Métrica - Periodismo y Transparencia

La promesa: Procuraduría eficaz, transparente y depurada

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Los ex Procuradores mexiquenses Alfredo Castillo Cervantes y Miguel Ángel Contreras Nieto volcaron sus esfuerzos para atajar delitos de alto impacto, pero los indicadores prácticamente se mantuvieron intactos y los ilícitos comunes aumentaron; Alejandro Jaime Gómez Sánchez, actual titular de la institución, retoma los conceptos y promete que velará por una procuración de justicia imparcial, sin tintes políticos, ni favoritismo.

 

La promesa de una Procuraduría eficaz, transparente, depurada, con rostro humano y altamente operativa, que hicieran en su momento sus ex titulares Alfredo Castillo Cervantes y Miguel Ángel Contreras Nieto, no fue alcanzada, entre otros aspectos, por su fugaz estancia al frente de la institución, dos años en promedio. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, que en mayo asumió el cargo de procurador, la retoma en su totalidad y también ofrece una justicia sin tintes políticos e imparcial.

Por ello, ante el caso de Ecatepec donde la madrugada del 6 de julio murieron tres mujeres y doce personas más resultaron heridas al concluir un baile en el predio identificado como 30-30, su dicho está a prueba, pues de encontrar elementos probatorios tiene la posibilidad de llevar a juicio no sólo a directivos del ayuntamiento gobernado por el PRI, sino incluso al alcalde Pablo Bedolla López, ya que los permisos y supervisión del evento tuvo que haber corrido por la autoridad local.

Gómez Sánchez, es el tercero al bate que pasa por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), durante el sexenio del gobernador Eruviel Ávila Villegas que el 15 de septiembre llegará a la mitad de su mandato.

De acuerdo al apartado de transparencia, la institución encargada de procurar justicia y resolver las 107 mil 271 carpetas de investigación, generadas por igual número de delitos registrados tan sólo de enero a mayo, para el presente año cuenta con un presupuesto anual de 2 mil 210.4 millones de pesos (84% para pago de nómina), el cual representa 66.8% más al ejercido en 2013.

Con dicha cantidad de recursos económicos la PGJEM que hasta abril contaba con mil 525 agentes ministeriales, también tiene que resolver 272 mil carpetas de investigación de 2013;  269 mil de 2012; 267 mil de 2011 y 268 mil de 2010, es decir el nuevo procurador, muy  probablemente tendrá que coordinar los esfuerzos para que se puedan atender más de un 1 millón 100 mil expedientes de los años referidos, sin contar aquellos acumulados a lo largo de las últimas décadas y que aguardan en los archivos de la dependencia.

“Estamos avanzando mucho, no quisiera decir un porcentaje específico, pero estamos ejecutando de diez a quince órdenes de aprehensión diarias”, comentó el procurador cuando métrica cuestionó qué haría para tratar de resolver las miles de órdenes de aprehensión que tiene pendientes por resolver.

Al cruzar datos reportados en la página de transparencia del Poder Judicial del Estado de México y de la misma Procuraduría estatal, se puede advertir que existe un grave rezago histórico de órdenes de aprehensión por cumplir, ya que tan sólo de las 35 mil 75 que de septiembre de 2011 a febrero de 2012, fueron otorgadas por jueces del poder Judicial mexiquense, la institución que en ese momento tenía al frente a Alfredo Castillo Cervantes, sólo logró ejecutar mil 50, según reportes públicos de la misma dependencia.

Escueto en sus respuestas pero con el ánimo y la promesa de no evadir el tema en el futuro, Gómez Sánchez, asegura que durante los próximos días puede precisar el número de órdenes de aprehensión que están pendientes por resolver, aunque no fija fecha alguna.

“El primer objetivo es generar una Procuraduría con capacidad operativa y procesal, una Procuraduría sensible y una Procuraduría que sea el punto de partida, digamos el referente necesario del sistema de justicia penal acusatorio”, acotó al delinear brevemente sus objetivos a corto plazo.

En el entendido de que por lo menos un 10% de los 107 mil delitos denunciados durante los primeros cinco meses del año en curso, tienen atrás a un responsable que debe ser detenido y puesto a disposición de un juez para que lo declare culpable o inocente, o incluso, si fuera el caso, le otorgue una salida alternativa de solución, los agentes ministeriales tendrían que localizar y asegurar a 10 mil personas, es decir presuntos delincuentes.

“Señor gobernador, asumo plenamente el compromiso de aportar todo mi esfuerzo, habilidades, conocimientos, aptitudes y trabajo en el desempeño del cargo como procurador general de Justicia del Estado de México. Por supuesto el compromiso de velar por una procuración de justicia apegada al orden jurídico, imparcial, sin tintes políticos, ni favoritismo alguno, así como una apertura franca al diálogo y la cooperación con todos los actores en esta materia”, dijo Alejandro Jaime Gómez Sánchez, al tomar protesta como procurador.

 

Alfredo Castillo: la táctica que desató una oleada de asesinatos

Indicadores delictivos del Estado de México mostrados en la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisan que de junio de 2010 a agosto de 2012, periodo en que el hoy Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), el delito de homicidio doloso identificado por algunos especialistas como ejecuciones, aumentó en un 33 por ciento.

El incremento en dicho indicador, entre el primer y segundo año de su gestión, fue de 115 a 153 casos por mes en promedio; robo de vehículo y robo en todas sus modalidades aumentaron en un 10 por ciento, y el de secuestro registró un ligero descenso en los periodos anuales referidos.

Con base en los reportes del SESNSP, se puede constatar que de junio de 2010 a ese mismo mes pero de 2011, el delito de privación ilegal de la libertad, se mantuvo en 10.3 casos cada treinta días en promedio.

Para el segundo y último año de Alfredo Castillo al frente de la institución (2011-2012), dicho ilícito mostró una ligera disminución pues el índice se colocó en 9.4 eventos en el periodo mensual referido (sin contabilizar julio y agosto de 2012).

Durante los 26 meses que Castillo Cervantes mando en la Procuraduría, se registraron 258 secuestros y mil 727 homicidios dolosos, algunos de estos últimos registrados por la confrontación frontal y directa que sostuvo con líderes como Óscar Oswaldo García Montoya, alías La Mano con Ojos, sujeto que ordenó colocar en la vía pública a personas ejecutadas en respuesta a las acciones de la Procuraduría que públicamente lo habían señalado como el objetivo prioritario de la dependencia, como el enemigo número uno del Gobierno del Estado de México.

El alza generalizada en delitos de alto impacto que padeció la población mexiquense en esos dos años, se registró pese a que durante la administración de Castillo Cervantes, buena parte de la táctica policíaca ministerial, logística, recursos económicos y humanos, aumentaron y se enfocaron, en teoría, a disminuir ese tipo de ilícitos.

De acuerdo al apartado de transparencia de la PGJEM, en el 2011 la institución tuvo un presupuesto de mil 905.6 millones de pesos, de los cuales mil 559.1 fue destinado al pago de personal, es decir aproximadamente 82 por ciento.

Para 2012 la Procuraduría de Alfredo Castillo aumentó sus ingresos, pues recibió mil 972.3 millones y la partida económica identificada como Servicios Personales-nómina, no fue la excepción pues también mostró un incremento y llegó a mil 636.6 millones.

Y aunque la estancia del hoy Comisionado en Michoacán ha sido de las más prolongadas en la principal oficina del inmueble ubicado en la avenida Morelos 1300 de Toluca, no logró acabar con el rezago histórico de órdenes de aprehensión, ya que tan sólo de las 35 mil 75 que de septiembre de 2011 a febrero de 2012, le otorgó un  juez, sólo pudo ejecutar mil 50, según reportes públicos de la misma dependencia.

Conforme a estos últimos datos, se puede indicar que en el referido periodo, Alfredo Castillo, ex Fiscal Especial para el caso Paulette y procurador a partir del 24 de junio de 2010 (sustituyó a su ex jefe Alberto Bazbaz Sacal, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto), sólo tuvo un 3% de eficiencia en la principal tarea de la institución como es investigar y detener a los presuntos responsables de un delito.

A finales de 2011 la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, emitió una recomendación a la Procuraduría estatal pues documento que su Coordinación de Mandamientos Judiciales en la Subprocuraduría de Nezahualcóyotl, tenía en sus archivos 2 mil 390 órdenes judiciales que se habían acumulado durante los últimos tres años; irregularidad que podría derivar en impunidad y violación a derechos fundamentales de las víctimas y ofendidos del delito, precisó la Comisión.

Deficiencia reconocida por Castillo Cervantes que lo orilló a tomar la determinación de establecer una “cuota” de investigaciones y aprehensiones; por lo cual cada uno de los mil 525 agentes judiciales que conformaban en ese momento al equipo operativo de la PGJEM, tenían que concretar dos de cinco casos que se les asignaban cada ocho días, de no cumplir el objetivo, su castigo consistía en ser asignados a tareas menores como vigilar el área de presentaciones y “galeras”, entre otros.

En cuanto a la depuración de agentes judiciales, ministerios públicos y personal administrativo en general, iniciada a mediados de 2010 y registrada durante todo 2011 y principios de 2012, sólo 396 funcionarios causaron baja, es decir el 7.9% del personal total de la institución que contaba en esos momentos con alrededor de cinco mil funcionarios.

La salida de malos elementos, rotación de personal e incorporación de personas jóvenes y profesionistas a tareas cotidianas de la Procuraduría,  también quedaron truncadas, ya que para concretar la baja de algunos funcionarios con comportamiento irregular y en algunos casos hasta delictivos, la Procuraduría requería de nueve millones de pesos para poder liquidarlos.

Partida presupuestal que no consiguió de forma inmediata, por lo que  el proceso de “limpia” se detuvo, entre otras cosas porque varios de los funcionarios a los que se les pretendía dar de baja, iniciaron ante instancias laborales, procedimientos administrativos contra su patrón, contra el gobierno.

 

Contreras Nieto, segundo al bate en la Procuraduría 

Cuando el 8 de agosto del 2012 el ex comisionado de los Derechos Humanos de la entidad mexiquense, Miguel Ángel Contreras Nieto, asumió el cargo de procurador estatal, y una de sus primeras acciones fue realizar por la madrugada visitas sorpresa a agencias de Ministerios Públicos, quería hacer vigente el botón que siempre portaba en la solapa del saco con la leyenda “Cero Corrupción”.

Y aunque sus recorridos nocturnos fueron constantes y con el firme objetivo de sorprender a algunos de sus compañeros en la comisión de algún acto irregular, sus resultados no fueron extraordinarios ya que al interior sólo logró destituir e iniciar procedimientos jurídicos a menos de una decena de funcionarios; en tanto que al exterior los índices delictivos dejaron mucho que desear.

En el año nueve meses que Contreras Nieto llevó las riendas de la Procuraduría, el secuestro aumentó en un 50%, en comparación con periodo similar anual de la gestión de Castillo Cervantes, pues cada mes se contabilizaron 15 plagios, en promedio.

En la recta final que constó de nueve meses, Miguel Ángel Contreras, no modificó sus números e incluso días antes de que el gobernador Ávila Villegas le solicitara las llaves de la oficina, seguía asegurando que la institución estaba ofreciendo buenos resultados e incluso presumía la baja de algunos indicadores y aseguraba que el plagio había bajado, y efectivamente, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disminuyó de 15 a 14 por mes.

En cuanto a la rotación de subprocuradores y colocación de personal de su confianza en puestos claves de la PGJEM, Contreras Nieto, continúo con la misma práctica de sus antecesores, es decir llegar y remover a funcionarios, aunque a diferencia de Alfredo Castillo que colocó a cuatro de sus ex compañeros de la PGR en áreas directivas, los nombramientos del Ombudsman estatal fueron pocos y recayeron en personajes como Miguel Ángel Benhumea, ex presidente de la Barra de Abogados.

Pese a que Contreras Nieto pasó por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, cuando se revisan los números de su gestión, tampoco sale bien librado pues de las 1,581 quejas registradas en 2012; el año siguiente la cifra  fue superada pues cerró con 1,757 y de enero a julio del 2014 el reporte va en mil 64; en tanto que en esos tres años las recomendaciones sumaron ocho: 4 en 2012, 2 en 2013 y 2 en lo que va de 2014.