En la tierra del Presidente Enrique Peña Nieto, quien se ha quejado de los medios de comunicación que sólo difunden notas negativas, ocurre un contraste que exhibe la inutilidad social del gasto en publicidad. Entre 2011 y 2015 creció la inversión publicitaria de la administración mexiquense, pero los ciudadanos tienen una percepción más negativa de su gobierno.
A punto de concluir su quinto año de gobierno, el Gobernador Eruviel Ávila Villegas reporta entre 2012 y 2015 un gasto en el programa de Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo de 788.5 millones de pesos destinados a la gestión y pago de publicidad, sin embargo, en el mismo lapso los mexiquenses aumentaron la percepción negativa que tienen de su gobierno.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, en sus ediciones de 2011 y 2015, indica que en ese periodo el mal desempeño del gobierno, como problema social, fue una de las preocupaciones ciudadanas que se elevó en el Estado de México.
En 2011 el mal desempeño del gobierno, de acuerdo a la percepción ciudadana, preocupaba al 29.6 por ciento de la población de 18 años y más, que en números absolutos representaba a un millón 873 mil 707 mexiquenses.
Para 2015 el mal desempeño del gobierno creció como problema social en el Estado de México, pues la percepción ciudadano lo ubicó como flagelo que inquieta al 36.6 por ciento de la población de 18 años y más, que en números absolutos representaba a 3 millones 57 mil 412 mexiquenses.
Incluso en 2015 la percepción sobre el mal desempeño del gobierno sólo se ubicó por debajo de los problemas sociales de la inseguridad y delincuencia, corrupción, y desempleo. Desplazando a la pobreza, quien en 2011 era la cuarta preocupación de los mexiquenses y en la última encuesta bajó al quinto lugar en percepción ciudadana.
La visión sobre el mal desempeño del gobierno en el Estado de México (que puede referirse a los ámbitos municipal, estatal y federal), va acompañada por otras preocupaciones ciudadanas que explican esa visión negativa de los ciudadanos.
Destaca que entre 2011 y 2015, periodo que coincide con la gestión del Gobernador Ávila Villegas, la corrupción sigue creciendo como problema social en la percepción ciudadana.
La citada encuesta del INEGI, en sus ediciones correspondientes a esos años, indica que la corrupción pasó del tercero al segundo lugar en ese periodo, desplazando al desempleo como preocupación de los mexiquenses
En 2011 la corrupción preocupaba al 51.7 por ciento de la población de 18 años y más del Estado de México. Para 2015 tal porcentaje subió al 53.1 por ciento, que representa en números absolutos a 4 millones 430 mil 19 ciudadanos en dicho rango de edad.
Otra variable que refuerza la mala imagen del gobierno, radica en la atención que reciben los mexiquenses en centros de salud y hospitales públicos.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, reporta que la mala atención en estos centros de salud y hospitales públicos también es un problema creciente, pues en 2011 inquietaba al 16.6 por ciento de la población de 18 años y más. En 2015 el porcentaje subió al 20.2 por ciento, que representó a un millón 690 mil 115 mexiquenses ubicados en ese rango de edad.
Dicha encuesta forma parte de cúmulo de ejercicios que el INEGI realiza directamente en la consulta a hogares mexicanos, con el fin de conocer la percepción ciudadana a cerca de problemáticas como la corrupción y los distintos servicios públicos.
Otro aspecto que pesa en dicha encuesta es la percepción ciudadana sobre inseguridad pública
En 2011 la inseguridad y delincuencia era el principal problema para los mexiquenses, con un porcentaje de percepción ciudadana del 69.7 por ciento, que en número absolutos equivalía a 4 millones 414 mil 462 ciudadanos de 18 años y más.
Para 2015 la inseguridad y delincuencia continuó siendo la mayor preocupación de quienes viven en territorio mexiquense, aunque los porcentajes y estimaciones absolutas han aumentado. Este problema fue el de mayor gravedad para 6 millones 407 mil 936 mexiquenses, que representan el 76.8 por ciento del total de la población de 18 años y más.
Los gastos
El gobierno mexiquense cuenta con distintos programas y proyectos presupuestales que le permiten abonar a su imagen frente a la ciudadanía, pero que contrastan con la visión ciudadana que refleja el INEGI.
Destaca el de Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo que entre 2012 2015 reporta un gasto global de 788.5 millones de pesos, de acuerdo con las Cuentas Públicas del gobierno mexiquense disponibles en la página web http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/rendicion_cuentas.
La administración de Eruviel Ávila comenzó en septiembre de 2011, año en que compartió la Gubernatura con el hoy Presidente Enrique Peña Nieto. En este ejercicio fiscal (2011) el gasto de dicho programa ascendió a otros 178.9 millones de pesos.
Sumando el gasto de este año, al del periodo de 2012 a 2015, la erogación encaminada a mejorar la imagen del gobierno estatal alcanza los 967.4 millones de pesos.
El programa de Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo tiene entre tareas el informar a la ciudadanía sobre el quehacer gubernamental, instrumentar una comunicación eficaz, realizar inserciones publicitarias, y monitorear la presencia del Gobernador en medios de comunicación.
Dentro de ese programa el proyecto de “difusión y comunicación institucional” es el más favorecido en el presupuesto mexiquense. En el periodo de 2012 a 2015 se gastaron en ese proyecto 626.9 millones de pesos que eran de todos los mexiquenses.
La Cuenta Pública del gobierno estatal, correspondiente a 2015, reporta el tipo de actividades que se realizaron y que son similares a las de años anteriores.
Entre esas acciones están 30 campañas institucionales, entre ellas “Logros Continuos 2015”, “Trabajamos para Darte Resultados”, “Paso Firme III”, “Diario de Resultados”, “Nuevo Sistema Límite Seguro”, “Plan Tres Operativos”, cuyos nombres evidencian que van encaminadas a fortalecer la buena imagen del gobierno estatal con base en sus obras.
En 2015, mediante este proyecto de “difusión y comunicación institucional”, se buscó acrecentar la presencia positiva de distintas dependencias como la Procuraduría estatal, la Secretaría Agua y Obra Pública, Comunicaciones, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico, Desarrollo Metropolitano, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Educación y Finanzas.
El objetivo de esta difusión es precisamente mejorar la percepción ciudadana, variable que es analizada por las encuestas del INEGI.
Es el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que textualmente dice:
“La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó acciones de comunicación para mejorar la percepción ciudadana y enfatizar la difusión en la prevención de la violencia y delincuencia”.
Otro proyecto que integra el programa de Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo es el de “seguimiento y evaluación de la información”.
En este proyecto durante el periodo de 2012 a 2015 se gastaron 74.3 millones de pesos.
Al revisar la Cuenta Pública de 2015 se ilustra el sentido de los gastos.
“Se monitorean diariamente las notas relacionadas al Estado de México, así como las que mencionan al Gobernador y funcionarios estatales en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos; páginas de internet, twitter y facebook”.
Con esa información se realizan análisis cualitativos y estadísticos, revisión de notas negativas, pautas informativas, comparativos de televisión con otros actores políticos, y un análisis anual de la tendencia de líderes de opinión.
Los otros dos proyectos del citado programa son los de “información y servicios a medios” y el de “planeación de estrategias publicitarias”, que de 2012 a 2015 han representado un gasto de 52.2 millones y 34.9 millones de pesos, respectivamente.
El primer proyecto refiere las acciones para atender a medios de comunicación y el segundo tiene relación con las inserciones pagadas.
Entre las actividades del proyecto de “información y servicios a medios” destaca que en 2015 que se concertaron y atendieron 5 mil 157 entrevistas en los diferentes medios de comunicación para el Gobernador y funcionarios públicos.
¿Entonces para qué sirve la publicidad?
El estudio “Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México”, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, concluye y da respuesta a esa pregunta.
“Hay lagunas regulatorias y vacíos legales que siguen permitiendo a los gobiernos de todos los niveles influir fuertemente en la línea editorial de los medios de comunicación a través de la asignación de la publicidad gubernamental”, indica el estudio que hace una revisión de cómo se asigna la publicidad oficial en México.
Este informe demuestra, señala Fundar, la censura indirecta y la influencia corrupta que ejerce sin restricciones la publicidad oficial sobre los medios de comunicación.
“Estas prácticas afectan negativamente la calidad de los medios de comunicación, limitan la libertad de expresión, violan el derecho a la información pública, y sofocan el debate esencial para la democracia”, indica el documento editado en 2014.
Fundar advierte que la regulación de la publicidad oficial debe ser un paso importante para la transformación de las relaciones entre los medios y el gobierno. Incluso recuerda que la creación de estas regulaciones es una promesa presidencial y un consenso político que no han sido cumplidos.
Indica que por lo general la negociación de la publicidad oficial se concentra en manos de un actor político que a menudo es el director de comunicación en los distintos estados.
“Los criterios de asignación de la publicidad oficial son el compadrazgo y los valores entendidos, comentó un académico especializado en medios de comunicación. Sale caro hacer buen gobierno, sale más barato comprar a los medios.
“La relación entre los medios y el gobierno se establece sobre la base de una cobertura favorable y ventajosa recompensada por contratos de publicidad”, refiere el estudio en el punto 3.2. denominado “Asignación discrecional generalizada de la publicidad oficial”.
El estudio de Fundar también detecta otra variable preocupante para las distintas entidades del país: la lenta transición democrática que se vive en los estados, comparado con el ámbito federal.
“La mayoría de los gobiernos estatales mantienen todavía una relación tradicionalmente autoritaria con los medios de comunicación.
“En los estados, los medios de comunicación con líneas editoriales críticas se enfrentan generalmente a innumerables presiones de las autoridades: auditorías fiscales, intimidación por parte de cuerpos policíacos, y declaraciones de funcionarios para desprestigiar al medio. Pero lo más común sigue siendo la amenaza de retener la publicidad oficial”, puntualiza.
De no cambiar estas prácticas, concluye Fundar, muchos medios de comunicación en México seguirán siendo instrumento de los políticos y de sus intereses en lugar de ser contra peso del poder y una plataforma para el debate democrático.
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