Los niveles de pobreza a nivel mundial son inaceptables; sin embargo, muy poco se ha hecho para combatir la desigualdad. Nuestro país no es la excepción: sus agudos índices, la marginación y la exclusión de grandes partes del territorio nacional son ampliamente conocidas y pueden ser consideradas crónicas. Cuando la evidencia de la pobreza es tan grande que no se puede negar, se tiende a culpar al pobre y al excluido de su condición: es flojo, es ignorante, no tiene las suficientes ambiciones para ser exitoso o simplemente proviene de un grupo étnico que ha sido históricamente marginado. Otra actitud igualmente peligrosa es asumir la pobreza y la desigualdad como algo normal e inevitable.
El olvido y la aceptación de esta condición como normal se unen a la categorización de México en el espectro internacional en niveles, poco envidiables, de corrupción, violencia, violación de derechos humanos, impunidad y bajos índices de inclusión social. No es una casualidad que estos problemas se conjunten con la perpetuación de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país.
Ante la inclusión de la “Cruzada contra el Hambre” de la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto como uno de los asuntos prioritarios de la agenda gubernamental se vuelve, no sólo pertinente, sino necesario que se emprenda un debate amplio que abone a la comprensión del fenómeno, sus causas y sus múltiples dimensiones y que permita determinar si las actuales políticas sociales orientadas a mitigar la pobreza son o no las adecuadas.
El intento por conocer las raíces de este problema necesariamente nos remite al ejercicio del poder. La clara insuficiencia en los esfuerzos gubernamentales por combatir la pobreza y la marginación hace necesario recordar que la presencia de ambos fenómenos en el México contemporáneo no es casual, sino que son consustanciales al modelo económico y político vigente.
Se debe comenzar por reconocer que las raíces de la pobreza son políticos y que es necesario cambiar el enfoque asistencialista que ha caracterizado a los programas gubernamentales durante décadas por uno de reconocimiento y realización de los derechos políticos, sociales y culturales de la población. La desigualdad y la pobreza no suceden de manera accidental, sino que son el resultado de un trabajo combinado de malas prácticas gubernamentales, normas sociales y de la conducta poblacional.
Las condiciones de pobreza y desigualdad prevalecientes en México no pueden ser posibles sin una actitud equivalente de olvido y negligencia por parte de las instituciones gubernamentales, sectores sociales y demás actores involucrados en el proceso de toma de decisiones. La pobreza nunca se eliminará en nuestro país si se le continua atribuyendo a causas falsas y se continua perpetuando estructuras fracasadas y obsoletas.
Las fallas en las políticas públicas y en la estrategia económica por parte de las autoridades son las principales causas de que el número de pobres haya pasado de 52.8 millones a 53.3 entre el 2010 y el 2012: en casi tres años 500 mil personas se convirtieron en pobres dentro de los mismos índices que el Estado evalúa. No existe un proyecto macroeconómico de mediano y largo plazo y los programas sociales gubernamentales sólo han servido para contener, ineficientemente, a la pobreza, más no la han abatido, por el contrario la han perpetuado por generaciones.
Desde la perspectiva crítica de las ciencias sociales, las políticas públicas tecnócratas, electoreras y asistencialistas no sólo no resuelven el problema sino que lo agravan. Los programas actuales de desarrollo no están coordinados entre sí y carecen de un seguimiento que evalúe y modifique su desempeño, impacto, cantidad y calidad de los recursos utilizados.
El funcionario corrupto es un factor importante en la continuación de la pobreza. La existencia de masas paupérrimas ha sido un combustible para los brotes de ingobernabilidad y para el incremento de la delincuencia y la criminalidad. Las administraciones pasadas, sin importar su afiliación partidista, han usado estas masas de pobres como semilleros electorales y han erigido programas sociales con el fin de ayudar a las autoridades en turno a continuar en el poder.
Carlos Salinas de Gortari utilizó el programa “Solidaridad” con fines propagandísticos y de control clientelar. La misma práctica fue reproducida por los Presidentes de México Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el actual Enrique Peña Nieto que han utilizado a la Secretaría de Desarrollo Social y a sus programas como plataforma electoral. “Solidaridad”, “Oportunidades”, “Progresa”, “Cruzada contra el Hambre”, nombres van, dirigentes vienen y la pobreza continua.
Se pueden presentar estadísticas detalladas y explicaciones técnicas sobre los niveles de pobreza existente, el grado de cobertura de los programas sociales existentes, así como ofrecer expectativas sobre las posibilidades de reducir los niveles de marginalidad por medio de políticas asistencialistas. Reducir la pobreza de manera estadística es muy sencillo a través de subsidios transitorios a los ingresos, pero esto no resuelve el problema estructural de la pobreza. La única manera de hacerlo es generando empleos permanentes y bien remunerados.
Un modelo económico que combata efectivamente la pobreza sería uno que genere empleo y no el gobierno paternalista que prevalece en México. El actual índice de crecimiento es muy lento lo que hace que la gran mayoría de la población se incorpore al mercado laboral informal con ingresos muy bajos. Un país crece porque tiene proyectos a largo plazo y esto es lo que a nuestro país le hace falta. Nos hace falta tener claro cuál es nuestro proyecto de país a mediano y a largo plazo, y comenzar a trabajar en ello.
Para que un proyecto gubernamental contra la pobreza tenga un impacto y viabilidad real es necesario emprender un viraje a la política económica y a la concepción misma del régimen político a fin de orientar ambos al bienestar y al respeto de los derechos de la población y no a la satisfacción de los apetitos de acumulación de la élite política.
Lisdey Espinoza Pedraza.
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Relaciones Internacionales y Orden Mundial por la Universidad de Leicester en el Reino Unido.
Se ha desempeñado como académica e investigadora en las áreas de ciencia política, relaciones internacionales, historia y lengua inglesa en varias instituciones de nivel superior en el Estado de México y actualmente se encuentra cursando un Doctorado en Filosofía, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
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