El propósito de bajar el costo financiero de los congresos locales, como parte del Plan B, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, además de que afecta los principios del federalismo mexicano, podría minar, aun más las capacidades institucionales de estos espacios clave de la representación política estatal. Al respecto cabe resaltar que la solidez de los congresos locales es central para la calidad del federalismo mexicano, en virtud de que estos órganos aprueban leyes, presupuestos, nombramientos clave, y fiscalizan el gasto público estatal y municipal.
En estos términos, cuando sus capacidades organizacionales, su autonomía y su profesionalización son bajas, el equilibrio de poderes se resiente y la rendición de cuentas se vuelve frágil. Esta situación también se define como “debilidad institucional”, que de forma muy general implica baja autonomía frente al Ejecutivo y ante las cúpulas partidistas; reglas internas inestables y discrecionales; estructuras técnicas escasamente profesionalizadas; limitada capacidad de control presupuestal, de fiscalización efectiva y de evaluación de políticas; restricción de la representación efectiva de los legisladores locales; subordinación de la producción normativa a las decisiones del Ejecutivo
Los estudios comparados plantean que la institucionalización legislativa descansa en tres ejes: autonomía política, complejidad organizacional (comisiones y cuerpos técnicos que funcionan), y formalidad de reglas y procedimientos. Cuando estos pilares fallan, la legislatura tiende a quedar relegada como actor “marginal” en la agenda pública. En el caso mexicano esa marginalidad ha tenido raíces históricas y arreglos contemporáneos que, pese a reformas democratizadoras, no se han traducido en contrapesos efectivos a nivel estatal.
Un primer determinante es histórico. Durante décadas el sistema de partido hegemónico concentró el poder en el Ejecutivo (federal y estatales). En los estados, esa lógica anuló la división de poderes. El Legislativo apoyaba —más que deliberar o vigilar— las decisiones del gobernador en turno. Aunque la pluralidad electoral de los noventa erosionó ese predominio, ello no se tradujo en mayores capacidades legislativas de los congresos locales. Incluso en los periodos legislativos con gobiernos no divididos, persistieron reglas y prácticas que limitaron el peso real de los legisladores locales. Igualmente, aunque el gobierno de los poderes legislativos subnacionales cambió para hacerse más plural.
Por otra parte, la prohibición de la reelección consecutiva durante más de 80 años generó alta rotación de las clases políticas locales, poca experiencia acumulada, débil construcción de carreras parlamentarias y dependencia de las dirigencias para saltar a otros cargos, lo cual reforzó la disciplina vertical del partido más que la rendición de cuentas hacia los electores. Aunque la reforma constitucional de 2014 reintrodujo la reelección consecutiva para diputados locales, sus efectos han sido heterogéneos. Investigaciones recientes sobre dinámicas de reelección local (2018–2024) muestran que en este periodo fue relativamente baja la tasa de intento de reelección y muy desigual por entidad.
Esto limitó el aprendizaje institucional y la especialización temática, y en muchos congresos locales no se apreció una mejora sistemática en asistencia, cohesión y disciplina informada frente a la disciplina “impuesta”, es decir, la reforma constitucional en favor de la reelección no dio lugar a mejores resultados de supervisión al Ejecutivo. Otra razón estructural de la debilidad de los congresos locales es la carencia de un apoyo de asesores especializados. Diferentes investigaciones empíricas evidencian que las plantillas técnicas son muy reducidas, los servicios de investigación son insuficientes y el personal especializado tiene una relación intermitente en lo laboral. El Plan B no se propone resolver estas carencias, desafortunadamente, solamente reducir el presupuesto.
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