El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” saluda la iniciativa del presidente López Obrador mediante la cual podrían obtener su libertad aquellas personas en cárceles de México que cuenten con más de diez años sin recibir sentencia, aquellas mayores de 75 años, así como hombres y mujeres de 65 años o más que sufran padecimientos graves de salud y casos en el que se compruebe hayan sido torturados para obtener confesiones.
Antonio Lara Duque, confundador de este colectivo, explicó que esta medida podría beneficiar a cientos de personas que se encuentran injustamente en las cárceles de nuestro país, particularmente indígenas, mujeres jóvenes e integrantes de comunidades marginadas e miembros de colectivos de la comunidad LGTTI que, en antes, durante y después de su detención y proceso judicial fueron trasgredidlos sus derechos.
El abogado comentó que, de acuerdo a Instituto “Belisario Domínguez” del Senado de la República, a más de un año de la publicación de la Ley de Amnistía sólo han sido liberadas cinco personas, pese a que este ordenamiento se aprobó en los estados de México, Hidalgo, Sinaloa y Tlaxcala, lo que habla de la poca voluntad política de los órganos judiciales y legislativos para hacerla extensiva a las personas privadas de su libertad que cumplirían con las condiciones para acogerse a dicha ley y obtener su libertad.
Resaltó que esta ley podría beneficiar mayormente a mujeres y jóvenes, así como personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas que hayan sido procesadas o cuenten ya con sentencias firmes ante tribunales.
Citó que, de acuerdo con el más reciente reporte sobre el número de solicitudes recibidas ante la Unidad de Apoyo al Sistema Judicial de la Secretaría de Gobernación, al corte del 22 de enero del presente año, se contaban con mil 115 casos por dictaminar, de los cuales 924 eran hombres (84 por ciento) y 173 son mujeres (16 por ciento). De esos casos, 67 son personas indígenas, 56 hombres y 11 mujeres.
Duque Lara precisó que consolidar a la amnistía como mecanismo de reparación de injusticias que han sido objeto diversos grupos vulnerables y de pacificación del país, es necesario para resarcir aquellos casos donde hubo violaciones graves al debido proceso y/o violaciones al debido proceso que deberá pasar también por el castigo a quienes hayan cometido dichas violaciones y abusos, que en muchos casos quedan impunes.
Recordó que en el estado de México “continúa el freno desde el Poder Judicial de la entidad para incumplir con los beneficios de la Ley de Amnistía aprobada en enero pasado”, por lo que familiares, incluso, han ofrecido su propia sangre a fin de que sean puestas en libertad a las víctimas.
Expresó que la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ya emitió documentos vinculantes con los que certifica la violación al debido proceso en estos casos, tal y como la Ley de Amnistía mexiquense preve.
