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Reclaman indemnización tras 67 años

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La expropiación de los terrenos donde hoy se ubica la presa de Villa Victoria es un ejemplo histórico de las omisiones gubernamentales que terminan por desahuciar al ánimo ciudadano.

 

A  67 años de la expropiación de 4 mil 40 hectáreas para la construcción de la presa de Villa Victoria, que hoy forma parte del Sistema Cutzamala, 14 de los 15 núcleos ejidales involucrados continúan sin recibir una justa indemnización.

El 24 de septiembre de 1947, el entonces Presidente Miguel Alemán, signó el decreto de expropiación para edificar dicha presa, que en un inicio formaría parte del Sistema Hidroeléctrico que llevaría el nombre de este mandatario.

A partir de 1980 dicho cuerpo de agua comenzó a ser operado por la Comisión Nacional del Agua (CNA), como parte del Sistema Cutzamala, que envía 14.7 metros cúbicos por segundo del vital líquido a 12 delegaciones del Distrito Federal y  13 municipios metropolitanos del Estado de México.

El abogado especialista en asuntos agrarios, Santiago Pérez Alvarado, indicó que desde el momento de la expropiación, que a la fecha impacta a 3 mil 47 ejidatarios y posesionarios, no se cumplió con el artículo 27 de la Constitución federal, que obliga a la previa indemnización de las tierras.

Recordó que mediante acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1944, se autorizó a las autoridades agrarias a comprar otras 3 mil 11 hectáreas para entregarlas a los campesinos afectados por la expropiación.

“Sin embargo, dichas tierras no fueron entregadas por encontrarse en posesión de otros campesinos”, indicó.

Cabe destacar que esas 3 mil 11 hectáreas no cubrían el total de las tierras expropiadas, que ascendían a 4 mil 40 hectáreas.

Apuntó que el gobierno federal cumplió al comprar las citadas tierras, pero no siguió el trámite para que los posesionarios de las hectáreas compradas las entregaran.

“Es como si le compran tierras a Juan Pérez, pero en el interior de la propiedad hay otros posesionarios, y ellos se niegan a entregarlas”, explicó.

Ante esta situación refirió que los núcleos ejidales, afectados por la expropiación, podían demandar el pago de indemnización, pero a la fecha sólo 4 de los 15 ejidos lo han hecho, debido al desgaste que representa y a la falta de información.

Los ejidos que demandaron ante el Tribunal Agrario son los de San Diego Suchitepec, San Diego del Cerrito, San Pedro del Rincón, y Los Cedros.

Derivado de un litigio de 18 años, San Diego Suchitepec logró en 2008 la indemnización de 31 millones de pesos por 752 hectáreas expropiadas.

A su vez San Diego del Cerrito consiguió un fallo favorable en 2007, pero el avalúo por 382 hectáreas quedó en 800 mil pesos, lo cual fue impugnado, pues el metro cuadrado lo estaría pagando la Secretaría de Desarrollo Agrario en 20 centavos.

En el caso de San Pedro del Rincón el asunto sigue pendiente en el Tribunal Agrario, mientras que los ejidatarios de Los Cedros perdieron el litigio al argumentarse que ya había prescrito el caso.

Pérez Alvarado consideró que en el caso de Los Cedros se aplicó un criterio equivocado, pues ya existe el antecedente del juicio ganado por San Diego Suchitepec.

Afectados

Estos son los núcleos ejidales afectados por la expropiación de las tierras en lo que hoy es la presa de Villa Victoria, y el número de hectáreas implicadas:

San Marcos de la Loma: 776

San Diego Suchitepec: 752

Villa Victoria: 620

San Diego del Cerrito: 382

San Pedro del Rincón: 380

La Puerta del Pilar: 233

Los Padres: 230

Las Peñas: 228

Los Cedros: 225

Cuadrilla Vieja: 124

Piedras Blancas: 25

San Agustín de los Berros: 20

Cerritos del Pilar: 16

El Espinal: 15

La Alameda: 13

Total: 4 mil 40

*San Diego Suchitepec ya logró una indemnización aceptada por los campesinos.

**La suma es con las cifras exactas. 

 

Van por otra compensación

Al margen de la alternativa para demandar el pago de indemnización, los campesinos afectados por la expropiación de la presa de Villa Victoria solicitan que les sean entregadas, de manera legal, mil 426 hectáreas adyacentes al cuerpo de agua que no son necesarias para su respectiva operación.

Los campesinos de San Diego del Cerrito y San Pedro del Rincón, Román Felipe de la Cruz y Silviano Martínez, explicaron que dichas tierras ya son ocupadas actualmente por los labriegos de los núcleos ejidales afectados, pero legalmente no pueden disponer de ellas.

Y es que inicialmente eran de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y posteriormente fueron liberadas para que las administre la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Esto provoca que no podamos solicitar apoyos para proyectos productivos o disponer de las tierras, ya que digamos que el propietario es CFE, porque lo primero que nos piden es un certificado parcelario”, indicó Martínez.

Los campesinos propusieron que la CFE done las tierras a favor de los 15 núcleos ejidales o el gobierno federal compre dicha extensión para también entregarlas a los labriegos.

Sin embargo, reconocieron que en las 2 opciones se requiere del apoyo directo del gobierno federal.

 

Ven daño ambiental

Campesinos de Villa Victoria advierten que la presa de este municipio, perteneciente al Sistema Cutzamala, presenta daños ambientales, pues la continúa erosión en su ribera provoca que pierda profundidad.

“El asolve está aumentando, como se dice la presa ya perdió su nivel, porque la parte de arriba, donde llega el río, cada año trae mucha tierra de la erosión de la parte alta, y aunque la presa suba de nivel hasta las mojoneras, es un nivel de 50 centímetros”, indicó Aureliano López, vecino de esta localidad.

Advirtió que esta situación hace que disminuya la vida útil de la presa de Villa Victoria.

“Se decía que la presa iba durar 100 años, y ahora tenemos como 20 años”, estimó.

Comentó que adicionalmente los drenajes de las comunidades cercanas están descargando en la presa, como ocurre en Valle de Bravo, pues no se ha fomentado la construcción de fosas sépticas.

A su vez Gaudencio Martínez consideró que lo urgente es desazolvar la presa y construir bordos en la ribera, con el fin de detener el arrastre de tierra.

“Si no existe una solución esto va a desaparecer, y lo que vamos a generar van a ser problemas para nuestros hijos”, expresó.