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República y de policías de la Comisión Estatal de Seguridad del gobierno mexiquense, así como de trabajadores que edifican la tercera línea del sistema Cutzamala, la vida de los vecinos de Santa Juana transcurre de manera normal.
“Han subido mis ventas por la presencia de tanto policía y trabajador del Cutzamala, pero nada más”, refiere el encargado de una tienda.
En tanto que el joven carnicero de la pequeña comunidad (ala norte), opina que la fuga de «El Chapo» le tiene sin cuidado, pues no lo ha visto y no ha observado nada anormal, a excepción de la importante presencia policíaca.
Avecindado en la colonia Mina México, también contigua al penal de máxima seguridad (ala sur-oriente), el carnicero que tiene su negocio en Santa Juana, sostiene que aunque hubiera visto al «Chapo» no diría nada a la autoridad, ya que prefiere ganarse la vida de forma normal y no apostar a cobrar una recompensa de 60 millones de pesos “más vale ganarse la vida chambeando duro”, asegura.
Para una vecina que también prefiere no dar su nombre y tiene su hogar en contra esquina del penal, Santa Juana es una colonia hecha y derecha a tal grado que cuenta con todos los servicios y aunque la mayoría de las calles no tienen pavimento, el transporte público de pasajeros pasa justo entre la barda del penal y sus calles que aunque no tienen nombre sí existen.
“Las casas originalmente son de nuestros abuelos y algunas otras de nuestros padres. Nosotros pues aquí nacimos y aquí vivimos y estamos acostumbrados a tener los de la cárcel como vecinos”, comenta una señora.
El desorden
El desorden urbano fue aliciente para la fuga de “El Chapo”, pues el presidente municipal de Almoloya de Juárez, Vicente Estrada Iniesta, admitió que la casa donde inició la construcción del túnel, que permitió la evasión del capo, fue construida sin el permiso municipal.
El predio donde está la vivienda tiene una superficie de 51 mil 329 metros cuadrados y está a mil 500 metros de las bardas del penal federal.
Ahí es donde empieza la falta de regulación, pues el Plan de Desarrollo Urbano de Almoloya de Juárez no cuenta con áreas de amortiguamiento especial para el caso de cárceles federales, y de acuerdo a su plano de zonificación las áreas de Santa Juana, comunidad donde se localiza la citada vivienda, corresponden principalmente a áreas no urbanizables.
Adicional a ello los centros federales de readaptación social continúan rigiéndose por la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que data del 19 de mayo de 1971, misma que no establece ninguna restricción en materia de zonas de amortiguamiento o distancias que deben existir respecto de asentamientos habitacionales.
Tampoco refiere normas específicas sobre polígonos de seguridad en torno a los centros de readaptación social federal.
Dicha Ley emitida en el gobierno del Presidente Luis Echeverría indica las normas de vigilancia especial que deben existir en el interior de los centros penitenciarios, como la prohibición de comunicaciones digitales, el bloqueo de señales, y la colocación de video cámaras, no obstante, no hace alusión a las medidas en torno a los penales.
Esta norma continúa vigente, como lo indican los archivos del propio Diario Oficial de la Federación, aunque el 14 de abril de 2011 el entonces Presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa para crear la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, misma que abrogaría a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
El artículo 30 de esta propuesta, que finalmente no abrogó a la Ley vigente, indica que los complejos y centros penitenciarios federales contarán con tres zonas territoriales para garantizar su seguridad.
La primera sería un área de seguridad y protección, que por su situación requieren una regulación especial en torno a las cárceles federales y estaría comprendida por tres perímetros de protección y amortiguamiento de seguridad con uso de suelo controlado a partir de la poligonal externa.
A su vez está poligonal externa, que sería la segunda zona territorial, estaría integrada por los límites perimetrales de los predios donde se ubican los centros penitenciarios federales.
Y el perímetro de protección y amortiguamiento de seguridad estaría representado por los predios que se ubican en el contorno de la poligonal externa donde se ubican los complejos penitenciarios.
Aunque no se marcan distancias o superficies de estas áreas de protección y amortiguamiento, la existencia de estas normas habría dado más elementos para vigilar zonas exteriores del Altiplano.
Si bien en los artículos transitorios se indicaba que dichas normas aplicarían para los centros penitenciarios federales de nueva creación, la exposición de motivos de la citada iniciativa marcaba que las cárceles federales deberían modernizarse, mejorando su tecnología e infraestructura, pues los cinco centros penitenciarios federales se encontraban a su máxima capacidad en 2011.
En aquel entonces el Altiplano, de acuerdo a una ficha técnica de la Secretaría de Seguridad Pública tenía un nivel de seguridad máximo, pues cuenta con sistemas y equipos electromecánicos y electrónicos como: circuito cerrado de televisión, control de accesos, alarmas, detectores de metal, drogas y explosivos, radiocomunicación, voz y datos, sensores de presencia, y telefonía entre otros.
La historia de la distancia
El origen de los centros penitenciarios federales está asociado a la distancia geográfica con centros urbanos, con el fin de reforzar el exilio social de los internos en estos sitios.
Información de la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal indica que el antecedente de los centros penitenciarios federales es la colonia penal de las Islas Marías, que fue abierta en 1905, cuando el entonces Presidente Porfirio Díaz ordenó su creación para remediar la sobrepoblación de la cárcel de San Juan de Ulúa.
Fue el primer ejercicio para clasificar a reos de alta peligrosidad, en aquel entonces llamados como incorregibles o de difícil trato y manejo.
A principios de la década de los setenta fue aprobada la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que dotó del primer marco jurídico moderno para internar a los delincuentes de alta peligrosidad.
Entre 1971, fecha de la vigencia de dicha Ley, y 1991, cuando se creó el centro federal de readaptación social de Almoloya de Juárez los internos del orden federal cumplieron sus sentencias en las cárceles estatales, lo cual provocó problemas de convivencia y seguridad en estos sitios.
Ante tal problemática, y derivado del programa nacional de prevención del delito, fueron creados los centros federales de readaptación social, entre cuyos detonantes estuvieron el darle un adecuado tratamiento a los delincuentes provenientes de carteles del narcotráfico y del crimen organizado.
Es así que en los centros penitenciarios federales destaca la distancia con la cual fueron construidos de los centros urbanos, como se indica a continuación:
1.- “Altiplano”.
Ubicación: en el Estado de México, en el municipio de Almoloya de Juárez, aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad de Toluca.
Capacidad instalada: 724 internos.
Extensión: ocupa una extensión aproximada de 260 mil 000 metros cuadrados, de los cuales 27 mil 900 son las instalaciones de la prisión, y el resto se utiliza como área de seguridad, e instalaciones diversas como el centro de apoyo a la seguridad y guarda, rondín perimetral, sala de espera y estacionamientos.
Instalaciones: cuenta con ocho dormitorios, comedores, aulas, instalaciones deportivas y de esparcimiento, áreas para visita íntima, familiar y de abogados, salas para juzgados, cocina general, lavandería, talleres, servicios médicos e instalaciones electromecánicas para brindar todos los servicios generales para su operación.
Nivel de seguridad: máxima
2.- “Occidente”.
Ubicación: en el municipio de El Salto en el Estado de Jalisco aproximadamente a 18 kilómetros de la ciudad de Guadalajara.
Capacidad instalada: 724 internos.
Extensión: ocupa una extensión aproximada de 160 mil 000 metros cuadrados de los cuales 27 mil 900 forman las instalaciones de la prisión y el resto se utiliza como área de seguridad e instalaciones diversas.
Instalaciones: cuenta con ocho dormitorios, comedores, aulas, instalaciones deportivas y de esparcimiento, áreas para visita íntima, familiar y de abogados, salas para juzgados, cocina general, lavandería, talleres, servicios médicos e instalaciones electromecánicas para brindar todos los servicios generales para su operación.
Nivel de seguridad: máxima.
3.- “Noreste”.
Ubicación: en el municipio de Matamoros en el Estado de Tamaulipas, aproximadamente a 17 kilómetros de la ciudad de Matamoros.
Capacidad: 724 internos.
Extensión: ocupa una extensión aproximada de 230 mil 000 metros cuadrados de los cuales 27 mil 900 componen las instalaciones de la prisión y el resto para otras áreas.
Instalaciones: el centro cuenta con ocho dormitorios, comedores, aulas, instalaciones deportivas y de esparcimiento, áreas para visita íntima, familiar y de abogados, salas para juzgados, cocina general, lavandería, talleres, servicios médicos e instalaciones electromecánicas para brindar todos los servicios generales para su operación.
Nivel de seguridad: máxima.
4.- Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial.
Ubicación: En Ciudad Ayala, en el Estado de Morelos, aproximadamente a 70 kilómetros de la Ciudad de Cuernavaca.
Capacidad: 500 interno-pacientes.
Extensión: ocupa una extensión aproximada de 102 mil metros cuadrados, de los cuales 20 mil componen las instalaciones de la prisión y los restantes se utilizan para las instalaciones de apoyo.
Instalaciones: cuenta con siete módulos, edificio de ingreso, áreas para visita familiar, escuela, áreas deportivas y recreativas, talleres, locutorios. Área de servicios médicos y hospitalización de tercer nivel, área de rehabilitación, edificio de gobierno y las instalaciones electromecánicas, hidráulicas y térmicas necesarias para proporcionar todos los servicios generales.
Nivel de seguridad: alto.
5.- “Noroeste”.
Ubicación: En el municipio de Tepic, distante 12.99 kilómetros de la ciudad del mismo nombre, en el estado de Nayarit.
Capacidad: 848 internos
Extensión: ocupa una extensión total de 187. 6 hectáreas de las cuales 16.6 están dentro del muro perimetral de seguridad. El área construida abarca 10.37 hectáreas, hay zonas de seguridad y amortiguamiento.
Instalaciones: cuenta con ocho módulos de dormitorios en su sección general, que incluyen patio y comedor. En la sección general también se encuentra el edificio de admisión. Áreas de visita familiar e íntima, salas de juzgados, cocina general, lavandería, talleres y área médica entre otras. El centro cuenta además con dos áreas anexas: El anexo I cuenta con dos dormitorios y el anexo II cuenta con tres dormitorios.
Nivel de seguridad: media.
