La fuga de “El Chapo” fue una dura cachetada a la imagen del país y sobre todo para el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y puso en evidencia las ya alarmantes tasas de corrupción en nuestro sistema judicial.
Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, es el líder del cártel de Sinaloa y uno de los traficantes de droga más poderosos del mundo con una red que llega a 22 estados del país y a 43 ciudades tan sólo en América Latina; él es el responsable de la entrada del 25 por ciento de las drogas a Estados Unidos vía México.
Tras su fuga, de las 34 personas implicadas, sólo 29 han sido sentenciadas y el resto sigue siendo investigado o localizado. Con la recaptura del capo de las drogas debería iniciarse una investigación muy profunda de las implicaciones y responsabilidades en este acto de corrupción tan delicado. La fuga puso en tela de juicio la capacidad y lealtad del sistema de procuración de justicia y puso en crisis a un pilar del Estado que es esencial para el funcionamiento del marco de derecho: el sistema penal y judicial. Hoy en día la sensación de debilidad en nuestro sistema penitenciario, judicial y penal prevalece y queda manifiesta en la exigencia de extradición.
A 7 meses de lo ocurrido, el gobierno de Peña Nieto logró lo que muchos pensaban imposible: la recaptura del capo del cártel de Sinaloa. Sin embargo, este éxito no resuelve, esconde ni debe distraer a la población de un sistema de seguridad y justicia endeble, corrupta e ineficaz.
“Misión Cumplida”, escribió Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter tras la captura, esta es una frase demasiado optimista: la violencia y la impunidad siguen presentes en México y la red de corrupción en los penales que permitieron las fugas de “El Chapo” siguen sin castigo. “El Chapo” no es más que un nudo entre muchos más en la madeja embrollada de un país cada día más colonizado por el narco. Su recaptura no reduce la venta de drogas, la violencia, el número de secuestros ni la corrupción.
“El Chapo” Guzmán mostró dos veces lo que todos sabemos: los centros de readaptación social no readaptan, no castigan ni son capaces de contener a los delincuentes del país. Tan solo el año pasado, la Secretaría de Gobernación reconoció que más del 50 por ciento de las llamadas de extorsión salen de los penales. No existe evidencia que muestre que en los 6 meses que “El Chapo” gozó de libertad las cosas hayan mejorado en el sistema penitenciario y que nos permita afirmar que se haya hecho algo para resolver los problemas que permitieron esta fuga.
Con su captura no se ha avanzado significativamente en el combate a la delincuencia. Se ha vuelto al estado al que nos encontrábamos antes de su fuga. El narcotráfico se trata de una hidra de múltiples cabezas que elude y supera a los equipos policiales y militares gracias a los huecos en nuestro propio sistema.
En lo inmediato, la captura de Guzmán Loaera sirve para mostrar que cuando se quiere, las instituciones pueden funcionar efectivamente. No cabe duda que las fuerzas armadas están cumpliendo cabalmente con su función, pero la recaptura también pone un dedo en la llaga, junto con la crisis de seguridad en Morelos, en la necesidad de transformar el sistema y generar un debate nacional que nos permita construir una estrategia integral de seguridad que sigue siendo una tarea pendiente desde la transición en el poder.
Lo más difícil viene ahora: decidir si se va a tomar en serio la reforma del sistema penitenciario, la implementación de la reforma anti-corrupción, el fortalecimiento de instituciones locales de seguridad y justicia, la generación de programas para que las población se desarrolle dentro de la ley, no fuera de ella y si se implementará unja cultura de legalidad que fortalezca el estado de derecho.
No parece que la recaptura de “El Chapo” por si sola pueda generar un cambio en la política y estrategia de seguridad, un incremento el decomiso de bienes pertenecientes al narco, en el combate a las redes de corrupción, delincuencia y lavado de dinero. No hubo impacto alguno mientras el Chapo estuvo detenido en Puente Grande ni en el Altiplano.
Si no se actúa sobre la verdadera raíz del problema y se sigue reaccionando para tan solo enmendar errores la situación nunca mejorará. Poco se ha hecho por brindar modelos sociales alternos a las armas, el dinero fácil y la violencia. Poco se hace por garantizar la seguridad de quienes están dispuestos a denunciar los delitos.
Sólo con el respeto a la ley se logra el desarrollo de toda una sociedad. Otra acción prioritaria debe ser la generación, respeto y desarrollo del estado de derecho y recuperar el control del triángulo dorado localizado entre Durango, Sinaloa y Chihuahua que ha erosionado prácticamente en su totalidad la autoridad del estado mexicano. Si el gobierno quiere realmente recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, se requiere de verdaderas acciones contra la impunidad.
El anuncio de que ya iniciaron las acciones necesarias para la extradición del narcotraficante es una confesión implícita de que su permanencia en el país constituye un riesgo de que nuevamente logre escabullirse y que necesita ser trasladado a una prisión verdadera de alta seguridad y a salvo de la corrupción que ha minado el sistema penitenciario mexicano.
En lo que se procesa y logra dicha extradición, e incluso después es urgente que el gobierno ataque los recursos de todas las organizaciones criminales para reconstruir el tejido social. Al margen del proceso que se le siga al Chapo, el Gobierno Federal debe mostrarse volcado a sancionar con todo rigor la corrupción lacerante que plaga nuestro sistema.
Cerremos filas a favor de un estado libre de corrupción en todas las esferas de la sociedad. La captura del Chapo no cierra los desafíos pendientes de la justicia mexicana, es cierto que repara el escarnio sufrido por el gobierno y sus instituciones pero deja aún mucho por hacer. El verdadero estado de derecho requiere una eficaz aplicación de la justicia, el fin de la impunidad que permite que ciertos grupos criminales se muevan a sus anchas, y la atención de los problemas sociales que provocan la existencia de niños y jóvenes sicarios que ven en ese estilo de vida una mejor opción a la legalidad.
Es indispensable que los tres niveles de gobierno y los tres poderes del estado trabajen en el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia, el fortalecimiento de la institucionalidad en los penales y en la transparencia y rendición de cuentas. No va a servir de nada una recaptura del gran capo si no se combate el sistema que lo engendró. Extraditarlo únicamente reconoce la disfuncionalidad del estado mexicano.
Foto tomada de www.laopinion.com.
