Métrica - Periodismo y Transparencia

Le recetan Fórmula Anticorrupción al Edomex

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Aunque en el Estado de México la inversión para combatir la corrupción ha registrado altibajos durante la gestión del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, ahora el mandatario mexiquense tiene en su escritorio un recetario para revertir las malas prácticas de los servidores públicos, que incluye la creación de una Ley de Ética Pública.

 

De 2011 a 2016, el gobierno mexiquense ha ejecutado y presupuestado un gasto diario de un millón 379 mil pesos en el principal programa enfocado al combate de la corrupción, mismo que se denomina Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público, sin embargo, el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) advierte que las debilidades en una cultura ética provoca múltiples prácticas corruptas en los servidores públicos de la entidad.

“La ausencia o debilidad de una cultura ética y transparente de instrumentos que impulsen su desarrollo, da pie a las múltiples prácticas corruptas en la conducta de los servidores públicos en el Estado de México”, señala el documento “Políticas de Gobierno para el Estado de México”, mismo que advierte sobre la magnitud de la corrupción en territorio mexiquense.

“Así en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el INEGI, midió las experiencias de la población al enfrentar una situación de corrupción. En dicho estudio, el Estado de México (2013), fue la tercera entidad con mayor corrupción, sólo superado por San Luis Potosí y el Distrito Federal. (INEGI, 2014)”, añade el análisis del IAPEM donde se recomiendan una serie de políticas públicas que el gobierno estatal podría instrumentar.

Dicho documento, que fue editado en noviembre de 2015 y fue elaborado por comités que integran especialistas y académicos en distintas materias, indica que cualquier proyecto que pretenda prevenir y combatir la corrupción tendrá mayor posibilidad de éxito, si se acompaña de políticas que promuevan principios y valores éticos.

“Las instituciones de carácter público deben contar con personal íntegro y en consecuencia, la promoción de ética es vital pues tiene un impacto activo en el personal que a su vez se manifiesta en la marcha y desarrollo de las instituciones”, refiere el documento.

El análisis del IAPEM admite que tampoco existe un diagnóstico sobre la corrupción en el Estado de México, por lo cual es necesario revisar a las instituciones mexiquenses, en relación con los instrumentos normativos y prácticos que se han utilizado para combatir la corrupción, e incluirse las evaluaciones que al respecto se han realizado.

“Dicho diagnóstico dará la pauta para elaborar una Ley de Ética Pública, así como del Código Ético y de Conducta para Servidores Públicos del Estado de México que responda y coadyuve a adecuar el diseño institucional en esta materia”, señala el IAPEM.

A esas dos iniciativas el documento suma las recomendaciones para crear la Cátedra “Aristóteles” en Ética Pública y Transparencia, a la par de promover la formación de Promotores Éticos.

Paradoja Anticorrupción

Al margen de que el gobierno mexiquense retome dichas políticas públicas, destaca que entre 2011 y 2016 la administración estatal gastó (o previo erogar) 3 mil 20 millones en el programa denominado Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público, el cual reúne las principales acciones para evitar y cerrar el paso a la corrupción.

“Fomentar y fortalecer el desempeño de las Instituciones de la Administración Pública Estatal, mediante el seguimiento, control y evaluación de su gestión, que asegure mayor transparencia y una actuación ética y eficaz, facilitando el acceso de la información pública a la población de la entidad”, reza el objetivo de este programa, según lo asentado en los anexos de los Presupuestos estatales aprobados por el Congreso local.

De 2011 (año en que comenzó la administración del Gobernador Eruviel Ávila Villegas) a 2014, el gobierno mexiquense gastó mil 948.5 millones de pesos en el citado programa, según las Cuentas Públicas Estatales, donde se detallan las erogaciones de cada año.

Y de 2015 a 2016, fueron autorizados otros mil 71.5 millones de pesos para este programa, como lo indican los respectivos Presupuestos Estatales, ya que aún no se consolidan las Cuentas Públicas de esos años.

Sin embargo, al comparar el gasto ejercido entre 2011 y 2014 con variables como auditorías realizadas y denuncias tramitadas salta un dato contradictorio, pues a mayor erogación, menos es el registro de auditorías y denuncias.

En 2011, ejercicio que compartieron el ex Gobernador Enrique Peña Nieto y el actual mandatario Eruviel Ávila Villegas, se ejercieron 323 millones 284 mil pesos en el programa de Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público; la Cuenta Pública de ese año refiere que entre las acciones realizadas estuvieron mil 873 auditorías en distintas Secretarías y dependencias estatales, además de que fueron registradas 25 mil 471 denuncias o quejas presentadas por ciudadanos.

Para 2014 la Cuenta Pública de ese año reporta un incremento sustancial en el gasto anticorrupción, pues en el citado programa se gastaron 645 millones 40 mil pesos, no obstante, el número de auditorías realizadas bajó a mil 388, casi 500 menos que en 2011, mientras la cantidad de denuncias tramitadas disminuyó a 21 mil 801, según lo asentado en la Cuenta Pública de este último año.

Destaca que las cantidades presupuestadas para 2015 y 2016 en el programa de Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público son menores a la gastada en 2014, con lo cual existe una merma, a reserva de conocer el monto final erogado.

En 2015 este programa tuvo un gasto autorizado de 509 millones 515 mil pesos y para 2016 se tiene previsto erogar 562 millones 10 mil pesos, lo cual representa un incremento con respecto a 2015, pero sigue sin recuperarse el nivel de 2014.

El Presupuesto Estatal de 2016 reporta que los recursos para el próximo año servirán para realizar acciones en materia de fiscalización de  ingresos, egresos y de programas de inversión con recursos estatales y federales, además de darse seguimiento a procedimientos de responsabilidad administrativa y manifestación de bienes de funcionarios públicos.

“Del mismo modo el estado avanza en la dimensión de las acciones que habrán de realizarse específicamente en lo relativo a transparencia y rendición de cuentas, al revestir de manera particular la importancia del Programa de Contraloría Social, cuyo objetivo consiste en impulsar una relación más cercana con la sociedad, favoreciendo la participación organizada de la ciudadanía”, refiere el diagnóstico que se incluye en este programa.

El caso OHL

La dimensión millonaria del gasto anticorrupción del gobierno mexiquense adquiere otra tonalidad cuando se recuerda el caso de OHL, mismo que marcó agenda en 2015, pues fueron reveladas conversaciones telefónicas donde aparecen funcionarios estatales en presunto contubernio con directivos de esta empresa española.

El 7 de mayo de 2015 se dieron a conocer audios de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México, donde se hablaba del encarecimiento en las obras del Viaducto Bicentenario, una concesión que le fue otorgada a esta empresa en 2008, cuando el ahora Presidente Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense.

El paquete de audios, revelado en redes sociales, también incluía una conversación del entonces Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, cuando gestionaba unas vacaciones con los directivos de OHL, e incluso existió una llamada donde este funcionario se comunicaba al hotel donde se hospedaría, haciendo referencia a dicha empresa.

Un día después de que se filtraron los audios, el Gobernador Ávila Villegas  anunció que la Contraloría estatal, a cargo de Alejandro Hinojosa Velasco, realizaría una investigación sobre la concesión otorgada a OHL México en las obras del Viaducto Bicentenario.

Auditoría que a la fecha no ha concluido, pues se desconocen resultados salvo la renuncia de Apolinar Mena, que ocurrió el 17 de mayo, además de ser multado con 189 mil pesos, aunque posteriormente se reintegró al gobierno mexiquense como Secretario Técnico del Gabinete, cargo clave en la administración, al ser quien coordina las acciones del resto de las Secretarías estatales.

Un mes después, el 25 de junio, un  nuevo audio exhibió a otra funcionaria mexiquense. Esta vez tocó el turno a Luz María Zarza Delgado, Consejera Jurídica del Estado de México.

En una conversación que sostuvieron Luz María Zarza y el entonces Secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas, se escucha como el funcionario intenta llamar por teléfono a Pablo Wallentin, entonces director de Relaciones Institucionales de OHL México, pero quien responde es la Consejera Jurídica.

Dicho audio, que habría sido grabado el 27 de octubre de 2014, refiere la colaboración del gobierno estatal con OHL, respecto de los litigios de esta empresa con otra de nombre Infraiber.

Esta última empresa ha demandado que de manera ilegal le fue cancelado el contrato para verificar el aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense, otra obra concesionada a OHL.

Al margen del conflicto entre particulares, en el Circuito Exterior Mexiquense, de acuerdo a versiones periodísticas, se está cobrando a cada automovilista que transita por esta vía un concepto de 50 centavos por verificación de aforo vehicular, tarea que no se realiza, pues era un trabajo asignado a Infraiber.

La resolución sobre el caso OHL es un pendiente para la administración estatal, quien para 2016 presupuestó en su programa anticorrupción un gasto de 562 millones 10 mil pesos.

“Para apoyar las acciones que tienen como propósito establecer esquemas gubernamentales con transparencia, evaluación y control del desempeño del Gobierno, fortalecer el ejercicio de la función pública, los principios de honestidad, eficacia, transparencia, legalidad y eficiencia frente a los ciudadanos, con apego a los códigos de ética y conducta y modernizar los sistemas de control interno, que permitan el cumplimiento de objetivos institucionales y una gestión eficiente con resultados eficaces se programa un presupuesto de: $ 562,010,218”, rematan los anexos del Presupuesto de 2016.

Receta Anticorrupción

Las medidas que propone el Instituto de Administración Pública del Estado de México, en el documento“Políticas de Gobierno para el Estado de México”, destacan porque los especialistas que las formulan aseguran que no son costosas, ni representarían un gasto extraordinario.

La creación de una Ley de Ética Pública se fundamenta en la necesidad de contar con un marco jurídico que obligue a la promoción de los valores éticos.

“La elaboración de una política de Gobierno, reflejada en Ley de Ética Pública para el Estado de México tiene el propósito fundamental de que la formación ética sea requerida por Ley, que sea exigida para los servidores públicos, que sea una norma de excelencia para el comportamiento ético, y no una sugerencia donde los valores y principios no se traduzcan en acciones concretas”, señala el documento.

La viabilidad social de esta propuesta radica en que la ética es una demanda ciudadana ante el descrédito por corrupción de las instituciones y de los servidores públicos, además de que ya existen leyes similares en otros países, así como reglamentaciones básicas en entidades del país.

“Condición fundamental para fomentar la ética es la existencia de un marco legal que la haga viable. Con un marco jurídico, el Estado se obliga y obliga a la promoción de valores éticos. Sin el respaldo jurídico cualquier acción por emprender carece de fundamento”, indica la propuesta.

Paralelo a la citada Ley, el IAPEM propone un Código Ético y de Conducta para servidores públicos del Estado de México, el cual sería un documento normativo y educativo.

“Un Código ético va más allá de la sola norma, supone implicarse en la vida de la persona, en sus actitudes, creencias y en las costumbres que dan origen a su conducta. Los destinatarios serán los servidores públicos de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y de los gobiernos municipales, las entidades paraestatales, órganos autónomos, y en general todos aquellos entes que reciban recursos públicos”, abunda el documento.

Sin embargo, se advierte que para la aceptación de un Código Ético debe incluirse un diagnóstico previo sobre el nivel ético de las instituciones en general y de sus miembros en particular, además de que en su elaboración participen los integrantes de dichas dependencias públicas.

“Es de destacar que para garantizar el respeto en la operación de un Código Ético es necesario que exista una carta de adhesión a través del cual el servidor público se comprometa a respetar y llevar a cabo una conducta acorde a lo señalado en el Código”, recomienda la iniciativa.

Respecto a la creación de la Cátedra “Aristóteles” en Ética Pública y Transparencia se explica que dicha cátedra se impartiría a través del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Con dicha cátedra se pretenden realizar diversas actividades como conferencias magistrales, congresos y coloquios especializados o interdisciplinarios, diplomados, cursos, seminarios de profesores, investigaciones específicas, asesorías de tesis de licenciatura y posgrado, publicaciones, así como capacitación en ética pública.

“Tales actividades se programarán anualmente, invitando a participar en ellas a especialistas destacados en la materia. La cátedra será pública y abierta a los interesados en el combate a la corrupción, y cerrada en caso de ser necesario para grupos específicos. La cátedra será multidisciplinaria al converger diversos campos de saber: ética, filosofía, política, administración pública, sociología, psicología, derecho, entre otros”, indica el IAPEM.

La cuarta y última propuesta consiste en promover la capacitación de“Promotores Éticos”, quienes serían personas cuyo trabajo sería inducir, orientar, educar, aconsejar, y desarrollar los valores del espíritu humano para su práctica dentro de la vida pública.

“Para generar Promotores Éticos se requiere un proceso que abarque el diseño de un perfil idóneo de los aspirantes, luego definir la forma de captación de interesados, puede ser abierta mediante una convocatoria pública, o bien cerrada, identificando personas conocidas con base en el perfil definido previamente”, indica.Esta iniciativa como las otras tres ya fueron presentadas al Gobernador Eruviel Ávila Villegas.

Anticorrupción

Gastos y algunas acciones del programa estatal de Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público:

Año

Gasto o *Presupuesto

Auditorías Realizadas

Denuncias Recibidas

2011

323 millones 284 mil

Mil 873

25 mil 471

2012

491 millones 686.7 mil

Mil 296

16 mil 872

2013

488 millones 500.4 mil

Mil 286

17 mil 677

2014

645 millones 40.3 mil

Mil 388

21 mil 801

*2015

509 millones 515.9 mil

N/D

N/D

*2016

562 millones 10.2 mil

 

N/D

N/D

Fuente: Cuentas Públicas de 2011 a 2014 y Presupuestos autorizados del Gobierno del Estado de México de 2015 y 2016.

*Los ejercicios de 2011 a 2014 corresponden a los gastos ejercidos, mientras en el caso de 2015 y 2016 son cifras de los presupuestos autorizados.

**En el rubro de denuncias recibidas también se incluyen quejas, no contabilizando aquellas donde el rubro informado comparte datos sobre reportes ciudadanos.

***En el caso de 2015 y 2016 aún no se consolidan las Cuentas Púbicas para conocer el número final de auditorías y denuncias recibidas.

 

El camino de la Corrupción

Especialistas consideran que una herramienta para combatir la corrupción en las instituciones públicas es la transparencia gubernamental, sin embargo, en la mayoría de los 125 Ayuntamientos, que concluyen su gestión en este mes, fue una tónica no cumplir con las obligaciones de transparentar su gasto público o información financiera.

Derivado de una base de datos construida en 2015 porwww.metricadigital.com, se observaba que de los 125 Ayuntamientos mexiquenses, 20 no publican ningún tipo de información financiera a la que están obligados, lo cual representa el 16 por ciento del total.

Otros 81 también están reprobados, pues su calificación va de 0.1 a 59, lo cual significa el 64.8 por ciento, mientras 23, equivalentes al 18.4 por ciento, obtienen entre 60 y 80 de calificación, y sólo un Ayuntamiento rebasa la puntuación de 80.

Las anteriores cifras revelan que un 80.8 por ciento de los gobiernos municipales del Estado de México están reprobados en esta evaluación.

Tales conclusiones derivan de la revisión a las páginas web de Transparencia de  cada uno de los Ayuntamientos mexiquenses, sitios donde de acuerdo a Ley deben publicar la información requerida.

A nivel de partido político la tendencia de opacidad se mantiene, pues el PRI gobierna en 94 municipios, de los cuales 13, equivalentes al 13.8 por ciento, registran una calificación de cero al no publicar ningún tipo de información de los 18 rubros revisados.

Otros 61 Ayuntamientos priistas, que significan el 64.8 por ciento, están reprobados con una calificación que va de 0.1 a 59; sólo 19 obtuvieron entre 60 y 80, que representan el 20.2 por ciento; y uno rebasó la última puntuación.

Al sumar a los municipios que están reprobados con una calificación de cero o menor a 60 resulta que representan el 78.6 por ciento de los 94 Ayuntamientos priistas.

Los Ayuntamientos del PRI que están en ceros al no revelar ningún dato a los ciudadanos son Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Atenco, Ayapango, Chiautla, Cocotitlán, Ecatzingo, Isidro Fabela, Jaltenco, Otzoloapan, San Felipe del Progreso, Villa del Carbón y Zacazonapan.

La negligencia en materia de Transparencia no es privativa de municipios rurales, pues en los gobiernos priistas, con una calificación de 0.1 a 59, están Tecámac, Zumpango, Tultitlán, Tenango del Valle, Metepec, Chimalhuacán, Capulhuac y Cuautitlán, entre otros.

En la trinchera del PAN, que gobierna 16 municipios mexiquenses, la realidad es similar. Cuatro de sus Ayuntamientos simplemente no publican nada de la información revisada, lo cual significa el 25 por ciento del total, y los restantes 12 gobiernos (75%) registran una calificación reprobatoria.

Los cuatro gobiernos panistas que tienen nulo interés en informar a la ciudadanía sobre las finanzas públicas son Apaxco, Hueypoxtla, Tequixquiac, y Texcaltitlán. Entre los Ayuntamientos con mayor calificación, pero que también están reprobados están Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Coatepec Harinas, Huehuetoca, y Valle de Bravo.

En el PRD de los 11 gobiernos locales, tres no publican nada de la información revisada (27.2%), seis tienen una puntuación reprobatoria de 0.1 a 59 (54.5%), y dos registraron una calificación entre 60 y 80 (18.1%).

Adicional a los tres principales partidos, el PT gobierna en dos municipios, Calimaya y Xonacatlán, quienes logran una calificación entre 60 y 80 puntos, mientras los dos Ayuntamientos de Movimiento Ciudadano, Temamatla y Texcoco, están reprobados al tener una calificación menor a 60.

Para obtener tales cifras se utilizó la metodología descrita en los “Lineamientos por los que se establecen las normas que habrán de observar los sujetos obligados en la identificación, publicación y actualización de la información pública de oficio”, documento aprobado por el Instituto de Acceso a la Información del Estado de México (Infoem) y publicado el 2 de abril de 2013 en la Gaceta del Gobierno.

La revisión consistió en analizar la información que los 125 Ayuntamientos publican en 18 rubros, que tienen relación con datos financieros de sus gobiernos, incluido el salario de los alcaldes.

Para la ponderación también se siguió la metodología de dicho documento, donde por cada rubro se asignan calificaciones de 0 a 1, dependiendo del grado de cumplimiento.

Los rubros revisados fueron el salario de los alcaldes, programas anuales de obras, procesos de licitación de obra pública, estadística sobre solicitudes de información y datos personales, presupuestos asignados, informes de ejecución de presupuestos, programas sociales, situación financiera, deuda pública, licitaciones y contrataciones; autorizaciones, permisos, licencias, certificaciones y concesiones; informes de auditorías, trámites y servicios, y  cuentas públicas.

El artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios obliga a que los gobiernos municipales publiquen dichos datos, pues se consideran como información pública de oficio, y no de hacerlo se incurre en responsabilidades administrativas y penales.

A su vez el artículo 15 de la misma Ley también incluye la obligación de los Ayuntamientos para publicar información sobre el desarrollo de obras, la hacienda pública, los valores unitarios de suelo y construcción, y el reporte de participaciones y aportaciones recibidas, conceptos que también fueron incluidos en la revisión instrumentada.

Sólo los trámites

Destaca que sólo en el concepto de trámites y servicios se obtiene una evaluación positiva.

Del total de los 125 Ayuntamientos, 86 sí transparentan servicios y trámites que proporcionan a los ciudadanos, especificando las características de los mismos, sin embargo, el resto no lo hacen.

Este rubro se consideraría el más fácil para cumplir, pues no implica ninguna información comprometedora para el gobierno municipal e incluso es indispensable para orientar a los vecinos de cada localidad.

No obstante, en una ponderación que implica la suma de las calificaciones obtenidas en cada rubro por los 125 Ayuntamientos, se obtiene que los conceptos más ocultados por los gobiernos municipales son el desarrollo de obras públicas (22.4%), los reportes de la deuda pública (23.6%), las licitaciones y contrataciones (24%), la hacienda pública (24%) que consiste en el informe de impuestos locales, el monto de participaciones y aportaciones recibidas por el Ayuntamiento (24.4%), y los informes de auditorías (27.6%).

Un concepto sensible para medir la voluntad de Transparencia de los respectivos alcaldes, es la difusión de su propio sueldo, rubro en el que se obtiene una calificación general de los 125 Ayuntamientos de 48.4 por ciento.

Dentro de las principales deficiencias de los gobiernos municipales destaca que además de no publicar la información a la que están obligados, no actualizan la que ya colocaron en línea, lo cual provoca que las páginas web de Transparencia no sean útiles para la evaluación adecuada de rubros como presupuestos asignados y ejecutados.

Los lineamientos en materia de Transparencia precisan que en la mayoría de los rubros revisados las autoridades municipales deben informar datos del año en curso y de los dos o tres ejercicios anteriores, lo cual no cumplen los Ayuntamientos.

Incluso en materia de las Cuentas Públicas de los gobiernos municipales existe poca claridad respecto al documento que se pone a disposición de los ciudadanos, pues generalmente cuando un Ayuntamiento publica esta información remite a complejos estados financieros que no garantizan una comprensión fácil de las finanzas públicas.

Lo mismo ocurre con los informes de auditorías, donde tampoco existe una homologación sobre el tipo de auditorías a publicar, pues en algunos casos las administraciones locales difunden simples documentos llenados a mano y sin orden o concierto.

En materia de los presupuestos asignados, los Ayuntamientos que sí transparentan sus recursos también obvian la obligación con la simple publicación de las caratulas de sus presupuestos.

 

Indicadores sobre Corrupción nacional y estatal

 

México en el contexto internacional:

– En 2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 103 de 175 países, según Transparencia Internacional.

– Dichos datos coinciden con los del Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una calificación de 39 (sobre 100) en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127.

– México es percibido como el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los dos integrantes más cercanos (Italia y Grecia) tienen una calificación 7 puntos más alta.

– Si esta tendencia se mantuviera y aún cuando el resto de los países permanecieran estáticos, a México le tomaría aproximadamente 40 años dejar el último lugar.

– En América Latina es evidente el retraso mexicano en el combate a la corrupción. Al comparar a países latinoamericanoscon un Producto Interno Bruto per cápita similar, México se ubica en los últimos lugares: tan sólo por arriba de Argentina y Venezuela (México Anatomía de la Corrupción, María Amparo Casar).

– El Barómetro de las Américas 2014 indica que México es el cuarto país de América Latina en donde es más común el pago de sobornos, tan sólo por debajo de Haití, Bolivia y Paraguay.

Corrupción en México:

– El Barómetro Global de la Corrupción (2013) señala que para más del 90% de los ciudadanos la corrupción constituye un problema y para el casi el 80% de ellos es un problema serio.

– La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2013) coloca a la corrupción en el tercer lugar de las preocupaciones de los mexicanos con 48.5% de las menciones, sólo después de la inseguridad y el desempleo y antes que la pobreza.

– Transparencia Mexicana, en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (2010), identificó 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, y municipales, así como en concesiones y servicios administrados por particulares.

– La misma organización señala que el costo económico de la corrupción en México es de 32 mil millones de pesos anuales.

– Señala que un soborno o pago extralegal –mordida- costaba a las familias mexicanas  un promedio de 165 pesos.

– De acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción 2013el 17% de los mexicanos reportó haber pagado un soborno en los últimos doce meses previos y lo hizo para acceder o facilitar un trámite en el sector.

– Entre 1996 y 2014 el número de notas periodísticas sobre corrupción tuvo un crecimiento de más de cinco mil por ciento. Pasó de 502 a 29 mil 505 notas en 18 años. (México Anatomía de la Corrupción, María Amparo Casar).

– Contrario a todos los datos anteriores, los mexicanos se sienten honestos y alejados de la corrupción, cuando se les pregunta por su entorno cercano. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del INEGI, donde los resultados son los siguientes:

43 por ciento de los mexicanos dice que sus familiares nunca son corruptos

38 por ciento dice que sus vecinos nunca son corruptos

20 por ciento dice que sus compañeros de trabajo nunca son corruptos.

– Pero en 2013 se registraron al menos 4 millones de actos de pequeña corrupción, según el  INEGI, la pregunta es ¿quién los cometió?, si todos somos honestos.

– Sólo el 2 por ciento de los delitos de corrupción son castigados, y siempre los cometidos por mandos inferiores.

– Además de las 444 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 1998 hasta 2012, sólo 7 fueron consignadas, es decir, 1.5 por ciento (México Anatomía de la Corrupción, María Amparo Casar).

Corrupción en el Estado de México:

– El Estado de México se ubicó en lugar número 31 en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, de Transparencia Mexicana, sólo abajo del Distrito Federal, con lo cual sería la segunda entidad más corrupta a nivel nacional. (Este es el más reciente estudio en la materia).

– En informes similares (emitidos en los años previos por Transparencia Mexicana) el Estado de México también se ha distinguido por sus altos niveles de corrupción.

– Durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas se intentó crear una Comisión Anticorrupción de la entidad, iniciativa que anunció en julio de 2013, misma que fue enviada al Congreso local, pero que no fue aprobada debido al debate federal sobre el Sistema Anti Corrupción.

– Previo a ello durante su campaña electoral (en la respectiva plataforma electoral que registró la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza ante el Instituto Electoral del Estado de México), también había anunciado la creación de una comisión similar, además de distintas medidas como:

1.- Sistema público de medición y evaluación de la gestión pública.

2.- Divulgación de bases de datos puras para promover un gobierno abierto.

3.- Publicación del gasto del gobierno en tiempo real.

4.- Atacar la discrecionalidad y la corrupción por medio de la transparencia.

5.- Diseñar sistemas de combate a la corrupción en la gestión pública.

6.- Transparentar todas las etapas de los procesos de adquisiciones.

7.- Facultades al Infoem para sancionar administrativamente a los servidores públicos opacos.

8.- Fortalecer atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización y darle autonomía de gestión.

9.- Creación de un tablero de control de adquisiciones.

10.- Ampliación de los temas de la información pública de oficio.

– Para combatir la corrupción en el Edomex se han instrumentado medidas como las siguientes:

a) Que fueran mujeres policías las que infraccionaran a un conductor.

b) Prohibición para que un vehículo sea llevado al corralón por cualquier causa menor como la falta de una licencia o un papel de su propietario, lo que más tarde derivo en el nuevo Reglamento de Tránsito.

– Adicionalmente el 10 de noviembre de 2014 el Gobernador Eruviel Ávila Villegas propuso la reforma al artículo 38 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el objetivo de habilitar a funcionarios encubiertos que detectaran actos de corrupción en las diferentes áreas de gobierno.