Cuando una persona desaparece en México, no sólo queda la ausencia, sino que se inicia una búsqueda hasta encontrarles que, para sus seres amados, implica dividir su tiempo entre estas jornadas, trabajar para subsistir y hacer labores de cuidado.
Este es el caso de la señora Estela Zepeda Macías, quien busca a su hija María Fernanda Rodríguez Zepeda y a su yerno, Daniel Arturo Chávez Valdés, desaparecidos el 4 de abril de 2023, en Lerma. Ella ahora está a cargo de sus 3 nietas de entre 4 y 8 años, quienes son víctimas indirectas de este delito.
Esta doble jornada, entre una crianza que no le corresponde y tratar de encontrar a su hija, refleja la realidad de las Madres y mujeres buscadoras en nuestro país, quienes son víctimas indirectas, pero también sufren una doble precarización por la pobreza y la violencia, así lo afirmó la especialista en el tema, Fátima Esther Martínez Mejía.
Por ello, la señora Estela, así como Liz Machuca, lideresa del Colectivo “Flores en el corazón”, el primer grupo de búsqueda de personas desaparecidas del Valle de Toluca, piden a la ciudadanía les brinden apoyo, pues necesitan manos ojos y pies al realizar las jornadas, así como más especialistas como médicos o criminólogos que se sumen a la causa.
Liz Machuca recordó que los colectivos de búsqueda también necesitan víveres como alimentos no perecederos, despensas, juguetes y ropa, artículos que sirven para continuar con su labor y para subsanar un poco su realidad, pues con ellos, realizan festejos para los huérfanos de las desapariciones y celebran a las madres cada 10 de mayo.
Madres buscadoras: revolucionarias que cambian la realidad
Durante el foro “Las victimas de desaparición en México”, realzado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, la doctora Fátima Esther Martínez Mejía, afirmó que las madres y personas buscadoras de nuestro país, quienes son en su mayoría mujeres, juegan un papel trascendental en nuestra sociedad, pues no sólo sustituyen las obligaciones del Estado al buscar a sus familiares, sino que rompen con los paradigmas actuales y ayudan a preservar la memoria histórica que se busca borrar.
La también presidenta del Colegio de Abogados del Estado de México, quien trabaja de la mano con personas buscadoras del Valle de Toluca, señaló que las desapariciones son el tema de la agenda pública que debería ser más urgente debido a que del 2006 a la fecha han tenido un crecimiento exponencial, por lo que a la fecha hay más de 128 mil personas en calidad de desaparecidas y un total de 172 mil cuerpos sin identificar.
Sobre las madres y mujeres buscadoras, reconoció su labor, pues no sólo buscan, identifican y piden justicia, sino que su labor reemplaza negligencias y omisiones del Estado, el cual, indicó, se ha visto superado por esta crisis humanitaria.
Recordó que la búsqueda de familiares tiene un carácter político que se refleja el uso del amor, del dolor y la esperanza como instrumentos políticos para cuestionar la realidad y así, se reconozca a las desapariciones como un problema colectivo.
Además, puntualizó que las madres buscadoras rompen con el paradigma de la maternidad como un rol pacífico y privado pues se convierten en sujetas políticas y de derecho que alzan la voz, mientras que, al unirse y formar una familia social, cuestionan el individualismo, lo que hace posible la construcción de una utopía desde el amor.
Desapariciones en México: cifras y casos paradigmáticos
Por su parte, Sol Salgado Ambros, quien fue la primera fiscal especializada en la búsqueda de personas del Estado de México y actualmente es activista, señaló que la crisis de desapariciones de agudizó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y su “guerra contra el narcotráfico”, pues hubo una aumento de la violencia al “descabezar” a los cárteles de la droga.
Salgado Ambros subrayó que esta crisis derivo a que, gracias al trabajo de activistas como las madres buscadoras, en enero de 2013 se pudo concretar la Ley general de víctimas, un instrumento normativo que reconoce a las víctimas directas, indirectas y potenciales y planteó la base para que las autoridades pasaran de la denuncia a acciones concretas.
Recordó que la búsqueda de justicia para las víctimas de desaparición también tiene su inicio en Ciudad Juárez, con un caso paradigmático: el de la sentencia de González y otros, conocido como “Campo algodonero”, de 2009, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano de la muerte y desaparición de tres jóvenes cuyos cuerpos fueron localizados en un campo algodonero y que trajo como consecuencia que México reformara varias leyes a favor de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia.
Sin embargo, la exfiscal reconoció que los esfuerzos han sido insuficientes, pues el 60% de los cuerpos identificados no tenían una denuncia forma, esto debido al miedo y las amenazas que sufren sus familiares.
Aunado a esto, Liz Machuca declaró sobre el caso de las fosas de Teuchitlán, Jalisco, que los colectivos como el que encabeza no han podido acceder a lo que fue localizado ahí, lo que va contra el derecho de las personas desaparecidas a ser localizados y entregados a sus familias.
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