El fenómeno de la Desaparición Forzada (DF) en México está rodeado de múltiples contradicciones, la que se presenta en el escenario de la política electoral que reduce el discurso al reproche o a la negación del problema.
Por un lado, se reduce la problemática a la actual administración federal, por otro, a la delincuencia organizada y al narcotráfico, dos caras de la misma moneda que terminan por diluir lo complejo del fenómeno, de un crimen que lastima profundamente a miles de familias mexicanas.
El reciente informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU volvió a resaltar mediáticamente una problemática que a diario se observa en las calles, redes sociales, terminales, paradas de trasporte público y paredes de nuestras ciudades, los rostros de quienes “desaparecieron”.
Dicho informe aborda el fenómeno en su conjunto, que abarca la problemática desde el 2006 a la fecha, la conclusión general es: la DF persiste en nuestro país.
Fenómeno que se registra a partir del inicio de la “guerra contra el narcotráfico” y el uso de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública, labores que militares y marinos continúan desarrollando respaldados por un fuerte marco jurídico aprobado en los dos recientes sexenios.
El informe también toca heridas profundas, las fosas clandestinas; los actos de tortura y privación de la libertad en zonas de disputa territorial, ligados a la pugna por el control de recursos naturales, como lo sucedido en las zonas de costa/sierra en el estado de Michoacán desde el 2010, o en la zona sierra/costa en Chiapas desde el 2023, por poner solo algunos ejemplos; así como la existencia de una crisis forense con alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar.
La respuesta presidencial: el rechazo al contenido del informe, señalamientos sobre sus “debilidades” metodológicas y la queja de que no se reconocen los esfuerzos del gobierno por atender dicho crimen.
A pesar de que la evidencias prueben su persistencia, nuevamente se reduce la responsabilidad de las desapariciones forzadas a la delincuencia organizada y se coloca al Estado, bajo su administración, como ente totalmente ajeno a la problemática.
Recordemos la definición plasmada en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en el artículo 2: se considera desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
Enfoquémonos en el punto de la aquiescencia, importante en nuestro contexto, porque si bien no es visible una política que indique el cometido de la DF, el proceso de su denuncia, investigación y búsqueda se enmarañan en prácticas institucionales que implican omisión.
La DF es crimen de lesa humanidad en la medida de la participación del Estado, por comisión o si existe conocimiento del crimen y si se omitió deliberadamente la investigación, se actuó con complicidad o se toleró la situación.
Incluye la falta de investigación, incluso si en un inició la desaparición no estuvo relacionada directamente con el Estado, se traduce en desaparición forzada si existe complicidad o inacción sistemática, sumado al carácter continuo del crimen y pluriofensivo.
Desde los pasillos presidenciales, gubernaturas, instituciones públicas y medios de comunicación oficiales se impone una consigna preocupante: en México no existen las desapariciones forzadas. ¿Acaso se querrá hacer valida la retórica de que lo que no se nombra no existe? Y si se niega la DF ¿Cesará su cometido?
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