En su lucha por la defensa de los bosques la familia Zamora ha sido víctima de la impunidad e injusticia, lo cual exhibe las contradicciones de un aparato de justicia donde líderes sociales son convertidos en presuntos delincuentes.
“Nos hemos ido resignando mi familia y yo a esa injusticia, porque si uno se acerca a las autoridades le toman represalias”. Las palabras vienen de Ildefonso Zamora Baldomero un 21 de marzo de 2012. El campesino de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan, está en el salón Narciso Bassols del Congreso del Estado de México.
De pantalón vaquero, camisa amarilla y sombrero blanco, Zamora luce delgado; legendario presidente de los Bienes Comunales de San Juan Atzingo, población de los últimos tlahuicas que viven el Estado de México.
Su rostro moreno endurece sus facciones cuando se le pregunta por Aldo, su hijo asesinado en mayo de 2007 por taladores clandestinos de esa región, después de que él y comuneros de Ocuilan se lanzaron a defender los bosques de San Juan Atzingo.
“Creo que esto ya quedó impune, la autoridad se olvidó de atendernos y siguen prófugos los dos asesinos materiales, Luis y Alejo Encarnación Neri”, dice por enésima vez en esos cincos años que han transcurrido desde el homicidio de Aldo, víctima de esa guerra que no reconoce nadie, pero que se lleva vidas e ilusiones.
El hijo de Zamora fue abatido en “La Guerra por el Bosque”, como se titula el libro que ese 21 de marzo fue presentado en el Congreso mexiquense. Crónica de la defensa ambiental que se vivió en la zona de Ocuilan y las Lagunas de Zempoala en la década anterior.
“A Aldo Zamora, joven integrante del Comité de Vigilancia, que sembró con su vida el árbol de la esperanza”, enuncia una de las dedicatorias del libro en su hoja tres.
La turba
Casi cuatro meses después de aquella visita de Ildefonso Zamora al Poder Legislativo del Estado de México, el 11 de julio de 2012, la calle Libertad de San Juna Atzingo, amplia vialidad que conduce al centro del poblado, es ocupada por una turba de hombres y mujeres que causaron destrozos en la vivienda identificada con el número 18.
A unos 200 metros de esa casa está la vivienda de Zamora y su familia.
La dueña de la casa dañada, Felicitas Germán Sánchez, presentó una denuncia penal en el Ministerio Público de Ocuilan. La querella que se encuentra en la carpeta de investigación de número 130030090080812 fue elaborada en computadora por la denunciante y anexada de manera íntegra al expediente.
A las 17:30 horas de aquel 11 de julio de 2012, según la denuncia, un grupo de 50 personas arribaron al domicilio de Felicitas Germán, quienes entraron de manera violenta, destruyendo muebles, además de vehículos que se encontraban en el exterior.
“Ya valieron madres ahora sí ya se los cargó la chingada”, fueron parte de los gritos de los intrusos, quienes portaban garrotes, armas blancas, y hasta un arma de fuego, según lo asentado en la querella.
En el ataque un Tsuru, modelo 1990, color azul fue quemado por la turba, quienes de acuerdo a la denunciante la obligaron a correr del lugar, mientras ellos continuaban destruyendo y sacando objetos de valor de su casa, así como dinero en efectivo, que sumaría 360 mil pesos, cantidad que correspondía a sus ahorros, dado que su esposo trabaja en Estados Unidos.
El escrito de denuncia que está redactado con estricto detalle sobre los objetos, electrodomésticos y bienes robados, así como los inmuebles dañados, además de utilizar el léxico de un agente del Ministerio Público; involucra a Zamora al supuestamente identificarlo como uno de los instigadores de la violencia, cuyas causas no son aclaradas, ni referidas en el escrito de computadora presentado ante el Ministerio Público.
Sin embargo, Zamora, quien padece diabetes desde hace al menos 10 años, se encontraba ese día en el centro de la Ciudad de Toluca, donde recibió el acta constitutiva de una asociación civil que venía formando y que se denomina Pueblo-Hospital Ambientalistas Tlahuicas Zempoala-Chichinautzin, Bienes Comunales de San Juan Atzingo, como se asienta en la copia certificada del acuse expedido por el Notario Público número 61, Roberto Sánchez Lira, cuyas oficinas están en la avenida Felipe Villanueva.
Por la mañana había visitado a un contador público en la comunidad de Santiago Tilapa, por el rumbo del municipio de Santiago Tianguistenco. En la noche del 11 de julio de 2012 regresó a su casa de la calle Libertad, frente a su domicilio, en un terreno baldío, ya se encontraba el vehículo Tsuru que había sido quemado por la turba.
El asesinato
En la denuncia penal que presentó la señora Felicitas Germán, quien no tenía problemas previos con los Zamora, hay un apellido que se repite entre los presuntos agresores: Magdaleno.
Ese 11 de julio en la Colonia Doctor Gustavo Baz, que se ubica sobre la carretera a Toluca, un joven de nombre Luis Enrique Magdaleno Gómez fue asesinado.
Los supuestos victimarios fueron tres, uno de ellos fue identificado como hijo de Felicitas Germán. Tras levantar el cuerpo del joven asesinado, conocidos e integrantes de la familia Magdaleno se trasladaron al número 18 de la calle Libertad, pues corrió la versión de que los presuntos homicidas estaban escondidos ahí.
Tras los desmanes en el interior de la propiedad de Felicitas German, arriban elementos de la policía estatal, así como agentes del Ministerio Público, quienes iniciaron una carpeta de investigación
A la fecha ya fue detenido uno de los agresores del joven Magdaleno, mientras los otros dos están prófugos, uno de ellos es el hijo de la señora Felicitas, quien incluso de acuerdo a las versiones de los testigos no se encontraba cuando llegó la turba a su casa, cuyos destrozos están documentados con fotografías que fueron incluidas en la carpeta de investigación.
Libra justicia
En la carpeta de investigación que inició Felicitas Germán refiere que puede identificar a 12 de los agresores, uno de ellos era Juan Gabriel Encarnación.
A esa persona la Policía Ministerial de la Procuraduría mexiquense la detuvo en febrero de 2016, pero salió libre el 8 de abril porque ganó el recurso de apelación contra la vinculación al proceso penal. Sólo estuvo dos meses en prisión. Logró demostrar que no había elementos para procesarlo por los destrozos ocurridos en la calle Libertad.
Apenas en marzo fue asegurada otra persona por los mismos hechos, Marciano Alejandro Anselmo, su caso está en proceso y en el cierre de la investigación.
De los otros presuntos agresores nada se sabe. Ildelfonso parece ser el principal blanco de la justicia mexiquense.
“Ese es el cuestionamiento al Procurador, por qué esa persona sale libre, si la acusación es la misma. Se comprueba que la revancha es contra mi papá”, argumenta Misael Zamora, hijo de Ildefonso.
Recomendadito
Don Ildefonso Zamora fue detenido el 20 de noviembre de 2015, acusado de los hechos ocurridos en la calle Libertad el 11 de julio de 2012.
Siete meses antes, el 21 de abril de 2015, Misael Zamora se encontraba juntando leña en el bosque de Ocuilan.
“Ese ocasión la idea era juntar leña muerta y acaso 10 minutos de que había llegado al lugar me sorprenden militares, policías estatales, funcionarios de Probosque, e incluso un Ministerio Público de Tenancingo.
“Me detienen y un comandante de la policía estatal que se llama Juan Carlos Lara, muy sonriente me dice que se había tardado mucho en chingarme, pero que ya había valido madre”, recuerda Misael.
– Te traigo recomendadito desde hace muchos meses, fueron las palabras que escuchó el hijo de Ildefonso mientras era asegurado por el delito de tala clandestina.
De manera irregular Misael no fue trasladado al Ministerio Público, sino a la comunidad de Las Trojes, donde finalmente fue liberado por la presión de vecinos y familiares, no obstante, se le inició un proceso penal.
“Había una denuncia por delitos forestales para mí y otra para mi papá por evasión de reo”, dice el hijo del campesino ambientalista.
En su defensa Misael presentó un amparo, con el fin de saber si él o su padre tenían una orden de aprehensión girada en su contra, a lo cual la Procuraduría mexiquense aseguró que no existía nada al respecto.
“Eso fue entre junio y julio de 2015”, señala, pero tras la detención de su padre requirieron saber desde cuándo se había girado la orden de aprehensión y resulta que dicha ordenamiento del juez era de noviembre de 2014, según consta en el documento donde la Policía Ministerial pone a Ildefonso Zamora a disposición de las autoridades correspondientes.
“¿Por qué el Procurador escondió esa información?, hay complicidad desde la señora que acusa, el Ministerio Público, el juez de Control y el Procurador, solicitamos el informe de órdenes de aprehensión y dijo que no había orden de aprehensión”, se pregunta en repetidas veces el hijo varón de Ildefonso, quien junto con sus tres hermanas y madre protagonizan la defensa jurídica de su padre.
Misael logró que mediante el amparo que él promovió, las autoridades judiciales del Estado de México suspendieran el proceso penal por los presuntos delitos forestales que le imputaron el 21 de abril de 2015, sin embargo, el caso aún no concluye, pues faltan determinaciones del juez de distrito que lleva el amparo.
Prisión y Burocracia
El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso Zamora se encontraba en las oficinas que ocupaba en la séptima regiduría del Ayuntamiento de Ocuilan, un municipio ubicado a una hora y media de la capital mexiquense. Su gestión comenzó en enero de 2013, meses después de los hechos registrados en la calle Libertad.
Ocuilan es una localidad donde el PAN tiene escasa presencia, sin embargo, como dicen los lugareños ese partido simplemente “prestó su color” y producto de un acuerdo con líderes ciudadanos se integró una planilla a la cual fue invitado Zamora; la planilla no ganó, pero el vecino de San Juan Atzingo logró un espacio en el Cabildo.
A esas oficinas arribaron los policías ministeriales el 20 de noviembre de 2015, seis días después Zamora fue vinculado a proceso, es decir, se determinó que había pruebas suficientes para iniciar un juicio en su contra.
La defensa del campesino arguyó que la carpeta de investigación estaba viciada de origen, que no había pruebas de que él hubiera estado en la calle Libertad cuando ocurrieron los desmanes, se presentaron testimonios de su visita a Toluca el día de los hechos, incluso de que nunca fue notificado de la acusación en su contra.
En la carpeta de investigación de número 130030090080812, derivada de los hechos ocurridos en la calle Libertad el 11 de julio de 2012, no existe ningún documento que acredite que Zamora fue notificado de la denuncia penal.
Existe una solicitud de notificación con fecha del 6 de mayo de 2013, donde el agente del Ministerio Público de Tenancingo solicita a la Dirección de Seguridad Pública de Ocuilan le informen a Ildefonso Zamora sobre la necesidad de que comparezca ante las autoridades ministeriales, pero no aparece un documento que acredite dicha al notificación al vecino de San Juan Atzingo.
También hay otro documento del 22 de julio de 2014, un año después, donde el Fiscal Regional de Ixtapan de la Sal de la Procuraduría estatal, Jesús Rolando Rangel Espinosa, le urge al Ministerio Público de Tenancingo determinar si habrá o no ejercicio de la acción penal en el caso de la citada carpeta de investigación.
Lo extraño es que fue hasta el 10 de abril de 2015, casi otro año después, cuando la agente del Ministerio Público de Ocuilan, Denice González Colín, le remitió al Ministerio Público de Tenancingo la referida carpeta de investigación donde fue involucrado Zamora.
En dicho documento se aclara que el delito es por allanamiento de morada, y aunque en la denuncia se refieren a varios presuntos implicados, sólo se menciona a Ildefonso Zamora Baldomero “y otros”.
El argumento para enviar a Tenancingo la carpeta de investigación, indica el oficio, es “por tratarse de hechos de su competencia”.
Posteriormente el documento de Puesta a Disposición de la Policía Ministerial del Estado de México del 20 de noviembre de 2015, día en que fue detenido Zamora, señala que el delito imputado al campesino es robo con modificativa, es decir, con la agravante de haberse cometido al interior de una casa habitación y se utilice en su ejecución la violencia.
Ya nada se dice del presunto allanamiento de morada, ilícito que incluso aparece como único delito en la portada de la carpeta de investigación de número 130030090080812.
En dicha carpeta que llegó a Tenancingo tampoco se refiere que el día de los desmanes en la calle Libertad hayan llegado policías estatales o ministeriales, lo cual sí es referido por testigos presenciales.
En el documento de la Puesta a Disposición, que realizó la policía ministerial, también se asienta que la fecha en la que fue girado el ordenamiento del juez fue el 2 de noviembre de 2014, es decir, meses antes de que el Ministerio Público de Ocuilan le remitiera la carpeta de investigación a su homólogo de Tenancingo.
Pese a ello la jueza de control del Poder Judicial del Estado de México, Karla Guadalupe Pinedo Magaña, vinculó a proceso penal a Zamora.
El 5 de diciembre de 2015 el vecino de San Juan Atzingo presentó un amparo indirecto contra la decisión de vincularlo al proceso penal, bajo el número 1793/2015, en el Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México.
La audiencia incidental de dicho amparo favoreció a Zamora, pues el juez federal determinó que el juicio del fuero común no puede seguir hasta que se resuelva este amparo, y la libertad de Don Ildefonso quedó a disposición del juez de distrito.
Hasta ahí parecía que la ruta se enderezaba, pues la primera audiencia constitucional del juicio de amparo se programó para el 6 de febrero de 2016, sin embardo, han pasado dos meses y no existe ninguna determinación sobre la posible libertad de Zamora, pues las audiencias se han ido aplazando por omisiones de la Procuraduría del Estado de México y cambios al interior del juzgado federal.
“Nos ponen como fecha de la audiencia el 6 de febrero y se aplaza sin razón, después la pasaron al 3 de marzo y tampoco se hace porque supuestamente el Ministerio Público no presentó sus pruebas a tiempo, y se aplazó para el 31 de marzo, pero dos días antes cambian al juez y se vuelve a cambiar la fecha”, indica Misael Zamora.
La próxima fecha de la audiencia es para el 27 de abril.
“No entendemos por qué hacen eso cuando está en juego la libertad de una persona, más cuando mi papá tiene una enfermedad muy peligrosa”, dice Misael.
Pese a la enfermedad de Zamora, el Ministerio Público también trató de que la autoridad judicial lo catalogara como un sujeto de máxima peligrosidad, con el fin de asignarle una pena considerable.
“El Ministerio Público sabe que esto es una denuncia dolosa, él mismo estuvo fabricando la carpeta, no sabemos quiénes son los cómplices, pero no creo que lo haya hecho solo. Alguien está detrás de todo esto, incluso financiando.
“Es algo de locos pensar que así sucedieron las cosas, es algo injusto, ilegal, vemos que es muy poca la justicia que existe, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias”, insiste su hijo Misael.
Esperanza
La entrevista con la familia Zamora ocurre en su vivienda de la calle Libertad, es una construcción que está en declive, donde destaca su cocina de humo construida con tablones de madera.
Adentro la esposa de Ildefonso, Modesta Gómez Procopio, de 54 años de edad, prepara la masa para las tortillas que en unos minutos estarán inflándose en su comal de brasas y que serán acompañadas de chicharrón en chile verde y frijoles enteros.
Doña Modesta guarda silencio mientras su hijo Misael explica por enésima vez las injusticias que sufre su padre, ella sólo refuerza algún dato o complementa alguna información mientras permanece fiel al fogón donde prepara los alimentos, y de donde sale el humo que impregna a toda la habitación.
El piso es de tierra y la techumbre se compone de tejas, en el interior nos sentamos en sillas de palma y madera; de cuando en cuando pasa un gato olisqueando algún resto de comida, cerca se oye el canto de un gallo.
Cuando el fotógrafo toma la imagen de la familia Zamora frente a su vivienda, donde se desperdigan gallinas y pollos, Doña Modesta pide que vean cómo viven.
“¿Dónde están los 360 mil pesos?” se pregunta mientras ve a la cámara fotográfica con una mirada de desconfianza y a la vez de valentía.
A kilómetros de ahí, en la prisión de Tenancingo, Don Ildefonso, a sus 55 años de edad, espera la próxima audiencia del juzgado federal, no se presiona, sabe que no debe nada, pero con la diabetes que tiene no es grato estar recluido, admite su hijo.
Cuando detuvieron a Zamora tenía una herida en el pulgar derecho, ya llevaba varios meses sin sanarle y tras los golpes que le propinaron los policías ministeriales se agravó la lesión, además de que apareció otra herida en uno de sus pies.
“Cualquier alteración es hablar de cosas muy delicadas, pero siendo realistas qué más puedo uno hacer, sólo echándole ganas, presionando a las autoridades”, concluye Misael, quien tiene 25 años de edad. Él fue herido en un pulmón cuando asesinaron a su hermano Aldo, quien en este año estaría cumpliendo 30 años.
Injusticias similares
El caso de Ildefonso Zamora recuerda episodios similares en el Estado de México, donde líderes o activistas sociales han sido involucrados en distintos ilícitos.
A la fecha José Humbertus Pérez Espinoza, representante legal del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, enfrenta desde la cárcel de Chiconautla a la maquinaria de procuración y administración de justicia mexiquense.
El Doctor en Derecho Parlamentario fue enjuiciado por las causas penales 1718/2015 y 1720/2015. Está preso desde el 4 de noviembre de 2015 acusado de un presunto robo a mano armada en dos viviendas ubicadas en calle Encino de Villas del Real, municipio de Tecámac.
Los dos supuestos delitos de robo con violencia, según la Procuraduría estatal, fueron cometidos el 26 de septiembre de 2015.
Sin embargo, la defensa de Pérez Espinoza esgrime que la parte acusadora no ha demostrado ser la propietaria de una de las viviendas.
El líder social, antes de ser detenido, se había distinguido por ser un activista para sancionar abusos de empresas inmobiliarias, en esta lucha ganó juicios a corporativos como URBI Desarrollos Urbanos y logró que se ejecutara una orden de aprehensión contra René Jaime Mungarro, uno de los ex directivos más importantes de esa inmobiliaria.
La persecución ministerial no sólo es contra Pérez Espinoza, sino también contra su esposa e hijo, según ha acusado el propio activista.
Al igual que en el caso de Ildefonso Zamora, días antes de su detención Pérez Espinoza solicitó saber si había una orden de aprehensión en su contra, lo cual fue negado por la Procuraduría estatal.
Investigaciones revividas
Un caso más es el de Santiago Pérez Alvarado, activista ambiental cuya lucha comenzó en la década de los noventa contra la instalación de un centro de esquí en el Nevado de Toluca.
Posteriormente en 1999 encabezó la oposición contra la Cuarta Etapa del Sistema Cutzamala, que pretendía utilizar el Río Temascaltepec para llevar agua al Distrito Federal y zona conurbada.
Entre 2004 y 2007 asesoró al movimiento mazahua, cuyas mujeres con rifles de madera y autodenominándose “comandantas”, saltaron a las primeras planas de medios nacionales e internacionales.
La exigencia eran obras ambientales y sociales para las comunidades aledañas al Sistema Cutzamala, en la región de los municipios de Villa Victoria y Villa de Allende.
Cuando la curva mediática había bajado, en julio de 2007, durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto; Pérez Alvarado fue detenido por dos causas penales abiertas en 1999 y 2000.
La primera era por la presunta retención de funcionarios federales durante la planeación de la Cuarta Etapa del Sistema Cutzamala, y la segunda por el conflicto generado cuando Pérez Alvarado, siendo candidato a diputado federal, detectó una bodega de materiales de construcción, que serían utilizados por el PRI.
Por la causa del 2000 fue liberado casi al instante, pues la orden de aprehensión ya había sido cancelada, pero el activista inmediatamente fue detenido por los hechos de 1999.
En octubre de 2007, después de 3 meses en la cárcel de Temascaltepec y sin el acompañamiento de medios de comunicación de otros tiempos, Pérez Alvarado recuperó su libertad; los cargos se habían desvanecido.
Venganza
Un expediente similar es el de Arturo Chavarría, especialista en materia de desarrollo urbano, y actual presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del estado.
En 2001 y 2002, en pleno gobierno de Arturo Montiel, Chavarría acusó que existían irregularidades en la construcción del Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), ubicado en Metepec.
El gasto total para esa obra fue de 505 millones de pesos, aunque el ISSEMyM aseguró que la empresa responsable, el Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción, sólo cobró 255 millones; el resto fueron para tareas colaterales.
Chavarría vivió la secuela en carne propia, pues en 2002 fue detenido. Los integrantes de dicho Consorcio lo habían acusado de difamación.
Su estancia fue breve en el penal estatal de Almoloya de Juárez, pues aunque la justicia estatal lo condenó a 9 meses de prisión, vía un amparo logró ser absuelto en 2004.
A ellos se suma Ildefonso Zamora, quien no sólo acusa ser víctima de una injusticia, sino también vivir la impunidad por el asesinato de su hijo Aldo.
