Seguridad en tiempos de Peña: bajan delitos, pero aumentan víctimas

En el Tercer Informe del Presidente Enrique Peña la seguridad pública es uno de los temas que más logros cosecha, como la reducción de la incidencia delictiva total en el fuero común, hecho inédito al menos en la última década, sin embargo, la realidad que viven millones de mexicanos dista de un escenario que pueda festinarse, pues a la perene sensación de inseguridad púbica que padecen se suma el clima de impunidad.

Ser víctima de un delito en México es tan incierto como las cifras que vierte el Tercer Informe del Presidente Peña, pues en el resumen ejecutivo del balance presidencial se anuncian bajas importantes en delitos de algo impacto, así como una merma generalizada en la denuncia de posibles ilícitos, pero las encuestas en materia de victimización y percepción de seguridad pública apuntan hacia un incremento en los mexicanos que viven con miedo y son presa de la delincuencia. A ello se suma el alto índice de impunidad que vive México, caldo de cultivo de una peligrosa frustración social.

A la baja

Dentro de los avances reportados por el Presidente Enrique Peña destaca la reducción en la comisión de distintos delitos como homicidio, secuestro y en general la incidencia delictiva en el fuero común y federal.

El resumen ejecutivo de su informe indica que el INEGI reporta una disminución en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, al pasar de 22.1, en 2012, a 16.4, en 2014.

“Esto significa que en los primeros dos años de este Gobierno, se logró reducir la tasa de homicidios a nivel nacional en 25.9%, lo que se traduce en una reducción en el número total de homicidios de 24.3 por ciento”, refiere.

La tasa de homicidios en 2014 es la más baja desde 2008, y es similar a las registradas en el periodo de 1990 a 1995, añade.

Además en 2014, el número de homicidios dolosos en la región noreste del país —que incluye a los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas— disminuyó 51.8 por ciento, en comparación con 2012; es decir, cayó a menos de la mitad.

En otros delitos, el gobierno federal también reporta reducciones, como es el caso del robo total, pues entre 2012 y 2014 bajó 13.6 por ciento y la extorsión decreció 20.7 por ciento.

El secuestro fue otro delito reportado a la baja, pues el Presidente señaló que en el primer semestre de 2015, el número de denuncias por este delito bajó 30.9 por ciento, en relación con el mismo periodo del año pasado.

En términos generales el resumen ejecutivo del informe presidencial informa que la tasa de incidencia delictiva total del fuero común por cada 100 mil habitantes de 2014, fue la segunda más baja de los últimos 17 años.

Los datos

Los respectivos anexos del Tercer Informe de Peña confirman que la incidencia delictiva va a la baja, aunque tanto en el total de los delitos denunciados, como en el respectivo desglose del fueron común y federal, se observa que esta tendencia decreciente comenzó desde 2012.

Y la tasa de incidencia delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes que se registró en 2014, de acuerdo a los anexos estadísticos, fue la más baja en los últimos 10 años, no en lo últimos 17 como refiere el resumen ejecutivo del informe presidencial, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Fuente: Anexos Estadísticos del Tercer Informe de Gobierno.

Victimización

Contrario a la reducción en los delitos denunciados por la población, los anexos estadísticos del Tercer Informe muestran los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que realizó el INEGI, donde destaca un incremento del 23.5 por ciento en el número de víctimas de un ilícito, entre 2010 y 2013.

En 2010, en condición de victimización fueron registradas 18 millones 182 mil 434 personas de 18 años y más, mientras para que 2013 la cifra alcanzó los 22 millones 470 mil 222.

La victimización se refiere a la forma en que un delito afecta a una persona o aun hogar, y para la selección de los delitos que se consideraron en la encuesta influyeron factores como los ilícitos que afectan directamente a las personas y hogares, los de mayor denuncia en las agencias del Ministerio Público del fuero común, y los que por su gravedad tienen repercusión en la percepción ciudadana sobre seguridad pública.

Destaca que en 2010 un 24 por ciento de la población de 18 años y más se reportaba en una condición de victimización y tres años después los mexicanos en esta situación alcanzaban el 28.2 por ciento de los habitantes, en dicho rango de edad.

Un dato adicional de la referida encuesta indica que han crecido los delitos donde la víctima ha estado presente, pues en 2011 la cifra fue de 11 millones 942 mil 697 ilícitos y para 2013 se registraron 18 millones 205 mil 970.

Resalta que en estos delitos la víctima identificó que en poco más de un 60 por ciento el presunto delincuente tendría una edad no mayor a 35 años.

Percepción ciudadana

Otro factor de contraste con la baja general en delitos denunciados es la percepción ciudadana sobre seguridad, misma que también se incluye en los anexos estadísticos del Tercer Informe y forma parte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Entre 2011 y 2014, la sensación de inseguridad pública entre los mexicanos de 18 años y más se ha disparado del 69.5 al 73.3 por ciento del total de esta población, es decir, en 2011, 52 millones 695 mil 389 mexicanos no se sentían seguros y tres años después esta cantidad ya creció a 58 millones 320 mil 805 ciudadanos.

El aumento representa un 10.6 por ciento, mientras la población de ese rango de edad creció en el mismo lapso en un 5 por ciento.

La sensación de seguridad, variable que mide la citada encuesta, es la impresión que tiene la población sobre la situación de inseguridad construida con base en su experiencia personal y la vulnerabilidad que percibe de ser víctima de la delincuencia.

El INEGI aclara que este temor puede estar influenciado por una amplia diversidad de factores como la desventaja de algunos sectores sociales, respecto de su capacidad de prevención y recuperación.

Más logros

El Tercer Informe de Peña reitera que distintas zonas del país han regresado a una situación de normalidad tras vivir escenario de inseguridad pública, como ejemplo, enuncia lo ocurrido en algunas regiones de Michoacán.

“En las que los grupos delictivos prácticamente dominaban la vida económica y social de diversos municipios.

“Igualmente, en Guerrero y Tamaulipas, donde aún se presentan retos importantes en materia de seguridad, se pusieron en marcha operativos especiales, en coordinación con las autoridades estatales, para garantizar la tranquilidad de la población.

“Aún más importante que cualquier cifra, es que varias regiones que antes estaban asoladas por la delincuencia, ahora tienen mejores condiciones de seguridad; poco a poco, la tranquilidad está volviendo a sus calles, colonias y barrios. En estados como Nuevo León y Chihuahua, o regiones como La Laguna y Tierra Caliente, las familias están conviviendo nuevamente y los negocios han reabierto”, señala.

Estados inseguros

Los anexos estadísticos del Tercer Informe presidencial revelan una fotografía más cercana a la realidad, pues entre 2013 y 2014 la incidencia delictiva, determinada por los hechos posiblemente ilícitos denunciados en el fuero federal y común, aumentó en Baja California, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala, mientras que el Distrito Federal, Guerrero, Morelos y Nayarit existió un decremento menor, con lo cual casi se mantuvo el mismo nivel de denuncias presentadas.

Las entidades federativas con el mayor incremento en la incidencia delictiva son Querétaro, Tamaulipas y Guanajuato.

En Querétaro el crecimiento es del 26.8 por ciento, pues en 2014 se presentaron 36 mil 734 denuncias en el fuero común y federal, mientras un año anterior la cifra llegó a 28 mil 968.

Le sigue Tamaulipas, donde la incidencia delictiva aumentó en un 22.3 por ciento. En 2013 el gobierno federal tiene registradas 41 mil 673 denuncias presentadas y para 2014 la cantidad llegó a 51 mil 4.

A su vez en Guanajuato el aumento entre ambos años fue del 11.8 por ciento, al pasar de 87 mil 804 denuncias presentadas en 2013, a 98 mil 215 en 2014.

En las entidades donde se registran disminuciones en la incidencia delictiva se reproduce el mismo fenómeno nacional, pues aunque se denuncia menos, la población tiene mayor temor de sufrir un delito.

Un ejemplo es el Estado de México, donde el número de denuncias entre 2013 y 2014 bajó de 280 mil 288 a 248 mil 216, sin embargo, esto no ha reducido el miedo ciudadano, pues en 2011 el 83.9 por ciento de la población de 18 años y más se sentía inseguro y en 2014 la cifra creció al 92.6, según la encuesta del INEGI sobre victimización y percepción sobre seguridad pública.

En términos absolutos en 2011 eran  8 millones 851 mil 648 mexiquenses los que vivían con miedo de ser víctimas de un ilícito y el año anterior la cifra ya llegaba  10 millones 361 mil 439 ciudadanos.

Omisiones presidenciales

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega, señaló que el informe presidencial presenta omisiones en el problema de la impunidad y el manejo de las cifras oficiales respecto de la reducción de ilícitos como la extorsión y el robo con violencia.

También advirtió que siguen existiendo focos rojos en Tamaulipas, Guerrero y zonas del Estado de México, Veracruz, Jalisco  y Quintana Roo.

“Estas omisiones lo que revelan es que el gobierno del Presidente Peña considera que no hay que variar la estrategia seguida hasta ahora, porque supuestamente se ha probado eficaz. Es decir se pretende continuar con el programa de prevención social del delito por más que sea completamente inútil, con el despliegue de fuerzas federales como hasta ahora y una participación del Ejército sin plazo de conclusión.

“Pero eso también significa que permanezcan los elevados niveles de impunidad, que las cifras oficiales no reflejen la realidad de la incidencia (con la excepción de homicidio y secuestro), que los grupos criminales sigan sometiendo a expolio a amplios sectores de la población y persistan elevados niveles de violencia en Guerrero y Tamaulipas”, indicó.

En un análisis del tema de seguridad pública, respecto del Tercer Informe, el especialista señaló que una de las grandes omisiones es la impunidad delictiva.

Recordó que en México, en promedio, por cada 100 delitos que se denuncian sólo en seis los responsables son detenidos, acusados, sentenciados y condenados. Incluso en el delito de homicidio doloso la tasa de castigo es del 18 por ciento, pues sólo 18 de cada 100 se condenan, mientras que la media internacional es superior al 50 por ciento.

Tal realidad deriva de que la mayoría de los delitos denunciados no se investigan, afirmó, al recordar que más de 100 mil órdenes de aprehensión se generan cada año, pero la mayoría no son ejecutadas.

“Pero el lograr un abatimiento de la impunidad es algo que la actual administración ha olvidado por completo”, puntualizó.

En el análisis reconoce que la incidencia en algunos delitos ha bajado, pero en otros ilícitos se ha mantenido e incluso repuntado. Lo mismo ocurre con algunas entidades del país que por su nivel de violencia eran consideradas focos rojos, lo cual ha cambiado al reducirse la incidencia delictiva, sin embargo, en otros estados la violencia se ha recrudecido.

El especialista aclara que en la interpretación de la variación delictiva también falta considerar todas las fuentes disponibles, por ejemplo, en el caso del secuestro, según las cifras oficiales en 2014 los plagios bajaron a mil 395, lo cual significaría una reducción de poco menos del 2 por ciento con respecto a 2012.

“Pero estas cifras oficiales son incompletas, pues no consideran los secuestros denunciados ante la Procuraduría General de la República ni los plagios que corresponden a las víctimas rescatadas por el Ejército, la Marina y la Policía Federal.

“Si se consideran los datos de todas estas fuentes, en realidad en 2012 hubo 4 mil 696 secuestros y en 2014 hubo 5 mil 152, es decir, los secuestros en lugar de bajar subieron en casi un 10% entre 2012 y 2014”, señala.

Algo similar ocurre con el delito de extorsión, pues las cifras oficiales indican que en 2013 hubo 8 mil 196 extorsiones, no obstante, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI reporta un total de 7 millones 794 mil 40 delitos de este tipo.

En el robo con y sin violencia, en 2013 el gobierno federal reporta 96 mil 240 ilícitos, pero la citada encuesta del INEGI indica que en realidad hubo 9 millones 787 mil 891, lo cual representa 101 veces más.

México ejemplo de impunidad

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI), presentado este año por la Universidad de las Américas de Puebla, México se ubica en el segundo lugar en materia de impunidad de los países analizados.

En el estudio, Filipinas, México, Colombia, la Federación de Rusia y Turquía figuran entre los países en que se identificaron mayores niveles de impunidad, la cual se conceptualiza como la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención y procesamiento.

El análisis consideró la información de los 193 Estados Miembros de la ONU y otros 14 territorios que generan información estadística comparable, sin embargo, de los 193 miembros de la ONU, 59 países fueron incluidos en el Índice Global de Impunidad por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

En los resultado particulares de México, el Índice refiere que los mexicanos perciben a la impunidad como uno de los diez problemas más importantes que aquejan a la entidad en la que viven.

“Instrumentos como el presente Índice ponen en evidencia algunas de las fallas del sistema de seguridad y de justicia mexicano.

“La calificación de México, a partir de las dimensiones que conforman el índice, muestra entre otros datos, fallas por una clara sobrepoblación del sistema penitenciario favorecida por la saturación de la estructura judicial, misma que no se da abasto para sentenciar oportunamente a toda la población encarcelada”, apunta.

Entre las fallas particulares indica que en el sistema de justicia mexicana  el 46 por ciento de la población penitenciaria está detenida sin sentencia, existe poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.

Incluso refiere que bajo esta premisa los cuerpos de seguridad estarían presentando un alto número de gente inocente, permitiendo además actos de corrupción que constituyen la salida cotidiana de aquellos verdaderamente responsables que sí fueron contactados por los cuerpos de seguridad y las primeras instancias judiciales.

Apunta que en México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. “La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial”, indica.