En distintos capítulos el gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha optado por el endurecimiento de penas para atacar a la delincuencia, sin embargo, esa mano dura también ha sido aplicada para el ciudadano en el afán de corregir fallas administrativas, lo cual ahora se evidencia con la propuesta para penalizar la instalación irregular de espectaculares y regular las manifestaciones públicas.
La historia no es nueva. Antes la administración eruvielista intentó penalizar a los maestros que faltaran a sus labores para realizar manifestaciones o eventos ajenos a sus actividades escolares. Y a los automovilistas que condujeran sin ambas placas de circulación o la autorización respectiva.
El 26 de noviembre de 2013, el Gobernador Eruviel Ávila envió una iniciativa al Congreso local, donde advertía las secuelas negativas de quienes se habían opuesto a la reforma educativa.
“Los docentes han convocado a estudiantes y diversas organizaciones sociales, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los educandos”, manifestaba con preocupación el mandatario mexiquense.
Más adelante justificaba su propuesta:
“El Estado de México tiene la facultad de limitar el derecho de manifestación de ideas y de libre asociación que son ejercidos por un sector pequeño llamado “maestros” con la finalidad de proteger al sector mayor que contempla a todos los niños que asisten a las instituciones públicas para gozar de su derecho de educación”, delineaba la iniciativa.
Por lo anterior, afirmaba el Gobernador mexiquense, es completamente legal y justificada la reforma para sancionar penalmente a los maestros que vulneren el derecho humano a la educación, suspendiendo clases.
La reforma concreta al artículo 134 bis del Código Penal sentenciaba:
“Al servidor público docente (maestro) que sin causa justificada abandone sus funciones dentro del horario establecido con el objeto de realizar cualquier acto público ajeno a las actividades escolares y que por consecuencia de tal acto o actos, se afecten derechos de terceros, se le impondrán de cinco a diez años de prisión”, indicaba la propuesta.
Además cuando el profesor hiciera uso de su autoridad para que sus alumnos asistieran a dichos actos, se le impondría una pena de seis a doce años de cárcel.
Aún con todo y lo legal que se aseguraba que era esta reforma, la iniciativa fue finalmente retirada, sin siquiera ser discutida por los diputados, pues el 15 de enero de 2014 el entonces Secretario de Educación del gobierno estatal, Raymundo Martínez Carbajal, informó que tal propuesta había sido retirada “por tiempo indefinido”.
Al final pesó la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Sindicato de Maestros al Servicios del Estado de México (SMSEM). “Mientras no haya consenso, esta, ni alguna otra iniciativa será presentada”, prometió el funcionario mexiquense.
Primero legislo, después escucho
El 26 de enero de 2015 la Gaceta del Gobierno publicaba el decreto 394. Contenía reformas al Código Penal del Estado de México, mismas que fueron aprobadas por el Congreso local.
Al artículo 193 de este ordenamiento se le agregó por iniciativa del Gobernador Eruviel Ávila:
“Al que maneje o utilice un vehículo de motor sin ambas placas de circulación o la autorización para circular, se le impondrán de tres meses a un año de prisión”. La justificación fue que era necesario combatir el robo de vehículos.
No pasaron ni tres meses cuando la Gaceta del Gobierno (el 10 de abril de 2015) anunciaba la derogación de ese párrafo, pues en esta ocasión la presión social y política obligó a dar marcha atrás.
“El 11 de marzo en Villa Victoria, referí que estaba consciente que la medida generó polémica, que estaba dispuesto a escuchar todas las voces y de ser necesario, derogar esta reforma que entraría en vigor en julio”, apuntó el mandatario mexiquense en la iniciativa que borró las controversiales líneas.
Antes, el 3 de febrero de ese año, el entonces legislador del PAN, Alfonso Bravo Álvarez Malo, había presentado la iniciativa para derogar dicho párrafo, y a la cual se sumaría después la propuesta del Ejecutivo.
“El criminalizar a un ciudadano mexiquense por no portar placas o tarjeta de circulación de un vehículo, es cuestión grave y hasta cierto punto es una medida arbitraria”, acusó Bravo.
Con este tipo de medidas, advirtió, se culpabilizaba a ciudadanos inocentes. Finalmente la reforma fue derogada en el Congreso local, el mismo que meses antes la había aprobado por mayoría.
Lo que el viento regresó
El 22 de enero de 2014 la Gaceta del Gobierno publicó una reforma integral al Libro Décimo Séptimo del Código Administrativo del Estado de México, derivado de una iniciativa del Ejecutivo estatal y aprobada en el Congreso local.
El contenido de esa reforma fue regular la instalación y mantenimiento de la llamada publicidad exterior, que incluye a los anuncios espectaculares que se colocan en el derecho de vía de avenidas primarias y locales.
La mayor parte de la propuesta del Gobernador Eruviel Ávila fue aprobada, salvo la penalización que proponía para quienes instalaran o consintieran la instalación irregular de esta publicidad exterior.
Así quedó fuera su propuesta para castigar dicha irregularidad con uno a cuatro años de prisión.
Dicha iniciativa, que envío el 15 de enero de 2014, concluía que la mejor alternativa para sancionar estas irregularidades era la vía penal.
No obstante, tras los vientos que azotaron al territorio mexiquense en el mes de marzo de 2016, la propuesta resurgió en voz del mandatario mexiquense.
“El Gobernador Eruviel Ávila informó que el gobierno mexiquense volverá a enviar a la Legislatura local la iniciativa de Ley sobre Publicidad Exterior, a fin de regular la colocación de anuncios espectaculares y sancionar a quienes no cumplan con las medidas de seguridad, para evitar riesgos en la integridad de la gente”, indicó un comunicado gobierno mexiquense difundido el 11 de marzo de este año.
Sin embargo, quienes finalmente hicieron la propuesta oficial fueron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, y Encuentro social; iniciativa que se hizo acompañar de más medidas administrativas para regular la tramitación de la publicidad exterior.
La nueva propuesta es similar a la del 15 de enero de 2014, pues se plantea una sanción de uno a cuatro años de prisión a quien sin la autorización o permiso correspondiente, además de causar un daño a terceros, instale, coloque, arme, construya, o modifique estructuras, bases, postes, y anuncios dentro de la infraestructura vial, el derecho de vía o su respectiva zona de seguridad.
Tal adición al artículo 196 bis de Código Penal se justifica por la caída de al menos 76 espectaculares durante la tormenta de marzo.
La iniciativa que ahora se propone admite una realidad: es necesario aplicar de manera sistemática la legislación que ya existe para regular la publicidad exterior, y que a decir de los entonces diputados locales que aprobaron la reforma de enero de 2014, era suficiente para ordenar este tipo de anuncios.
“Con la aplicación sistemática de la normatividad con que se cuenta actualmente y endureciendo las sanciones a quienes violen las reglas, se incentivará el mejor cumplimiento a las mismas”, señala la nueva iniciativa que fue presentada en el pleno de la 59 Legislatura local durante la sesión del 17 de marzo.
Tal endurecimiento de castigos, que implica la cárcel para quienes instalen publicidad exterior sin permiso, exhibe la falta de capacidad para aplicar una norma administrativa, indicó el ex diputado local del PAN, Alfonso Bravo, integrante del Congreso que aprobó la modificación de enero de 2014.
“Si el gobierno del Estado no tiene la capacidad de hacer cumplir la Ley administrativa a través de las herramientas que ya se le dieron, que no penalice las cosas.
“Tal parece que la única entidad del gobierno del Estado que funciona para Eruviel se llama Procuraduría de Justicia del Estado de México y todo lo demás no sirve”, señaló al ser entrevistado por www.metricadigital.com.
Además de que la sanción penal sería no sólo por la instalación irregular de espectaculares, sino por todo tipo de publicidad exterior como señales informativas o cualquier tipo de anuncio que busque transmitir un mensaje, tales como pantallas luminosas, pendones, gallardetes y vallas publicitarias, pues la propuesta al Código Penal incluye la colocación de cualquier medio físico con o sin estructura de soporte que sirva para la difusión.
Y la Ley de la Fuerza
En la sesión del 17 de marzo, el Congreso local aprobó por mayoría, con el voto en contra de los diputados de Morena, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública.
La iniciativa también provino del mandatario mexiquense. En su artículo 15 indica que en las manifestaciones o reuniones los ciudadanos deberán cuidar sus palabras hacia la autoridad.
“Cuando en una asamblea o reunión, las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal y se procederá de conformidad con lo dispuesto en esta Ley”.
Posterior a ello se establecen los pasos a seguir.
“La determinación de hacer uso de la fuerza, en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo informar de inmediato a su mando superior sobre tal determinación”, indica el artículo 16 de la citada Ley, que entrará en vigor después de 90 días hábiles, contados a partir del 18 de marzo.
Aunque la Ley contempla disposiciones contra la tortura, faculta para que los elementos policíacos no actúen de manera arbitraria, y regula que la Comisión de Derechos Humanos intervenga en situaciones irregulares, los diputados y la dirigencia estatal de Morena calificaron a este ordenamiento jurídico como la “Ley Atenco”, en alusión a la represión que se está legalizando.
“El día 28 de enero de 2016, Eruviel Ávila envió al Congreso del Estado una iniciativa de Ley que regula el uso de la fuerza pública, esta iniciativa no es otra cosa más que el intento del gobierno del estado para criminalizar la protesta social, el intento de restringir las libertades de asociación y de libre manifestación de las ideas”, indicó la dirigencia estatal de este partido.
