La historia de una promesa de campaña que fue mal planeada, generó miles de conflictos viales y tardó dos años en “cumplirse” a un costo de 541.7 mdp.
El 27 de junio de 2012 la campaña electoral del entonces candidato Enrique Peña Nieto, hoy presidente de México, pasó por la ciudad de Toluca donde retomó un proyecto que ya existía desde el año 2011, consistía en la edificación de un distribuidor vial que contemplaba seis ejes-estructuras a desnivel para permitir un flujo vehicular constante en la zona.
Ese día prometió hacer realidad la construcción del distribuidor vial que se ubicaría en la intercepción de avenida López Portillo y boulevard Aeropuerto, cruce vial ubicado en las localidades Guadalupe Victoria y San Diego de los Padres al norte de la capital mexiquense.
La promesa de campaña prácticamente está concluida y fue la número 258 (de 266 planteadas a nivel nacional), aunque su mala planeación generó durante dos años problemas viales en la zona que persisten hasta estos momentos.
Escenario adversos que obligó a sus creadores habilitar un séptimo cuerpo vial que no estaba contemplado en el proyecto original y elevó el costo de la obra de 446.6 a 541.7 millones de pesos.
El nuevo trazo consistió en la edificación de una salida para los automovilistas que vienen circulando por avenida López Portillo, en dirección a la zona norte, y suben al distribuidor con la intensión de incorporarse a la avenida boulevard Aeropuerto.
Eje de edificación emergente que ocasionó un problema vial estructural, ya que dicho flujo vehicular se suma al proveniente del conjunto habitacional Los Sauces, es decir dos carriles con alto flujo vehicular se convierten en uno, lo que genera un “cuello de botella” al que en estos momentos se le habilita un “parche”-ampliación de carril para intentar remediar el conflicto.
La obra también dejó como saldo negativo la afectación a aproximadamente 28 ejidatarios y posesionarios de predios (que forman parte del ejido San Mateo Otzacatipan) ubicados en la lateral de boulevard Aeropuerto.
Posesionarios y dueños de terrenos que hoy mantienen un conflicto jurídico con la autoridad federal y el grupo de empresarios que edificaron la obra, a quienes acusan de haber violado un amparo que les impedía seguir realizando trabajos de ampliación para subsanar el “error” que no permite un fluido constante de automotores.
Falla estructural vial originada por un equivocado estudio-cálculo de flujo vehicular, de acuerdo a versiones de decenas de vecinos y taxistas que circulan por la zona.
Los principales afectados del mal cálculo son los vecinos del conjunto habitacional Los Sauces I, II, III, IV y V; así como los habitantes de la zona residencial San José y Valle de la Hacienda (ubicadas atrás de la Central de Abastos), Villas Santín, Paseos Santín y Balcones Santín, Bosques de Cantabria, Hacienda del Valle I y II, entre otras colonias ubicadas en la zona norteoriente de la capital del Estado de México que en la última década ha registrado el desarrollo inmobiliario más importante de la región.
“Soy arquitecto, no en temas viales lo he de reconocer pero se del tema. Entonces lo que advierto es que al levantar el estudio de flujo vehicular, estos amigos –constructores– no se percataron que en la zona habitacional de Los Sauces viven miles de personas que todos los días salen en sus coches y tienen que pasar por este crucero –donde se edificó el distribuidor–; entonces la lógica y el sentido común pedía que se edificara un eje –puente– que permitiera por arriba o por abajo –túnel– el paso sin contratiempo alguno para incorporarse a boulevard Aeropuerto, pero no lo planearon así y edificaron un eje –puente– que sale de Los Sauces y te comunica a la zona de Xonacatlán”, comentó Javier López, vecino de la zona que todos los días circula por el distribuidor.
Añadió “todos sabemos que prácticamente nadie toma ese camino –puente a Xonacatlán–, nadie lo usa y entonces ahora tienen el broncón que ya no saben cómo resolverlo, porque los dueños de las viviendas –ejidatarios– de boulevard, ya se les pusieron bravos porque van abrir la puerta de su casa y lo que van a encontrar no será ni un cachito de banqueta y sí un chingo de coches”, subrayó.
El conflicto en estos momentos no sólo es para los vecinos-posesionarios y ejidatarios que tienen su hogar en dicho tramo del distribuidor donde se verifica la ampliación, sino también para todas las personas que registran un paso obligado por la zona sea peatonal, en bicicleta, transporte público o automóvil particular.
Para los taxistas que operan en la zona el caos vial tiene su origen a partir de que el proyecto no contempló una vía amplia de por lo menos tres carriles, que permita un flujo vehicular constante de Los Sauces a boulevard Aeropuerto, para que los miles de automovilistas durante la mañana, tarde y noche salgan de la zona habitacional sin “bronca”.
Es de destacar que la referida zona habitacional, identificada como una pequeña ciudad dentro de la misma ciudad de Toluca, cuenta con más de 15 mil viviendas y se erige como la más grande de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
Otra falta del distribuidor consiste en no haber habilitado espacios para ofrecer una circulación segura a los cientos de ciclistas que durante la mañana y tarde-noche, principalmente, pasan por la zona.
El error o incompetencia de no contemplar un espacio para los cientos de ciclistas que todos los días pasan por boulevard Aeropuerto y zona del distribuidor, quizás puede ser atribuido a una falta de conocimiento sociocultural y económico de los habitantes de la zona, pero la falta imperdonable para los diseñadores del proyecto-distribuidor es la colocación de letreros que prohíben la circulación de ciclistas por las vialidades que comunican a Los Sauces con boulevard Aeropuerto.
“Todos los días paso por aquí en mi bicicleta, es mi paso en la mañana y en la noche porque vivo en la –colonia– Guadalupe. No me importa ese letrero –de no paso a ciclistas–, lo que si es que me pongo más chingón para que no me vayan a planchar”, dice José Trinidad ciclista y trabajador de la construcción.
Otra de las graves ausencias del proyecto es la inexistencia de paraderos, donde se permita el ascenso y descenso seguro de miles de personas que todos los días, en seis puntos claves aledaños al distribuidor, aguardan el paso de las unidades del transporte público de pasajeros para poder llegar a su destino que puede ser desde el Parque Industrial Toluca 2000, parques industriales Exportec I y II, inmueble Aeroportuario, Plaza Sendero, hasta el Centro de Toluca o el mismo municipio de Xonacatlán, entre otros.
Los pasos peatonales “seguros” fueron otro gran “detalle” del proyecto, pues aunque sí estuvieron contemplados e incluso habilitados a través de enormes topes con vibradores, su existencia fue tan sólo de 96 horas, ya que fueron edificados y destruidos en menos de una semana porque su presencia agudizaba el conflicto vial para miles de automovilistas que salen del conjunto habitacional Los Sauces.
La obra del “Distribuidor vial cruce boulevard Aeropuerto y carretera federal Toluca–Naucalpan” corrió por cuenta del grupo de empresas conformado por Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V., Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., Infraestructura y Desarrollo Integral DICSA, S.A. de C.V., y Desarrolladora de Infraestructuras Hispano-Mexicanas, S.A. de C.V. grupos empresariales que a través del contrato de obra pública número 2014-15-CE-A-025-W-00-2014 obtenido mediante la licitación pública LO-009000999-N472-2013, ganaron el millonario proyecto que a dos años de haber iniciado aún no concluye.
La mala planeación, “el error” vial
Aunque los trabajos de edificación del distribuidor vial iniciaron en febrero de 2014, el arranque oficial se verificó el 9 de abril de ese año, dos años después, abril 2016, la obra había concluido con todo y sus errores viales estructurales pues de último momento se tuvo que habilitar un séptimo cuerpo vial que en vez de representar una solución al conflicto vehicular, agudizo el problema en la zona.
El origen por el cual arquitectos e ingenieros optaron por habilitar una séptima estructura al proyecto pactado en 541.7 millones de pesos, fue a raíz de que las autoridades federales y grupo de empresarios encargados de edificar el distribuidor, se negaron a pagar alrededor de 14 mil pesos por metro cuadrado, al propietario del predio ubica exactamente en la esquina de avenida López Portillo y boulevard Aeropuerto, justo donde está la Miscelánea Lupita.
“Realizamos estudios y análisis, solicitamos varios avalúos y el monto que nos arrojó fue la cantidad de 14 mil pesos por metro cuadrado. Es importante mencionar que el predio se ubica en esquina y en dos de las avenidas más importantes de Toluca, ese es un elemento que eleva el costo de cualquier propiedad, pero el gobierno, los empresarios y su cabilderos, se negaron a pagar esa cantidad y como suele suceder en estos casos empezaron a amenazar de manera muy sutil, a tratar de intimidar, por supuesto que no nos dejamos e incluso se interpuso un amparo para evitar que las obras que ya estaban en curso fueran a afectar la propiedad del dueño del predio” , precisó Arturo Chavarría, presidente del Colegio y Arquitectos del Estado de México que abanderó técnica y jurídicamente la causa de don dueño del predio
De acuerdo a los dueños del predio referido, el rechazo de las cantidades de 800 a mil 500 pesos por metro cuadrado que ofrecieron en un primer momento los funcionarios de la SCT a los dueños de los 28 predios, desencadenó todo tipo de estrategias para intentar convencerlos.
“Empezaron con una estrategia que consistió en negociar por separado. Los representantes de la constructora y funcionarios de la SCT empezaron a citar, por separado, a cada uno de los vecinos –dueños-, entonces fueron ofreciendo cantidades diferentes a cada uno, con algunos creo que si lo lograron pero con otros no, como fue mi caso; les dije muy claro que no me oponía al desarrollo pero que por unos cuantos pesos no me iba a desprender del patrimonio que edificó mi padre, no les aceptaría el dinero que ellos me quisieran dar, les aceptaría un precio justo y eso no les pareció y me dijeron que entonces me dejarían encerrado, sin paso vehicular, como efectivamente sucedió”, comentó el dueño del predio ubicado en la esquina de boulevard Aeropuerto y López Portillo.
De haber sido comprado el referido predio, junto con los 27 restantes, la séptima estructura no se habría edificado ya que los automovilistas que circulan por la avenida López Portillo en dirección a Xonacatlán y quisieran incorporarse a boulevard Aeropuerto, lo podían haber hecho sin necesidad de subir al distribuidor, ya que se incorporarían a la lateral y darían vuelta a la derecha, pero hoy esa maniobra no se puede hacer porque la calle está cerrada y sólo se permite vuelta en “U” (ver gráfica 10)
“Estas personas de la SCT nos querían ver la cara, son terribles. Vamos por partes, primero a mi hermano que es el dueño de la tienda y a mí que soy el dueño del taller mecánico, se puede decir en el mismo predio, nos mandaron a la quiebra porque por sus obras hubo durante meses muchos cierres a la circulación, se impidió el paso de personas y de carros, en pocas palabras no entraba nadie a la tienda y no me traían autos al taller. Segundo nos quisieron ver la cara ofreciendo mil 500 pesos por metro cuadrado sabiendo perfectamente que el predio vale mucho más por estar en esquina”, expreso el señor que pidió ser identificado como “Armando”.
Concluye la obra e inician los problemas
Al concluir la obra, principios de abril de 2016, las fallas viales estructurales de inmediato se hicieron patentes. Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal, así como de la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de México y titulares de las empresas que materializaron el proyecto, se hicieron presentes en la zona para verificar la operación del distribuidor, en ese recorrido de inmediato se percataron del problema vial estructural.
El conflicto más evidente fue donde confluye la vía proveniente de Los Sauces con el carril-salida del distribuidor que permite la incorporación de automóviles que circulan por la a venida López Portillo y se suman al boulevard Aeropuerto.
La primera acción para tratar de agilizar ese flujo vehicular, específicamente en ese tramo, fue la eliminación de tres topes; así como la edificación de una bóveda que alberguera el canal de aguas negras (antes de riego) y que a su vez permitirá ensanchar a dos carriles dicho tramo conflictivo (ver gráfica 11).
Trabajos de ampliación de carril que durante las últimas semanas han generado severos problemas viales.
La teoría del flujo vehicular
De acuerdo a investigaciones de expertos en materia de flujo vehicular, todo proyecto vial que pretenda ser altamente eficiente en su desempeño, deberá contemplar tres variables principales: el flujo, la velocidad y la densidad.
Mediante la deducción de relaciones entre ellas, se puede determinar las características de la corriente de tránsito de vehículos, y así predecir las consecuencias de diferentes opciones de operación o de proyecto.
De igual manera, el conocimiento de estas tres variables reviste singular importancia, ya que éstas indican la calidad o nivel de servicio experimentado por los usuarios de cualquier sistema vial (distribuidor, puente, deprimido, vialidad primaria, entre otros).
Auditoria detecta irregularidades
Ante la dimensión de gasto público presupuestado para ejecutar el proyecto (promesa de campaña presidencial) del distribuidor vial, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se hizo presente y detectó irregularidades como pagos realizados por trabajos que no se habían realizado, colocación de materiales de mala calidad y desmantelamiento de gasolinera sin contar con permiso de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros que ya fueron subsanados.
De acuerdo a documentos de la ASF para la ejecución del distribuidor vial cruce boulevard Aeropuerto y carretera federal Toluca-Naucalpan primera etapa, se celebró el contrato de obra pública número: 2014-15-CE-A-025-W-00-2014, el cual tuvo por objeto la construcción de los ejes-puentes 110, 120, 210, 220 y 230 del distribuidor.
Su adjudicación se verificó el 14 de febrero del 2014 mediante el procedimiento de licitación pública nacional núm. LO-009000999-N472-2013 por la Dirección General de Carreteras del Centro SCT Estado de México, al grupo conformado por las empresas:
Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V., Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., Infraestructura y Desarrollo Integral DICSA, S.A. de C.V., y Desarrolladora de Infraestructuras Hispano-Mexicanas, S.A. de C.V.; y en él se pactó un importe de 291 millones 947 mil pesos y un plazo de 287 días naturales, comprendidos del 19 de febrero al 2 de diciembre de 2014.
Los resultados de dicha auditoría arrojaron lo siguiente, aquí un extracto del documento:
Se observó que ni la entidad fiscalizada ni la supervisión externa vigilaron el cumplimiento del objeto y alcance del contrato de obra número 2014-15-CE-A-025-W-00-2014, ya que se comprobó mediante la visita a la obra que la contratista no concluyó los trabajos de construcción de los ejes 210 y 230, así como tampoco realizó trabajos de desmantelamiento y demolición de gasolinera, obras de drenaje, suministro y colocación de señalamiento vial, ejecución de obras inducidas, construcción de carpeta asfáltica en los carriles laterales, reforestación y colocación de pasto en áreas según proyecto.
Mediante el oficio No. SCT.6.10.415.555/2015 de fecha 6 de agosto de 2015, la entidad fiscalizada entregó diversa información donde la Subdirección de Obras del Centro SCT Estado de México aclaró que el eje 210 ya está concluido y que la construcción del eje 230 quedó inconcluso y se considera su terminación en la segunda etapa del presente ejercicio presupuestal (2015), debido a razones ajenas a esta Dependencia, ya que se requiere de la autorización y supervisión del personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para continuar los trabajos en la área de gasolinera,motivo por el cual se programó para el ejercicio 2015.
Respecto a las obras de drenaje, suministro y colocación de señalamiento vial, ejecución de obras inducidas, construcción de carpeta asfáltica en carriles laterales, reforestación y colocación de pasto en áreas según proyecto, precisa el documento se informó que no existe pago alguno en conceptos de obra de drenaje.
En cuanto a la reforestación y colocación de pasto fueron donados al Municipio de Toluca como parte del resarcimiento ambiental en respuesta a lo solicitado por la Subdirectora de Protección Ambiental y Recursos Naturales de Compensación y Mitigación del Impacto Ambiental, no obstante se hicieron los ajustes al precio unitario al efectuar la deductiva en el finiquito respecto a la colocación del mismo.
En relación con el suministro y colocación del señalamiento vial, éste fue ejecutado conforme al proyecto, según el informe fotográfico anexo; respecto a la obra inducida, ésta se ejecutó de acuerdo con los planos autorizados por la CFE y estos se pagaron con precios extraordinarios existiendo Acta de Entrega-Recepción se formalizó ante CFE.
En cuanto a la colocación de carpeta asfáltica en carriles laterales éstos no estaban contratados para su ejecución en el contrato de obra núm. 2014-15-CE-A-025-W-00-2014 y pertenecen a la segunda etapa.
Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.659/2015 de fecha 7 de septiembre de 2015, la entidad fiscalizada entregó acta finiquito con la cual confirmó que no existió pago o no estuvieron considerados en el presente contrato para su ejecución los conceptos aquí mencionados.
Al respecto, la ASF considera que se atiende parciamente la observación, en virtud de que aclaró que el eje 210 ya está concluido y con el acta finiquito del contrato de obra número 2014-15-CE-A-025-W-00-2014, se constató que los trabajos de las obras de drenaje, suministro y colocación de señalamiento vial y construcción de carpeta asfáltica del eje 230 no fueron pagados en el contrato de obra núm. 2014-15-CE-A-025-W-00-2014, sin embargo la entidad fiscalizada no aclaró porque, previo al inicio de los trabajos no tramitó la autorización y supervisión de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para realizar los trabajos de desmantelamiento y demolición de la gasolinera y concluir los trabajos del eje 230 para cumplir con objeto del contrato 14-9-09112-04-0368-08-001.
Por lo anterior la ASF pidió a la SCT iniciar una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión previo al inicio de los trabajos no tramitaron la autorización y supervisión de Grupo Funcional Desarrollo Económico
En la revisión del contrato de servicios de supervisión núm. 2014-15-CE-A-106-Y-00-2014, se observó que la entidad fiscalizada realizó un pago indebido de 33.2 miles de pesos en el concepto número 12.- “Coadyuvar con la residencia de obra, para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad, características y cantidad pactadas en el contrato, vigilando que la contratista ejecutora de la obra presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados, P.U.O.T.”.
Ya que en la visita de verificación física realizada por personal de la Auditoría Superior de la Federación los días 2 y 3 de julio de 2015, se constató la deficiente calidad en algunos de los trabajos ejecutados, específicamente porque se observaron oquedades y encharcamientos sobre la carpeta asfáltica.
Ausencia de bajadas de drenaje pluvial o bajadas inconclusas; presencia del acero de refuerzo expuesto en guarniciones de concreto; deficiencias en el acabado aparente de columnas de concreto armado, la existencia de una grieta vertical continua que afecta desde los parapetos, los muros de contención de rampa hasta la banqueta; filtraciones de agua en los elementos estructurales.
La nula separación constructiva entre los elementos estructurales de los ejes 120 y 220, la falta de conclusión del eje 60 y que fue nuevamente considerado por la entidad fiscalizada en el alcance de un contrato formalizado con otra empresa contratista, aunado a la inexistencia de señalización vial.
Mediante el oficio No. SCT.6.10.415.555/2015 de fecha 6 de agosto de 2015, remitido a la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada señala que respecto al pago indebido de 33.2 miles de pesos en el concepto núm. 12.- “Coadyudar con la residencia de obra, para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad, características y cantidades pactadas en el contrato, vigilando que la contratista….”; que efectivamente existió un error involuntario de esta entidad que no procedió a deducir dicho importe a la empresa contratista encargada de la supervisión externa de los trabajos constructivos.
Sin embargo, para solventar la presente observación se anexa comprobante de depósito por la cantidad de 35.0 miles de pesos que se conforman por los 33.2 miles de pesos observados más 1.8 miles de pesos de los intereses calculados respectivos, a favor de la TESOFE de fecha 6 de agosto de 2015.
Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada resarció el pago indebido en favor de la TESOFE por 33.2 miles de pesos del concepto número 12.- “Coadyuvar con la residencia de obra, para vigilar que los materiales…”, más 1.8 miles de pesos de los intereses correspondientes, precisan algunos de los apartados de la auditoria realizada al distribuidor.
