A nueve años del mayor caso de corrupción, saqueo de recursos públicos y que tuvo su epicentro en el Estado de México, con la triangulación de más de 5 mil millones de pesos de recursos federales, a través de universidades estatales, a empresas fantasmas y particulares, y sin que haya funcionarios sancionados, la diputada de Morena, Azucena Cisneros Coss, presentó un punto de acuerdo para exigir al Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM), al Sistema Estatal Anticorrupción, y al órgano interno de control de la UAEMéx que abran investigaciones por probables delitos, relacionados con evidentes hechos de corrupción donde habrían participado autoridades que siguen en diversos cargos de la administración pública estatal.
En su intervención en la tribuna del Congreso local, la legisladora, integrante de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, reveló que de acuerdo con el libro “La Estafa Maestra”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó un esquema fraudulento desde el 2011 en 73 contratos adjudicados a 8 universidades públicas por 11 dependencias federales entre 2013 y 2014.
“Esta red desvió en conjunto más de 7 mil millones de pesos en ese periodo, con apoyo de 186 empresas fantasma o irregulares. De esos 73 contratos fraudulentos documentados por la ASF y citados en el libro, un total de 14 correspondieron a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la cual los operó a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict)”, explicó la diputada de Morena.
Aunque el punto de acuerdo fue votado en contra por las bancadas del PRI, PAN y PRD, Cisneros denunció que la llamada «Estafa Maestra» en su versión Estado de México, fue operada por una red de no menos de 30 políticos, altos funcionarios y rectores de la UAEMex ligados al PRI y al Grupo Atlacomulco, que en conjunto habrían desaparecido alrededor de 3 mil millones de pesos, sólo entre 2011 y 2014, incluyendo los 14 contratos citados en el libro.
Cisneros agregó que esos contratos no fueron los únicos, pues existen al menos 10 auditorías forenses que dan constancia de un saqueo prolongado entre el FONDICT y dependencias del gobierno federal, cuando Enrique Peña era presidente de la República y Eruviel Ávila gobernador del Estado de México.
“Los cálculos más conservadores nos colocan ante desfalcos y saqueos mediante el Fondict y una red de alrededor de 200 empresas, que podrían rondar los 5 mil millones de pesos, ya que la firma de contratos se prolongó hasta el 2017, cuando el rector Alfredo Barrera, no solo firmó el último contrato fraudulento con Diconsa, sino que sigo encubriendo las operaciones del Fondict y los delitos y desvíos de su antecesor –Jorge Olvera- y este de su antecesor”, aseveró Cisneros.
De los convenios con Sedesol, realizados entre 2012 y 2014, la UAEMéx recibió, desvío y distribuyó entre empresas fantasma y particulares un total de 1431.8 millones de pesos, que debían destinarse a la pensión de adultos mayores y a la cruzada nacional contra el hambre.
Adicionalmente, una investigación complementaria del portal The Observer documentó que existen no menos de cien contratos fraudulentos similares a los 14 que se describieron en el libro «La Estafa Maestra» signados por el FONDICT y documentados en diversas auditorías forenses, con la participación de alrededor de docenas de empresas fantasma.
Por su parte, los rectores Eduardo Gasca Pliego, Jorge Olvera García, Alfredo Barrera Baca y Carlos Eduardo Barrera operaron con altos funcionarios mexiquenses para desviar fondos a cambio de supuestas comisiones por contratos fraudulentos, adjudicado desde el gobierno peñista; contratos que además de ser irregulares al asignarse a una universidad –cuyo objeto no es empresarial- en el 95% de los casos violaban el tope del 49% por ciento en subcontrataciones que dispone la ley, señala el punto de acuerdo propuesto.
Cisneros lamentó que todas las observaciones y pliegos de responsabilidades que ordenó iniciar la ASF a los entonces contralores de la UAEMéx, fueron desatendidas, no hubo sanciones para nadie, ni dieron vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado o a la Fiscalía General de la República (PGR) ante la probable comisión de delitos.
Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la SEDESOL, declaró en 2021 ante un juez que los fondos desviados de «La Estafa Maestra» se usaron para propaganda de Enrique Peña Nieto, pero también en las elecciones del 2027 del Estado de México.
“Esto significa que la dirigencia del PRI del 2017 en el Estado de México, fue la responsable de operar los recursos ilegalmente obtenidos de La Estafa Maestra, para inyectarlos al proceso electoral de ese año”, apuntó.
En su intervención para respaldar a su compañera de bancada, el diputado Daniel Sibaja pidió a los diputados del PRI debatir en la tribuna los temas de la rendición de cuentas, transparencia y un franco combate a la corrupción, pues las y los mexiquenses exigen al Poder Legislativo que combata la corrupción y piden cuentas claras.
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