La reducción delictiva que enuncian las cifras oficiales contrasta con la percepción ciudadana sobre inseguridad pública que prevalece en el Estado de México, contradicciones que pueden ilustrarse en crímenes como el de Ángelo Emmanuel Martínez Juárez, donde el video de su muerte no fue aceptado como prueba en el juicio oral que busca esclarecer el asesinato.
La madrugada del 31 de diciembre de 2014 el joven de 21 años, Ángelo Emmanuel Martínez Juárez, caía abatido tras una riña en el centro de Metepec, siendo testigo de la agresión las cámaras del C4 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, videos que no fueron aceptados como prueba por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
En un primer momento la familia de Ángelo Emmanuel presentó un amparo para que fuera aceptada dicha prueba, sin embargo, también fue rechazado y a la fecha mantienen un recurso de revisión para insistir en la aceptación de dichos videos, que consideran claves en el juicio oral que fue iniciado contra los dos probables responsables.
En la audiencia oral del 23 de septiembre, que deriva de la carpeta de investigación 241970550040714, el policía municipal Epifanio Ávila Bernal señaló que la madrugada del 31 de diciembre, junto con su compañero Luis Alberto García Vidal, recibió la alerta del C4 sobre un conflicto en las calles de Avenida Estado de México y Jesús Archundia.
Al llegar al sitio, refirió, observaron que una camioneta escapaba por Jesús Archundia, misma que persiguieron a bordo de su patrulla, con número económico S336, hasta la calle de Aldama, donde los cuatro tripulantes del otro vehículo descendieron y comenzaron a correr.
Ávila indicó que tras una nueva persecución, y tras recorrer alrededor de un kilómetro, detuvieron a dos personas del sexo masculino y por referencias del centro de monitoreo se les informó que eran los probables responsables del asesinato de Ángelo Emmanuel, cuyo cuerpo recibió cuatro balas de una pistola tipo escuadra, calibre 9 milímetros.
A la pregunta del representante del Ministerio Público de por qué habían detenido a esas personas, el policía municipal insistió que por las características que les había reportado el centro de mando y monitoreo.
Los dos sujetos que detuvieron los efectivos policíacos dijeron llamarse Vicente “N” y Rodrigo “N”, quienes al momento de la detención también reconocieron ante los policías que habían agredido a Ángelo Emmanuel.
Sin embargo, el video de la agresión, así como de la detención de las dos personas, realizada sobre Avenida Tecnológico y Adolfo López Mateos, sigue sin ser parte del juicio porque en su momento el Ministerio Público no tramitó adecuadamente el video a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
“Dicen que se rompió la cadena de custodia”, señala Don Miguel Ángel Martínez, padre de la víctima, quien explica que tal prueba no fue admitida por una cuestión de un oficio no enviado adecuadamente, es decir, una situación burocrática.
“Probanzas que previo debate correspondiente, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Licenciado Arturo Eduardo Guadarrama González, acordó inadmitir, pues consideró que las mismas no cumplían los requisitos legales correspondientes, violando con ello mi derecho fundamental en mi calidad de víctima”, indicó posteriormente el padre de la víctima en una demanda de amparo indirecto.
Martínez también cuestionó que la inadmisión de la prueba del video se considere como irrecurrible, y sin posibilidades de un recurso de revocación, dado que la decisión del juez fue posterior a un respectivo debate.
Por ello debió recurrir a un juicio de amparo, que también fue rechazado, no obstante, interpuso un nuevo recurso de revisión.
“Se debe establecer en el primer momento que los videos contenidos en el disco duro que se ofreció, son de las cámaras de vigilancia con las que cuenta el Municipio de Metepec, que precisamente estas cámaras son supervisadas a través de un Centro de Mando de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos del Municipio de Metepec.
“Advirtiéndose con ello, que la obtención de los videos por parte de la representación social, en primer término no fue ilícita, pues se realizó a través de un oficio girado en términos del artículo 135 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México”, indica la citada demanda.
El padre de Ángelo Emmanuel aclara que los videos fueron proporcionados por Enrique A. Vera Monroy, titular en ese momento del Centro de Mando de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Metepec.
“Precisa en primer término la identidad al citar que se trata de videos captados por las cámaras CAM05, CAM06, CAM07, CAM08, ubicadas en la calle San Isidro y calle Hidalgo y la cámara MET004-1M, ubicada en Avenida Tecnológico y Adolfo López Mateos (esta última captó el momento de la detención)”, señala.
Don Miguel Ángel considera que con los videos de las primeras cámaras se aprecia cuando el día de los hechos Vicente “N” y Rodrigo “N” perseguían a Ángelo Emmanuel y con una arma de fuego le disparan privándolo de la vida.
“Por ello es una prueba de vital relevancia para el esclarecimiento de los hechos, pues indudablemente que la misma podrá ilustrar al juez de juicio oral sobre la verdad histórica”, indica.
Martínez refiere que también debe solicitarse el testimonio de Vera Monroy, pues no es posible que una prueba como los videos sea desestimada por una cuestión administrativa.
“En el video se ve cuando los imputados se acercan a un taxi que había abordado mi hijo y abren la puerta disparando contra él, por lo que dicha secuencia fotográfica tiene una relevancia importante”, insiste don Miguel Ángel.
Ángelo Emmanuel, quien estudiaba el séptimo semestre de la licenciatura en Arquitectura, fue asesinado tras ingresar a una bar de Metepec, donde se suscitó una riña con los probables responsables, quienes de acuerdo a los videos del C4 serían quienes lo persiguen y dan muerte frente al bar “Bora, Bora”, para después escapar en una camioneta pick up, de color arena metálico, placas de circulación MSV3265 del Estado de México.
A la fecha el juicio se encuentra en el desahogo de pruebas.
Prevalece inseguridad
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, el Estado de México continúa encabezando la lista nacional sobre sensación de inseguridad, al ubicarse en el 90.6 por ciento de su población de 18 años y más.
La entidad mexiquense supera a estados como Tamaulipas, donde la percepción de inseguridad se estima en 86.9 por ciento y a Guerrero, donde el porcentaje es del 86.8, de acuerdo a los datos levantados entre el 2 de marzo y 24 de abril de 2015. A nivel nacional el promedio es del 73.2 por ciento.
Respecto a la tasa de victimización de 2014, es decir, la estimación de personas que habrían sufrido un delito, el Estado de México también puntea la lista en la tasa por cada 100 mil habitantes, al registrar 45 mil 139 víctimas.
La media nacional en la tasa por cada 100 mil habitantes es de 28 mil 200 víctimas.
En las defunciones ocasionadas por homicidios, por cada 100 mil habitantes, la entidad mexiquense no está en los primeros lugares, pues tiene una tasa de 17, superada por estados como Chihuahua, Guerrero, y Sinaloa.
Sin embargo, está en el primero lugar en delitos por portación de arma de fuego de 2014, al aparecer con el 69.1 por ciento.
Además está en el segundo lugar en la tasa de delitos de extorsión, correspondiente a 2014 y por cada 100 mil habitantes, al registrar 17 mil 802, sólo debajo de Guerrero, cuya estimación es de 18 mil 399. En este rubro la media nacional es de 9 mil 850.
La encuesta refiere que en 2014 los delitos más frecuentes en el Estado de México fueron el robo o asalto en el calle o en el transporte público, la extorsión, y las amenazas.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública también indica que en el Estado de México el 69.5 por ciento de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante, seguido del desempleo con el 44.1 por ciento y la corrupción que aparece con el 31.7 por ciento.
De 2011, cuando inició el gobierno de Eruviel Ávila, a la fecha, la percepción de inseguridad pública que reporta esta encuesta ha ido creciendo en territorio mexiquense, como se aprecia en el siguiente cuadro.
2011: 83.9%
2012: 84.5%
2013: 90.7%
2014: 92.6%
2015: 90.6% (parcial)
Además la cifra negra de los delitos no denunciados en 2014 fue de 93.6 por ciento, mientras en 2013 alcanzó el 96 por ciento. Esto significa que en 2014, del total de delitos, se inició una carpeta de investigación en el 6.4 por ciento de los casos, mientras en 2013 alcanzó el 4 por ciento.
A nivel nacional en 2014, del total de delitos, se inició una carpeta de investigación o averiguación previa en el 7.2 por ciento de los casos.
Por nivel de confianza en las autoridades, en el Estado de México las autoridades con el menor nivel de confianza ciudadana son la Policía de Transito con el 24.3 por ciento, el Ministerio Público y Procuraduría con el 28.5, y la Policía Estatal con el 28.9.
Destaca que los jueces tienen un nivel de confianza de sólo el 37.8 por ciento, pese a ser los impartidores de justicia.
Mediante esta encuesta se busca tener estimaciones sobre la sensación de inseguridad pública de la población, que tiene relación con la capacidad para enfrentar un delito, y el grado de victimización de la población, así como el determinar los costos de la delincuencia.
El informe oficial
El Cuarto Informe del Gobernador Eruviel Ávila, presentado el mes anterior, reporta que con base en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el último año se observa que la incidencia delictiva en la entidad disminuyó casi en 18 por ciento.
Destaca la disminución de cerca de 14 por ciento de los delitos de alto impacto.
“En relación con los delitos que afectan directamente al patrimonio de los ciudadanos, como son el robo con violencia, respecto al mismo periodo de 2014, se registró una disminución de más del 18 por ciento. En cuanto al delito de extorsión, hubo una disminución superior al 34 por ciento y un 31 por ciento en violación”, indica.
Estos resultados, dice el texto del Informe, son fruto del fortalecimiento de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno y de la procuración de justicia, tanto en equipo e infraestructura para el combate al delito como en la capacitación continua del personal operativo y ministerial.
Por otra parte, para evitar que los delincuentes regresen a la calle, señala, desde el inicio de la administración se ha logrado la detención de al menos 13 mil 300 probables responsables de la comisión de algún delito.
“Asimismo, nuestros agentes del ministerio público han logrado más de 19 mil 900 sentencias condenatorias y 297 sentencias mixtas”, presume el balance anual.
En los anexos estadísticos del Cuarto Informe se indica que la actuación de los Ministerios Públicos, Policía Ministerial y peritos debe realizarse con un profundo ético y profesional.
Detalla que de septiembre de 2014 a julio de 2015 se recibieron denuncias que dieron origen a 194 mil 419 carpetas de investigación relacionadas con igual número de delitos, 32 por ciento correspondieron a delitos de alto impacto, entre ellos destaca el robo de vehículos con 22 por ciento (42 mil 909 carpetas de investigación), y 10 por ciento de otros delitos de la misma naturaleza con19 mil 202 carpetas de investigación.
El documento agrega que de mil 961 órdenes de aprehensión liberadas en el periodo citado se dio cumplimiento a mil 801.
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